Cuando escribimos aquel
despacho en el que aludíamos a la ‘nota volada’ con la que un periódico editado
en Navojoa quiso involucrar a un hijo del secretario de Seguridad, Adolfo
García Morales en un escándalo por el uso de un helicóptero oficial; cuando se
descubrió que era mentira y cuando aquí mismo se informó de los motivos que
atizaron ese fuego amigo en el gabinete de Claudia Pavlovich, también se dijo
que la gobernadora se estaba tardando en dar el proverbial manotazo en la mesa
para apaciguar los ánimos belicosos entre algunos de sus integrantes.
Antier sucedió. El miércoles
por la tarde, trascendió que la gobernadora
le ‘pidió la bola’ al subsecretario de Gobierno, Alberto Natanael
Guerrero, ex alcalde de Navojoa, que se convierte en el primer funcionario de
alto nivel que causa baja en el gabinete claudillero. El Pitillo, como también
se le conoce aparece como uno de los principales financieros del periódico La
Verdad, que hace unos días comenzó a circular gratuitamente en Hermosillo, y
desde el cual surgió el misil contra García Morales.
Fue un misil, por así
decirlo, de salva. O peor aún, si explotó, lo hizo en la cara de quien lo
lanzó, y que ayer mismo escribió en su cuenta de Twitter: “Agradezco la
confianza de Claudia Pavlovich, Manlio Fabio Beltrones y Miguel E. Pompa
Corella de servir a Sonora hasta el día de hoy como subsecretario de Gobierno.
¡Ha sido un gran honor!”.
Pos ya qué. Lo cierto es que
la salida de El Pitillo (Pilllito, le dicen algunos) manda una señal muy clara
en el sentido de que a la gobernadora no le va a temblar la mano a la hora de
deshacerse de algún integrante del gabinete que vaya a contrapelo del proyecto
claudillero, o que esté jugando al ensarapado vengador, viendo para sus
intereses personales o de grupo, antes que los del equipo completo, que a su
vez tiene que ponderar el interés de los sonorenses, cual ha sido la
instrucción de la gobernadora.
Recordemos que la debacle del
padrecismo sobrevino cuando los amigos del gobernador comenzaron a jalar agua
para sus respectivos molinos, cometiendo en el camino toda clase de tropelías y
barbaridades.
La actitud de Guillermo
Padrés en ese entonces fue bastante churriguresca. Cuando un reportero
cuestionó el proceder de algunos de sus colaboradores, el gobernador le dijo
que afuera de la sala donde se desarrollaba la rueda de prensa, había dos
agentes del ministerio público, que presentara su denuncia con ellos. Meses
después, admitiría que no realizó cambios en su gabinete porque tenía mucha
debilidad por sus amigos. Las consecuencias están a la vista.
Por lo visto, la gobernadora
leyó bien las letras grandes con que el padrecismo dejó grabado el manual de
cosas que no deben hacerse en el gobierno, y mandó la señal en ese sentido.
Por cierto, un día antes,
Claudia Pavlovich tuvo un encuentro con integrantes de su gabinete. Uno de
ellos, poco antes de esa cita conversó brevemente con este columnista. Le
pregunté algo que me intriga, y seguramente intriga a mucha gente más. Que si
detrás de la elegante delicadeza con que la gobernadora va por la vida repartiendo
abrazos, besos, saludos; presidiendo eventos e interactuando cálidamente con la
gente, había una mujer que se fajaba las faldas en los encuentros y discusiones
políticas, en las decisiones ejecutivas, que si realmente tenía una mano dura.
Se me quedó viendo fijamente.
Sonrió con sólo media risa y dijo: “Sí. Sí tiene la mano pesada. Pero algunos
no lo han entendido”.
Al día siguiente estaba
causando baja el subsecretario Natanael Guerrero, el que no sólo presumía su
inamovilidad, sino también que pronto iba a escalar al nivel de secretario.
A siete meses de iniciado su
gobierno, el mensaje de Claudia Pavlovich es claro. Habrá que ver si lo
entienden todos.
II
Otro evento que no debe pasar
desapercibido fue la detención, ayer mismo, de quien fuera tesorero municipal
durante la administración de Ramón Guzmán Muñoz, el señor Fernando Córdova
Valdez, que fue conducido mediante esa ‘medida de apremio’ -como suele
llamársele en la jerga legal al apañón de parte de agentes policiacos-, a la
Fiscalía Especial Anticorrupción, a donde ya había sido citado varias veces,
omitiendo acudir.
