Agencias
Chenalhó.- Hace más
de tres lustros, los tzotziles de este municipio temían caminar por los
senderos rodeados de montañas verdes. Hombres armados con fusiles AK-47
se ocultaban entre los cafetales para emboscar. Durante las noches las
hordas recorrían las comunidades para quemar y saquear casas.
En 1996, un año antes de la matanza de Acteal, en la que fueron asesinados 45 indígenas, se difundían rumores sobre la presencia de un grupo de tzotziles armados que gustaba degollar a sus víctimas y las desollaba.
El 20 de agosto de 1996, los lugareños fueron testigos del rescate de seis cuerpos de jóvenes, bases de apoyo del EZLN, que fueron lanzados en la cima de Chixiltón, a tan sólo un kilómetro del centro de la cabecera municipal.
Los muchachos dormían en una posada cuando fueron sacados por un grupo de priístas borrachos el 19 de agosto. De ahí nadie más supo qué ocurrió hasta que se encontraron los cuerpos ocultos en la cavidad de más de 25 metros de hondo.
Llegó 1997 y lejos de aminorar el conflicto, las pugnas arreciaron. Los bandos se dividían entre militantes del PRI, bases del EZLN y miembros de la organización civil “Las Abejas”, éstos últimos, ajenos al problema.
Conforme se recrudecía el conflicto, el edil de Chenalhó, Mariano Arias, pidió al entonces presidente Ernesto Zedillo que permitiera a las comunidades portar armas “para su defensa”. No hubo respuesta. No era necesaria la anuencia del Ejecutivo. Los tzotziles contaban con armamento de alto poder. En la comunidad Puebla, la mayoría de los habitantes estaban dispuestos a armarse.
Puebla era una de las comunidades más polarizadas del municipio. Los priístas estaban molestos porque los zapatistas no cooperaban para la construcción de una carretera y por lo tanto se les castigaba con cárcel, pero a las pocas horas rebeldes zapatistas irrumpían en el pueblo para liberarlos. En Majomut las partes se disputaban un banco de arena.
Nadie parecía interesarse en la búsqueda de una solución al conflicto. Las organizaciones que pugnaban por el respeto a los derechos humanos acusaban al gobierno federal de instrumentar una estrategia para minar el EZLN, como parte de una “guerra de contrainsurgencia”.
El gobierno estatal cerraba los ojos y aseguraba: “No te preocupes (Mariano Arias), deja que se maten, voy a mandar la seguridad pública para que levanten los muertos”, habría dicho quien en ese momento era el gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, cuando el edil le advirtió del recrudecimiento de los hechos.
La beligerancia no cesó. Se denunciaba que en ambulancias del ayuntamiento era transportado armamento de alto poder para los grupos armados del PRI y que incluso los hombres “recibían entrenamiento” del Ejército y la policía.
“Los paramilitares”, como les llamaban a los priístas, parecían tener derecho de movilidad en el municipio. Ninguna autoridad los detenía o les confiscaba las armas.
Para abril de 1997, en una veintena de comunidades ya se reportaban asesinatos, enfrentamientos y emboscadas, pero eran hechos que sólo preocupaba a los habitantes de Chenalhó y a las autoridades locales.
Los enfrentamientos saltaban de comunidad en comunidad. Los cadáveres de hombres y mujeres eran levantados por los deudos y ante el temor de morir baleados o quemados, decenas de tzotziles abandonaban sus casas para buscar refugio temporalmente en las montañas y luego en Polhó y X’oyep, donde sobrevivieron varios días sólo con café, chile, tostada molida y hierbas.
Tras la festividad de Día de muertos de 1997, el conflicto se desbordó. El “municipio constitucional” y el “autónomo” buscaron negociar como parte de “un proceso desde el levantamiento del EZLN”, asienta el investigador Gustavo Castro.
Los encuentros ocurrieron el 5 y 11 de noviembre y 16 de diciembre en el poblado Las Limas, que era un “territorio neutral”, donde las partes discutirían el regreso de desplazados, indemnización a víctimas, libre tránsito y crear una comisión que velara por el cumplimiento de los acuerdos. Al final se rompe el diálogo y entonces la paz pende de un hilo.
Cuando habían transcurrido mil 86 días del levantamiento armado del EZLN, un grupo de priístas armados irrumpe en la aldea de Acteal, donde asesina a 45 hombres, mujeres y niños, que eran parte de un grupo de 20 familias desplazadas de sus hogares por temor a la violencia.
“Sabemos que hay muchos muertos. Siguen los disparos”, dio a conocer a este diario un indígena vía telefónica desde Polhó, en la noche del 22 de diciembre cuando los paramilitares aún estaban en Acteal.
Tres lustros después de la masacre, 50 indígenas que permanecían recluidos en el penal de El Amate, alcanzaron su libertad, pero 23 todavía siguen en prisión.
“Las Abejas”, que prepara la conmemoración para honrar a las víctimas este sábado, asegura que la masacre se dio en un “contexto de guerra contra el EZLN y las comunidades simpatizantes con sus causas”.
