Durante todo el 2011, al menos una persona desapareció cada día en
Sinaloa. Los últimos seis años se registraron mil 300 desaparecidos en
la entidad, de acuerdo con estadísticas del Sistema de Registro Nacional
de Personas Extraviadas y Desaparecidas (Sirenped) de la Secretaría de
Gobernación federal.
De 2006 a 2009 se denunciaron alrededor de 550 desapariciones
forzadas, en 2010 se documentaron 300 y en 2011 la cifra casi alcanzó
las 400.
Con estos números, el estado se ubica en el sexto lugar a nivel
nacional con más habitantes desaparecidos, luego del Distrito Federal,
Estado de México, Tamaulipas, Jalisco y Guanajuato.
La cantidad se
dispara si tomamos en cuenta que existen personas levantadas de
las que no se sabe su paradero y que no se reportan ante las
autoridades.
Al menos existen 50 casos así —señala Leonel Aguirre Meza,
presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa
(CDDHS).
¿El motivo? Los familiares de las víctimas asimilan que están
desaparecidos porque “andaban mal”, por eso no denuncian y la autoridad
encantada porque significa menos chamba para ellos.
En Sinaloa, las denuncias por desapariciones forzadas involucran a
particulares con complicidad o encubrimiento de las corporaciones
policiacas estatales. Y la percepción ciudadana de la colaboración entre
las fuerzas de seguridad estatales y los cárteles crece, cuando en
lugar de verse avances en la materia, las investigaciones se estancan. Y
se buscan pretextos para no actuar.
Estos grupos actúan con tanta facilidad, dice Aguirre Meza, que
pareciera que tienen la venia o colaboración del Estado. La mayoría de
los casos son acciones de venganza de un cártel contra otro, aunque en
algunos casos negocian entre ellos la entrega de rehenes.
—Las autoridades han negado su participación en las desapariciones
forzadas, pero en cambio, aceptan que hay operativos con patrullas
clonadas…
—Hemos conocido operativos de cárteles en los que las supuestas
patrullas cubren calles enteras, en los que participan hasta 50 personas
con uniformes clonados, y en donde permanecen durante largo tiempo en
un lugar y se han llevado a personas que después no aparecen. La
autoridad tiene el tiempo suficiente para montar un operativo y actuar,
pero no lo hace.
Entrevistado por Ríodoce, Leonel Aguirre argumenta que hasta
ahora no han sido las autoridades estatales, sino las organizaciones
civiles, quienes están atendiendo el problema de las desapariciones
forzadas en el Estado.
El defensor de los Derechos Humanos explica que en el Código Penal
Federal la privación ilegal de la libertad es ejecutada por civiles,
mientras que la desaparición forzada es cometida por las autoridades.
Uno de los problemas, añade, es que la Agencia Especializada en
Desapariciones Forzadas le da un sesgo de secuestro o privación ilegal
de la libertad.
Por eso cuando una persona denuncia la desaparición de
un familiar, le dicen que tiene que regresar hasta el tercer día para
poder determinar en qué modalidad encuadra, lo que implica perder mucho
tiempo”.
Sin embargo, el entrevistado indica que “los lineamientos de tratados
internacionales y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
obliga a las autoridades a tratar estos casos, puesto que para ellos, la
desaparición forzada de una persona se reconoce por la privación de la
libertad, seguida del desconocimiento de su paradero, que puede ser
cometida por agentes del Estado o por particulares que actúan con
consentimiento de agentes del Estado”.
La base de datos de Gobernación arroja que de las personas
desaparecidas en Sinaloa, 252 son mujeres y mil 40 hombres, quienes
representan el 4.98 por ciento del total de desaparecidos en todo
México.
En las estadísticas se observa que Culiacán es el municipio que
registró el mayor número de desaparecidos con 607, cifra que representa
el 46.65 por ciento de toda la entidad, seguido de Mazatlán con 297,
Ahome con 66, Navolato con 44, Guasave con 39, Salvador Alvarado con 37,
Escuinapa con 35, Elota con 30, Angostura con 27 y el municipio de
Sinaloa con 21.
