Roma─ Primero encargó al grupo estadounidense
Promontory que controlara las cuentas del Banco Vaticano y las actividades de
Apsa, la Administración del Patrimonio de la Santa Sede. Y, ahora, el Papa
Francisco ha decidido meterle mano al Gobernatorio Vaticano, el organismo encargado de la gestión financiera de
la Santa Sede y donde, según revelaban los papeles del Vatileaks, campan a sus
anchas la corrupción, las contratas hinchadas y la prevaricación.
El Pontífice encargó
ayer a Ernest and Young una auditoría sobre ese organismo que juega un papel
fundamental en las finanzas del Vaticano. Se trata de la tercera auditoría
externa sobre organismos vaticanos encargada por Francisco desde que hace ocho
meses fuera elegido Papa.
«Una verificación y
asesoramiento sobre las actividades económicas y sobre los procesos de gestión
administrativa» del Gobernatorio Vaticano. Eso es exactamente lo que Francisco
le ha solicitado al grupo internacional Ernst and Young, especializado en
revisión contable.
El Gobernatorio Vaticano
está bajo sospecha desde que el Vatileaks sacó a la luz varios documentos en
los que el que hasta noviembre de 2012 fue su número dos, el arzobispo Carlo
Maria Viganò, denunciaba «situaciones de corrupción y prevaricación» y
«comportamientos perseguibles como delitos» dentro de esta institución.
Viganò se quejaba en
una misiva enviada la primavera del año pasado a Benedicto XVI de que «las
contratas van a parar siempre a las mismas empresas, a un costo que es al menos
el doble del de las que trabajan fuera del Vaticano». Y ponía el ejemplo
sangrante del belén navideño montado en la Plaza de San Pedro en 2009 y que
costó nada menos que 550.000 euros.
EVITAR DESPILFARROS
Las conclusiones de
Ernest and Young sobre la situación del Gobernatorio se pondrán a disposición
de la comisión de ocho miembros nombrada en julio pasado por Francisco para
supervisar la economía vaticana a fin de evitar despilfarros, cohechos y
corruptelas. Una comisión de la que forman parte dos españoles (monseñor Lucio
Ángel Vallejo Balda, secretario de la Prefectura de Asuntos Económicos, y el
economista laico Enrique Llano) y que también cuenta con una mujer: Francesca
Immacolata Chaouqui, quien por cierto en el pasado trabajó para la auditora.
La comisión
utilizará las conclusiones de Ernest and Young «para proponer eventuales
recomendaciones que mejoren la eficiencia y eficacia de los procesos económicos
y administrativos del Gobernatorio», según señalaba el comunicado de la oficina
de prensa de la Santa Sede.
Pero, además, y
siempre profundizando en la tarea de limpieza de la economía de la Santa Sede,
Francisco publicó ayer un motu proprio que establece el nuevo estatuto de la
Autoridad de Información Financiera Vaticana (Aif), el organismo de la Santa
Sede encargado de vigilar las finanazas de la Santa Sede para evitar y prevenir
los delitos de lavado de dinero.
El nuevo estatuto,
que entrará en vigor el próximo jueves, tratará de adecuar la estructura
interna de Aif a las funciones de transparencia financiera y lucha contra el
lavado de dinero negro que está llamada a cumplir, reforzando la independencia
de sus responsables de posibles interferencias por parte de miembros de la
jerarquía vaticana.
Además, el estatuto
contempla la creación de una nueva oficina «para la vigilancia preventiva», un
organismo que Moneyval (la comisión de la Unión Europea contra el lavado de
capitales) considera absolutamente necesario.
(EL DIARIO,
EDICION JUAREZ/ El Mundo.es | 2013-11-18 | 13:58)
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