Sería una omisión de parte de la Sindicatura si se le comprueban acusaciones
Lorena GARCÍA RAMÍREZ / EL MEXICANO
TIJUANA.- Aunque ante los
ojos de los tijuanenses el ex secretario de Seguridad Pública Municipal,
Julián Leyzaola Pérez, quedó como un héroe al haber logrado contener la
criminalidad, la síndica procuradora, Yolanda Enríquez de la Fuente,
aseguró que no lo pueden eximir de una sanción si se comprueba que
cometió actos de tortura en contra de ex policías municipales.
Dijo que si pasara por alto una situación así, la responsable sería ella, como cuando se le acusó de no actuar con prontitud en contra de los policías de La Presa Rural, que pusieron a una detenida a hacer un baile erótico a cambio de dejarla en libertad.
“No es una persecución, recuerden que yo tengo una responsabilidad y tengo que seguir procedimientos, casi me cuelgan porque no avisé rápido a la procuraduría
por el caso de los policías, es mi misma responsabilidad si yo me entero (que cometió actos de tortura)”, manifestó.
Enríquez de la Fuente dijo que es cierto que la ciudadanía atribuye una baja en la delincuencia al trabajo que encabezó Julián Leyzaola, “claro que sí es, fue el inicio de que esta ciudad recuperara su tranquilidad, que todavía nos falta mucho para llegar a ella, pero vamos en ese proceso”.
Agregó que “si se comprueba la tortura... digo, hiciste acciones buenas, pero también hiciste acciones que merecen una responsabilidad”.
La Síndica Procuradora precisó que Leyzaola Pérez no contestó dos citatorios, mismo caso de Gustavo Huerta Martínez, quien fuera director de la policía municipal en la pasada administración. Hay dos procedimientos en su contra.
Dijo que sigue abierta la investigación para atribuirles responsabilidad administrativa, que podría derivar en su inhabilitación hasta por un periodo de 10 años, que es la máxima sanción contemplada en la Ley de Responsabilidades.
Aclaró que aunque no se presenten a declarar y a defenderse “el procedimiento sigue por parte nuestra, aunque pierdan su derecho de defensa, nosotros podemos inhabilitarlos hasta por 10 años, es la máxima pena, pero no está terminado”.
Enríquez de la Fuente dijo que el encargado de la seguridad pública de Ciudad Juárez fue citado la semana pasada pero no compareció, ni tampoco solicitó un cambio de fecha, como sí lo han hecho otros ex servidores públicos citados por la Sindicatura.
“Los ex funcionarios tienen que presentarse, entonces ya puede darle seguimiento un abogado”.
(EL MEXICANO/ Lorena GARCÍA RAMÍREZ/ 23 de Mayo 2013)
Dijo que si pasara por alto una situación así, la responsable sería ella, como cuando se le acusó de no actuar con prontitud en contra de los policías de La Presa Rural, que pusieron a una detenida a hacer un baile erótico a cambio de dejarla en libertad.
“No es una persecución, recuerden que yo tengo una responsabilidad y tengo que seguir procedimientos, casi me cuelgan porque no avisé rápido a la procuraduría
por el caso de los policías, es mi misma responsabilidad si yo me entero (que cometió actos de tortura)”, manifestó.
Enríquez de la Fuente dijo que es cierto que la ciudadanía atribuye una baja en la delincuencia al trabajo que encabezó Julián Leyzaola, “claro que sí es, fue el inicio de que esta ciudad recuperara su tranquilidad, que todavía nos falta mucho para llegar a ella, pero vamos en ese proceso”.
Agregó que “si se comprueba la tortura... digo, hiciste acciones buenas, pero también hiciste acciones que merecen una responsabilidad”.
La Síndica Procuradora precisó que Leyzaola Pérez no contestó dos citatorios, mismo caso de Gustavo Huerta Martínez, quien fuera director de la policía municipal en la pasada administración. Hay dos procedimientos en su contra.
Dijo que sigue abierta la investigación para atribuirles responsabilidad administrativa, que podría derivar en su inhabilitación hasta por un periodo de 10 años, que es la máxima sanción contemplada en la Ley de Responsabilidades.
Aclaró que aunque no se presenten a declarar y a defenderse “el procedimiento sigue por parte nuestra, aunque pierdan su derecho de defensa, nosotros podemos inhabilitarlos hasta por 10 años, es la máxima pena, pero no está terminado”.
Enríquez de la Fuente dijo que el encargado de la seguridad pública de Ciudad Juárez fue citado la semana pasada pero no compareció, ni tampoco solicitó un cambio de fecha, como sí lo han hecho otros ex servidores públicos citados por la Sindicatura.
“Los ex funcionarios tienen que presentarse, entonces ya puede darle seguimiento un abogado”.
(EL MEXICANO/ Lorena GARCÍA RAMÍREZ/ 23 de Mayo 2013)
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