Luego de dos años en los cuales la Caja
Magisterial Asoma dejó de pagar a los maestros que invirtieron su dinero en un
fondo de ahorro, y de que el administrador de dicha financiera magisterial,
José Peñuelas, haya sido vinculado a proceso, y de que las anomalías se dieran
a conocer -gastos personales, bienes adquiridos e incluso estudios pagados en
escuelas privadas, todo con el dinero de los profesores-, surge un grupo que
espera reactivar la Caja Asoma, pagar en plazos lo que se debe a los maestros.
Pero con la condición de que las demandas sean retiradas
La reactivación de la Caja
Magisterial Asoma con una nueva administración y la idea de que se renueve el
pago de intereses a capital de forma inmediata, y que quien opte por retirar su
dinero lo haga en forma paulatina, es la propuesta central emitida por un grupo
de maestros que también fueron fraudados y que buscan reorganizar la Caja.
Así lo plasmaron en un
desplegado hecho público el domingo 8 de noviembre. Lo que no incluyeron es que
a la par, piden sean retiradas las demandas penales sobre quienes manejaron
esos recursos, derrochando en pago de bienes y servicios, a título personal, el
dinero de los maestros, como es el caso del vinculado a proceso, José Peñuelas.
La propuesta, otra parte de
los maestros la considera inviable, sobre todo en el contexto de que las
demandas penales ya han avanzado y en dos de éstas, los responsables de la Caja
ya fueron vinculados a proceso.
“Jamás vamos a retirar la
demanda, las demandas de nosotros, sobre todo como comisión, van a estar
siempre firmes”, asegura el profesor Pedro Ambario, parte del amplio grupo
demandante.
“Es la única forma que vemos,
más práctica, más concreta, de recuperar nuestros capitales”, explica a su vez
el profesor y también ex dirigente de la Sección 2 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE), Filemón Montoya Jiménez, quien junto con
Francisco Rivera, Gregorio Rodríguez Bobadilla, Gonzalo Rentería y Carlos Tapia
Rolón, firman el desplegado-propuesta, al que añaden: “La posición de
compañeros es que al comenzar a reactivar, que retiren sus demandas”.
Según Montoya Jiménez, son
152 los maestros que interpusieron demanda penal ante la Procuraduría General
de Justicia del Estado y ya se ha platicado con algunos de ellos, afirmando que
“están en la mejor disposición de retirarlas, siempre y cuando les aseguremos
que van a recibir intereses, y a otros, devolverles su capital”.
En el desplegado exponen
-entre los puntos principales- la gestión ante la ISEP para la reanudación
inmediata del código de descuento quincenal.
El también ex dirigente
sindical refiere que han alcanzado a reunir a cerca de 100 de integrantes de la
Caja y, de acuerdo con su versión. 177 -del total de 340 integrantes del
organismo- han firmado su acuerdo a la propuesta.
El profesor insiste en que la
propuesta incluye que, al comenzar a reactivar la Caja, una de las condiciones
para poder regresar el dinero sería que se retiren las demandas penales.
“Además, si ya va a estar reactivada y entregando intereses, ya no tiene caso
la demanda”, sostiene Montoya Jiménez, quien afirma que de los 177, 26 son
parte del grupo (que suman 152) que ha demandado penalmente.
Afirma que la Comisión para
reactivar la caja tiene 18 integrantes, delos cuales nueve han demandado,
aunque “están en la mejor condición de retirar sus demandas, y así como ellos,
siento que hay otros compañeros que con base al documento que sacamos, están en
la mejor disposición de retirar su demanda”.
En este inter, Montoya
argumenta que han tenido reuniones con funcionarios del Sistema Educativo,
explicando que la idea es reanudar la vigencia del Código de Descuento, dado
que hay otros códigos vigentes, como el del 22 por ciento -el pago de
sobresueldo mensual-, aunque esta cuenta está embargada por un Juzgado. Los
otros códigos son los de jubilados y el tercero, es de Homologados.
“Nuestra posición es trabajar
para los 340”, y, niega que con esta propuesta estén apoyando al profesor José
Peñuelas. “Él que se defienda solo, nosotros estamos tratando de recuperar
nuestro capital”, reitera.
Para el profesor Rigoberto
Soto Amador, ex líder de la Sección 2 y parte del grupo que ha interpuesto demandas
penales, el contenido del desplegado tiene varios puntos cuestionables: “No
tiene consistencia porque no dice ni cómo, ni cuándo, ni cuánto. Lo más curioso
es que no le tocan un pelo al protagonista de este desaguisado, que es José
Peñuelas Hermosillo”.
Soto Amador considera que en
el escrito “dan la impresión de que pretenden protegerlo”, además, pareciera
que a ellos -los demandantes- les quieren endosar la causa del problema.
Expone que difícilmente van a
poder lograr -los responsables del desplegado- lo que están ofertando, aunque
menciona que el pendiente que queda es que descontrolen a la gente y les hagan
creer que esto va a funcionar.
“Ésta es idea de Peñuelas”,
declara el profesor retirado, a la vez de opínar que con esa propuesta están
engañando a la gente, ya que es muy difícil que la caja pueda reactivarse,
sobre todo por el cúmulo de demandas penales.
Por su parte, otro profesor,
Sergio Osuna Olachea, comenta que la propuesta es inviable, pues están
calculando en 10 a 15 años para recuperar parte del capital.
Para el maestro Pedro
Ambario, el desplegado resulta contradictorio, pues lo firman compañeros que a
la par, interpusieron la demanda penal.
“Me parece interesante que el
desplegado aparezca después de que a Peñuelas lo vinculen a proceso, es como un
contraataque, es para defender su imagen”, reflexiona por su parte el profesor
Osuna Olachea.
Interviene de nuevo Rigoberto
Soto para resaltar algunos puntos que considera importantes, como el que
mencionan que la asociación funcionaria con una nueva administración, pero no
se sabe si van a asumir toda la responsabilidad sobre las deudas que Peñuelas
tiene con los más de 300 maestros.
Además, cuestiona cómo
después de dos años que la Caja dejó de pagar -ni intereses ni regreso de
capitales-, ahora surjan con esa propuesta.
Finalmente, el maestro y
abogado Heriberto Corona plantea la lentitud del proceso legal -en el Nuevo
Sistema de Justicia Penal-, mencionando la necesidad de contar con un mayor
número de investigadores para poder transparentar y agilizar los procesos.
En su opinión, la propuesta
lanzada en el desplegado va aparejada que se deje de ejercer una acción penal,
dado que por el juicio está suspendida cualquier acción para hacer que los
descuentos se puedan realizar, lo que considera inviable.
“El Nuevo Sistema de Justicia Penal está mal
implementado, han hecho una copia mala del sistema de justicia norteamericana,
no tienen la Policía investigadora, los fiscales no tienen gente que los apoye
y los que tienen no están capacitados”, indica Corona.
Por su parte, Osuna Olachea
resalta lo largo del procedimiento y extrapola: si la demanda fuese en el
Sistema Tradicional -con esas pruebas, esos elementos- y hubiera una
averiguación previa, Peñuelas ya estaría detenido.
(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Sergio Haro
Cordero / Fotos. Sergio Haro/ 16 de
Noviembre del 2015 a las 12:00:18)
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