Foto: Jorge Dueñes
Diputados del PRI y del PAN aprobaron la
reestructura de la deuda, la desalinizadora de Rosarito y el Segundo Piso en
Tijuana, que en conjunto representan una deuda superior a 90 mil millones de
pesos, pero que con intereses podría triplicarse. Ante un Estado con finanzas
quebradas, el gobernador contraerá más deudas para pagar las que deja,
comprometiendo así fondos futuros que podrían utilizarse para obras y servicios
En una sola tarde y con el
voto de doce diputados de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario
Institucional (PRI), el Gobierno del Estado comprometió las finanzas de Baja
California por los próximos 40 años.
Los legisladores aprobaron un
endeudamiento de 90 mil 210 millones 17 mil 429 pesos.
El monto es la suma del
refinanciamiento de la deuda, la desalinizadora de Playas de Rosarito, el
Segundo Piso en Tijuana, así como un fideicomiso para pagar pensiones
acumuladas y deudas en el rubro educativo.
A esta cantidad habrá que
sumar los intereses de los créditos que resulten de las tasas pendientes de
determinar, y que fácilmente podrían representar el triple del monto de deuda
contratado, según estimaciones fiscalistas.
De esta forma, el gobernador
Francisco Vega de Lamadrid dará cumplimiento a lo dispuesto en la Ley federal
al cubrir las deudas y compromisos de pago a corto plazo antes de dejar su
cargo, pero a costa de un precio mayor para las siguientes administraciones
estatales y para los bajacalifornianos.
La forma en que los diputados
panistas Carlos Torres, Iraís Vázquez, Alfa Peñaloza, Raúl Castañeda Pomposo,
Ignacio García, José Félix Arango, Sergio Tolento, Mónica Hernández y María
Trinidad Vaca; así como los priistas Alejandro Arregui, Benjamín Gómez y
Patricia Ríos aprobaron el dictamen, levantó inconformidades por parte de
legisladores que votaron en contra y también del sector empresarial.
Ese día, 28 de marzo, el
Congreso inició sesión ordinaria con 18 legisladores. Uno de ellos, Job
Montoya, de Movimiento Ciudadano, se retiró de manera anticipada.
Mientras que los diputados
ausentes y cuya inasistencia facilitó la aprobación, fueron Andrés de la Rosa,
Miguel Osuna Millán y Eva María Vázquez por parte del PAN; así como Marco
Antonio Corona (PRI), José Antonio Casas (Transformemos) y Claudia Agatón (PT).
Durante un receso, la mesa
directiva modificó el orden del día para incluir una iniciativa presentada por
el diputado Ignacio García que incluía los tres decretos para autorizar el
refinanciamiento de la deuda y los contratos de dos Asociaciones Público
Privadas (APP), los cuales habían sido enviados por el gobernador en noviembre
y diciembre de 2018, así como en febrero del año en curso.
Debido a que la sesión inició
con 18 diputados, 12 votos -menos de la mitad de los 25 legisladores que
componen el Congreso- fueron suficientes para cumplir con las dos terceras
partes y así lograr la aprobación.
Al momento d emitir su voto
-el cual fue en contra-, los diputados Bernardo Padilla (PRI), Jorge Eugenio
Núñez (PBC), Victoria Bentley (PAN), Catalino Zavala y Héctor Mares (Morena),
señalaron que se estaban violentando sus derechos legislativos, no sólo por la
forma en que se agregó el dictamen a la orden del día, sino por la falta de
información sobre garantías de pago, corridas financieras y fuentes de ingresos
para entender los términos reales del endeudamiento.
“Hemos visto que el Congreso
del Estado, específicamente a través del presidente Carlos Torres, han manejado
una agenda oscura. Nos llama la atención que dentro de la agenda del día no
consideren un punto tan importante. Si fuera más transparente, lo hubieran
puesto en el orden del día normal”, señaló Roberto Rosas, presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana
(Coparmex) en Tijuana.
El dictamen justifica que se
dispense el trámite parlamentario, por considerar las iniciativas de “obvia y
urgente resolución”, pese a que los decretos tenían meses de haber sido recibidos
por la mesa directiva del Congreso.
