Los datos hacen mucho ruido.
A finales de diciembre se anunció que iniciaba una guerra contra el huachicol.
En escasas tres semanas, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, se
diseñó la estrategia para frenar el multimillonario robo de combustible. Como
partes de guerra, diariamente se fue informando durante enero el avance de las
fuerzas federales, que era utilizado para neutralizar la creciente queja por
desabasto de combustible. Todo era para impedir el saqueo y luchar contra la
corrupción, justificó el presidente. Se cerraron ductos y compraron pipas, sin
licitación ni control técnico, por lo que se adquirieron decenas de vehículos
fuera de norma.
Dos meses después, los partes
de guerra desaparecieron, y de manera inesperada se dio a conocer lo que ha
sucedido con esa cruzada. Un informe de Pemex, publicado esta semana en
Excélsior, que pasó sin pena ni gloria en la opinión pública, cuenta una
historia de derrota. Durante los dos primeros meses del año se incrementaron
50% las tomas clandestinas en comparación con el mismo periodo de 2018. Aunque
Pemex dijo que en enero se recuperaron 442 mil litros de combustible, el total
de tomas clandestinas se elevó de mil 46 durante los dos primeros meses del año
pasado, a mil 565 en 2019. Hidalgo, donde se cerraron ductos y se reforzó la
seguridad, el incremento de tomas se elevó 265%.
La cruzada contra el
huachicol empieza a oler a gas, como distractor sobre un problema que se veía
venir desde el inicio del gobierno en diciembre: el desabasto de gasolina. El
Wall Street Journal reportó el 11 de enero que Clipper Data, la empresa que
monitorea los buques petroleros en el mundo, registró que desde que asumió
López Obrador, se habían reducido significativamente las importaciones de
gasolina de Estados Unidos, al bajar 25% en el periodo diciembre-enero de
2018-2019, comparado con el mismo lapso en 2017-2018. López Obrador dijo que el
diario mentía, pero ante la crisis, tuvo que revertir su orden y en enero se
compraron volúmenes de gasolina superiores a 93% con respecto a lo adquirido en
enero de 2018.
La suspensión de las
importaciones se dio antes de que comenzaran a hablar dentro del gabinete,
según los tiempos que identificó el presidente López Obrador, sobre el
huachicol. Para cuando se anunció la estrategia de combate al robo de
combustibles, había buques cargados con gasolina haciendo fila en el Golfo de
México porque no podían descargar. La falta de personal y de mano de obra
calificada y con experiencia, habían sido detonadores de ese retraso. La decisión
de cerrar los ductos para evitar el robo, contribuyó al desabasto. No supieron
cómo hacerlo y no tuvieron una estrategia adecuada para compensar el
combustible que dejarían de suministrar. En el pasado, cuando se decidía cerrar
un ducto, la planeación se llevaba al menos dos meses para evitar el desabasto.
El último reporte sobre lo
logrado lo dio López Obrador al dar a conocer los resultados en sus primeros
100 días de gobierno. Sin embargo, las cifras que dio son totalmente diferentes
a las que 20 días antes hizo públicas el director de Pemex, Octavio Romero
Oropeza. López Obrador dijo que la incidencia de ese delito pasó de el hurto de
81 mil barriles diarios que se sustraían en noviembre, a 15 mil barriles. Sin
embargo, Romero Oropeza mencionó que el hurto era de 56 mil barriles, y que se
había disminuido a ocho mil. Nadie ha explicado la inconsistencia. Tampoco se
han dado informes adicionales a lo publicado en Excélsior sobre el creciente número de tomas
clandestinos. La feria de cifras es compleja para ser absorbida y procesada por
la opinión pública. El discurso plano que es un sacrificio para combatir la
corrupción, es lo que prende.
Las cosas no van a marchar
bien. La estrategia no sólo está equivocada, sino que, además, lo único que se
ha hecho es estimular el huachicoleo al adquirir pipas para transportar
combustible. Quien sugirió esa estrategia realmente no comprende cómo funcionan
los mercados delictivos. De acuerdo con la consultora GLAC, los mercados se
paran sobre tres patas: incidencia delictiva, logística y debilidad
institucional. La estrategia gubernamental las fortalece.
El incremento en el robo de
combustible y el fracaso hasta el momento de atrapar a los mandos del Cártel de
Santa Rosa de Lima en Guanajuato, o la impunidad con la que se mueven hasta
ahora las bandas criminales que operan en Guanajuato y Veracruz, habla de que
el combate contra ellos no ha sido eficiente o es inexistente. El argumento de
que la compra de pipas resolverá el desabasto, lejos de resolver el problema
estimula el delito. Si no hay capturas de los jefes del huachicol, que es la
racional del gobierno para evitar la violencia, la incidencia delictiva se
mantiene intacta, al tiempo que se incrementa la debilidad institucional por no
combatirlos. Cerrar ductos no ataca la logística criminal; comprar pipas
facilita el robo de combustible transportado en vehículos robados.
GLAC señaló que la tendencia
en mediano plazo ubica a Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Guanajuato como los
estados más vulnerables, al figurar entre las 10 entidades con mayor cantidad
de vehículos robados, que “son incorporadas como parte de la logística
necesaria para llevar a cabo la comercialización del combustible robado”. Vista
la correlación, o la estrategia está totalmente equivocada, o es una que de
antemano, al no combatir el problema de fondo, se sabe fracasará. En todo caso,
la narrativa de la guerra contra el huachicol esconde la incompetencia del
gabinete en el abasto de combustible y la nueva estrategia del régimen contra
el crimen organizado, dejar hacer, dejar pasar.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA
PALACIO/15 DE MARZO DE 2019)
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