El Órgano Administrativo
Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social informó que a Sinaloa fueron
enviados 43 reos que se encontraban internos en el penal de las Islas Marías.
A través de una solicitud
hecha a dicho Órgano del gobierno federal, se informó que son cuatro los
centros penitenciarios a los que se enviaron un total de 629 internos que
cumplían sus condenas en ese complejo penitenciario.
El Centro Penitenciario
Federal Número 18 “CPS Coahuila” ubicado en Ramos Arizpe, Coahuila es el que concentra
el mayor número de reos con 584; le sigue el Centro Penitenciario “El
Castillo”, ubicado en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, a donde llegaron 31
presos.
Al Centro Federal de
Readaptación Social número 8 “Norponiente” ubicado en el municipio de Guasave,
Sinaloa, se enviaron 12 reos, mientras que al Centro Federal de Rehabilitación
Psicosocial, ubicado en Ayala, Morelos, sólo fueron remitidas dos personas.
La dependencia federal
advirtió en su respuesta que se trata de un corte hecho al 21 de marzo de 2019.
Ríodoce preguntó además
respecto al número de familias que también tuvieron que salir de la isla a
partir de la publicación del decreto.
El reporte indica que con
residencia en la isla, fueron seis familias, integradas por seis mujeres, cinco
niñas y cinco niños.
De visita temporal, el
registro fue de 24 familias integradas por 27 mujeres, seis hombres y 21
menores de edad.
A 100 días de su gestión, el
presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el cierre del penal ubicado en
esas islas, 24 días después se revelaron parcialmente algunos detalles
requeridos por este semanario.
A pesar de que el órgano
federa hizo uso de la prórroga que establece la ley para entregar la
información, omitió definir cuáles fueron los criterios para reubicar a los
reos, si su lugar de origen o la comisión del delito por el que fueron
acusados.
Sin embargo, el 18 de febrero
de 2019, López Obrador indicó que serían reubicados en penales cercanos a sus
domicilios para que terminaran de purgar su condena, mientras que el personal
administrativo se reubicaría en otros penales federales.
Con relación a la pregunta de
que si las familias contarán con algún apoyo económico con motivo de la
reubicación, conocer la fuente de pago, monto y mecanismo de cobro, se informó
que hasta el momento se desconocía dicha información.
Lo que sí se especificó fue
que el puerto de Mazatlán continuará siendo usado para efectos de embarque y
partida al Complejo Penitenciario Islas Marías, pero que es a partir de la
publicación del Decreto de Desincorporación del Sistema Federal Penitenciario
los Centros Federales de Readaptación Social, ubicados en las islas, es la
Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la encargada de
administrar, desarrollar y preservar los ecosistemas y elementos de la reserva
de la biosfera Islas Marías.
El 18 de febrero López
Obrador firmó el decreto para que las Islas Marías se convirtieran en un centro
cultural, desarrollo de las artes y estudio del medio ambiente, con lo que puso
fin al mandato del expresidente Porfirio Díaz, quien 114 años atrás autorizó
que se concibiera como una prisión para presos de alta peligrosidad o bien de
quienes fueron recluidos por sus ideas políticas.
CONDICIONES DEL CECJUDE MAZATLÁN
El 18 de enero de 2019 se
solicitó al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito
(Cecjude) de Mazatlán conocer las condiciones en las que se encontraba operando
este centro.
Del monto y concepto que se
ha invertido en este penal desde que inició la actual administración que
encabeza el gobernador Quirino Ordaz Coppel, se respondió que se desconoce el
monto de inversión, toda vez que son obras “costeadas directamente por Gobierno
del Estado”, igual “ignora” el monto que se les asigna mensualmente para la
alimentación de los internos, “porque este rubro no lo tenemos en el
presupuesto de este Centro Penitenciario”.
Lo que sí se dio a conocer
fue que el presupuesto asignado para la atención médica mensual es de 42 mil
092 pesos.
La lista de obras y monto
invertido que se ha hecho en el mismo periodo, con el objetivo de evitar fugas,
conocer si se ha reforzado con cámaras de videovigilancia y de cuánto fue la
inversión, así como obras civiles para el mismo fin.
De manera escueta enlistó
tres acciones.
1.- Se instaló una cerca perimetral en
el módulo 21
2.- Se sustituyó el cableado de luz en
el módulo 10
3.- Se construyó una rampa para depósito
de basura en el interior del penal.
“Se desconoce el monto de
inversión porque esta obra se hizo con personal que venía directamente de
Gobierno del Estado; del 2017 a la fecha no se ha reforzado ni se ha dado
mantenimiento al sistema de videovigilancia en este penal”, cita el documento.
Artículo publicado el 7 de abril de 2019
en la edición 845 del semanario Ríodoce.
(RIODOCE/ NELDA ORTEGA/MAZATLÁN EN 9 ABRIL, 2019)
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