CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Jueces de primera instancia de
Acapulco y esta capital dictaron auto de formal prisión a 22 integrantes
de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero
(CETEG), acusados por la Procuraduría local de sedición, motín y ataques
a las vías de comunicación por las acciones de protesta que protagonizó
el magisterio disidente en contra de la reforma educativa desde el 25
de febrero y que pusieron en jaque a la administración de Ángel Aguirre
Rivero.
No obstante, nuevamente el gobierno estatal asumió la defensa legal a
través de la Dirección de Defensoría de Oficio; incluso, pagó la fianza
de los cetegistas inculpados, por lo que éstos enfrentan en libertad su
proceso penal, indican documentos oficiales consultados por Apro.
La formal prisión colectiva fue dictada el sábado 8 y el pago de la
fianza –fijada en 5 mil pesos por cada cetegista– fue depositada por una
mujer, María de Lourdes Valdivia Castañón, quien por cierto aparece en
el padrón de beneficiarios del programa estatal asistencialista
denominado Guerrero Cumple.
Sin embargo, uno de los profesores procesados reveló a Apro que el
encargado de pagar las fianzas de los cetegistas es Ernesto Aguirre
Gutiérrez, sobrino del gobernador Aguirre, quien sigue fungiendo como
coordinador de Proyectos Estratégicos, a pesar de que oficialmente se
anunció su destitución desde el año pasado, tras el escándalo de
nepotismo que enfrentó el mandatario postulado por la izquierda.
El 24 de mayo, Apro reveló que jueces de primera instancia habían
librado órdenes de aprehensión en contra de 28 cetegistas por los
delitos de sedición, motín, ataques a las vías de comunicación y daños
en agravio del gobierno del estado, acusaciones radicadas en siete
causas penales radicadas en los juzgados 1 y 10 en materia penal de
primera instancia en Acapulco y en los juzgados 1, 2 y 3 con sede en
esta capital.
En la nota también se indica que siete de los procesados son mujeres y 21 hombres.
Los primeros cuatro cetegistas que fueron detenidos y sujetos a
proceso penal fueron Genaro Guevara Hernández, Mauro Lázaro García, José
Juárez Tlatempa y Cesáreo Rosendo Feliciano, capturados a principios de
mayo y trasladados a penales de máxima seguridad, a petición del
gobierno estatal bajo el argumento de que eran “delincuentes de alta
peligrosidad”.
Posteriormente los regresaron a la entidad y los liberaron bajo
caución, luego de que el gobierno estatal asumió la defensa legal a
través del defensor de oficio Mario Jaimes, e incluso pagó la fianza de
20 mil pesos por los cuatro.
Ahora, 22 cetegistas se encuentran sujetos a proceso bajo las mismas circunstancias que otros cuatros de sus compañeros.
Es decir, los 24 integrantes del magisterio disidente no están siendo
procesados por los destrozos causados en edificios partidistas y las
sedes del Legislativo y Ejecutivo, hechos registrados en el momento más
ríspido de las protestas de la CETEG en esta capital, sino que están
siendo acusados por el gobierno estatal por una manifestación pacífica
realizada el 25 de febrero.
Mientras que los dos dirigentes de la CETEG, Gonzalo Juárez Ocampo y
Minervino Morán, quienes también tienen orden de aprehensión, se
encuentran libres debido a que fueron amparados por la justicia federal.
Este tema, difundido por Proceso ha provocado la molestia de Aguirre
Rivero, quien acusó a este reportero de inventar que el gobierno estatal
haya asumido la defensa legal y pagado la fianza de los cetegistas, a
pesar de las pruebas que constan en la causa penal 44-2013-I y que
desmiente las expresiones del mandatario.
Los 22 cetegistas que enfrentan su proceso penal en libertad porque
el gobierno estatal pagó las fianzas son: Lorenzo Méndez Abarca, Alma
Cristina Osorio Martínez, Anacleta Abarca Romero y Antonia Morales
Vélez, quien se desempeña como dirigente en la región Centro y enfrenta
tres causas penales por diversos delitos considerados como de tipo
político.
También Jerónimo Maurilio Morales, Román Meynardo López Pachuca,
Lenin Marín Cruz, Jaime Bahena Terán, Jafet Lemus Ríos, Ángel Abarca
Rendón, Lizbeth Solís Ramos y Diana Barrera Sarabia.
Además de Carmen Sánchez Zetino, Gerardo Barrera Palacios, Herminio
Esteban Tolentino, José Rojas Marrón, Filemón Sánchez Vivero, Víctor
Cruz Barrera, Alfonso Vargas Muñoz, Reynaldo Hernández Ortiz, María
Bello de Jesús y Armando Esquivel Salazar.
Sin embargo, diversos sectores productivos han criticado el hecho de
que el gobierno estatal terminó “negociando la ley” con los integrantes
del magisterio disidente agrupados en la CETEG.
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