En San Ignacio desaparecieron 19 personas, en Mocorito 17, en Rosario
15, en Concordia 12, en Cosalá nueve, en El Fuerte ocho, en Badiraguato
y Choix cuatro en cada localidad, y de los diez restantes no se
especificó el municipio donde se dio la desaparición.
La lista —que contiene 26 mil 121 registros de desaparecidos entre
2006 y 2012—, especifica que en mil 252 de los casos de Sinaloa se
inició una averiguación previa, en 15 se levantó un acta circunstancial y
en 34 no se especificó el tipo de denuncia.
El pasado cinco de marzo, el gobernador Mario López Valdez dijo
textualmente: “Se que hay una lista de desaparecidos, que hay madres
afligidas y familias sin algunos de sus miembros” y agregó que su
gobierno está trabajando para encontrarlos. Pero no se ha pasado de la
declaración a la acción.
“Esto, dijo Leonel Aguirre, demuestra la poca preocupación que tiene la autoridad en materia de enfrentar este fenómeno”.
Por etapas
La CDDHS ha dado seguimiento a los desaparecidos de Sinaloa desde
hace 40 años. Los ha catalogado en tres etapas. De acuerdo con
estadísticas del organismo, la primera y segunda clasificación es en la
década de los setenta, cuando se registraron 42 desaparecidos por la
represión política y durante la llamada Operación Cóndor, “cuando
se cometieron tantas atrocidades que no se tiene una estadística real
de las personas desaparecidas debido a tantos excesos, aunque se
documentaron alrededor de 70, generalmente gente de la sierra, informa
el activista.
La tercera etapa es la actual, cuando se declara la guerra al
narcotráfico, en la cual se han documentado mil 300 desaparecidos, en la
modalidad de que aquí son particulares y no las organizaciones del
Estado, quienes cometen la desaparición forzada.
Aguirre Meza dijo que permanece en el congelador del Congreso
del Estado una iniciativa de ley enviada por la CDDHS desde diciembre de
2011, a fin de proteger a las víctimas e inhibir este delito. La
propuesta incluye sanciones que van hasta los diez años de cárcel a la
autoridad que proteja o interrumpa los procesos de investigación de las
desapariciones forzadas.
No están todos los que son
Un reciente informe de Human Rights Watch (HRW) titulado Los desaparecidos de México,
documenta “249 desapariciones desde 2006, de las cuales 149 habrían
contado con la intervención de las fuerzas de seguridad. Detalla la
participación en 20 casos de agentes de la Marina, en 13 de la Policía
Federal y en 95, de los agentes locales. En el caso de la Marina, el
documento acredita que hay un patrón que se repite en todas las
intervenciones, un modus operandi que deja entrever que las autoridades
superiores estaban al tanto de la situación”.
“El estudio, que, además de las desapariciones forzadas, denuncia el
maltrato a las familias de los desaparecidos y el escaso o nulo interés
de las autoridades locales y federales por resolver los casos, pone en
el punto de mira a la anterior administración, pero reta al nuevo
Gobierno de Enrique Peña Nieto a meterse en un pozo que esconde miles de
nombres”.
Sin embargo, la organización internacional informa que la lista de
desaparecidos de la Secretaría de Gobernación dejó fuera al menos a 86
presuntas víctimas de autoridades, entre las que están 57 personas
presuntamente raptadas por agentes municipales y ministeriales, 14
presuntas víctimas del Ejército, ocho de la Marina y cinco de la Policía
Federal.
HRW destaca que en la lista de Gobernación tampoco pueden hallarse 45
casos más de víctimas de desaparición forzada o involuntaria de algunos
activistas, profesionistas o periodistas y otros 27 casos documentados
en los que no se presume la participación de las fuerzas de seguridad.
La respuesta federal
Por su parte el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, dijo que en los últimos años la
Comisión ha constatado 30 casos de desapariciones forzadas con
intervención de las fuerzas de seguridad y opina que cada una de estas
debe resolverse de manera independiente. “Parece que existe la
responsabilidad directa de algunos servidores públicos, pero no me
atrevería a hacer señalamientos más generales”.
