A
20 años de que el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fuera asesinado
con 14 tiros “directísimos”, el caso no se ha cerrado pero las
autoridades federales siguen apegadas a sus dos hipótesis: la de su
muerte “accidental” en el fuego cruzado entre bandas de narcos y aquella
de que sicarios del cártel de Tijuana lo “confundieron” con El Chapo
Guzmán. La conducción errática del caso marcó la trayectoria del
entonces procurador Jorge Carpizo, pero dejó a salvo de mayores
indagaciones al presidente Carlos Salinas y a su familia, a quienes
algunos indicios apuntaban como probables responsables. Ninguna de estas
suposiciones fue demostrada satisfactoriamente y tanto el autor
intelectual del crimen como sus motivos siguen en el misterio.
GUADALAJARA,
Jal. (Proceso Jalisco).- Dos décadas después del asesinato del cardenal
Juan Jesús Posadas Ocampo, se ignora el motivo. El autor o los autores
intelectuales nunca fueron identificados y el caso, prácticamente
cerrado, parece condenado al olvido. Aun así, la hipótesis del
enfrentamiento entre bandas rivales de narcotraficantes y aquella de que
confundieron al prelado, se enquistaron en el discurso oficial.
En
su número 1284, del 10 de junio de 2001, Proceso dio a conocer una
carta escrita en latín clásico por un sacerdote de la diócesis de
Cuernavaca. Ahora se sabe que el autor de la misiva, fechada el 25 de
mayo de ese año, fue el padre José Uribe Nieto, de la parroquia de San
José Tlahuapan, Morelos, quien la dirigió al cardenal de Guadalajara,
Juan Sandoval Íñiguez.
En ese documento se exponen las presuntas
razones que dieron pie al obispo de Cuernavaca, Luis Reynoso Cervantes, a
modificar su postura en relación con el asesinato de Posadas, para
aceptar la versión del gobierno mexicano.
Se dice que Reynoso,
admitió, casi al final de su vida que el asesinato fue “directo e
intencional”, y que además sabía el nombre del autor intelectual.
La carta original dice:
D. Sandoval
Mense
Jun. A 99 D. Aloysius Reynoso mihi, coram testitus, dixit occissionem
Domine Joannis Jesu directe et intentionaliter privatem fuisse, minime
ob confussionem sine adjuvante sed a sicariis foraneis an hoc insuper se
cognoscere nomen mandantis sed… non posse loqui neque te certiorem
facere.
Valeas.
(Rúbrica)
José Uribe
Traducción:
“Sr. Sandoval. En el mes de junio del 99, el Sr. Luis Reynoso me dijo a
mí, delante de testigos, que el asesinato del Sr. Juan Jesús fue
directo e intencional, que de ninguna manera por confusión o por las
circunstancias, sino por sicarios foráneos (contratados) para el caso.
Más aún, que él conocía el nombre del mandante, pero… que no podía hablar ni decírtelo a ti.
Que estés bien”.
Según
la descripción que hizo Uribe el 20 de diciembre de 2001 ante el
Ministerio Público federal asignado al Grupo o Comisión
Interinstitucional que reinvestigó el caso, Reynoso Cervantes hizo dicha
declaración en junio de 1999, tras la celebración de la fiesta del
Sagrado Corazón.
En la cena correspondiente, cuando estaban
presentes el declarante, el sacerdote Martín Juárez y dos laicos, uno de
éstos, Ladislao Guerrero, le preguntó al obispo Luis Reynoso acerca del
caso Posadas.
El prelado le respondió: “Ya está todo aclarado.
Tenemos argumentos jurídicos que prueban que la muerte del señor Posadas
fue directa e intencional, por pistoleros traídos de fuera”. Agregó que
incluso sabían quién había ordenado la ejecución.
De acuerdo con
la actuación ministerial, Guerrero le sugirió a Reynoso que pasara los
datos a Sandoval, a lo que el obispo replicó: “No podemos hasta que pase
el año de las elecciones y haya un cambio de gobierno, gane el que sea;
además, el señor Sandoval es muy bocón, nos llamó obispos ruines y
haría todo público; entonces va a reaccionar Carpizo, que es otro
bocón”.
