La investigación realizada
por la Fiscalía General de la República en contra de Rosario Robles, durante su
gestión como secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano, están apuntando hacia una imputación de carácter penal. La
investigación, como parte de un ejercicio de revisión de expedientes congelados
o soslayados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue llevado a cabo por
el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien en seis meses de la actual
administración ha dado la cara pública muy pocas veces, pero se ha metido a
revisar, en muchos casos personalmente, las averiguaciones de la vieja PGR. La
que toca a Robles se refiere a la llamada “Estafa Maestra”, donde presuntamente
se desviaron cientos de millones de pesos del erario a través de convenios con
universidades públicas.
La “Estafa Maestra”, como
tituló una investigación periodística de Mexicanos Contra la Corrupción y
Animal Político en septiembre de 2017, surgió en 2015, cuando la PGR comenzó a
investigar desvíos de recursos públicos de la Sedesol y de Sedatu, con base en
las revisiones de las cuentas públicas realizadas por la Auditoría Superior de
la Federación desde 2011, que la llevó a presentar una serie de denuncias ante
las autoridades. El trabajo periodístico reveló la entrega de más de siete mil
millones de pesos en contratos ilegales donde participaron 11 dependencias
federales, ocho universidades y más de 50 funcionarios, centrando el ojo de la
investigación en las gestiones de Robles en ambas secretarías.
Tras la denuncia ante la PGR
hace ocho años, se abrieron 23 procedimientos sobre funcionarios públicos y
rectores de universidades en 2015, cuyos resultados sólo produjeron acusaciones
en contra de funcionarios de nivel medio y algunos de ellos, incluso, que no
habían sido denunciados por la Auditoría. En enero pasado, Gertz Manero informó
que se investigaba a más de 60 funcionarios de la Sedesol y la Sedatu, por el
presunto desvío de más de 800 millones de pesos, y que se habían imputado a
seis funcionarios de esta última. Cuatro de ellos quedaron liberados de las
imputaciones al desistirse la Fiscalía de las acusaciones, y uno de los dos
restantes, que sí fueron vinculados a proceso, afirmó que habían falsificado su
firma, con lo cual se declaraba inocente.
La Fiscalía reestructuró en
mayo la investigación y elevó la calidad del delito, al considerar que la
“Estafa Maestra” había sido una operación realizada desde el corazón del gobierno
federal, por lo que las acusaciones se plantearían como un posible delito de
Estado para lo cual se incurrió en otro más, el de delincuencia organizada. De
acuerdo con Gertz Manero, esa era la posibilidad para poder profundizar en el
caso que dijo que provocó un daño por casi seis mil millones de pesos al erario
público.
No se conoce ningún documento
firmado por la ex secretaria que pudiera vincularla a un acto de corrupción,
pero la reclasificación que realizó el fiscal general a la indagatoria de la
“Estafa Maestra”, abrió la posibilidad de que haya acusaciones en su contra por
parte de ex colaboradores, por lo que se le pudiera imputar por el presunto
delito de delincuencia organizada, que es cuando tres o más personas actúan
concertadamente para cometer uno o más delitos graves a fin de obtener
beneficio económico, político o material. La corrupción no era un delito grave
hasta febrero de este año, cuando la Cámara de Diputados, donde hay una mayoría
de Morena, el partido en el poder, la reclasificó.
Nadie en el actual gobierno
ha señalado públicamente a los altos funcionarios del gobierno de Peña Nieto
vinculados a presuntos actos irregulares o ilícitos, pero existe una lista en
la Presidencia de ocho ex miembros del gabinete legal y ampliado sobre los
cuales ya se tienen expedientes. Quien aparece en el primer lugar de la lista
es Robles, sobre la que han avanzado las investigaciones al umbral de la
imputación. No hay información oficial sobre el estado que guarda la
indagatoria en contra de la ex secretaria de Estado, que años antes como
presidenta del PRD, estuvo involucrada en la campaña de Andrés Manuel López
Obrador para la jefatura de gobierno en la Ciudad de México.
Los intentos por hablar con
Robles resultaron infructuosos, pero en anteriores comunicaciones sobre las
imputaciones de corrupción, dijo que no existían denuncias en su contra en la
Auditoría Superior de la Federación. Antes de la elección presidencial, Robles
afirmó que estaba “de lo más tranquila” más allá de quien llegara a la
Presidencia. En ese momento, aseguró: “Afortunadamente siempre he vivido de mi
trabajo y nadie, absolutamente nadie, puede ofrecer una prueba que acredite lo
contrario. No hay información alguna. No hay complicidad alguna. No tengo nada
que temer”.
En una comunicación en julio
de este año, Robles insistió en la inexistencia de denuncias de la Auditoría en
su contra, y admitió que las autoridades habían investigado sus bienes y
cuentas. “Resulta que como siempre dije, no tengo nada que esconder”, remató. En
su última comparecencia como secretaria en la Cámara de Diputados en octubre
pasado, dijo que los recursos por lo que la acusan fue para realizar trabajos
de la Cruzada Contra el Hambre, que fue uno de los grandes programas del
sexenio peñista.
De concretarse la imputación,
Robles será la segunda alta funcionaria en el gobierno de Peña Nieto que tiene
problemas con la justicia. El primero fue Emilio Lozoya, ex director de Pemex,
quien se encuentra prófugo. Las investigaciones de la Fiscalía General se enfocan
hasta este momento en funcionarios del gobierno de Peña Nieto. No habrá tregua.
Tampoco, por cierto, para el ex presidente.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/RAYMUNDO RIVA
PALACIO/ 30 DE JULIO DE 2019)
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