En el caso del
refinanciamiento, se autoriza al Gobierno del Estado adquirir un crédito por 12
mil 526 millones por hasta 20 años, pero no se definen pagos mensuales,
comisiones, tasas ni la institución financiera con la que se firmará el
contrato.
De ahí que sea imposible
calcular el costo real de la reestructuración de la deuda pública, cuya tasa de
interés puede llegar hasta 8 por ciento, basado en otros créditos adquiridos
por la administración estatal.
“Es una irresponsabilidad del
Congreso porque no tiene los elementos suficientes para permitir el
endeudamiento, lo responsable hubiera sido ajustar gastos corrientes,
estructura, celulares, gasolina y demás dentro del Gobierno del Estado”, opina
José Luis Padilla, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de
Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi).
GOBERNADOR PAGARÁ SUS DEUDAS CON CHEQUE EN BLANCO
Antes que “Kiko” Vega deje la
gubernatura, por disposición de la Ley de Disciplina Financiera, deberá cubrir
los saldos pendientes de las deudas y compromisos de pago a corto plazo.
El esquema que eligió fue la
reestructuración de la deuda de 12 mil 526 millones 980 mil 742 pesos,
compuesta por 24 créditos adquiridos con instituciones fiduciarias como
Banobras, Interacciones, Banamex, Bancomer, Scotiabank y Santander.
Las deudas que tienen saldos
por pagar van de 82 millones 956 mil pesos hasta 2 mil 054 millones de pesos,
la más próxima a vencer en 2021 y la más lejana en 2038.
De las operaciones de
refinanciamiento a realizar, la iniciativa establece que “podrán incluir los
intereses, comisiones, gastos y costos relacionados e Impuesto al Valor
Agregado que se generen, por lo que su importe podrá contener adicionalmente
dicho conceptos”.
El plazo para la reestructura
es hasta por veinte años y permite al gobierno estatal realizar la firma de
este convenio hasta el 30 de julio de 2019.
Sin embargo, la iniciativa
aprobada no fija topes en las tasas de interés ni estuvo acompañada de un
análisis sobre corridas financieras, proyecciones ni información financiera que
permita fijar condiciones idóneas.
Por el contrario, sólo
establece que la reestructura de la deuda pública puede llevarse a cabo
“siempre y cuando se mejoren las condiciones actuales de los financiamientos”.
Al respecto, Gabriel
Camarena, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana,
observa: “Puede que la mejora sea al corto plazo, pero mandas el problema a
largo plazo. Esa información no la tenemos, parece que está mal, pero no
sabemos si está bien”, apuntó.
De igual forma, el empresario
refirió: “Entendemos que al gobierno le urge hacerlo porque tiene finanzas
precarias”.
El 3 de abril, el CCE llevó a
cabo una conferencia de prensa para expresar su rechazo a la manera en que el
Gobierno del Estado y los diputados “se condujeron sin transparencia, sin
análisis, dándole la espalda a la sociedad y poniendo en riesgo los ingresos
del Estado”
El diciembre de 2018, cuando
el gobierno estatal atravesó la peor crisis financiera en su historia, al dejar
sin pago a organismos autónomos, profesores y trabajadores estatales, el CCE
estableció una mesa técnica conjunta entre miembros del gabinete de gobierno y
cámaras empresariales.
El objetivo era analizar la
información financiera y emitir un dictamen sobre la mejor ruta para amortiguar
daños. Incluso se contemplaba una posible reestructuración de la deuda.
Bajo la fuerte presión social
de esos días por sus malos manejos financieros, el gobierno de Vega aceptó el
acuerdo, pero no aportó la información acordada.
El 22 de febrero, la mesa
técnica recibió grandes volúmenes de información por parte de la administración
estatal desordenada, gran parte de esta disponible en el portal de
Transparencia y carente de lo más esencial para hacer un verdadero análisis a
fondo.
Foto: Archivo.- Casas de la colonia
Libertad serán removidas para el Periférico.
Desde entonces, los
empresarios no volvieron a tener comunicación con el gobierno estatal hasta que
el 28 de marzo se enteraron de la aprobación del refinanciamiento en el
Congreso.
