El miércoles 30 de
septiembre, tuve el honor de ser invitada como oradora, al desayuno mensual de
la COPARMEX de Ensenada que dirige Isidro Conde. El tema que me solicitaron: la
seguridad en Baja California. Extracto de esa plática es el siguiente texto:
Tal vez Ustedes como nosotros
en la redacción de ZETA, sentimos que el tiempo de la violencia y la
inseguridad están de regreso. Después que vivimos tres años de relativa calma
de 2010 a 2013, las autoridades permitieron que los niveles de inseguridad y violencia
se elevaran de nueva cuenta.
Hay varios factores para el
regreso de la violencia y la inseguridad:
1.- Tenemos nuevos gobiernos.
Tanto en el ámbito federal cuando en diciembre de 2012 tomó posesión de la
oficina de la Presidencia de la República Enrique Peña Nieto, y en octubre de
2013 hizo lo propio como gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid.
2. La falta de una estrategia
integral de combate a la inseguridad por parte de los dos gobiernos. El
Federal, que debe combatir el narcotráfico y el crimen organizado porque están
en su fuero, y el estatal, adonde corresponde la solución de los homicidios y
el combate al narcomenudeo, así como los secuestros.
3. La ausencia de una
política que combata de manera eficaz las estructuras financieras de las
organizaciones criminales y los cárteles del narcotráfico, por parte de la
Procuraduría General de la República y de la propia Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
4. La deficiente labor del
Ministerio Público Federal que depende de la PGR, y que a falta de preparación
integra de manera errónea las averiguaciones, deja en libertad a muchos
criminales.
5. La falta de liderazgos en
los mandos de las corporaciones policíacas y de procuración de justicia,
verdaderamente comprometidos con el combate a la inseguridad, la violencia y la
corrupción, que nos dejan instituciones infiltradas por la corrupción que
proveen impunidad a los criminales.
La conjunción de estos
elementos, y otros que Ustedes pueden considerar, nos llevan a un repunte en la
inseguridad en Baja California y en México. Tan solo en lo que va del año, en
ZETA hemos contabilizado 622 asesinatos con relación al crimen organizado y el
narcotráfico, 460 de ellos ocurridos en Tijuana.
En la República Mexicana, en
los primeros 32 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto, a semanas de que se
presentara su Tercer Informe de Gobierno, llegamos a la suma de 57 mil 410
muertes violentas. Un promedio de mil 800 por mes en el país.
En las épocas más álgidas de
la inseguridad en Baja California, de 2007 a 2010, cuando los ejecutados
llegaban a miles por año y las estructuras criminales gozaban de impunidad para
el tráfico de droga, la extorsión, el secuestro y el trasiego de enervantes
hacia los Estados Unidos, Baja California pudo salir de ese terrible contexto
vía dos factores:
Primero y el más importante:
la participación ciudadana. La denuncia anónima y la denuncia pública que
fueron producto del hartazgo sobre el contexto de inseguridad en el que
vivíamos. Los ciudadanos comenzaron a levantar la voz, a través de marchas y de
exhibir a los policías corruptos y a los criminales, obligando a la autoridad a
actuar en beneficio de la sociedad y no de unos cuantos delincuentes.
Segundo: la coordinación de
mandos federales, estatales y municipales para atender ese llamado social a
actuar para traer tranquilidad a esta región.
No fue, lo que después se
llamó el Modelo Baja California de combate a la inseguridad, la acción de un
solo personaje. Recuerdo varios: los Generales Sergio Aponte Polito y Alfonso
Duarte; el secretario Daniel de la Rosa (en la época de José Guadalupe Osuna
Millán, no en ésta); directores de la Municipal como Julián Leyzaola Pérez. Y
la sociedad.
Hoy eso no sucede.
Pasada la época violenta, el
impacto en las estructuras criminales delincuenciales por detenciones de
liderazgos criminales en los cárteles Arellano Félix y de Sinaloa, los
gobernantes se relajaron y las corporaciones policíacas vuelven poco a poco a
la corrupción que provee impunidad.
Han permitido tanto el
Gobierno Federal como el estatal, que en los últimos tres años los cárteles que
decían desmantelados, se reorganicen, hagan alianzas con otras asociaciones
criminales e inicien una nueva temporada de sangre y plomo.
