OAXACA,
Oax., (apro).- El Ejército Popular Revolucionario (EPR) denunció que
“el gobierno de Enrique Peña Nieto, al igual que el genocida de Felipe
Calderón, recurre al terrorismo de Estado como forma específica de
opresión al pueblo, para inhibir conciencias y la protesta popular”.
A
seis años de la detención-desaparición de los eperristas Edmundo Reyes
Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, el grupo insurrecto se quejó de
que esos crímenes de lesa humanidad al igual que los más de 60 mil que
existen en el país permanecen impunes y bajo el silencio ominoso del
gobierno mexicano.
Mediante un comunicado, acusó que “Peña Nieto,
todas las instituciones y sus funcionarios también son responsables al
desarrollar una política criminal premeditada.
“La indolencia, la
manipulación de la información y los sentimientos de los familiares de
las víctimas; la perversidad para mantener la impunidad e inmunidad de
autores intelectuales y materiales; el burocratismo, el hostigamiento y
la revictimización son política de gobierno, cuyo objetivo es el
desgaste, cansancio y el olvido de quienes luchamos por la presentación
de los detenidos-desaparecidos.”
El grupo guerrillero —que
irrumpió en el escenario nacional en junio de 1996— insistió en que “la
detención-desaparición forzada ya sea por motivos políticos o sociales
es un crimen de lesa humanidad cometido por el Estado mexicano,
independientemente de los funcionarios en turno, de los ejecutores
materiales y autores intelectuales, sin importar jurisdicción y
territorio donde se cometa, la responsabilidad recae única y
exclusivamente sobre el Estado mexicano, sus representantes y
administradores en turno”.
En un comunicado fechado este 23 de
mayo, resaltó que “los detenidos-desaparecidos son parte del pueblo sin
distinción de banderas y trincheras políticas, de su origen y condición
social.
También cuestionó el “nefasto papel que juegan los que se
dicen de izquierda, comunistas y revolucionarios al guardar silencio
cómplice, doblar banderas para negar la solidaridad por la militancia
política del detenido-desaparecido y hacer eco de la criminalización que
se hace desde el Estado contribuyendo por comisión u omisión a los
mismos objetivos de éste: desacreditar, deslegitimar para aislar,
asesinar y olvidar”.
Finalmente, resaltó que en su lucha no hay
lugar al miedo ni al cansancio, mucho menos a la renuncia y abandono de
esta exigencia popular.
“En la lucha por la presentación con vida de los detenidos-desaparecidos toda forma de lucha es válida y legítima”, asentaron.
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