Del 9 al 14
de mayo, la banda de Los Ardillos se apoderó de la ya convulsionada cabecera
municipal de Chilapa, considerada hasta entonces la base del grupo delictivo
rival, Los Rojos. A decir de los pobladores, aunque las autoridades lograron
evitar un enfrentamiento armado a gran escala, dejaron la ciudad a merced de
los sicarios, que instalaron retenes, allanaron viviendas y desaparecieron a
una treintena de personas. El vocero de las familias afectadas teme que se esté
gestando “otro Ayotzinapa”.
CHILPANCINGO, GRO.
(Proceso).- La tarde del martes 12, Jorge Jaimes Abarca se trasladaba en
motoneta al salón de fiestas California, en Chilapa, adonde entregaría un
pedido de tortillas. Al pasar por la glorieta Ecuaria Apreza fue interceptado
por miembros de la banda de Los Ardillos, que tres días antes habían tomado el
control de la ciudad con la aparente anuencia de la policía y el Ejército.
Del sábado 9 al
jueves 14, los delincuentes instalaron retenes, catearon viviendas y se
llevaron a varias personas por la fuerza.
Jorge Jaimes, de 18
años, trabajaba en la tortillería y tiene un hijo de dos años. Es hermano de
Héctor Jaimes, antropólogo de 30 años egresado de la Universidad Autónoma de
Guerrero (UAGro). Éste fue privado de su libertad el 18 de marzo, dos meses
antes que Los Ardillos tomaran la cabecera de Chilapa, que hasta hace poco se
consideraba el bastión de Los Rojos, la banda rival.
El joven
profesionista realizaba un documental, financiado por la Secretaría de la
Juventud estatal, sobre la elaboración del pan en las comunidades del
municipio.
Una semana antes de
su desaparición, Héctor les dijo a unos amigos que “lo estaban siguiendo”, pues
un grupo armado le exigió que “dejara de hacer la película” cuando realizaba
entrevistas en una comunidad.
Después, un comando
lo levantó cuando se dirigía a su casa en las inmediaciones de la colonia Las
Palmas. Su cuenta personal de Facebook y su línea de teléfono móvil fueron
desactivadas, narra una fuente cercana a la familia.
En el proyecto de
documental también participaba Gilberto Abundis Sánchez, también de 30 años,
estudiante de artes visuales en Morelia, Michoacán, y originario de Chilapa. Él
fue privado de su libertad la tarde del lunes 30 de marzo, dos semanas después
que Héctor Jaimes. Sujetos armados que se desplazaban en motonetas irrumpieron
en su casa y se lo llevaron.
El jueves 21 de mayo
se localizaron los restos del artista gráfico en las inmediaciones del panteón
de la comunidad de Nejapa, a 10 minutos de la cabecera municipal. Tenía el rostro
desollado. En el lugar estaban otros dos cadáveres que aún no han sido
identificados.
Héctor y Jorge
Jaimes Abarca siguen desaparecidos. Su madre, María del Carmen Abarca Nava, que
se dedica a vender tacos en el mercado local, está destrozada.
Un recuento
realizado por familiares de víctimas de la delincuencia organizada indica que
en Chilapa se han documentado 101 ejecuciones entre julio de 2014 y mayo de
este año; la cifra de desaparecidos aún no se ha precisado.
Durante los seis
días que Los Ardillos asumieron el control de la cabecera municipal ante la
inacción de militares y policías federales y estatales, al menos 30 personas
fueron privadas de su libertad, pero sólo se denunciaron ante la autoridad
ministerial 16 casos.
Las víctimas tienen
entre 15 y 31 años, todos varones y de diversos oficios. Cinco son familiares
de un exjefe policiaco municipal vinculado a la delincuencia, pero también hay
un repartidor de tortillas, un estudiante de la Universidad Tecnológica de la
Zona Norte, un vendedor de frutas en el mercado y un taxista.