Sergio Aguayo, profesor del Centro de Estudios Internacionales de El
Colegio de México, declaró que “estamos ante un gravísimo caso de
violación de los derechos humanos. Creo que hay elementos para abrir una
investigación judicial sobre Calderón y sus altos funcionarios”, añade.
La respuesta oficial vino del titular de la Procuraduría General de
la República, Jesús Murillo Karam y del secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio, quienes se comprometieron a buscar a los
desaparecidos a través de la creación de una comisión especial para la
búsqueda de personas desaparecidas, en la que participarán varias
instituciones.
En términos del artículo 3, fracciones III y IV, del mismo
ordenamiento, se entiende por persona desaparecida aquella “que, con
base en información fidedigna de familiares, personas cercanas o
vinculadas a ella, la hayan dado por desaparecida de conformidad con el
derecho interno, lo cual puede estar relacionado con un conflicto armado
internacional o no internacional, una situación de violencia o
disturbios de carácter interno, una catástrofe natural o cualquier
situación que pudiera requerir la intervención de una autoridad pública
competente”.
Durante el mandato del presidente Felipe Calderón, del 1 de diciembre
de 2006 al 30 de noviembre de 2012, el mandatario lanzó una estrategia
frontal contra el crimen organizado, cuyo balance es de unos 70 mil
muertos y alrededor de 27 mil desaparecidos, según datos del nuevo
gobierno.
De la autoridad, sordera, negligencia, complicidad
La búsqueda inútil
Judith Valenzuela
Sandra camina por las estrechas veredas enmontadas buscando un
indicio. La acompañan doce agentes ministeriales que peinan la zona.
Entre los matorrales de huizaches, remueve la tierra tapizada de hojas
secas que forman una interminable alfombra ruidosa. Al pie de ese cerro,
entre los mezquites, le indicaron que podía encontrarlo. ¿Quiere saber
dónde está su hijo? —le dijo por teléfono la voz de un hombre joven.
Vaya por la salida a Mazatlán, frente a Las Coloradas, ai a la derecha,
al pie del cerro está su hijo, está muerto. No, él está vivo —le
respondió Sandra. Y el hombre colgó.
Aunque se niega a aceptar la afirmación de la llamada anónima, está
ahí, en un recorrido que inició poco después de las siete de la mañana.
La comitiva policiaca se esparce en un radio de doscientos metros y
buscan señales entre los terrones calientes y agrietados: alguna pequeña
hondura de tierra suelta que advierta una fosa clandestina, un zapato,
prendas de vestir, casquillos. Pero nada encuentran.
Dos horas ya. El
sol empieza a quemar. Los uniformados se desesperan: “A ver señora, qué
le dijeron exactamente”, y ella repite que enfrente de Las Coloradas,
entre el canal y el vivero de los militares.
—Eso abarca un tramo muy grande señora… ¿Alguna otra seña que le hayan dado?
—Pues no, nada más me dijeron eso y colgaron.
Sandra busca a su hijo Édgar, desaparecido hace poco más de un
año. Desde entonces se ha convertido en una piedra en el zapato del
procurador Marco Antonio Higuera. Muchos policías, secretarias y agentes
del Ministerio Público la conocen por su ir y venir en audiencias, en
plantones, portando pancartas, publicando cartas en los periódicos,
pidiendo justicia… Es una voz gritando en despoblado, porque las
autoridades no ven ni escuchan.
Édgar, de 24 años de edad, trabajó en la oficina del procurador hasta
su desaparición, el 12 de febrero del año pasado. Al filo de las nueve
de la noche balearon su casa en la colonia Progreso. Y desde entonces no
lo encuentran. Los periódicos dedicaron al hecho una breve nota. Al
otro día sus hermanos se fueron de la ciudad por miedo.