Hasta el momento de redactar
estas líneas no se sabe si sólo fue llevado a declarar, o aprovecharon de una
vez para ponerle las esposas, toda vez su presunta participación en millonario
desfalco a las arcas nogalenses.
El caso es notable porque se
trata de un ex funcionario de una administración priista, lo que habla de que a
la hora de ajustar cuentas con el pasado, no valen de mucho las filiaciones
políticas.
III
A quien se le están
complicando seriamente las cosas es al diputado federal plurinominal panista,
Agustín Rodríguez Torres, ex secretario particular de Guillermo Padrés, contra
quien ya fue liberada una orden de aprehensión, aunque no se puede ejecutar
porque el señor goza de fuero constitucional.
Los delitos de que se le
acusa son: tortura, abuso de poder y delitos contra la procuración de la
justicia, todos ellos derivados de la investigación del caso de Gisela Peraza,
la ex trabajadora doméstica de la familia Padrés-Dagnino, que fue privada ilegalmente
de su libertad, torturada y después encarcelada cuatro años, acusada de robar
dinero y joyas en la Casa de Gobierno.
Tras cuatro años de
cautiverio, fue puesta en libertad por un juez, por desvanecimiento de pruebas,
aunque el día en que iba a salir libre le ‘sembraron’ droga para mantenerla
encarcelada, lo que finalmente no ocurrió, pues el ‘cuatro’ fue demasiado
burdo.
El punto es que el abogado de
Peraza, Juan Antonio Ortega inició los trámites para solicitar un juicio de
procedencia para que sea desaforado y sometido a la acción de la justicia como
cualquier ciudadano.
Aquellos que quieren ver tras
las rejas al ex poderoso funcionario de Padrés, no deberían, sin embargo, echar
las campanas a vuelo. Un juicio de desafuero puede llevar años, pasar por una
comisión instructora que debe analizar un expediente de miles de fojas:
testimoniales, pruebas clínicas, exámenes médicos y sicológicos, etc., y luego
bajar al pleno donde debe ser aprobado por mayoría absoluta.
Posiblemente termine la actual
legislatura federal y no se llegue a una decisión sobre el desafuero del
legislador, pero en vía de mientras, el desprestigio social y la
sobreexposición mediática lo convierten en una brasa ardiente para su partido,
que difícilmente consideraría enlistarlo como candidato a algún cargo de
elección (o como candidato de lista), para prolongar su fuero.
Es decir, independientemente
de que el juicio de procedencia no prospere, para septiembre de 2018 Agustín
Rodríguez dejará su cargo y posiblemente ya o estén esperando a la salida de
San Lázaro, con un par de bonitas esposas… de las de metal.
IV
Se acumuló el trabajo ayer,
pues en el Congreso del Estado se aprobaron reformas para homologar la
legislación estatal con la federal en materia de transparencia, que en su parte
central establece como sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a
la información que obren en su poder, quien reciba y ejerza recursos públicos o
realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal, a saber: el gobierno
y todos sus entes públicos; el poder legislativo y todos los órganos que
reciban dinero público, incluyendo sindicatos y organizaciones privadas.
También se hizo lo propio con
la Ley de Guarderías, estableciendo que ninguna de ellas debe estar a una
distancia menor a 100 metros de cualquier establecimiento que represente un
riesgo para la salud física o emocional de os niños. La legislatura local
agregó además un artículo para obligar a todas las guarderías a que sustituyan
las instalaciones que utilicen gas, por otras que funcionen con energía
eléctrica.
Estos dos puntos son muy
relevantes y requieren mayor abundamiento, pero se nos acaba el espacio y ya
tampoco pudimos comentar sobre los cambios que se dieron en el organigrama del
Congreso, donde algunos funcionarios fueron reasignados a otros cargos, y se
registraron nuevas contrataciones.
En el siguiente despacho
abundaremos sobre estos temas, y otros que se registraron ayer, como el
convenio firmado entre la Comisión de Vivienda del Estado, la Dirección de
Bienes y Concesiones y el Icreson, para garantizar a las familias vulnerables
la regularización de sus propiedades, con lo que se dará certeza jurídica a su
patrimonio, a un costo mínimo.
Y ni qué decir de los
acuerdos alcanzados durante la pasada reunión de la Comisión Sonora-Nuevo
México en materia de seguridad pública y políticas penitenciarias. Mañana
volveremos sobre estos temas.
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Twitter @Chaposoto
(DOSSIER
POLITICO/Arturo Soto Munguía / 2016-04-15)
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