MÉXICO,
D.F. (apro).- El Estado mexicano reconoció este lunes ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) su responsabilidad
internacional en violaciones a los derechos fundamentales de Juan García
Cruz y Santiago Sánchez Silvestre al torturarlos, acusarlos de formar
parte del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y encerrarlos en prisión
16 años, sin tener responsabilidad alguna en los hechos que se les
imputaron.
Durante el 101 periodo ordinario de sesiones de la
CoIDH, una delegación encabezada por la subsecretaria de Gobernación,
Lía Limón García, en representación del Estado mexicano, así como las
víctimas y sus abogados, presentaron ante el máximo tribunal de justicia
en el continente americano un acuerdo de solución amistosa, que
sustituye el litigio que sobrevendría y su posterior sentencia. La firma
del acuerdo fue atestiguada por el presidente de la Corte, Diego García
Sayán.
Por parte del Estado mexicano firmaron también el acuerdo,
por la Procuraduría General de la República, los subprocuradores de
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad,
Ricardo García Cervantes, y de Control Regional, Procedimientos Penales y
Amparo, Renato Sales Heredia; y por la Secretaría de Relaciones
Exteriores, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos
Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo.
Además de las víctimas, estuvieron sus abogados Pilar Noriega García, Ana Marcia Aguiluz Soto y Carlos Zazueta.
En
un comunicado, el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional
(CEJIL) –una de las organizaciones que llevó la defensa– resaltó que
después de casi tres meses de negociaciones, el acuerdo de solución
amistosa se cerró luego de que “las autoridades mexicanas se
comprometieron a reparar íntegramente el daño causado a las víctimas así
como a investigar los hechos de tortura”.
Cruz Santiago y Sánchez
Silvestre fueron detenidos el 6 junio de 1997 en una casa donde
pernoctaban, y ahí mismo fueron torturados por policías del Distrito
Federal, que después los trasladarían a instalaciones policiacas para
continuar los castigos.
CEJIL reiteró que según el acuerdo de
solución amistosa, el “Estado mexicano reconoce que es responsable de la
violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad
personal, a las garantías judiciales y protección judicial, contenidos
en la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, se declaró
responsable de violentar varios artículos de la Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”.
Sin una
defensa adecuada, Cruz Santiago y Sánchez Silvestre fueron acusados de
repartir propaganda en el metro Santa Marta Acatitla de portar armas, y
posteriormente al ser detenidos por policías judiciales, de haber
“confesado” participar en el crimen de un policía del Estado de México.
Fueron
sentenciados a tres años de prisión por las armas y a 40 por el
homicidio, “pese a denunciar a las autoridades las torturas de las que
fueron objeto, las cuales nunca fueron investigadas”, se recordó en el
comunicado.
La organización, que defendió a los dos hombres junto
con Servicios Legales e Investigación y Estudios Jurídicos (SLIEJ) y
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH),
agregó que el caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) en el 2000, y llevado a la Corte el 17 de marzo
de 2013.
El caso se llevó a la Corte debido a que el Estado
mexicano no cumplió con las recomendaciones contenidas en su Informe de
Fondo sobre el caso, emitido el 31 de octubre de 2011.
En dicho
informe la CIDH recomendaba “una investigación judicial completa,
imparcial y efectiva, de manera expedita, con el objeto de investigar
las violaciones a la integridad personal y a la libertad personal
cometidas en contra de García Cruz y Sánchez Silvestre”.
Se
sugerían medidas legislativas y administrativas “con el objeto de
adecuar la legislación y las prácticas mexicanas a los estándares
interamericanos en materia de tortura”, así como tomar las medidas
necesarias para evitar la repetición de casos similares.
En el
Informe de Fondo, la CIDH recomienda “revisar la validez del proceso
penal seguido en perjuicio de García Cruz y Sánchez Silvestre, en virtud
de los derechos que les fueron conculcados, especialmente el valor
probatorio dado a las confesiones rendidas por las víctimas bajo efectos
de tortura”, y reparar el daño moral y material por los daños causados.
Debido
a la defensa legal que tuvieron de la abogada Pilar Noriega, resaltó
CEJIL, García Cruz y Sánchez Silvestre salieron libres el 18 de abril
pasado, “luego de que un tribunal interno declarara que su confesión
había sido obtenida bajo tortura y que el juicio al que fueron sometidos
estuvo plagado de irregularidades”.
Las organizaciones que
defendieron a García Cruz y Sánchez Silvestre, aplaudieron “a las
autoridades del Estado mexicano por su disposición a reconocer las
violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de Juan y
Santiago así como por los compromisos asumidos para reparar el daño
causado y evitar que hechos de esta naturaleza se sigan repitiendo en
México”
Gloria Leticia Díaz
MÉXICO, D.F.