Hasta la fecha nada
se sabe del paradero de los desaparecidos y la indignación de sus familiares
aumenta ante la evidente omisión y la posible participación de autoridades
civiles y militares en esos delitos, en complicidad con la delincuencia.
Algunas familias de
víctimas de desaparición forzada no se atrevieron a presentar la denuncia
porque fueron amenazadas, dice el profesor José Díaz Navarro, hermano de Hugo y
Alejandro, quienes junto a tres empresarios de la construcción fueron
interceptados por sujetos armados en la comunidad de El Jagüey a finales de
noviembre de 2014. Los cinco siguen desparecidos.
Díaz Navarro, quien
se ofreció como vocero de las familias afectadas en la cabecera de Chilapa,
considera que la situación que se vivió durante la toma de la ciudad se perfila
como una reedición del caso Ayotzinapa, pues fue evidente que la delincuencia actuó
en contubernio con el Ejército y las autoridades, tanto federales como
estatales.
Por ello,
responsabiliza de esos crímenes al gobernador provisional Rogelio Ortega
Martínez y al presidente del Congreso, el diputado local perredista Bernardo
Ortega Jiménez, hermano de los jefes de Los Ardillos.
“Aquí tenemos otro
Ayotzinapa y creo que tenemos otro Abarca en el Congreso y en la Casa
Guerrero”, sintetiza el profesor, quien reprocha la “criminal indolencia”
gubernamental y pide la intervención del secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, para garantizar la procuración de justicia porque a su
juicio las autoridades locales están rebasadas.
AUTORIDAD PASIVA
Hasta ahora las
autoridades ministeriales han registrado la desaparición de 16 personas del 9 al 14 de mayo: Jorge Jaimes
Abarca, de 18 años; Carlos Emanuel Meza Nava, de 21; Daniel Velázquez Romero,
de 23; los hermanos Miguel, Juan y Víctor Carreto Cuevas de 23, 20 y 15 años;
Jorge Luis Salmerón Hernández, de 22; Sergio Derramona Abarca, de 25; Alexandro
Nava Reyes, de 21; Jaime Eduardo Villanueva Altamirano, de 31; Arturo Gutiérrez
Jaimes, de 19; Juan Carlos García Castro, de 16 años; Victorino Morales
Acatitlán, de 28, Sebastián Ulises Alonso Jaimes, de 21, así como el señor Crispino Carreto González y su hijo
Samuel Carreto Vázquez.
Mientras las
autoridades de los tres niveles no pueden justificar que el Ejército y las
corporaciones policiacas federal y estatal hayan permitido la barbarie de la
banda dirigida por los hermanos del diputado local Ortega Jiménez, los
familiares de las víctimas siguen presionando, a través de la denuncia pública,
para exigir la presentación con vida de los desparecidos y el castigo a los
responsables.
El miércoles 20, de
manera sorpresiva el comisionado general de la Policía Federal (PF), Enrique
Francisco Galindo Ceballos, arribó a Chilapa y se reunió en privado con
familiares de desaparecidos, pero se limitó a ofrecer ayuda en la
investigación.
Cuatro días después,
el gobernador sustituto Rogelio Ortega también tuvo un encuentro con ellos en
las instalaciones del Seminario de Chilapa, donde enfrentó, con el alcalde
priista Francisco García González, las críticas y reclamos por las omisiones de
la fuerza estatal y su presunta complicidad con Los Ardillos.
Indignados, padres y
hermanos de los desparecidos dieron a Ortega Martínez un plazo de 48 horas para
liberar a las víctimas. También le
reprocharon que hubiera “negociado” con representantes de Los Ardillos
el retiro de los civiles armados de la cabecera pero no exigió que soltaran a
los retenidos:
“Usted negoció con
el grupo armado, usted declaró públicamente que ya tenía acuerdos con los
delincuentes y que ya estaba resuelto el conflicto pero lo que no mencionó es
que había un gran número de retenidos y los únicos responsables son los
comisarios que venían al frente del grupo armado y con los que usted negoció”,
expresó enfático el profesor José Díaz Navarro.