Este escenario nos lleva a
los mexicanos, a los bajacalifornianos en particular, a enfrentar las tres íes:
Impunidad, Incapacidad, Injusticia.
El claro ejemplo del
resultado de tan nefasto trinomio son las liberaciones de hombres y mujeres
detenidos por la comisión de delitos. En nuestro Estado, capos al servicio del Cártel
de Sinaloa y del Cártel Arellano Félix, han sido aprehendidos por el Ejército
por órdenes del Gobierno Federal, poniendo al servicio de la seguridad pública
las tácticas del servicio militar; luego el Ministerio Público, sea federal o
estatal, consignan de manera deficiente y al llegar a los Juzgados son
liberados, sea por amparos o por falta de elementos para procesar.
Particularmente en la
Procuraduría General de la República o en la Procuraduría de Justicia del
Estado, dos de las instituciones con niveles de corrupción altos que ni en la
época de Peña ni en la de Francisco Vega de Lamadrid, han atravesado por
depuración real (y necesaria) para retirar de sus filas a los agentes corruptos
y funcionarios deshonestos.
Ni la procuradora del Estado
ha iniciado una limpia al interior de la Policía Ministerial, ni lo han hecho
los secretarios o directores de Seguridad de los municipios, tampoco la Policía
Estatal Preventiva.
Como hace muchos años,
tenemos corporaciones divididas. Las que ofrecen impunidad a un cártel, las que
lo hacen a otro. O las que delinquen por su cuenta. Hace unos días, para
muestra, agentes de la PGR en la Ciudad de México fueron detenidos tras
sostener una balacera con policías capitalinos, y al registrarse el vehículo
fueron encontradas armas largas y 38.9 kilos de marihuana.
La corrupción es un problema
endémico de este país. Y ni el Gobierno Federal ni el gobierno estatal, tienen
estrategias definidas para combatirlas en el ámbito de las fuerzas de seguridad
pública.
En estas condiciones tenemos
en México un sistema de gobierno cuya estructura está dispuesta para la
corrupción, que aun limitada a quienes trabajan en la administración del
Estado, llega también al ámbito criminal a partir de la corrupción que provee
la impunidad.
El Gobierno Federal, luego de
la toma de posesión del Presidente Enrique Peña Nieto, cambió la estrategia de
seguridad que se venía aplicando durante el sexenio de Felipe Calderón
Hinojosa, esto es normal. Otro Presidente y además de otro partido, trae otro
plan.
Pero lo que se había más o
menos avanzado en el combate al narcotráfico y el crimen organizado se perdió.
No hubo continuidad en los proyectos, nada.
Ciertamente la guerra contra
las drogas de Calderón no fue la estrategia más efectiva, pero tampoco lo es la
de Enrique Peña Nieto, quien ha centrado esfuerzos, aun mínimos, en la
aprehensión de cabecillas y líderes criminales, dejando de lado la
investigación y la aprehensión del resto de la banda, o el aseguramiento y
congelamiento de bienes inmuebles, cuentas bancarias y otros delitos
financieros con dinero de procedencia ilícita.
Qué podemos hacer los
bajacalifornianos para revertir esta situación: lo que ya hicimos en el pasado.
Nosotros como periodistas, no autocensuraros, investigar y publicar reportajes
que evidencien la corrupción, la impunidad criminal, la incapacidad
gubernamental y la injusticia, allende presiones o amenazas contra nosotros.
Señalar a los delincuentes por nombre e imagen para saber de quién debemos
cuidarnos y a quiénes el gobierno está protegiendo.
Como ciudadanos, denunciar de
manera anónima, a un periódico, lo que vemos, de lo que somos testigos, de lo
que somos víctimas.
La participación social, la
denuncia ciudadana cuando se trata de criminales, y el voto cuando se trata de
gobernantes y partidos, es lo que nos llevará a tener el Estado en el que
deseamos vivir.
(SEMANARIO ZETA/ SORTILEGIOZ/
ADELA NAVARRO BELLO / FOTOS. CORTESÍA/
05 DE OCTUBRE DEL 2015 A LAS 12:00:54)
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