(apro).- El Estado mexicano reconoció este lunes ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) su responsabilidad
internacional en violaciones a los derechos fundamentales de Juan García
Cruz y Santiago Sánchez Silvestre al torturarlos, acusarlos de formar
parte del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y encerrarlos en prisión
16 años, sin tener responsabilidad alguna en los hechos que se les
imputaron.
Durante el 101 periodo ordinario de sesiones de la
CoIDH, una delegación encabezada por la subsecretaria de Gobernación,
Lía Limón García, en representación del Estado mexicano, así como las
víctimas y sus abogados, presentaron ante el máximo tribunal de justicia
en el continente americano un acuerdo de solución amistosa, que
sustituye el litigio que sobrevendría y su posterior sentencia. La firma
del acuerdo fue atestiguada por el presidente de la Corte, Diego García
Sayán.
Por parte del Estado mexicano firmaron también el acuerdo,
por la Procuraduría General de la República, los subprocuradores de
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad,
Ricardo García Cervantes, y de Control Regional, Procedimientos Penales y
Amparo, Renato Sales Heredia; y por la Secretaría de Relaciones
Exteriores, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos
Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo.
Además de las víctimas, estuvieron sus abogados Pilar Noriega García, Ana Marcia Aguiluz Soto y Carlos Zazueta.
En
un comunicado, el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional
(CEJIL) –una de las organizaciones que llevó la defensa– resaltó que
después de casi tres meses de negociaciones, el acuerdo de solución
amistosa se cerró luego de que “las autoridades mexicanas se
comprometieron a reparar íntegramente el daño causado a las víctimas así
como a investigar los hechos de tortura”.
Cruz Santiago y Sánchez
Silvestre fueron detenidos el 6 junio de 1997 en una casa donde
pernoctaban, y ahí mismo fueron torturados por policías del Distrito
Federal, que después los trasladarían a instalaciones policiacas para
continuar los castigos.
CEJIL reiteró que según el acuerdo de
solución amistosa, el “Estado mexicano reconoce que es responsable de la
violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad
personal, a las garantías judiciales y protección judicial, contenidos
en la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, se declaró
responsable de violentar varios artículos de la Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”.
Sin una
defensa adecuada, Cruz Santiago y Sánchez Silvestre fueron acusados de
repartir propaganda en el metro Santa Marta Acatitla de portar armas, y
posteriormente al ser detenidos por policías judiciales, de haber
“confesado” participar en el crimen de un policía del Estado de México.
Fueron
sentenciados a tres años de prisión por las armas y a 40 por el
homicidio, “pese a denunciar a las autoridades las torturas de las que
fueron objeto, las cuales nunca fueron investigadas”, se recordó en el
comunicado.
La organización, que defendió a los dos hombres junto
con Servicios Legales e Investigación y Estudios Jurídicos (SLIEJ) y
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH),
agregó que el caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) en el 2000, y llevado a la Corte el 17 de marzo
de 2013.
El caso se llevó a la Corte debido a que el Estado
mexicano no cumplió con las recomendaciones contenidas en su Informe de
Fondo sobre el caso, emitido el 31 de octubre de 2011.
En dicho
informe la CIDH recomendaba “una investigación judicial completa,
imparcial y efectiva, de manera expedita, con el objeto de investigar
las violaciones a la integridad personal y a la libertad personal
cometidas en contra de García Cruz y Sánchez Silvestre”.
Se
sugerían medidas legislativas y administrativas “con el objeto de
adecuar la legislación y las prácticas mexicanas a los estándares
interamericanos en materia de tortura”, así como tomar las medidas
necesarias para evitar la repetición de casos similares.
En el
Informe de Fondo, la CIDH recomienda “revisar la validez del proceso
penal seguido en perjuicio de García Cruz y Sánchez Silvestre, en virtud
de los derechos que les fueron conculcados, especialmente el valor
probatorio dado a las confesiones rendidas por las víctimas bajo efectos
de tortura”, y reparar el daño moral y material por los daños causados.
Debido
a la defensa legal que tuvieron de la abogada Pilar Noriega, resaltó
CEJIL, García Cruz y Sánchez Silvestre salieron libres el 18 de abril
pasado, “luego de que un tribunal interno declarara que su confesión
había sido obtenida bajo tortura y que el juicio al que fueron sometidos
estuvo plagado de irregularidades”.
Las organizaciones que
defendieron a García Cruz y Sánchez Silvestre, aplaudieron “a las
autoridades del Estado mexicano por su disposición a reconocer las
violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de Juan y
Santiago así como por los compromisos asumidos para reparar el daño
causado y evitar que hechos de esta naturaleza se sigan repitiendo en
México”.
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