Por eso, cada mes sus miembros están convencidos en exigir justicia y señalar “a los responsables materiales e intelectuales que están libres”.
En 1996, un año antes de la matanza de Acteal, en la que fueron asesinados 45 indígenas, se difundían rumores sobre la presencia de un grupo de tzotziles armados que gustaba degollar a sus víctimas y las desollaba.
El 20 de agosto de 1996, los lugareños fueron testigos del rescate de seis cuerpos de jóvenes, bases de apoyo del EZLN, que fueron lanzados en la cima de Chixiltón, a tan sólo un kilómetro del centro de la cabecera municipal.
Los muchachos dormían en una posada cuando fueron sacados por un grupo de priístas borrachos el 19 de agosto. De ahí nadie más supo qué ocurrió hasta que se encontraron los cuerpos ocultos en la cavidad de más de 25 metros de hondo.
Llegó 1997 y lejos de aminorar el conflicto, las pugnas arreciaron. Los bandos se dividían entre militantes del PRI, bases del EZLN y miembros de la organización civil “Las Abejas”, éstos últimos, ajenos al problema.
Conforme se recrudecía el conflicto, el edil de Chenalhó, Mariano Arias, pidió al entonces presidente Ernesto Zedillo que permitiera a las comunidades portar armas “para su defensa”. No hubo respuesta. No era necesaria la anuencia del Ejecutivo. Los tzotziles contaban con armamento de alto poder. En la comunidad Puebla, la mayoría de los habitantes estaban dispuestos a armarse.
Puebla era una de las comunidades más polarizadas del municipio. Los priístas estaban molestos porque los zapatistas no cooperaban para la construcción de una carretera y por lo tanto se les castigaba con cárcel, pero a las pocas horas rebeldes zapatistas irrumpían en el pueblo para liberarlos. En Majomut las partes se disputaban un banco de arena.
Nadie parecía interesarse en la búsqueda de una solución al conflicto. Las organizaciones que pugnaban por el respeto a los derechos humanos acusaban al gobierno federal de instrumentar una estrategia para minar el EZLN, como parte de una “guerra de contrainsurgencia”.
El gobierno estatal cerraba los ojos y aseguraba: “No te preocupes (Mariano Arias), deja que se maten, voy a mandar la seguridad pública para que levanten los muertos”, habría dicho quien en ese momento era el gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, cuando el edil le advirtió del recrudecimiento de los hechos.
La beligerancia no cesó. Se denunciaba que en ambulancias del ayuntamiento era transportado armamento de alto poder para los grupos armados del PRI y que incluso los hombres “recibían entrenamiento” del Ejército y la policía.
“Los paramilitares”, como les llamaban a los priístas, parecían tener derecho de movilidad en el municipio. Ninguna autoridad los detenía o les confiscaba las armas.
Para abril de 1997, en una veintena de comunidades ya se reportaban asesinatos, enfrentamientos y emboscadas, pero eran hechos que sólo preocupaba a los habitantes de Chenalhó y a las autoridades locales.
Los enfrentamientos saltaban de comunidad en comunidad. Los cadáveres de hombres y mujeres eran levantados por los deudos y ante el temor de morir baleados o quemados, decenas de tzotziles abandonaban sus casas para buscar refugio temporalmente en las montañas y luego en Polhó y X’oyep, donde sobrevivieron varios días sólo con café, chile, tostada molida y hierbas.
Tras la festividad de Día de muertos de 1997, el conflicto se desbordó. El “municipio constitucional” y el “autónomo” buscaron negociar como parte de “un proceso desde el levantamiento del EZLN”, asienta el investigador Gustavo Castro.
Los encuentros ocurrieron el 5 y 11 de noviembre y 16 de diciembre en el poblado Las Limas, que era un “territorio neutral”, donde las partes discutirían el regreso de desplazados, indemnización a víctimas, libre tránsito y crear una comisión que velara por el cumplimiento de los acuerdos. Al final se rompe el diálogo y entonces la paz pende de un hilo.
Cuando habían transcurrido mil 86 días del levantamiento armado del EZLN, un grupo de priístas armados irrumpe en la aldea de Acteal, donde asesina a 45 hombres, mujeres y niños, que eran parte de un grupo de 20 familias desplazadas de sus hogares por temor a la violencia.
“Sabemos que hay muchos muertos. Siguen los disparos”, dio a conocer a este diario un indígena vía telefónica desde Polhó, en la noche del 22 de diciembre cuando los paramilitares aún estaban en Acteal.
Tres lustros después de la masacre, 50 indígenas que permanecían recluidos en el penal de El Amate, alcanzaron su libertad, pero 23 todavía siguen en prisión.
“Las Abejas”, que prepara la conmemoración para honrar a las víctimas este sábado, asegura que la masacre se dio en un “contexto de guerra contra el EZLN y las comunidades simpatizantes con sus causas”.
Por eso, cada mes sus miembros están convencidos en exigir justicia y señalar “a los responsables materiales e intelectuales que están libres”.
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