Agencia Reforma
Acapulco— La portación de armas por parte de los integrantes de la Policía
Comunitaria es el tema central de negociación que la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias (CRAC) sostiene con el Gobierno federal y el del
Estado de Guerrero.
Así lo aseguró el coordinador de la Casa de Justicia del Municipio de San
Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, al informar que el viernes una comisión
de la CRAC se reunió con el subsecretario de Gobierno, Luis Miranda, en las
oficinas de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la Ciudad de México y que
ponderó ese tema en la mesa de diálogo.
“Queremos una licencia colectiva de portación de armas, que hasta ahora no
tenemos”, indicó y refirió que por falta de ese permiso, que debe expedir la
Secretaría de la Defensa Nacional, se han suscitado confrontaciones con
efectivos del Ejército, de la Policía Federal y la Estatal.
“El asunto de la licencia de portación de armas pasa por la modificación de
la Constitución del Estado, según nos explicó el subsecretario Miranda”,
agregó.
Las otras dos peticiones fundamentales de las comunidades afiliadas a la
Coordinadora son el respeto a la ley estatal 701 de reconocimiento a los
pueblos indígenas, que incluye la consideración de la Policía Comunitaria como
corporación de vigilancia en las regiones de La Montaña y la Costa Chica de
Guerrero, y la cancelación de concesiones a empresas mineras en esas zonas.
Villar Castillo también participará en las negociaciones que iniciarán el
miércoles en Chilpancingo para analizar 14 peticiones de los comunitarios.
El Gobierno del Estado y la Segob accedieron a discutir las solicitudes de
la Policía Comunitaria luego que el 8 de mayo fueron detenidos en Acapulco seis
integrantes de esa corporación, acción que tuvo como respuesta la retención de
14 agentes estatales y municipales de Seguridad y un funcionario del Poder
Judicial y el desarme de 34 agentes locales.
El Gobierno federal liberó a los seis policías comunitarios pero retuvo dos
camionetas que les decomisó hasta que la CRAC, a su vez, dejó en libertad a las
15 personas retenidas.
Sin embargo, a los comunitarios no les devolvieron sus rifles y ellos se
negaron a entregar el equipo que quitó a los agentes: 30 rifles AR-15, 7 cargadores
de 30 cartuchos para esas armas, 3 pistolas, 1 escopeta semiautomática, 3
radios portátiles y 4 teléfonos celulares.
(EL DIARIO, EDICION
JUAREZ/ Agencia Reforma | 2013-05-18 | 20:43)
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