Redacción
Durante el último año del sexenio de Felipe Calderón, en México
siguieron ocurriendo delitos como desapariciones forzadas, ejecuciones
extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, tortura y violencia en
contra de sectores vulnerables, sin que las autoridades reconocieran la
gravedad del problema e incluso con la complicidad de servidores
públicos, señala el informe 2013 de Amnistía Internacional (AI).
En el texto se subraya que el gobierno de Calderón –que culminó con
60 mil víctimas de homicidio y 150 mil de desplazamiento forzoso en el
marco de la ‘‘guerra’’ contra el crimen organizado– ‘‘se negó
sistemáticamente a reconocer la envergadura y gravedad de los abusos y
la falta de credibilidad de las investigaciones oficiales’’, enmedio de
un ambiente de impunidad generalizada.
Al desglosar por temas los resultados de su análisis, AI indicó que
las autoridades judiciales mexicanas siguieron recurriendo de forma
‘‘generalizada’’ a la detención arbitraria, la tortura y los malos
tratos para obtener confesiones en los interrogatorios y forzar a los
detenidos a inculparse de delitos que no cometieron.
Un ejemplo de ello es la persistencia del arraigo, cuyo uso sólo se
eliminó en tres estados a pesar de que el Comité contra la Tortura,
dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pidió su
eliminación total en noviembre del año pasado.
En lo que se refiere a las desapariciones forzadas, el documento
recordó que un informe filtrado de la Procuraduría General de la
República (PGR) contiene al menos 25 mil casos de personas desaparecidas
o ‘‘no localizadas’’, ocurridos durante el gobierno calderonista, en
muchos de los cuales habían participado servidores públicos.
‘‘En la mayoría de las ocasiones –subrayó Amnistía Internacional–
seguía sin conocerse la suerte que había corrido la víctima. Las
autoridades a menudo se mostraban reacias a investigar los casos,
especialmente las desapariciones forzadas’’, por lo que los familiares
debían realizar investigaciones por su cuenta, exponiéndose de esta
forma a situaciones peligrosas.
Además, el gobierno federal ‘‘seguía sin cumplir su compromiso de
crear una base de datos nacional sobre personas desaparecidas’’, y no ha
identificado al menos a 15 mil 921 cadáveres en morgues y a mil 400
restos hallados en fosas clandestinas.
En el rubro de uso excesivo de la fuerza y ejecuciones
extrajudiciales, el informe destacó que la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) ‘‘registró al menos 25 asesinatos de transeúntes
en enfrentamientos armados entre bandas delictivas y las fuerzas de
seguridad’’, la mayoría de los cuales no se investigaron.
Un caso paradigmático de dicha situación es el de los dos alumnos de
la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, que fueron abatidos en
diciembre de 2011, mientras participaban en una protesta en la Autopista
del Sol.
Uno más, subrayó el informe, es el de la indígena Carmen Puerta
Carrillo, quien el 3 de febrero del año pasado murió por disparos de
arma de fuego cuando pasaba conduciendo junto a una base militar en la
comunidad de Baborigame, en el estado de Chihuahua. De acuerdo con
testigos presenciales, los soldados hicieron fuego sin que mediara
advertencia ni provocación.
De igual manera, el documento de Amnistía Internacional alertó que
los migrantes indocumentados siguen siendo víctimas de secuestro,
asesinato, reclutamiento forzoso en bandas criminales, detención
arbitraria, explotación sexual y extorsión, sin que el gobierno impida o
castigue dichos crímenes.
Los periodistas y defensores de derechos humanos, abundó el informe,
continuaron sufriendo agresiones y amenazas; los pueblos indígenas
padecieron exclusión, discriminación y falta de consulta sobre
megaproyectos en sus territorios, y las mujeres y niñas aún sufren
condiciones graves de violencia sin que las autoridades frenen esos
ataques.
Como botones de muestra de lo anterior, el organismo internacional
recordó el caso del albergue para migrantes ubicado en Lechería, estado
de México, que se vio obligado a cerrar sus puertas en julio de 2012
luego de recibir amenazas de bandas delictivas y ante la falta de acción
de las autoridades para protegerlos.
De igual manera, subrayó el asesinato de los periodistas Regina
Martínez, Gabriel Huge, Guillermo Luna y Esteban Rodríguez –todos ellos
ocurridos en el estado de Veracruz–, así como la detención arbitraria de
la activista Lucila Bettina Cruz, quien participó en diversas
movilizaciones pacíficas en contra de la instalación de un parque de
energía eólica.
Por último, AI indicó que a pesar de los llamados para acotar el
ámbito de justicia castrense, ‘‘en abril se bloquearon las propuestas de
reforma al Código de Justicia Militar destinadas a excluir las
violaciones de derechos humanos’’.
La Jornada
(RIODOCE.COM.MX/ Redacción/ mayo 23, 2013)
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