Los
mandatarios priistas de Chihuahua y Veracruz ponen a su partido cuesta abajo a
unos meses del proceso electoral por sus criticadas actuaciones. Al
chihuahuense César Horacio Duarte Jáquez, se le investiga por enriquecimiento
ilícito y desvío de recursos públicos; mientras que el veracruzano Javier
Duarte de Ochoa es considerado el principal enemigo de la libertad de
expresión, al sumar once periodistas asesinados durante su administración
Aseguran los
antiguos que en la política como en la vida, cualquier parecido es mera
coincidencia. Y vaya casualidad de los gobernadores de Chihuahua y Veracruz,
que además de apellidarse Duarte, haber emanado de las filas del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y ser de los gobernantes con mayor número de
votos en la historia de sus entidades, también son de los más cuestionados y
señalados por posibles actos de corrupción.
Entre esas
coincidencias de los mandatarios, César Horacio Duarte Jáquez, el chihuahuense,
y Javier Duarte de Ochoa, el veracruzano, están el gusto por los viajes
internacionales a costa del erario público, una buena cantidad de sus
familiares directos o políticos en cargos públicos y nóminas, así como
señalamientos de posible enriquecimiento ilícito.
La actuación
gubernamental y las circunstancias del mandato de los Duarte colocan al PRI en
una complicada situación, en un año en que las elecciones están a la vuelta de
la esquina, pues la coyuntura política a nivel nacional tampoco le es favorable
por casos como los de Ayotzinapa o Tlatlaya. Tanto en Veracruz como en
Chihuahua hay descontento social, y los habitantes lo han externado en diversas
oportunidades.
Así como las
coincidencias son varias entre los gobernadores de apellido Duarte, las
diferencias también son muchas. Al chihuahuense se le vincula más con los
grandes negocios en su favor, le han disminuido un poco los índices delictivos
en su entidad; mientras que el veracruzano no ha podido contener la violencia
en su territorio y, por el contrario, se ha convertido en la tumba de al menos
11 periodistas e incontables narcofosas.
EL DE CHIHUAHUA EN EL “OJO DEL HURACÁN”
César Horacio Duarte
Jáquez tiene en su contra una denuncia penal interpuesta ante la Procuraduría
General de la República (PGR) para que se le investigue por enriquecimiento
ilícito y desvío de recursos públicos hacia el Banco Progreso de Chihuahua, del
cual -se conoció a finales del año pasado- es el accionista mayor. Le acusan de
inyectar 65 millones de pesos a la institución crediticia, cantidad que
difícilmente pudo ganar con su salario de funcionario público.
Los opositores
políticos de César Duarte, entre ellos el senador panista Javier Corral,
aseguran que mientras Chihuahua está más endeudado -duplicó la deuda de 13 mil
millones a 26 mil millones de pesos-, el gobernador ha incrementado
inexplicablemente su patrimonio hasta convertirse en un nuevo rico en esa
entidad. Presuntamente Duarte Jáquez adquirió recientemente hoteles, ranchos,
varios inmuebles y las acciones de la referida institución bancaria.
Durante la
comparecencia del mandatario estatal ante el Senado de la República, el 22 de
enero de 2015, para tratar las reformas en materia penal en los estados, salió
el tema del enriquecimiento ilícito. César Horacio se defendió acusando al
legislador Corral de atacarlo e intentar desestabilizar su gobierno porque dos
de los hermanos -de este último- han estado relacionados con el narcotráfico,
así como en un fraude financiero en Estados Unidos.
Durante los últimos
días, a partir del 25 de enero, se han registrado diversas manifestaciones y
protestas en contra del gobernador de Chihuahua, entre éstas, la Caravana
Movimiento Chihuahuense, Unión Ciudadana, en la que participaron más de 800
automotores recorriendo calles de la capital del estado norteño para concluir
frente a Palacio de Gobierno.
EL DE VERACRUZ, EN MEDIO DE LA VIOLENCIA
El tocayo de
apellido de César, el gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, tampoco la
está pasando bien, pues su figura, además de repudiada por un sector de la
población, es blanco de contra campañas por parte de sus rivales políticos,
quienes han criticado la violencia y embate del narcotráfico, la represión a la
libertad de expresión y la opacidad del gasto en publicidad gubernamental.
Mientras que César,
el gobernador de Chihuahua, ha viajado a China, Canadá, Estados Unidos, Corea y
Japón; Javier -el veracruzano- ha recorrido diferentes ciudades de los Estados
Unidos, Brasil, y visitó al Papa Francisco en el Vaticano. También se le
adjudica la incorporación de la parentela propia y de su esposa Karime Macías
en importantes cargos públicos.
A un año de arribar
a la gubernatura, Javier Duarte no solo no logró disminuir los índices delictivos
como lo prometió en campaña, sino que fue testigo de uno de los crímenes
múltiples que más han horrorizado a los veracruzanos, cuando el 20 de
septiembre de 2011 fueron abandonados 35 cadáveres mutilados en Boca del Río,
en un hecho que no se ha aclarado ministerialmente.
En Veracruz, entre
diciembre de 2013 y junio de 2014, se localizaron más de 50 cadáveres en por lo
menos 14 fosas clandestinas, tanto en la zona pesquera de Alvarado, como en la
cuenca del Río Papaloapan. Presuntamente las ejecuciones sumarias son producto
del enfrentamiento entre bandas delictivas de la región.
Mientras que Duarte
de Ochoa propagaba que el problema de la inseguridad es de percepción y “se
resuelve portándose bien, nada más”, el 26 de mayo de ese año, familiares de su
esposa fueron atracados en su residencia en Coatzacoalcos. El gobernador
respondió con un operativo para reforzar la seguridad del municipio con 535
elementos, entre elementos federales, estatales y militares.
Durante la
administración de Duarte, que inició en 2010, once periodistas han sido
asesinados, dos se encuentran desaparecidos y las amenazas o agresiones a casas
editoriales están a la orden del día. Pese a lo anterior, vergonzosamente en
abril de 2013 una agrupación de medios de comunicación le otorgó un premio como
“protector de periodistas” y “defensor de la libertad de expresión”.
ATENTADO A EL HERALDO DE CÓRDOBA
El homicidio más
reciente es el del activista y reportero Moisés Sánchez Cerezo, levantado el 2
de enero en el municipio de Medellín de Bravo y localizado sin vida el pasado
día 24. En el crimen participaron policías municipales, presuntamente por
órdenes del alcalde de Medellín, Omar Cruz Reyes.
Apenas ayer jueves
29 de enero, durante la madrugada ocurrió un atentado con bombas incendiarias
en contra del periódico El Heraldo de Córdoba sin que se registraran víctimas
humanas, y se tiene el dato de que -tres días antes- reporteros del medio de
información El Buen Tono también recibieron amenazas.
(SEMANARIO
ZETA/ REPORTAJEZ/ Luis Carlos Sáinz Martínez/02 de Febrero del 2015 a las
12:00:00)
No hay comentarios:
Publicar un comentario