La Secretaría de la Función
Pública (SFP) del Gobierno Federal, aseguró este lunes que la constructora
brasileña Odebrecht se negó a confesar los supuestos sobornos que hizo en
México, con lo que hubiera conseguido el beneficio de la reducción de
sanciones.
La SFP negó, además, que la
empresa brasileña tenga “compromiso y disposición de seguir colaborando con las
autoridades mexicanas”, ya que no presentó elementos de prueba que permitieran
acreditar su confesión o colaboración.
Asimismo, la contraloría del
Gobierno Federal detalló que, en marzo de 2017, la constructora propiedad de
Norberto Odebrecht, le presentó un escrito en el que manifestó su intención de
colaborar con las autoridades, a efecto de esclarecer los hechos y obtener el
beneficio de la reducción de sanciones.
Ante ello, la SFP aseguró que
solicitó a Odebrecht presentara y precisara los requisitos legales de su
cooperación, así como su confesión de responsabilidad y que aportara elementos
de prueba.
Sin embargo, indicó la
Función Pública, en abril de 2017 la constructora brasileña solo presentó un
escrito “sin aportar elementos de prueba que permitieran acreditar su confesión
o colaboración respecto de hechos constitutivos de alguna infracción concreta”.
La Función Pública le
notificó en junio de 2017 que no era procedente su petición de reducción de
sanciones, “en virtud de no haber aportado los elementos de prueba suficientes
para acreditar la infracción […] por lo que dejó a salvo sus derechos para el
momento en que fuera su decisión presentar las pruebas requeridas”.
Posteriormente Odebrecht
interpuso un juicio de amparo, mismo que fue declarado improcedente por un juez
federal, “quien en sus consideraciones determinó que la empresa solamente había
manifestado su intención de colaborar, sin aportar elementos suficientes que
permitieran acreditar la confesión de hechos constitutivos de una infracción”.
Según los testimonios de ex
directivos de la constructora Odebrecht, dichos ante la Procuraduría de Brasil,
el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, recibió sobornos por al menos de
10 millones de dólares para asignarle la obra de la Refinería de Tula, Hidalgo,
y supuestamente trianguló 5.5 mdd a la campaña presidencial del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), en el 2012, lo que el ex funcionario ha
negado.
Este lunes, también, una
unidad mexicana de la brasileña Odebrecht informó que buscará impugnar las
sanciones que le impuso la semana pasada el Gobierno de México, debido a que
las considera infundadas e improcedentes.
A través de un comunicado, la
firma brasileña expuso que dichas sanciones administrativas son totalmente
“infundadas e improcedentes”; además de que “violan los derechos fundamentales
y tergiversan los hechos de los contratos celebrados entre Odebrecht México y
Pemex Transformación Industrial”.
El Gobierno mexicano prohibió
a las diversas dependencias y entidades de la administración pública celebrar
contratos con dos unidades de Odebrecht, mismas a las que inhabilitó
temporalmente y multó por más de mil millones de pesos, junto con dos de sus
representantes legales.
(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS ZETA /LUNES, 23 ABRIL, 2018 02:59 PM)
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