La quema de boletas
y otro material electoral en Oaxaca como parte de un movimiento de resistencia
de maestros afiliados a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la
Educación no es, desafortunadamente para la tranquilidad del país, un hecho
aislado, circunstancial o mucho menos fortuito.
La inseguridad y la
violencia han traspasado las colindancias –bastante amplias por cierto- del
crimen organizado y el narcotráfico, para trasladarse a otros sectores de la
sociedad hartos –justificadamente o no- de la impunidad generalizada que se
vive y se respira en México.
Así, la quema del
material electoral que amenaza la realización de las elecciones en Oaxaca a
propósito de maestros levantados porque una reforma no les es favorable, se
suma a la inconformidad que hay, por ejemplo, en el Valle de San Quintín en
Baja California donde jornaleros se manifiestan inconformes por las condiciones
laborales muy cercanas a la explotación y la esclavitud en las que han de
vivir.
También a las
manifestaciones de maestros en Guerrero y Chiapas, que unidos a la Coordinadora
están poniendo en riesgo la elección del 7 de junio de 2015. El Instituto
Nacional ha confirmado la toma de sus instalaciones y la destrucción de su
material en Oaxaca y el buen fin de la elección no se ve.
A este caos de
inseguridad y riesgo para la democracia se suman otros hechos igual de
terribles para la sociedad mexicana. Los del crimen organizado. En por lo menos
cuatro estados, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Tamaulipas, la celebración de
las elecciones se ha visto afectada por las demostraciones de violencia por
parte de cárteles del narcotráfico y bandas del crimen organizado. El Cártel
Jalisco Nueva Generación se ha impuesto a base de sangre y plomo, aterrorizando
a la población y enfrentándose sangrientamente contra autoridad y enemigos
criminales.
La realidad en las
incendiadas calles mexicanas, que hablan del México en llamas que niega Miguel
Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, es que no hay condiciones de
seguridad para el ejercicio de la democracia.
El origen de los
conflictos también es claro: la impunidad.
La impunidad que
gozan los cárteles -para crecer, comprar armas, introducirlas al país, lavar
dinero a pesar de obtusas legislaciones o vender su droga y lucrar con cuanto
ilícito se les ocurre cometer- misma que ha sido provista por la corrupción
histórica en las corporaciones policíacas que en el Gobierno de Enrique Peña
Nieto no han pasado por etapas de limpia y depuración.
La impunidad que
gozan los maestros al tomar calles, interrumpir la instrucción académica de los
niños mexicanos, violentar oficinas y papelería oficial, sin ser aprehendidos
por ello. Sin ser apercibidos o sancionados por afectar a terceros.
El gobierno de la
República está rebasado por la inseguridad. La del narco y la propiciada por la
inconformidad de varios sectores de la sociedad mexicana.
La imagen de
incendios en Oaxaca y soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional
partiendo en retirada ante el reclamo de maestros inconformes, es la prueba más
irrefutable de un País que en estos momentos arde.
Imponer condiciones
a un Gobierno a partir de la violencia en calles, sea por parte de sectores
sociales o de bandas criminales, exhibe un nivel de ingobernabilidad
preocupante. Un estado fallido que solo puede ser producto del ejercicio del
poder para beneficio propio y no de gobernabilidad para el desarrollo de todos.
La ingobernabilidad
que tiende a extenderse de zonas determinadas a mayores regiones del mapa
nacional, exhibe un gobierno paralizado, testigo de balaceras, incendios y
manifestaciones, que no impone el Estado de Derecho para garantizar no solo la
seguridad de todos, sino el desarrollo de la democracia.
Enrique Peña Nieto
llega a su tercer año de Gobierno con más focos rojos que un cabaret, con la
misma gente que abiertamente expresó que no lo quería en Los Pinos y con un
evidente nivel de desprestigio sobre la institución que es la Presidencia de la
República.
Sucumbió la
Presidencia a los maestros inconformes y suspendió de manera indefinida la
realización de evaluaciones a los maestros. Dio el nivel educativo en prenda y
las manifestaciones no cejaron. Por el contrario y al ver que la presión social
hace recular al Gobierno de la República, los maestros se crecieron y ya se
suman educadores de otros estados.
La escueta
información de la Secretaría de Educación Pública que encabeza aún Emilio
Chuayfet Chemor, ha sentado una errática base de negociación para otros
sectores: si te inconformas, si dejas de producir, si tomas las calles y
violentas las elecciones, el Gobierno cederá.
No hubo más
explicación, ni justificación por parte del Gobierno de Enrique Peña Nieto para
tomar la decisión de ceder a las presiones de los maestros que un párrafo
lapidario de la calidad académica en México: “Con motivo de nuevos elementos a
considerar en el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia
en Educación Básica y Media Superior, quedan suspendidas indefinidamente las
fechas publicadas para su realización”.
Así de escueto, así
de rápido, la educación de los niños mexicanos –que son el futuro de esta
sociedad- se negoció con los maestros inconformes que ahora van más allá.
Sabiéndose escuchados, piden definitivamente la derogación de las reformas a
los artículos 3 y 73 de la Constitución, la seguridad laboral de los maestros,
la defensa de las normales, aumento de salario, más prestaciones sociales, y de
paso, la aparición con vida de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa
desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.
Haber dejado crecer
las estructuras criminales en el Gobierno de Enrique Peña Nieto a partir del
discurso de un México en Paz, de negar la violencia, y pocas o nulas acciones
de inteligencia, persecución policíaca y procuración de justicia, han llevado a
los mexicanos a ser testigos de cárteles violentos, omnipresentes, presuntuosos
y crecidos que ejercen impunemente su criminal poder territorial hasta llevar
al éxodo a los mexicanos de bien.
Así como ahora la
ausencia de una negociación política-gubernamental con los maestros inconformes,
han llevado a estos a gozar de la impunidad ante un gobierno que recula en sus
leyes, negocia con la educación y teme imponer el estado de derecho.
Por todos estos
ejemplos que se materializan en nuestro presente, el despeñadero que
vaticinaron escritores, analistas, periodistas, intelectuales y políticos de
oposición cuando el Tribunal Electoral reconoció el triunfo de Enrique Peña
Nieto como Presidente de México es cada vez más, una realidad. Lamentablemente.
(SEMANARIO
ZETA/ GENERALEZ/ ADELA NAVARRO BELLO /
03 DE JUNIO DEL 2015 A LAS 13:29:50)
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