En esa declaración, José Uribe señala que cuando Sandoval
Íñiguez manifestó que el homicidio de cardenal Posadas era un crimen de
Estado y provocó reacciones contra él, una de ellas que le llamaran
mentiroso, decidió escribirle la carta en latín para informarle del
comentario de Reynoso en la cena mencionada. La carta fue incluida en la
averiguación previa.
Reynoso Cervantes, quien había participado
en la citada Comisión Interinstitucional, falleció desangrado el 20 de
diciembre de 2000 en un hospital de la Ciudad de México, tras una
intervención quirúrgica simple. El obispo era uno de los pocos jerarcas
católicos que no impugnaban la versión oficial que dio a conocer en su
momento el procurador general de la República, Jorge Carpizo.
Como
se publicó en la edición 1284 de Proceso, en el ocaso de su vida,
Reynoso Cervantes expresó: “Ojalá hubiera sido un accidente, pero los
disparos a quemarropa hacen pensar otra cosa… quisiera creer que fue un
accidente, pero me hace dudar que a un metro y medio de distancia se le
haya vaciado una metralleta”.
En el mismo número del semanario se
reportó que Reynoso hizo una gran amistad con el entonces procurador
Carpizo, que se habría iniciado o fortalecido cuando éste fue rector de
la UNAM y el prelado catedrático de derecho.
Además, Reynoso se hizo
amigo del gobernador de Morelos, Jorge Carrillo Olea, quien según
documentos entregados por el arzobispo Juan Sandoval Íñiguez al Vaticano
en 2003, fue como director del Instituto Nacional de Lucha contra el
Narcotráfico (INLN, ya desaparecido) que instruyó el operativo el 24 de
mayo de 1993 en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara aquel lunes
24 de mayo para que asesinaran al cardenal Posadas Ocampo.
En la
propia edición 1284 de Proceso se recoge la versión de que Sandoval
Íñiguez recibió información de un alto exfuncionario federal que reveló
la supuesta autoría intelectual del expresidente Carlos Salinas de
Gortari y de su hermano Raúl, “por sus implicaciones en el
narcotráfico”.
Según esa versión, Carrillo Olea organizó el
operativo y quien lo realizó directamente fue Rodolfo León Aragón, a la
sazón director de la Policía Judicial Federal, con el apoyo de las
autoridades estatales, entre ellas los sucesivos gobernadores de aquel
entonces, Guillermo Cosío Vidaurri y Carlos Rivera Aceves.
En su
declaración ministerial del 29 de agosto de 2001, Humberto Rodríguez La
Rana, uno de los sospechosos, admitió que estuvo en el aeropuerto el día
de los hechos. Ahí, dijo, se percató de que en el “lugar había varias
personas armadas y con conchas, vestidos de civil, al parecer judiciales
(…) así como dos vehículos oficiales del Ejército, tres de la Policía
Federal de Caminos”.
Dijo que reconoció al entonces director de la
Policía Federal, Rodolfo León Aragón alias El Chino, quien iba
acompañado de El Chapo y otras cinco o seis personas, “quienes llevaban
armas largas listas para accionar y conchas (credenciales metálicas) de
las que usaba la policía federal, y quienes ibas escoltándolos” (sic).
Por
su parte, Juan Enrique Vazcones Hernández, un pistolero del barrio
Logan, de San Diego, California, declaró ante el MP que el día del
homicidio fue a Guadalajara con Ramón Arellano Félix, al que le habló
por teléfono Rodolfo León para citarlo el 24 de mayo en el aeropuerto de
esta ciudad.
Según Vazcones, cuando llegaron a la terminal aérea
vieron que El Chino estaba con sus agentes en la entrada de vuelos
internacionales, en el pasillo adonde llegan los taxis, pero que los
policías no los vieron. Entonces Ramón Arellano le dijo al pistolero que
mejor se fueran, por lo que de inmediato abordaron un vuelo a Tijuana.
