Raymundo Riva Palacio
Desde mayo, justo después de
que el Gobierno del Estado de México canceló un convenio con la empresa
Infraiber por 4 mil millones de dólares tras un diferendo contractual con OHL,
comenzaron a aparecer en redes sociales grabaciones telefónicas comprometedoras
de ejecutivos de esta empresa, cuyo fraseo, según lo que se entiende de esos
audios, sugería conflictos de interés y corrupción. Se escuchaban las voces del
secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza; del
exsecretario de Transportes del Estado de México, Apolinar Mena, y referencias
al presidente Enrique Peña Nieto, el director de Pemex, Emilio Lozoya, y el
director de la CFE, Enrique Ochoa. El espionaje telefónico, en síntesis,
golpeaba el corazón del Estado mexicano.
Las grabaciones ilegales
fueron denunciadas por OHL en agosto, donde señaló a Infraiber como la responsable
del delito que tenía como objetivo “extorsionar” y “dañar” a la empresa, por lo
que presentó una demanda ante la PGR. La querella tenía un contexto. Ejecutivos
de OHL dijeron que previamente recibieron un mensaje del dueño de Infraiber,
Pedro Topete, para proponer que a cambio de detener su campaña mediática y
jurídica contra OHL, le dieran una compensación multimillonaria. Fue rechazada
y el pleito se acentuó.
OHL fue denunciada en
desplegados de prensa. El primero, firmado por un particular del que nadie
tenía referencia, fue investigado. Según ejecutivos de OHL, el desplegado fue
pagado por Infraiber, mientras que el particular que firmó el primero de varios
–los posteriores los firmó el abogado de Topete, Pedro Díez–, fue identificado
como una persona humilde que acudió a las oficinas de Infraiber después de que
se publicó el anuncio. Lo que hizo OHL fue una investigación privada para
encontrar los orígenes de los ataques. Sin embargo, hasta ahora no saben con
certeza quién hizo las grabaciones y quién las colocó en las redes sociales.
Las grabaciones tienen un
punto de partida, la cancelación del convenio con Infraiber, pero han sido
manejadas con sofisticación. Peritos contratados por OHL identificaron que
comenzaron a grabarlos en junio del año pasado –11 meses antes de difundirse la
primera– y que se editaron de distintas conversaciones, acomodadas para incubar
suspicacias. Con dinero, equipo y expertos, ese trabajo es relativamente
sencillo.
Pero lo que llama la atención
es la oportunidad –timing, dicen los anglosajones– con la que se han ido
divulgando y la forma como van escalando sus objetivos. Mena fue el primero en
caer, porque en su conversación con Pablo Wallentin, exdirector de Relaciones
Institucionales de OHL –otra víctima de las grabaciones–, queda claro que
recibió favores de una empresa donde sus decisiones tenían impacto. Como no
hubo rectificación del Gobierno mexiquense, apareció después otra donde aparece
Ruiz Esparza, quien no dijo nada que pudiera ser ilegal. Ese audio fue colocado
en YouTube por un usuario que se identificó como “Danielle Steele”, que en la
realidad es una escritora de novelas románticas de fama y éxito mundial.
La grabación lastimó la fama
pública de Ruiz Esparza, preludio de la continuación de más conversaciones,
principalmente entre ejecutivos de OHL que escupían detalles de sus reuniones
con funcionarios federales, y mencionaron en una de ellas al presidente Peña
Nieto. No ha aparecido aún alguna grabación que involucre a un funcionario
peñista en un claro conflicto de interés o corrupción, pero tampoco se sabe
cuántos audios más existen. En el Gobierno y en OHL parecieran estar
descontrolados sobre quiénes pudieran estar realmente detrás de las
grabaciones.
Topete y Díez son sus
demonios, pero la pregunta es si este binomio e Infraiber, que no es un gigante
internacional o con gran peso político en México, se atreverían a delinquir
para cobrar venganza con OHL y recuperar el convenio perdido, utilizando como
herramienta de presión al Presidente y su Gabinete. Es posible, pero no
probable, salvo que sean insensatos. De cualquier forma deben ser inocentes en
este caso porque de haber sido así, por los intereses afectados, la PGR podría
haber armado un caso sólido en su contra, que no ha sucedido, al menos hasta
ahora.
La siguiente pregunta sería
que si no fueron ellos, ¿quién grabó, procesó y escogió los tiempos para su
difusión? La respuesta sugeriría la hipótesis que el objetivo central no es
OHL, sino Peña Nieto. Quizás no se han dado cuenta del daño que esto causa al
propio Gobierno, más allá de OHL, cuyas ocho concesiones activas en el país no
han sido alteradas. Los principales afectados son Peña Nieto y Ruiz Esparza,
los principales objetivos del desprestigio. ¿Qué es lo que ha hecho el
Presidente para despertar odios tan robustos y poderes tan desafiantes? ¿De qué
tamaño fue la afectación a los intereses económicos en las reformas para que
sea un blanco inmóvil?
Por razones de seguridad, el
Gobierno tendría la obligación de saber quién grabó y qué finalidad persigue.
No necesariamente tendría que denunciarlo y proceder penalmente contra los
autores, sino fundamentalmente para saber quiénes son sus enemigos para
neutralizarlos. Hasta el momento no sabe quién cometió el delito, lo cual es
imperdonable para un gobierno en términos de seguridad interna. Sin embargo, no
hay razones reales para sorprenderse. Ayotzinapa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, y
ahora OHL, son nombres que serán un tema en la crónica final del gobierno de
Peña Nieto, donde la ingenuidad e incapacidad que han mostrado en su solución
será una marca indeleble.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx /
twitter: @rivapa
(ZOCALO/ COLUMNA “ESTRICTAMENTE
PERSONAL” DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 17 DE NOVIEMBRE 2015)
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