Las acciones
jurídicas del Ayuntamiento de Tijuana no han logrado evitar el menoscabo
económico que significan las demandas laborales, tampoco han hecho cumplir a
particulares contratos signados con el ayuntamiento, o el pago de gravámenes,
lo que para el municipio se traduce pérdidas económicas millonarias
Sin importar el
partido del que emanen, las administraciones municipales tijuanenses, desde
Jorge Hank hasta Carlos Bustamante, pasando por Jorge Ramos, han perdido casos,
y celebrado contratos con desventajas legales, que han tenido un costo
millonario para el erario.
Entre los casos
fallidos, están los laudos laborales perdidos por los que hay que pagar más de
29 millones de pesos antes de que finalice el 2014, los cuales se deben erogar
porque el gobierno local fue incapaz de acreditar el despido justificado de
trabajadores de confianza, rescindió contratos de trabajo sin apego a la
normatividad, o en el límite de la incompetencia, no compareció en los juicios
laborales.
Opinión que no
comparte el regidor del Partido Movimiento Ciudadano, Luis Felipe Ledezma Gil,
el seguimiento jurídico emprendido por el municipio continúa siendo deficiente,
generando un lastre en resoluciones condenatorias por las que los tijuanenses
tienen que pagar.
Revertir los malos
procedimientos judiciales es algo en lo que el actual gobierno municipal de
Jorge Astiazarán dice ocuparse, “de manera lenta pero firme, sin dejar hilos
sueltos”, sostiene el Consejero Jurídico del XXI Ayuntamiento, Gerardo Herrera
Zavala.
Sentencias en contra
A lo largo de casi
una década, desde 2004 hasta 2013, el gobierno de Tijuana acumuló un total de
935 demandas de empleados de confianza y policías que han acusado al municipio
por despido injustificado, cuya indemnización exigida oscila en los 47 millones
de pesos.
El 99 por ciento de
los despedidos, además del pago de prestaciones y salarios caídos, demandan ser
reinstalados, con todo y base, en la administración municipal.
En su momento,
ninguno de los tres anteriores gobiernos dio el debido seguimiento de estos
casos ante el Tribunal de Arbitraje, por lo que las resoluciones de éste han
sido adversas al gobierno local.
Recisión
improcedente de contratos de trabajo, pruebas sin valor presentadas por la
defensa municipal o la no presentación de testigos han sido algunas de las
conclusiones del Tribunal de Arbitraje que se leen en cada uno de los
expedientes y que obligan al pago de una indemnización a los quejosos, y
algunas alcanzan montos hasta de 4 millones 600 mil pesos.
De todos estos casos
en rezago, durante la presente administración municipal se ha erogado alrededor
de 20 millones de pesos en el pago de demandas laborales y se ha reinstalado en
la nómina de base a 35 de los demandantes, con la aprobación del cabildo.
Pero no se ha
logrado solventar todos los casos pendientes de pagar en lo inmediato y, de
acuerdo a las resoluciones judiciales, el municipio está obligado a cubrir 26
de estos laudos antes del 31 de diciembre de 2014, los cuales significarán en
conjunto un gasto adicional de 26 millones 232 mil 177 pesos.
A esa cantidad y con
fecha similar de vencimientos, hay que
añadir un monto de 2 millones 815 mil 051 pesos, de indemnización a13 policías
municipales, también pendientes de pago; estos casos se acumularon en el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo durante el XIX y XX Ayuntamiento.
Para el jurídico
municipal, emplazar su pago no es una opción viable, porque es precisamente esa
práctica lo que ha significado un incremento en multas que ha duplicado el monto
a cubrir, razón por la cual el XXI Ayuntamiento ha optado por designar partidas
para su liquidación.
TRABAJADORES DE BASE DESPLAZARÁN A LOS DE CONFIANZA
A los juicios
perdidos hay que añadir alrededor de 800 demandas laborales que se dirimen
todavía ante el Tribunal de Arbitraje, cuyos fallos no tardan en dictarse.
Sin seguimiento
jurídico adecuado, al gobierno en turno no le queda más que pagar los errores
de sus antecesores.
Pero el gobierno
municipal no está en condiciones de cubrir los millonarios montos de las
indemnizaciones, por lo que busca negociar con los quejosos.
“En sentido estricto
no se puede disminuir el monto de las sentencias, pero sí son negociables en lo
particular, todo depende de los convenios que se logren con cada demandante”,
subraya el abogado del municipio, Gerardo Herrera.
Aunque se ha logrado
disminuir algunos montos, el ser reinstalado en su trabajo es algo en lo que la
mayoría de los empleados no cede.
Para evitar el ser
nuevamente despedidos, los trabajadores exigen ser reinstalados como empleados
de base, es decir, laborar en forma permanente y sin poder ser removido en la
administración pública de Tijuana.
De los 26
expedientes que debe resolver este mes el ayuntamiento, solo en tres de ellos el empleado no
exigió la reinstalación.