“No queríamos que dejara
comprometidos a todos los habitantes de Baja California por las siguientes
generaciones, pero no se nos proporcionó información suficiente ni veraz para
poder recomendar un dictamen. Faltaba conocer a detalle el gasto corriente, los
compromisos de los contratos, los compromisos de deuda de corto, mediano y
largo plazo, las fuentes de ingreso, las participaciones. Con lo que nos
dieron, no era posible hacer ninguna recomendación”, destaca José Luis Padilla,
quien también es secretario de Coparmex Tijuana.
Por su parte, Gabriel
Camarena, presidente del CCE de Tijuana, aseguró que un despacho privado se
contrató con recursos propios del organismo para analizar la información
financiera aportada por el gobierno estatal, el cual sigue en pie de realizar
el documento si les es entregada la información.
“Todavía hay tiempo para hacer
ajustes, brindar información puntal, no nos retiramos de la mesa, seguimos
estando”, indicó.
OTROS 2 MIL 600 MILLONES PARA PAGAR PENSIONES
PENDIENTES
Los diputados también
autorizaron la contratación de un crédito por 2 mil 600 pesos a pagarse por
medio de un fideicomiso financiado con las aportaciones del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).
El destino de estos recursos
será “el apoyo al sistema de pensiones a cargo del Estado y para el apoyo a la
educación pública”, según establece en del dictamen.
Ya que el FAFEF es una de las
bolsas que recibe el gobierno estatal de la Federación, se deberá firmar un convenio
previo entre el Poder Ejecutivo y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
para la aplicación específica de estos recursos al fideicomiso.
De 2014 a 2017, según cifras
de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Baja California recibió 4 mil
658 millones de pesos de estos fondos. De dicha cantidad, destinó el 72%,
equivalente a 3 mil 382 pesos, para el concepto de saneamiento financiero,
esto, es dinero destinado al pago de deuda y otros compromisos de pago.
No es la primera vez que la
administración de “Kiko” Vega intenta destinar recursos a este adeudo
histórico. Durante la pasada Legislatura, los diputados aprobaron un crédito
para ello, aunque debido a un cambio en disposiciones fiscales, el dinero no
pudo canalizarse.
Al respecto, el doctor Adolfo
Solís Farías explica: “Para romper su rastro, se refinancia y sigue
refinanciándose, es una técnica que se utiliza para esconder el destino del
recurso”.
Sobre ese punto, el diputado
Bernardo Padilla apunta que si bien, la figura del fideicomiso representa un candado para que los recursos sólo se
destinen a este rubro, pero no se aporta información básica para entenderlo
mejor, “no se sabe quién va a administrar el fideicomiso, si es una institución
financiera y cómo se va a constituir o si ya se constituyó”.
GOBIERNO ABSORBE RIESGO FINANCIERO POR LAS APP
Para la construcción de la
planta desalinizadora en Playas de Rosarito, establecida por medio de una APP
con el consorcio Aguas de Rosarito, el gobierno estatal deberá pagar mensualmente
y durante 37 años, 138 millones 799 mil 528 pesos con IVA incluido a la empresa
por esta obra, lo cual arroja un total de 61 mil 626 millones 990 mil 680
pesos.
El monto se cubrirá con las
cuotas por pago de agua que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de
Tijuana (CESPT) recaude de usuarios domésticos, comerciales, industriales y de
gobierno.
Si estos recursos resultan
insuficientes, entonces el gobierno estatal podrá recurrir al uso total de lo
que se capte a través del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal
(ISRTP).
Estas dos garantías de pago,
según se estableció en un primer contrato, permitían a la empresa presentar un
respaldo financiero al momento de buscar financiamientos con distintas
instituciones, pero gracias a la venia de los diputados, será el gobierno quien
contrate estos créditos.
Los diputados autorizaron al
Poder Ejecutivo la contratación de un crédito “a efecto de garantizar el
cumplimiento de los posibles faltantes de liquidez en las contraprestaciones
mensuales por un monto equivalente a los tres meses de pago de la
contraprestación más IVA”.
