RED DE CORRUPCION EN EL SAT

Descubren mafia de funcionarios que fraudean al fisco federal Luis Fernando Nájera  Una mafia de funcionarios mayores y menores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Los Mochis estafa al erario federal millones de pesos, con la simulación de cobros de créditos fiscales a grandes empresarios, denunció el exsubadministrador, Roberto López Montenegro. Los funcionarios ladrones locales cuentan con la complicidad de jefes de departamentos nacionales, en la rebatinga de dineros, porque se ha tendido una cortina de humo y se ha desacreditado y despedido a personal que como él han denunciado los robos de los ingresos de la nación, validando, además, auditorías ligeras que no tienen otro móvil más que esconder el saqueo, la rapacería de los incondicionales, con la finalidad de evitar la cárcel. López Montenegro dijo que tras 18 años de servicio en el SAT ocupando cargos en oficinas de aduanas y otras, fue en Los Mochis en donde sus jefes trataron de cooptarlo para favorecer a empresas locales y foráneas con omisiones en los procesos de cobro de créditos fiscales por omisiones o faltas en las declaraciones de impuestos. Puso nombre a sus imputaciones: Mónica Bojórquez Montoya, administradora local jurídica del SAT en Los Mochis, y sus protectores: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, jefe nacional del SAT; Jesús Rojas Ibáñez, administrador general jurídico; René Medina Castañeda, auditor central de la General Jurídica, Arturo Peña Zazueta, administrador general de Evaluaciones; Juan Antonio Toca Uriarte, administrador general regional de Evaluación en Hermosillo, y Pablo Alberto Merino Flores, administrador local jurídico de Nogales. Ellos conocieron de los saqueos, los investigaron y sepultaron, cesando a la sospechosa y despidiendo al denunciante, además de hostigar y amenazar al personal auditor que se enteró de los casos en caso de que el asunto llegara a la opinión pública o a organismos descentralizados como la Secretaría de la Función Pública o el Despacho de la Presidencia de la República, dijo. Dijo que desde septiembre del 2010 fue requerido por su jefa, Mónica Bojórquez Montoya, para que allanara algunos asuntos de evasión fiscal millonarios a cambio de un millón de pesos depositados en cuentas especiales. Se negó a ello. En respuesta, le fueron cancelados los expedientes fiscales que debía de conocer, por responsabilidad con el cargo. Luego, es de nuevo requerido con otra oferta: negociar créditos fiscales, evadir impuestos y otorgar créditos fiscales a empresas locales y foráneas, a lo que se niega también. “No quería salir por la puerta trasera al cabo de 18 años de servicios, sino con una correcta liquidación, porque siempre defendí los intereses fiscales de la nación”, expuso. Por ello, el 6 de octubre interpuso denuncia de hechos ante el administrador central del SAT, Gabriel Ortiz Capetillo, quien el 11 de octubre de ese mismo año acusa recibo. Semanas después es requerido en México para ratificar las denuncias, lo que realiza ante Juan Antonio Toca Uriarte, quien le ofrece todo el apoyo y protección pues nadie debe de saquear al erario federal. Los auditores internos llegan el 1 de diciembre del 2010 y cesan inmediatamente a su jefa y se lanzan contra el personal que actuó en los procesos en donde se cancelaron créditos fiscales en tiempo récord. “Los asuntos debían tardar de tres meses a un año, pero ella los arreglaba en una semana, sin que pasaran por el protocolo habitual”. Meses después, quien le ofreció apoyo y respaldo por la valentía de denunciar los excesos de poder se comunica ante la nueva administradora jurídica local, Delia Estela Barajas Félix, y le pide que solicite la separación del cargo del denunciante, por pérdida de confianza. “Ella misma me lo confesó”. López Montenegro es cesado el 15 de septiembre del 2011. Entonces recurre a la Secretaría de la Función Pública y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El 29 de noviembre del 2011, la Función Pública inicia una nueva investigación sobre el saqueo del erario y la Comisión Nacional de Derechos Humanos se desliga por tratarse de un caso laboral. Las investigaciones aún están en trámite, pero López Montenegro es ahora objeto de escarnio por otros administradores del SAT, quienes le han impedido el acceso a las oficinas públicas con el argumento de que no es bien recibido el que denuncia a los jefes. Asegura que excompañeros que han conocido de la denuncia le han enviado correos electrónicos para pedirle que no los perjudique acudiendo a las oficinas, porque sobre ellos pesa el despido a quien se le vea hablando con él.  “Los jefes creen que voy a hacer una campaña para denunciar los saqueos del erario, porque no solo en las oficinas de Los Mochis se allanaron expedientes, sino que el mismo mecanismo se realiza en otras oficinas. Y la prueba de ello es que son determinados despachos contables quienes inician los juicios e incluso empresas foráneas han cambiado la matriz del negocio para negociar los créditos fiscales”, dijo.