Para poder cumplir
con la parte laboral, Marco Antonio Dueñas, Oficial Mayor, consideró necesario
hacer una reingeniería de cada área del municipio, que permita acomodar al
personal que tendrá que ser reinstalado en una plaza permanente, “sin que ello
signifique un crecimiento de la nómina”, explicó el funcionario.
Y detalló: “Cumplir
con estas sentencias no quiere decir que habrá aumento de plazas, sino que el
número de empleados de base aumentarán y disminuirán los de confianza”.
Ante el cúmulo de
demandas laborales pendientes de sentencia, consideró que incluso las
administraciones posteriores tendrán que incurrir en esta práctica, pues
resulta la “menos lesiva para el ayuntamiento y su patrimonio”.
RELLENO, DÉBIL DEFENSA
La defensa del
erario y los intereses municipales también ha sido tibia, refirió el regidor
Ledezma Gil y ejemplificó:
“Lograr la clausura
del relleno sanitario El Jibarito, reabierto en forma irregular, fue producto
de un movimiento de resistencia que tuvo que hacerse para que el caso se
atendiera por parte del municipio”.
Recordó que desde
febrero de 2014 pidió se atendiera este asunto, pero fue hasta octubre de este
año que el Cabildo declaró procedente la moratoria para frenar la actividad en
el relleno.
No obstante, los
regidores Luis García y Omar Sarabia, así como el Síndico social, Bernabé
Esquer, consideraron que la labor jurídica del actual gobierno ha sido
positiva.
“Son años de desidia
que se tienen que revertir y no es un proceso rápido, además de que no hay
mucho por hacer en los casos ya viejos, lo importante es hacerles frente y
evitar que, en lo sucesivo, se continúe con esa indolencia legal que afecta la
economía de los tijuanenses”, advirtió Esquer Peraza.
EL JUICIO CONTRA GAP
Desde mayo de 2014,
el Ayuntamiento de Tijuana realizó un levantamiento topográfico para medir el
polígono comercial del Aeropuerto Internacional Abelardo L. Rodríguez y así
poder dar inicio al cobro del predial, empresa que su antecesor intentó sin
éxito.
Desde la
administración de Carlos Bustamante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) determinó áreas de arrendamiento de la terminal aérea –Estacionamiento,
locales comerciales y hangares–, sí estaban obligadas a tributar al municipio,
pero no se hizo valer.
Pero fue hasta el 15
de diciembre de 2014 que el Ayuntamiento de Tijuana logró clausurar 22, de 25
locales comerciales que operan en el interior del Aeropuerto Internacional
Abelardo L. Rodríguez, el cual pertenece al Grupo Aeroportuario del Pacífico
(GAP).
Supervisados por
personal de la Segunda Zona Militar, para evitar situaciones de enfrentamiento,
Consejería Jurídica municipal, la Dirección de Administración Urbana (DAU),
Bomberos, Inspección y Verificación, y Protección Civil, detectaron que 22 de
los establecimientos carecían de licencia de operación, además de que Grupo
Aeroportuario del Pacífico no ha cubierto el predial, por lo que fueron
clausurados en forma temporal.
Los expedientes de
los 3 locales que sí cuentan con licencia de operación están siendo revisados, porque para obtener este permiso
es menester tener cubierto el predial, algo de lo que GAP se ha negado, a pesar
de la resolución de la corte y que en los contratos de arrendamiento que tienen
con los locatarios se establece que cubrirá las tributaciones fiscales y
municipales.
Éste es un primer
paso, consideró el jurídico Gerardo Herrera, ya que se está requiriendo la
intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para que
el requerimiento de pago y/o clausura, en su caso, se extienda a los locales
comerciales que operan en la zona de abordar del aeropuerto de Tijuana, a la
cual se les negó el acceso en el operativo llevado a cabo esta semana en
coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). La
procuraduría, por su parte, clausuró el estacionamiento público, básculas y 6
locales comerciales.
La medida emprendida
por el municipio ya ha dado resultados, porque algunos comerciantes han acudido
a Tesorería a realizar una reestructura de los montos que tendrán que cubrir
para poder regularizar la operación en sus negocios, lo que se traducirá en
nuevos ingresos a las arcas municipales.
También están los
expedientes del seguimiento legal contra particulares que han incumplido
convenios signados con el ayuntamiento, como el caso de Sola Basic, empresa a
la que se le dio la concesión para modernizar el servicio de alumbrado público;
la actual administración se desistió de una demanda interpuesta por la vía
judicial y optó por llevar a cabo un proceso administrativo para anular el
contrato.
Con ello se evitaría
pagar los 3 millones de pesos, aún pendiente de liquidar, pero se ponen en
riesgo los casi 142 millones de pesos ya entregados a la incumplida empresa que
apneas ha accedido a reparar algunas de las lámparas que no logró poner en
funcionamiento.
“Este procedimiento
tiene pocas posibilidades de recuperar el daño patrimonial que significó el
contrato con Sola Basic”, concluyo el regidor Felipe Ledezma.
(SEMANARIO
ZETA/ REPORTAJEZ/ Isabel Mercado Juarez / 25 de Diciembre del 2014 a las
09:07:00)
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