El crédito podrá ser entonces
de 416 millones 398 mil 585 pesos, y funcionará como una garantía adicional
para la empresa de que el gobierno cuenta con los recursos para cubrir las
contraprestaciones mensuales.
Además, el Congreso autorizó
al gobierno estatal realizar los ajustes que consideren necesarios, ya que los
costos estimados de la obra se hicieron bajo los valores de febrero de 2016,
por lo que la cantidad podría aumentar aún más.
De igual forma y como un
esquema para no registrar el compromiso de pago total ante la Secretaría de
Hacienda, lo cual es una disposición de Ley, dividieron el total del monto de
deuda por más de 61 mil millones de pesos a sólo 7 mil 487 millones 404 mil 620
pesos.
Esto bajo la justificación de
que es la inversión requerida para la primera fase, pese a que en el contrato
original no existía esta distinción.
Las modificaciones de dicho
dictamen podrán hacerse válidas en un plazo no mayor al 31 de diciembre de
2019.
SEGUNDO PISO, OTROS 11 MMDP EN DEUDA
Los diputados también
aprobaron la firma del convenio para el diseño, construcción, operación,
mantenimiento y conservación del Periférico Aeropuerto-Zapata por medio de un
doble piso hasta la Avenida Internacional en dirección a Rumbos de Playas de
Tijuana por medio de una APP.
Considerando ya el IVA, el
consorcio recibirá 13 mil 865 millones 6 mil 345 pesos de fondos públicos por
la obra.
Conforme al dictamen, las
contraprestaciones mensuales serán de 27 millones y medio de pesos, un total de
330 millones de pesos al año, durante un plazo de 27 años.
Mientras que la fuente de
pago para cubrir este monto saldrá de “los ingresos propios del Poder
Ejecutivo, participaciones y cualquier otro ingreso”.
El consorcio es integrado por
Cointer, empresa de origen español, y Ramher, una compañía nacional. Cuando
resultaron ganadores, Víctor Hermosillo, accionista de la segunda, era senador
por el PAN.
El gobierno estatal tendrá
hasta el 31 de diciembre de 2019 para hacer válido este contrato.
“SI NADIE HA TOMADO (ALGO) QUE NO SEA SUYO, QUE SEAN
TRANSPARENTES”: FISCALISTA
Cuestionado por la prensa, el
gobernador Francisco Vega de Lamadrid argumentó desde distintas defensas el
dictamen aprobado. Primero dijo que se trataba de dinero que sólo se usaría en
caso de emergencia si se requerían recursos adicionales. Otro día comentó que
se trataba del financiamiento de obras que ya eran conocidas por todos.
Desde hace meses, el
Ejecutivo estatal presionaba a los diputados panistas para que buscaran acuerdos
entre los diputados para la autorización de estas obras.
Tres días antes del cambio de
mesa directiva, el diputado panista Carlos Torres presidió la sesión en la que
se dio aprobó este dictamen junto con los miembros del PAN conocidos por
siempre votar en el sentido que se acuerda al interior del partido.
Para el 31 de marzo, el
diputado priista Benjamín Gómez, quien aportó otro voto a favor del dictamen,
fue nombrado presidente de la mesa directiva.
ZETA buscó al diputado Carlos
Torres para entender la forma en que la mesa directiva incluyó el dictamen en
el orden del día y conocer su respuesta ante los señalamientos de que la
autorización se dio de manera opaca e irresponsable.
El legislador argumentó que
el pleno aprobó la inclusión del dictamen “en votación económica, toda vez que
no existe disposición expresa que lo prohíba”, por lo que a su consideración,
“se cumplieron las disposiciones de índole constitucional y legal”.
Respecto a la falta de
información sobre corridas financieras y el costo real que representará el
refinanciamiento, sólo respondió, sin precisar cómo, “el refinanciamiento va a
generar un ahorro de 400 millones de pesos para el Estado”, dando por
finalizada la comunicación.