Vazcones
también recordó que posteriormente Rodolfo León le pidió a Ramón
Arellano que entregara a dos de sus hombres para “enfriar el asunto” del
homicidio del cardenal, y se comprometió a dejarlos libres después. El
28 de mayo de 1993, Vazcones y su amigo Ramón Torres Méndez, El Spooky,
se entregaron, pero León no cumplió el acuerdo.
Los representantes
del gobierno de Jalisco en el Grupo Interinstitucional lograron que el
MP también llamara a declarar al expresidente Salinas de Gortari, pero
no le avisaron a los abogados del Ejecutivo estatal para que estuvieran
presentes en la diligencia del 2 de agosto de 2006.
Las preguntas
que hizo el MP a Salinas fueron irrelevantes, por lo que los abogados
del gobierno jalisciense pidieron que ampliara su declaración. Esta
solicitud fue rechazada.
“Es evidente que las gestiones políticas
que ha estado haciendo Carlos Salinas de Gortari para cerrar la
averiguación previa del caso Posadas están teniendo efecto”, comentan
José Antonio Sánchez Ortega y Fernando Guzmán Pérez Peláez en su libro
La verdad os hará libres, que recopila parte de las últimas actuaciones
ministeriales sobre el caso.
Comida en Los Pinos
En
su declaración del 14 de abril de 1999 ante los integrantes del Grupo
Interinstitucional –creado en 1998 por el procurador Jorge Madrazo a
insistencia de Sandoval Íñiguez, asesorado por el diputado local del PAN
y después secretario general de Gobierno, Guzmán Pérez Peláez–, el
obispo de Nezahualcóyotl, José María Hernández González, confirmó que
Posadas Ocampo fue invitado a una comida en Los Pinos en mayo de 1993,
donde se trataron cuestiones muy delicadas.
Según el obispo
Hernández Aguilar, los motivos del asesinato obedecerían a un reclamo
airado de Posadas –entonces vicepresidente de la Conferencia del
Episcopado Mexicano– al mandatario porque su familia estaba involucrada
en el narcotráfico.
En declaraciones ministeriales ante el mismo
grupo, los sacerdotes Miguel Pérez Velasco y Rafael Uribe Pérez
confirmaron ese encuentro, donde se mencionó entre los presentes a
Manuel Camacho Solís (hoy senador del Partido de la Revolución
Democrática) y el malogrado candidato del PRI a la Presidencia Luis
Donaldo Colosio, además del asesor de cabecera de Salinas, José Córdoba
Montoya.
En una ocasión posterior a esa comida en Los Pinos,
varios sujetos vestidos de negro saltaron el muro de la casa del
cardenal Posadas en Tlaquepaque, aparentemente para robar la
documentación que pudiera comprometer a la familia de Salinas. Dos días
después el jerarca católico fue asesinado.
Testimonios
En
la edición 865 de Proceso, publicada el 31 de mayo de 1993, una semana
después del asesinato de Posadas Ocampo, los reporteros Alberto Aguirre,
Felipe Cobián y Guillermo Correa recogieron las voces de varias
personas que estaban en el aeropuerto cuando se cometió el crimen.
Un
estudiante que fue a la terminal aérea a recoger a un familiar de un
compañero, destacó: “Alrededor de las 3:45 de la tarde salíamos hacia el
estacionamiento, que se encontraba lleno. En el exterior vi una
corretiza en los momentos en que entraba el Grand Marquis blanco del
arzobispo. Muchos, como siete, salieron corriendo hacia el carro.
Recuerdo bien que el cardenal tenía un pie fuera del coche. Ellos lo
observaron, lo identificaron, pues vieron perfectamente su traje oscuro y
su pectoral”.
El testigo señaló que el arzobispo trató de
incorporarse de su asiento para salir del coche, pero se encontró de
repente frente a sujetos fuertemente armados. Trató de cerrar la puerta
para protegerse, pero uno de los pistoleros, situado al lado derecho del
Grand Marquís, se lo impidió. Con la mano izquierda dio un jalón para
abrirla, se auxilió con la metralleta, interpuso la pierna derecha y, de
arriba hacia abajo, a bocajarro, le vació el cargador:
“No creo
que haya habido confusión. Yo estaba como a 20 pasos del auto (calle de
por medio, del lado del edificio). Vi cómo, cada vez que recibía los
disparos, se estremecía el cuerpo de don Jesús”.
