Un delfinario sin delfines,
una enorme estatua que no pasó de la cintura y un reloj de dos millones de
pesos que dejó de funcionar en menos de un mes. Son tres ejemplos de obras
absurdas tan sólo en el estado de Sonora. No es el único caso. Por todo el país
cunden las ocurrencias, los disparates, los delirios de gobernantes cuya
soberbia les hace creer que sus ideas llegarán a ser grandes obras únicamente
por el hecho de haberlas ellos pensado. Las consecuencias, una vez fracasados
los proyectos, las padecen los ciudadanos.
A partir de hoy EL UNIVERSAL
presentará un recorrido por todo el país para mostrar las obras más costosas y
absurdas en cada estado, las cuales, además, —en ningún caso registrado hasta
ahora— han tenido como consecuencia la acción judicial contra algún alto
funcionario o ex funcionario estatal.
¿Cómo se explica este
desastre? La principal respuesta tiene que ver con el bajo perfil de ciertos
gobernantes y de sus equipos. O del aprovechamiento que hacen de la delgada
línea entre incompetencia y corrupción para dar la imagen de la primera, cuando
en realidad se comete la segunda.
En el documento Problemática
General en Materia de Obra Pública de la Auditoría Superior de la Federación (disponible
en versión electrónica), la institución tomó una muestra de 80 contratos de
infraestructura con montos de 100 millones de pesos cada uno, implementados
durante el periodo 1999-2010. El resultado del análisis es de espanto.
Dice el estudio: “Se
detectaron como principales deficiencias la planeación incompleta en cuanto al
alcance del proyecto, su rentabilidad, la problemática social y ambiental,
diseño de contratos inequitativos (...) así como el predominio de decisiones
políticas sobre consideraciones técnicas”. Esto quiere decir, en suma, que se
llevan a la acción ideas de políticos sin tener los diagnósticos que las
respalden. E incluso, si las mediciones resultan contraproducentes, las obras
se echan a andar de cualquier manera, seguramente por la presión de cumplir con
la palabra empeñada, por capricho, o para recibir la tajada previamente
acordada con el contratista amigo.
Lo fácil para los gobiernos
actuales sería decir que es un problema de la ley y que por ello no pueden
perseguir los disparates de sus antecesores. Sería mentira. El propio análisis
de la ASF da cuenta de la carencia generalizada de estudios previos como
mecánica de suelos, topográficos, geológicos y ambientales; bases de licitación
inadecuadas o incompletas, entre otras anomalías.
No hace falta llevar a la
cárcel a todos. Bastaría con poner el ejemplo en los casos más emblemáticos de
obras de relumbrón. Quien no lo hace, ¿es porque se sabe con un pasado similar?
(DOSSIER político/ EDITORIAL El Universal/
2015-10-07)
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