En la opinión de Gabriel
Camarena, titular del CCE de Tijuana, “ya no se debe permitir que esto esté
sucediendo a las alturas de la vida democrática del país. El Congreso debe ser
un tema de contrapesos, análisis, tiempos, y eso forzaría al gobierno presentar
su propuesta a tiempo suficiente para ser analizadas y que no sean aprobadas al
vapor”.
Sobre el panorama general de
este endeudamiento, el doctor Adolfo Solís Farías declaró: “Estamos contratando
deuda para pagar deuda, el dinero que estamos trayendo ya no es para invertirlo
en la sociedad, es para pagar las deudas porque han crecido. Ese tipo de
prácticas se tienen que terminar, donde no hay transparencia. Si nadie ha
tomado (algo) que no sea suyo, que sean transparentes”.
El experto en Derecho Fiscal
y quien participó en un inicio en la mesa técnica de análisis de la iniciativa
privada con el gobierno estatal, observó que Baja California está adquiriendo
obligaciones mensuales a mediano y largo plazo de forma preocupante.
“No tenemos dinero para
pensiones ni jubilaciones y ahora tenemos que pedir dinero para pagar deudas,
aparte vamos a endeudarnos y comprometer nuestras participaciones. La pregunta
es: Al rato que estemos endeudados y todo esté comprometido, cuando necesitemos
dinero de verdad, ¿de dónde lo vamos a conseguir?”.
Por este motivo, hizo un
llamado para que “no haya intereses, beneficiados, porcentajes otorgados ni
personas enriqueciéndose a costa de los ciudadanos. Es un tema de sensatez, ya
ni siquiera presupuestal. Es un tema donde no puedes vivir de la deuda.
No es malo endeudarse,
financiar o refinanciar, lo que es malo es sobre-endeudarse”, remató.
LOS DIPUTADOS QUE VOTARON EN CONTRA Y LOS QUE NO
FUERON
Entre las exposiciones en
contra dadas el día de la sesión, el diputado Jorge Eugenio Núñez subrayó los casi
100 mil millones de pesos de deuda representan 30 veces el costo anual de un
Ayuntamiento. “Si de por sí este gobierno evidenció el problema financiero, no
sé qué va a pasar con estos compromisos que se están adquiriendo”, advirtió.
Consultado días después, el
diputado por el Partido de Baja California (PBC) expuso que ya prepara la
presentación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la forma en que
se violentaron los derechos de los diputados al hacerlos votar un documento que
no habían visto antes.
Por su parte, Bernardo
Padilla, consideró que el problema más fuerte es la carga financiera que se
heredará a las siguientes administraciones estatales, puesto que en seis meses
iniciarán los pagos por estos créditos autorizados.
“Me siento preocupado porque
no hay claridad de las condiciones de mercado, cómo se va a contratar el
refinanciamiento, una cosa es que todos sepámoslo que son las APP, los famosos
dictámenes, pero nunca hubo claridad de la situación financiera propia del
crédito, cuando se va a contratar. Nadie de los diputados tenía una corrida
financiera”, planteó.
El diputado Miguel Osuna
Millán, uno de los legisladores que más se había opuesto públicamente al
proyecto de la desalinizadora y a contraer más deuda, dijo a ZETA que el motivo
de su inasistencia fue una razón personal, pero por parte de su bancada (PAN),
no le fue notificado que ese dictamen sería incluido en el Orden del Día.
“Le había pedido al
presidente de la Cámara que de tratarse temas que afectaran el interés general
de los bajacalifornianos, se nos convocara 24 horas de anticipación como
mínimo, como marca el reglamento de la Cámara de Diputados, que evitáramos dar
esta imagen que no ayuda en la opinión que tienen los bajacalifornianos de su
Congreso”.
Sobre la desalinizadora,
detalló se trata de un tema “con graves exageraciones en lo técnico, graves
repercusiones en lo económico, en el futuro financiero de nuestro Estado y que
podría haber tenido otras opciones que no involucraran ese gravísimo
endeudamiento”.
Y concluyó: “Esa
desalinizadora, así de concreto, se debe cancelar por el próximo gobernador de
Baja California en bien del interés general de los bajacalifornianos”.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INÉS GARCÍA
RAMOS/LUNES, 8 ABRIL, 2019 01:00 PM)
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