Minutos antes había estado en casa de sus padres en un convivio familiar. Cuenta Sandra:
“Yo lo noté intranquilo, desesperado, estuvo con su bebé, abrazándolo,
no quiso cenar, no mamá, me dijo, me voy a la casa, mejor acomódeme cena
para tres. Y le empaqué ceviche y mojarras que había hecho. Pero le
hablaron por teléfono y pasaron por él en una camioneta, ni siquiera se
llevó la comida… Yo inmediatamente le marqué y ya no me contestó el
teléfono.
Como a la media hora hablaron para decirnos que habían baleado
su casa. Fue una sorpresa tan grande, algo tan tremendo lo que sentí…
Mi esposo y mis otros hijos se fueron para allá pero los policías
ministeriales tenían la casa cerrada y acordonada. Uno de mis hijos
quiso entrar porque pensaba que lo habían matado ahí adentro.
—No entres, le ordenaron los policías, la casa está sola, se lo llevaron…
Marqué mucho a su celular, investigué los números que tenía
registrados en su teléfono y llamé, uno por uno. Había uno que
constantemente aparecía. Ahí llamé y le rogué a la persona al otro lado
de la línea: por favor, tu sabes dónde está mi hijo, dime te lo suplico,
yo no voy a hacer nada ni decir nada, mándame un mensaje si quieres,
pero dime donde está”.
—Ni me conoces ni te conozco —le dijeron y colgaron. Desde entonces ya nadie contestó.
A Sandra le asaltan las dudas: “Mi hijo anduvo en la campaña de Malova
y entró a trabajar a la Procuraduría, pero a pesar de ser empleado
administrativo cercano al procurador, el señor niega haberlo conocido.
Cuando mi esposo y yo fuimos a hablar con él, un día después de que se
lo llevaron, lo que dijo fue que no lo conocía, que con tanto empleado
que hay ahí, y también me dijo que mi problema no era igual que el de
las otras madres con hijos desaparecidos.
¿Sabía usted que su hijo andaba cambiando dólares en cantidades grandes? —me preguntó.
Yo le respondí que no ¿Pero qué me quiere decir? ¿Que mi hijo es un
delincuente? ¿Que por eso se lo llevaron? ¿Que por eso no van a
investigar lo que le pasó? Pues no sé, quizás hizo algo mal, pero quiero
decirle que así sea el peor delincuente del mundo tengo todo el derecho
de buscarlo, quizás se equivocó, hizo algo indebido, pero si así fuera,
debió de haber pagado de otra manera, para eso están las leyes, pero
así no. Y todavía no lo entiendo, murmura, lo que me he dado cuenta es
que mafia y Gobierno van de la mano”.
Sandra ha escrito cartas en los periódicos rogando compasión a
quienes se llevaron a Édgar. Si mi hijo cometió un error, dice, les
pido perdón en su nombre, pero díganme por favor dónde está. Y ando con
ese dolor de no saber, muriéndome de angustia, si me lo mataron díganme
dónde está.
Puertas cerradas
Hace un mes, Sandra y familiares de otros tres jóvenes
desaparecidos se plantaron frente al Palacio de Gobierno. Pidieron
audiencia con el gobernador. Bajó el secretario del director de
Gobierno, quien trató de persuadir.
—Lo que queremos es pedirle que nos ayude a investigar donde están nuestros hijos —le dijeron.
—¿Pero ustedes ya leyeron el expediente?
—Leer el expediente no nos sirve de nada, lo que queremos son respuestas —le contestaron.
“Fue un viernes y nos dijo que para el miércoles nos acompañaría a
hablar con el procurador y después nos pasaría con el gobernador. Nada
ha pasado. Son puros pretextos. No le dan la importancia a los
desaparecidos. No hacen nada, no investigan.
“Luego supimos que venía el presidente Peña Nieto y nos fuimos al
Campo Patricia. Iba con otros familiares de muchachos desaparecidos.
Llevábamos cartulinas y una manta que nos quitaron en la entrada.
Alcanzamos a darle un escrito al presidente, en donde le digo que aquí
en Sinaloa le dan más importancia a proyectos de obras, que a las
desapariciones.
