La relación de los medios de
comunicación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, es cada vez más
difícil. Se esperaba sus conferencias de prensa mañaneras iban a ser un
instrumento útil, donde transmitiría un mensaje sin intermediarios a sus
gobernados y, al alimón, respondería las dudas de quienes procesan, ordenan,
contextualizan y jerarquizan sus declaraciones, los medios de comunicación. Las
cosas no han salido como se esperaba, quizás más frustrante y decepcionante
para los medios que para él -quien finalmente cumple el objetivo de ocupar la
mayoría de los espacios la mayoría del tiempo-, aunque en la última semana el
presidente mostró señales de molestia con periodistas y subió el tono de sus
insultos.
Varios periodistas lo han
confrontado por la forma como estigmatiza y polariza a los medios, utilizando
como peyorativo el calificativo de “fifís” y “conservadores”, y cada vez los
medios le exigen respuestas a sus preguntas, no evasivas ni ataques. Las cosas
apuntan a que empeorarán. Las advertencias sobre la polarización que crea el
discurso del presidente contra medios y periodistas -algunos de los cuales
identifica por nombre-, reflejo de su mecha corta y su carácter excluyente
contra quien no esté incondicionalmente con él, van creciendo. Él se defiende:
es su derecho de réplica.
La semana pasada el
periodista Ciro Gómez Leyva, abrió un debate en Radio Fórmula, donde varios
abogados hablaron sobre este derecho. Dos posiciones reflejan la complejidad
del tema. Por un lado, Fernando Gómez Mont, ex secretario de Gobernación, dijo
que el presidente sí tiene derecho a la libertad de expresión, como reclama
López Obrador, pero en momentos y espacios donde sea ciudadano y no en un marco
institucional -como las mañaneras-, aunque en ningún espacio está facultado
para dañar la moral de terceros. Daniel Cabeza de Vaca, ex procurador general,
afirmó que el presidente tiene la obligación moral de hacerlo “en este nueva
dinámica” que vive nuestra sociedad.
Una tercera visión que cabe,
a partir de un concepto asimilado en el mundo pero poco debatido en México -de
ahí la falta de bibliografía sobre el tema-, es que el presidente no tiene los
mismos derechos que un ciudadano, en donde entran por definición los periodistas,
más allá de la función social que realizan. Robert Sharp, un activista por la
libertad de expresión en el capítulo inglés de PEN, una organización
internacional de escritores, escribió en diciembre de 2016 sobre el presidente
Donald Trump, que si bien la protección de la Primera Enmienda lo ampara, las
restricciones sobre la libertad de expresión para un presidente son distintas a
la de los ciudadanos.
Un caso básico es sobre los
límites de la libertad. Si un ciudadano sin cargo público incita a la
violencia, lo que es un delito, puede ser detenido y llevado ante la justicia,
pero la policía no puede aprehender al presidente, ni un juez procesarlo. “La libertad
de expresión del presidente está constreñida a las realidades de la política”,
apuntó Sharp. “La mayoría de los políticos están constreñidos por la cortesía y
por aquellas políticas que se consideren aceptables por el electorado”. Esta
línea, ciertamente, es muy tenue por la subjetividad que implica, y por el tipo
de formación del político. El presidente Barack Obama, recordó Sharp, se
contuvo varias veces de hablar lo que pensaba para no ofender a un grupo de
ciudadanos, lo que Trump, que no es político y que busca la controversia para
elevar la atención en el tema que le interesa, no está acotado por esta
consideración política. López Obrador se encuentra en esta categoría.
Es un presidente al que los
parámetros de la Presidencia, el gobierno y las instituciones le estorban para
gobernar, y su interacción con los medios y periodistas, cuando no se trata de
utilizarlos como vehículos de propaganda, se convierten en un obstáculo
enfadoso. Trump ha sido consistente en su hostilidad hacia los medios. En un
artículo publicado en el portal del Poynter Institute en enero de 2018, Indira
A.R. Laksmanan, recordó que ningún presidente disfruta la mirada crítica de los
medios. “Pero ningún presidente antes de Trump se había enfrascado en una
guerra con la prensa como esta, refiriéndose despectivamente de los periodistas
como ‘mentirosos’, ‘vendedores de falsedades’ y ‘enemigos del pueblo’.”
Trump no ha agumentado, como
López Obrador, el derecho de réplica. En una sociedad madura, el jefe de la
Casa Blanca sería severamente criticado y puesto en la frontera de violaciones
constitucionales. En México es distinto. El derecho de réplica del presidente,
sea López Obrador o no, se puede dar dentro de los límites de la ley cuando un
medio o un periodista dañen su reputación y fama pública como individuo, por
ejemplo, con difamaciones o calumnias, o se entrometan en su vida privada. Pero
cuando la crítica es sobre acciones y decisiones que afectan a la sociedad en
su conjunto, sobre los abusos y excesos de poder, ese derecho -que no lo limita
a responder con datos y argumentos- queda limitado al no ser equitativo.
Todas las mañanas tiene un
atril para lanzar infundios contra los medios y periodistas, con una exposición
nacional que amplifica la forma como los mancilla con impunidad porque nadie
más tiene el mismo espacio para replicarlo. La libertad de expresión del
presidente no contempla la provisión para denigrar a los medios, ni estimular
con sus palabras linchamientos. Se puede argumentar que está en los linderos de
violar la Constitución, que señala que “es inviolable la libertad de difundir
opiniones, información e ideas”, y de manera indirecta, por intimidación, rompe
la línea de la legalidad al empujar la previa censura. El achicamiento de las
libertades es real.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(EJE CENTRAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/1 DE ABRIL DE
2019)
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