Los familiares
criticaron que el funcionario fuera a conocer el problema 10 días después de la
incursión de Los Ardillos, que actuaron impunemente.
“Sólo le importa
proteger su imagen. A usted no le secuestraron a sus hijos, su mamá o papá. Ya
perdí tres hijos, recibí amenazas y no me importa que me maten. Por eso le
damos un plazo de 48 horas para que resuelva la desaparición de nuestros hijos,
porque no son perros”, le dijo Bernardo Carreto González, padre de Miguel, Juan
y Víctor Carreto Cuevas.
Los tres jóvenes
desaparecieron el 10 de mayo poco después de llegar a Chilapa, adonde fueron
desde Ahuihuiyuco para vender una ternera.
Reportes oficiales
indican que de las 16 desapariciones denunciadas, cinco son de familiares del
exdirector de Seguridad Pública municipal, Silvestre Carreto, destituido por
sus presuntos nexos con Los Rojos.
Y al presidente
municipal García González le reclamaron que la violencia se recrudeció cuando
él asumió el cargo. La hermana del artista gráfico Abundis expresó:
“Desde que este
señor está al frente del ayuntamiento han ocurrido muchas desapariciones, la violencia
aumentó año con año. ¿Por qué no se le investiga? ¿Por qué tenemos que pagar
los ciudadanos por tanta cochinada de los políticos?
“No es justo que a
mi hermano lo hayan matado como a un perro. Era estudiante de artes visuales.
Maldita la hora que vino a visitarnos, porque él mismo decía que en Chilapa ya
no hay lugar para gente decente. Aquí la única gente que tiene lugar son los
delincuentes”.
Acusado públicamente
de proteger a Los Rojos, el alcalde se dijo dispuesto a que lo investiguen las
autoridades federales y reiteró que su administración ha sido rebasada por la
violencia.
Por su parte, el
gobernador Ortega se limitó a justificar su encuentro con los 14 comisarios
municipales que encabezaron a Los Ardillos durante la toma de Chilapa, argumentando
que en las comunidades también han denunciado que la batalla entre Los Rojos y
Los Ardillos ha dejado una treintena de desaparecidos y decenas de ejecuciones.
Acababa de insistir
en que tiene “las manos limpias”, pues no lo pueden acusar de corrupto ni de
tener nexos con la delincuencia, cuando un padre de familia le aclaró: “Tenía
las manos limpias hasta ahora, porque después de la desaparición de nuestros
hijos, usted es el responsable”.
El gobernador
sustituto anunció que iba a citar a los comisarios municipales para que
declararan ante autoridades ministeriales sobre las desapariciones cometidas
durante la acción de Los Ardillos y tolerada por las autoridades.
También dijo que
crearía una comisión especial, formada por funcionarios estatales, familiares
de desaparecidos y representantes de la sociedad, para dar seguimiento a las
investigaciones.
Pero la siguiente
semana Ortega no se comunicó con las familias afectadas, que hicieron un
llamado al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que
intervenga directamente en la liberación de las personas retenidas y se
investigue al presidente del Congreso estatal, el perredista Bernardo Ortega
Jiménez, por sus presuntos nexos con el narco.
Hasta el cierre de
la edición se desconocía el paradero de los desaparecidos, aunque se confirmó
que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación,
Roberto Campa Cifrián, visitaría Chilapa a fin de darle seguimiento a los
acuerdos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que implantó
un programa de intervención psicológica, un registro nacional de víctimas,
acceso al fondo de reparación y un mecanismo de trabajo social.
(PROCESO/
REPORTAJE ESPECIAL/ EZEQUIEL FLORES CONTRERAS/ 3 DE JUNIO DE 2015)
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