“Ahí me topé con Malova, quien iba junto al presidente, y le
dije: Usted no me ha querido atender. Y me contesta: Hoy le van a hablar
y es hora que sigo esperando la llamada. De donde sí me hablaron fue de
México, me marcaron luego de tres días de la gira del presidente y me
dijeron que le iban a dar seguimiento a mi caso y que les diera otros
datos. ¿Y el gobierno de Malova? Bien gracias.
En su peregrinar por las oficinas judiciales se encontró con Alma
Rosa, quien busca desde hace tres años a su hermano desaparecido. Ha
indagado y visto cadáveres en los servicios médicos forenses (semefos)
de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis. Hasta que un día dijeron haberlo
encontrado. Para cuando llegó, ya lo habían echado a la fosa común. Y
sigue en la incertidumbre de no saber de él.
Fueron policías
Ramón Alberto, de 20 años, desapareció hace nueve meses. Estaba a
punto de entrar a estudiar la carrera de Computación en la Universidad
Autónoma de Sinaloa. Trabajaba desde hacía tres meses en una empresa de
envases en la que su papá acababa de pensionarse, luego de 28 años de
servicio. A media semana, alrededor de las diez de la mañana, policías
ministeriales con pasamontañas fueron por él a la empresa. Supuestamente
llevaban una orden de detención.
Don Guadalupe Jiménez es el padre del muchacho. Lleva un escapulario
de la Virgen de Guadalupe en el cuello. Su mirada es triste y
esperanzada cuando habla: “A él le gustaba mucho la computación, ya
había terminado la prepa, iba a entrar a la universidad, a eso de
computación, por eso hicimos el esfuerzo y le compramos un carrito para
que cuando llegara de la escuela se fuera luego luego a trabajar… Él era
muy tranquilo, muy de casa, casi ni amigos tenía… En la empresa le
dieron permiso de trabajar por las tardes, lo ayudaron mucho. Cuando los
policías llegaron por él lo acusaron de secuestro, de robo de carros,
de muchas cosas más, se lo llevaron y ya no supimos de él. Hay algo raro
porque en la fábrica cuentan que uno de los policías se quitó el
pasamontañas y platicó con él junto a la caseta de entrada. Hay cámaras
que registraron los movimientos y los videos se los entregaron a la
propia Ministerial.
“Cuando nos enteramos nos arrancamos a la Ministerial y nos dijeron
que no habían salido ningunas patrullas para ese lugar, que no había
ningún operativo ni denuncias ni orden de aprehensión contra mi hijo.
Como al tercer día llegó una llamada a la casa que lo fuéramos a buscar
en el cruce de los tres ríos, que ahí estaba tirado y fuimos, pero nada…
Luego la Ministerial llegó a la casa y dijeron que ellos también habían
recibido la llamada. No sé, a lo mejor querían darse cuenta quiénes
éramos nosotros, puros pelados somos, no tenemos nada…
—Usted vio los videos de ese día?
—Creen que uno es tonto… nomás nos enseñaron uno en donde se ve que
los policías se llevan el carrito que le acabábamos de comprar.
—¿En qué van las investigaciones?
—En nada, nada ha pasado, hemos ido con el procurador pero nunca está…
Mira con los ojos fijos, vidriosos. Acaricia el escapulario: “¿Que si
tengo esperanza de encontrarlo vivo? Sí, aunque por dentro me esté
muriendo, el tiempo que tenga de vida lo voy a esperar…”.
El 31 de enero pasado, según testigos de los hechos, policías
municipales de Ahome levantaron y desaparecieron a los jóvenes Irving
Jared Blanco, de 21 años, estudiante de la carrera de sistemas
computacionales en la Universidad de Occidente y trabajador de la
funeraria Guadalupana; Efrén Ulises Valenzuela, de 22 años, quien tenía
poco tiempo de haber llegado de Los Cabos, Baja California, y Luis
Carlos Acosta, de 23, quien se dedica a la compraventa de fierro viejo.
