Los jóvenes de la
telesecundaria del pueblo defendieron su derecho a la educación con la única
opción que les dejaron: a balazos. El 29 de marzo pasado la comunidad rarámuri
de El Manzano, municipio de Uruachi, Chihuahua, fue invadida por una gavilla de
sicarios del crimen organizado. Las familias del pueblo, sobre todo los
jóvenes, los estaban esperando armados como pudieron. Los muchachos fueron
claros: No queremos que nos recluten; queremos seguir estudiando y cultivando
la tierra. Nos vamos a defender, aunque nos maten.
El enfrentamiento
duró siete horas. Los criminales dispararon 25 mil tiros por sólo 5 mil de los
pobladores. Éstos lograron repeler a los agresores. Sólo resultó herido un hijo
del dirigente comunitario Cruz Sánchez. Pero los criminales incendiaron varias
casas, vehículos y ranchos. Las 36 familias de El Manzano tuvieron que salirse
de su pueblo con sólo lo que llevaban puesto, porque de seguro los sicarios
regresarían con refuerzos. Familias desplazadas de guerra que ahora carecen de
todo en la capital del estado.
Desde el inicio del
tiroteo Cruz se comunicó por teléfono con sus amigos de Chihuahua, quienes
llamaron de inmediato a la PGR, a la Fiscalía General del Estado y al propio
gobernador. Policías estatales y soldados tardaron siete horas en llegar: se
fueron primero a El Manzano, pero en el municipio de Urique, a pesar de que se
les guiaba por GPS. A su llegada los sicarios ya se habían ido. Al día
siguiente, minimizaron los hechos.
Choréachi, municipio
de Guadalupe y Calvo, es pueblo tomado. Los narcos hacen que la población
siembre mariguana y amapola. Agreden a los rarámuris que defienden su bosque y
su territorio. No hay autoridad que los detenga. Tienen amenazados de muerte a
Isela González, de la organización Alianza Sierra Madre, y a su abogado,
Ernesto Palencia.
En Bakeachi,
municipio de Carichí, los rarámuris han ganado varios juicios y recuperado en
el papel 11 mil hectáreas de su ejido. Pero los caciques siguen invadiendo su
territorio. Hace cinco años asesinaron a Ernesto Rábago, pareja de la abogada
Estela Ángeles. Ella y los dirigentes de la comunidad están amenazados y la
policía municipal, lejos de protegerlos, cuida a los invasores.
Hace unas cuantas
semanas hubo un enfrentamiento en Tubares, municipio de Urique, con resultado
de varias personas muertas, entre ellas una familia que pereció al ser
derribada a tiros la avioneta en la que intentaban escapar. Para el gobierno
del estado no pasó nada. El fiscal general visitó días después el lugar y en un
video mostró cómo se paseaba por el pueblo sin peligro… escoltado por decenas
de policías estatales.
Las coordenadas del
terror son las mismas por toda la sierra Tarahumara. Ahí la población local,
sean rarámuris o mestizos, sale sobrando. Es más, resulta un estorbo para los
proyectos de las mafias legales o ilegales que se han ido apoderando del
territorio. Más si las comunidades se organizan y cuentan con liderazgos
locales o asesores honestos.
Para los narcotraficantes,
entre menos población, menos obstáculos para la siembra de enervantes en la
tierra que se les antoje. Si mucho, se requieren algunos cuantos muchachos para
que siembren, transporten y cuiden.
Para las compañías
mineras, las comunidades locales también son un estorbo. Así como lo son para
los proyectos turísticos, para la construcción de obras como el aeropuerto de
Creel o para el gasoducto Topolobampo-El Encino. Si están ahí, van a demandar
cuando menos indemnizaciones, participación, derechos. O, peor aún, se van a
oponer al paso del gasoducto, a la explotación minera y del bosque, a la
instalación de hoteles.
Lo que une a los
grupos del crimen organizado con las grandes empresas forestales, mineras, de
energía y turísticas es su prisa por anular la resistencia de las comunidades o
por suprimirlas. Entre ellos pueden negociar, como lo hacen las compañías
mineras al pagar protección a los sicarios. Pero no pueden negociar pueblos
enteros en resistencia
Otra de las
coordenadas es la pasividad o complicidad del gobierno con las mafias. Los
sicarios instalan retenes, matan, incendian pueblos como El Manzano, sin que
las fuerzas federales o estatales se enteren, o si se enteran, llegan siempre
tarde. No ejecutan órdenes de aprehensión, ni mucho menos cumplen con las
medidas cautelares para proteger a las muchas y muchos defensores de los
derechos humanos amenazados. Varias personas de Choréachi, de la organización
Alianza Sierra Madre, la licenciada Estela Ángeles, el padre Javier Ávila y ahora,
en una resolución sin precedentes, la comunidad indígena completa de El
Manzano, han logrado medidas cautelares de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. A otros defensores se las otorgó el mecanismo de la
Secretaría de Gobernación. Pero son tan ineficaces las autoridades, tan
negligentes para cumplir con dichas medidas, que en una reunión, Estela Ángeles
le devolvió en público a la representante de Gobernación los teléfonos
celulares que le dieron para casos de emergencia.
Estos son los hechos
que refutan el triunfalismo del gobernador y del gobierno federal sobre la
reducción de la violencia en Chihuahua. Por supuesto que por toda la sierra
Tarahumara las elecciones del próximo domingo estarán bajo la mirada del crimen
organizado y las autoridades coludidas con él. Pero los focos rojos que por acá
se encienden no son por las amenazas contra el proceso electoral, sino contra
los territorios, la sobrevivencia de las comunidades y la vida de las personas.
(RIODOCE/Víctor
M. Quintana/ La Jornada en 7 junio, 2015)
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