El fin de semana sucedieron
eventos en Michoacán de suma gravedad. En La Huacana, sometieron a una docena
de soldados y los vejaron, para exigir que les devolvieran armas incautadas. En
Zamora, decenas de camionetas que llevaban pintado en sus costados las siglas
del Cártel Jalisco Nueva Generación, asolaron la ciudad y mataron policías, en
un desfile de poder y desafío al Estado Mexicano. Lo hicieron porque quisieron
y porque pudieron. Si usted se pregunta en dónde estaba el presidente, que
tendría que haber actuado, la respuesta es: gritando que todo los males son
culpa de la corrupción, dando clases extraordinariamente fallidas de historia,
y comiendo barbacoa.
Esto es inadmisible. Su
indiferencia revela irresponsabilidad. Las Fuerzas Armadas son la última
frontera de la seguridad nacional, y no se puede permitir que sean humilladas
de la forma como lo fueron en La Huacana. Su sometimiento es una subordinación
del Estado Mexicano ante criminales, y la claudicación de su papel garante de
la seguridad de todos. El abandono del gobierno del Ejército y el acotamiento
que se hace a su labor debilita a esa institución, al país, y deja a la
intemperie a una sociedad que está padeciendo los niveles de inseguridad y
violencia más altos desde que se tiene registros. El vacío gubernamental lo
llenan los cárteles de las drogas y las pandillas.
Zamora es el ejemplo. En la
madrugada del domingo, alrededor de 30 camionetas presumiblemente del CJNG,
entraron en esa importante ciudad para sembrar terror y atacar objetivos
precisos de funcionarios del Ayuntamiento y el hospital regional. Dispararon contra
policías municipales e incendiaron vehículos, durante el tiempo en que fueron
los dueños de todo. Zamora tiene 400 policías municipales, divididos en tres
turnos, por lo que a la llegada del convoy probablemente estaban trabajando
máximo unos 133 elementos. Si resultaron cuatro policías muertos y siete
lesionados, significa, de acuerdo con este cálculo empírico, que casi el 10% de
la fuerza policial municipal fue víctima de los criminales, que debieron haber
sumado cuando menos unos 200 atacantes.
No necesariamente los
agresores pertenecen al mismo grupo. En Zamora sí opera el CJNG, legado del
Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva, que hasta 2008 eran los responsables del
tráfico de metanfetaminas en toda esa región del Cártel del Pacífico. La Huacana
se encuentra en Tierra Caliente, en la zona de Apatzingán, donde pelean por el
control de esa zona el CJNG, Los Caballeros Templarios y la banda de Los
Viagras, un grupo de ocho hermanos que fueron sus aliados y ahora luchan por el
control del tráfico de drogas sintéticas. La captura de los militares de la
Quinta Compañía de Infantería No Encuadrada, fue para exigirles que les
devolvieran las armas que habían incautado durante un operativo, entre ellas
una Barrett, que es una arma reglamentaria de las fuerzas especiales de varios
ejércitos del mundo.
Era casi pedirles que le
regresaran su arma para que los mataran. La descripción no está alejada de la
realidad. El presidente López Obrador ha hecho diversas propuestas, dentro de
su idea de estrategia de seguridad pública, como atacar las causas
socioeconómicas –solución de largo plazo-, porque no hay mexicanos malos sino
que en realidad son buenos y necesitan ser encauzados –principio moral
equívoco-, con el planteamiento de fondo de dar abrazos en lugar de tirar
balazos –utopía política-. Su plan de mediano y largo plazo es que no combatirá
a los cárteles de las drogas ni a las bandas –salvo que se le crucen, como
sucedió en La Huacana-, y en su plan nacional piensa concederles amnistía para
que se reintegren a la sociedad, como parte de la reconciliación.
Todos los días, en una buena
parte del país, los cárteles y las bandas criminales, se ríen de él en la
práctica. Mientras no los toca ni en el discurso, avanzan territorialmente y
arrebatan espacios a las instituciones. La falta de reflejos del presidente en
el tema de la seguridad, o su silencio porque no tiene respuestas concretas que
dar, crean estos vacíos en donde los grupos criminales se mueven sin alteración
ni preocupación de que el gobierno federal salga a enfrentarlos. Los
adversarios de los criminales son los criminales, no las fuerzas federales que,
por omisión y comisión, se han vuelto involuntarios cómplices de la violencia.
Este lunes fue el mejor
ejemplo de esta proposición. Durante la conferencia de prensa matinal en
Palacio Nacional, le preguntaron que si ante los eventos en Michoacán
adelantaría la llegada de la Guardia Nacional a ese estado. López Obrador
divagó. Sin tener conexión absoluta con el tema en referencia, reiteró lo que
ha estado diciendo en los últimos días sobre el abasto de las medicinas y lo
que estaba haciendo su gobierno. Al final, ambiguamente, dijo que se estaba
trabajando en ello. ¿En qué? Quién sabe qué pasaba en ese momento por la cabeza
del presidente.
Así, ni se puede, ni se debe.
La tolerancia presidencial para que cualquier grupo pueda enfrentar y humillar
a las Fuerzas Armadas debilita al Ejército y lo debilita a él como jefe del
Ejecutivo y comandante en jefe castrense. ¿Con qué autoridad puede hablarle a los
militares cuando permite que los humillen? López Obrador ha entregado la
seguridad pública a las Fuerzas Armadas, pero este tipo de laxitud e
indiferencia política muestran que en el fondo, no hay el respaldo que afirma
tener para con ellas. El doble discurso presidencial beneficia a criminales, no
respalda a las Fuerzas Armadas. El vacío que deja con ello hace dudar de quién
realmente manda en el país, si el presidente constitucional o los cárteles de
la droga.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/RAYMUNDO RIVA
PALACIO/28 DE MAYO DE 2019)
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