Semanas después,
tres menores que se dedicaban a limpiar zapatos en los alrededores del
estacionamiento del aeropuerto, narraron a Proceso que cuando el auto
blanco del arzobispo tapatío pasó la caseta de acceso, dos o tres
individuos que estaban cerca dispararon ráfagas al aire –que fueron la
contraseña– y se escuchó que alguien dijo por radio: “Ahí va el señor,
es él”. Al poco rato los menores oyeron otras descargas “y fue cuando
mataron al cardenal, a su chofer (Pedro Pérez) y las otras personas”,
siete en total.
Esta versión coincidió con la que aportaron dos
policías estatales durante la reinvestigación del caso que estuvo a
cargo del Grupo Interinstitucional (éste formado por agentes
ministeriales de la PGR y representantes de la Iglesia y del gobierno de
Jalisco, cuyos coordinadores jurídicos fueron Fernando Guzmán Pérez
Peláez y José Antonio Ortega).
Atrás del Grand Marquis modelo 1993
del cardenal ingresó un Buick gris, que resultó ser del presidente
municipal de Arandas, quien buscaba un lugar para estacionarse y se
encontró con el vehículo de Posadas. Como el alcalde vio los hechos de
frente, fue ejecutado instantes después. Ambos vehículos chocaron
levemente.
Se supo que el arzobispo estaba en el lugar para recibir al nuncio apostólico Girolamo Prigione, quien vino a un acto privado.
Esa
noche, el procurador general dio la primera versión de los hechos en
los noticiarios de televisión con la ayuda de lo que pronto se conoció
como “el nintendo de Carpizo”.
Éste afirmó que Posadas Ocampo
murió en el fuego cruzado entre dos células de narcotraficantes, una
perteneciente al cártel de los Arellano Félix y otra de la organización
de El Chapo Guzmán. Pero el prestigiado médico forense Mario Rivas Souza
lo desmintió al día siguiente: “Los 14 disparos que recibió el señor
cardenal Posadas fueron directísimos a su persona”. Agregó que su chofer
recibió nueve impactos, también directos.
Incluso Patrocinio
González B. Garrido, quien era secretario de Gobernación cuando Carpizo
dirigía la PGR, le reprochó a éste en un desplegado que hizo publicar el
18 de mayo de 2002, como respuesta a una afirmación que hizo en su
libro Asesinato de un cardenal, ganancia de pescadores:
“En la
página 111 crees que corres el velo de la verdad cuando dices que yo no
te quería prestar los cuadros hechos por el Cisen en relación con el
asesinato del Cardenal. Sin embargo, afirmas que en ellos ‘no había algo
que la PGR no conociera con anterioridad’.
“Ahí tus palabras son
claras. No te quejes de que te hayamos querido privar de información. Al
contrario, afirmas que ya tenías toda la que estaba representada en
esos cuadros. Destacas que te queríamos privar de esos cuadros, que no
te servían para la averiguación. ¿Será que te da rubor decir con
claridad que los querías para jugar al nintendo, en la televisión? Si
quieres decir la verdad, basta con que señales que estuve en contra de
tu nintendo, que me parecía precipitado y carente de seriedad y que así
lo sigo pensando”.
Autoridad ausente
Los reporteros
de Proceso consignaron que a pesar de la presencia de muchos policías en
el aeropuerto, entraron en acción mucho tiempo después del asesinato.
En el aeropuerto civil, a menos de 500 metros del internacional y con
permanente vigilancia, está el hangar de servicios aéreos de la PGR,
donde había 15 helicópteros, que el día del crimen permanecieron en
tierra. También se quedaron en sus puestos el cuerpo de seguridad del
aeropuerto, los agentes judiciales federales y los aduanales.
Sólo
pasadas dos o tres horas, un helicóptero de la Policía Federal de
Caminos sobrevoló durante más de dos horas la terminal aérea y un
batallón de la XV Zona Militar acordonó la zona. En ella se encontraron
23 vehículos con impactos de balas de grueso calibre.