La desaparición forzada de los tres muchachos, vecinos de Juan José
Ríos, ocurrió alrededor de las diez de la noche sobre la carretera
México 15 y bulevar Macario Gaxiola, a la altura del fraccionamiento
Mallorca. Iban a bordo de un Neón blanco del 95.
Se detuvieron a la
orilla de la carretera. Un cuarto acompañante se bajó a orinar cuando
vio, como a unos 30 metros de distancia, que elementos de la Policía
Municipal los revisaron, arrestaron y se los llevaron.
El único testigo
compareció para dar su versión de los hechos. Ahora, el fiscal estatal
Marco Antonio Higuera dice que esa declaración es falsa, que venga de
nuevo a declarar.
Los familiares los buscaron en la Policía Municipal y en todas las
corporaciones de seguridad pública pero nadie les dio razón. No había
registro de ellos. Interpusieron denuncia pero el caso no avanza y los
jóvenes no aparecen.
Sus familiares y amigos también han marchado por
las calles de Culiacán y se han plantado con pancartas frente a la
Procuraduría, para poder ser escuchados por las autoridades.
Hasta
ahora, lo único que han obtenido es la declaración del fiscal estatal
Marco Antonio Higuera, que asegura que la declaración del testigo es
falsa. Que comparezca de nuevo.
Sandra, Alma Rosa y Guadalupe se aferran, para no extraviarse, a su
creencia de volver a ver a sus familiares desaparecidos. Están
dispuestos a todo. Rebuscarlos, con o sin ayuda de las autoridades,
entre las veredas que no llevan a ningún lado, en el cruce de los ríos o
en las orillas de los canales, en los semefos o en las fosas
clandestinas que se descubran en medio de la tierra suelta y polvorosa
de algún terreno solitario y agreste. Mientras haya vida…
Días amargos
— El 13 de abril de 2011 se encontraron ocho fosas clandestinas en el
municipio de Ahome, en las que había 13 cuerpos, todos en estado de
descomposición ya que por lo menos tenían entre cinco a seis meses de
enterrados. Según la Procuraduría General de Justicia del Estado, todos
los cuerpos tenían el tiro de gracia en la cabeza.
— El 30 de abril pasado, cuatro jóvenes menores de 25 años que habían
sido privados de su libertad en Chinitos, Angostura, fueron localizados
asesinados a balazos cerca del poblado El Batallón de los Montoya,
perteneciente al municipio de Salvador Alvarado.
— El 2 de diciembre pasado se reportó la desaparición de un
matrimonio en Juan José Ríos. Silvia Karina Vega Quiñónez, de 30 años, y
su esposo Maximiliano Mendoza Jiménez, de 46, ambos de oficio
jornaleros, salieron de su domicilio hacia su lugar de trabajo y hasta
la fecha se desconoce su paradero.
— Dos días después, Martín Adrián Zúñiga Montiel y Juan Carlos
Urquídez Orduño, de 17 y 18 años, respectivamente, estudiantes del
Cobaes de Juan José Ríos, salieron juntos de San Blas, El Fuerte, con
rumbo a Juan José Ríos y ya no supieron más de ellos.
— El 23 de diciembre pasado, dos jóvenes más en Guasave. Noé
Rodríguez Aguirre, de 21 años, y Carlos Eduardo Alduanda Camacho, de 16,
con domicilios en el fraccionamiento Valle Bonito, desaparecieron
cuando se dirigían a un antro.
— También en Guasave, el 28 de ese mismo mes desapareció Gilberto
Rafael Ceballos Robledo, de 15 años, quien salió de su vivienda
alrededor de las 15:30 horas y ya no regresó. Y el 4 de enero se reportó
como desaparecida la joven Tania Gabriela González Gortari, de 20 años,
quien salió de su domicilio hacia su trabajo en un centro comercial y
ya no se supo más de ella.
— El 5 de marzo pasado, la Policía Ministerial Estatal informó que
seis policías de diversas corporaciones estatales se encuentran
desaparecidos.
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