El Grand
Marquis de Posadas Ocampo tenía al menos 38 y, según las indagatorias de
la PGR y la procuraduría jalisciense que se dieron a conocer 28 horas
después del crimen, el cardenal recibió 14 tiros. A 10 metros de su
vehículo quedó un Century azul con placas JPG779, en cuyo asiento del
conductor estaba sin vida Martín Alejandro Aceves, con cinco heridas de
bala.
El mismo informe menciona que como a 25 metros se
encontraron los cadáveres de Ramón Flores Flores y José Rosario Beltrán,
originarios de Sinaloa. Francisca Rodríguez Cabrera y su sobrino Juan
Manuel Vega Rodríguez fueron recogidos aún vivos en los módulos de
acceso al aeropuerto.
La PGR informó que en el estacionamiento se
hallaron otros vehículos con fusiles de asalto AK-47; un rifle M-16;
tres pistolas de calibre 9 milímetros, 45 y 38 súper; nueve granadas de
fragmentación; seis chalecos antibalas; 70 cargadores para AK-47 y para
las pistolas mencionadas; 789 cartuchos útiles de diversos calibres; dos
escáneres y cuatro teléfonos celulares.
De inmediato la
procuraduría federal comenzó a difundir que los asesinos provenían de
Tijuana, Baja California, el bastión del cártel de los Arellano Félix.
Tras el desmentido del médico forense Rivas Souza y al leer en la Casa
Jalisco un fax enviado desde la PGR, el procurador estatal Leobardo
Larios Guzmán dijo que se contaba con los elementos necesarios para
demostrar que la balacera en el aeropuerto de Guadalajara se debió a que
el grupo de los Arellano Félix intentaba asesinar al El Chapo Guzmán.
La solución oficial
A
la misa previa al sepelio de Posadas Ocampo asistieron más de 70
obispos mexicanos y extranjeros; aproximadamente 800 sacerdotes; la
esposa del presidente Carlos Salinas, Cecilia Occelli, el secretario de
Gobernación, Patrocinio González Garrido; el gobernador interino de
Jalisco, Carlos Rivera Aceves, y miembros de su gabinete acompañados de
sus esposas; el Congreso casi en pleno; dirigentes empresariales;
líderes obreros, rectores de universidades y funcionarios municipales.
Los
reporteros de Proceso narran que miles de personas se quedaron fuera de
la catedral tapatía, participando en la misa a través de altavoces y
monitores. Por cierto, estos aparatos fueron contratados por el
Arzobispado pero fueron monopolizados por Televisa para su propia
cobertura.
La ceremonia duró dos horas y media. La homilía estuvo a
cargo de monseñor Adolfo Suárez Rivera, arzobispo de Monterrey y
presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, quien clamó:
“No
debemos apresurar juicios y señalar culpables irresponsablemente ante
los hechos que nos han conmovido. Frente a la amenaza de un severo
rompimiento de la tranquilidad pública, urge responder con cordura,
promover acciones visibles y eficaces que permitan que prevalezca en
nuestra patria el estado de derecho, de justicia y paz.”
El
cardenal fue despedido entre llantos, aplausos y vivas. Ya en la cripta
se depositaron en el ataúd una mitra, un rosario, monedas, rosas púrpura
y escritos sobre la vida y obra del arzobispo. Alfredo Sandoval
Jáuregui, su médico de cabecera, certificó y selló el catafalco.
Aunque
el asunto no se cerró oficialmente, la PGR se apegó primero a la
hipótesis del fuego cruzado entre células de cárteles rivales, y hasta
le puso precio a los sicarios: 15 millones de pesos a quien aportara
información para capturarlos. Después, cuando Rivas Souza dijo que todos
los tiros fueron “directísimos” contra el purpurado, la dependencia
federal adoptó la hipótesis de la confusión.
Consultado al
respecto por este semanario, Fernando Guzmán Pérez Peláez dice
desilusionado: “El caso Posadas no está archivado. No se han atrevido a
hacerlo, pero no se ha movido. No ha variado, hay muy pocas nuevas. Pero
si ni en los gobiernos panistas se avanzó mucho, menos se va a avanzar
ahora con los priistas. No veo por dónde”.
/ 22 de mayo de 2013)
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