Raymundo Riva Palacio
Quien lo ha visto, asegura
que el ex procurador Jesús Murillo Karam, defenestrado por su viejo amigo el
presidente Enrique Peña Nieto del Gabinete, se encuentra tranquilo. Si eso es
verdad, Murillo Karam, es un cara dura.
Su investigación sobre la
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el año pasado en
Iguala, colocó al Gobierno en un hoyo del cual no ha podido salir, y su actitud
arrogante y déspota sólo fue comparable con su inesperada incompetencia como
procurador general, cuyos yerros profesionales colocaron al presidente Peña
Nieto en el banquillo eterno de la responsabilidad política por el crimen.
Cuando el presidente Peña
Nieto lo removió de la PGR a finales de febrero de este año, la razón interna
fue porque Murillo Karam no supo trabajar en equipo. Fue peor lo que sucedió.
Se puede argumentar que como
procurador, Murillo Karam padeció el efecto Dunning-Kruger, que es un prejuicio
cognitivo donde una persona sin capacidad (en este caso como abogado de la
nación) sufre de una superioridad imaginaria que lo lleva a sobrestimar sus
talentos.
La mejor prueba de ello fue
la respuesta a su equipo de investigadores cuando le cuestionaron que quisiera
referirse a su conclusión del caso, como “la verdad histórica”.
Esto se convirtió en el
símbolo del fiasco de su investigación sobre la desaparición de los
normalistas.
Testigos de ese momento
recuerdan que uno de los abogados en esa reunión de trabajo, en la víspera de
que hiciera esa afirmación a la prensa, le dijo con mucho cuidado que lo que
debían buscar era “la verdad legal”, no la “histórica”. Murillo Karam, dijeron,
lo volteó a ver con ojos de fuego y espetó: “Usted no me va a venir a enseñar
Derecho”. Entonces, dictó la conclusión de su mensaje: “Sin lugar a dudas (las
investigaciones llevan) a concluir que los estudiantes normalistas fueron
privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río
San Juan.
En ese orden. Ésta es la
verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia,
como se muestra en el expediente”.
El desplante de Murillo Karam
sólo era colofón del desastre jurídico. De tiempo atrás, los investigadores de
la PGR encontraban sólo el rechazo de Murillo Karam a su trabajo. Las razones
de ello son un misterio, y de haberlas atendido, el Gobierno federal se habría
ahorrado muchos problemas. Cuando se dio la desaparición de los normalistas, el
ex procurador ya arrastraba un déficit. El más importante: nunca haber
autorizado la consignación del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, que pidió
la Fiscalía de Guerrero en mayo y junio de 2014 por cometer delitos federales.
Tampoco removió al subdelegado de la PGR en Guerrero, Salvador Anaya del
Carmen, sospechoso de vínculos con el crimen organizado, y quien concentraba y
decidía sobre todos los casos en el estado.
Las deficiencias de Murillo
Karam siguen siendo inexplicables. Por ejemplo, nadie sabe aún en la PGR por
qué se empeñó en decir que los eventos del 26 de septiembre comenzaron a las
14:30 horas, cuando sus investigadores los ubicaban a partir de las 21:00
horas, como todas las demás investigaciones realizadas. Tampoco el porqué su
necedad de afirmar que hubo un enfrentamiento con armas de fuego al mediodía de
esa fecha, donde participaron los normalistas, cuando en realidad nunca
existió. Otra omisión fue no incorporar el tema del “quinto camión”,
documentado desde el primer momento. Ese autobús aparece en los videos de la
terminal de autobuses de Iguala, incorporado en la investigación original de la
PGR y de la Fiscalía de Guerrero. Es el número 3278 de la empresa Ecoter, que
según las cámaras de la terminal no salió por la puerta principal, sino por una
lateral, en la calle de Altamirano.
El autobús llevaba a 14
normalistas y fue interceptado cuando se disponían a salir de Iguala. En los
videos del C-4 se escuchan los balazos de los policías igualtecos y los gritos
de los estudiantes de que no iban armados y que uno de ellos estaba herido. Los
policías les pidieron que lo sacaran del autobús y lo colocaron en un vehículo
que lo llevó a recibir atención médica. Ese “quinto camión” es por el que los
expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sugirieron que debía
abrirse la línea de investigación sobre narcotráfico. Sí hicieron peritos
federales y estatales ese trabajo y concluyeron que no había droga, pero el ex procurador
no lo informó.
Tampoco explicó cómo
estableció la autoría intelectual del crimen en Abarca y su esposa María de los
Ángeles Pineda Villa, ni llamó a declarar a ningún militar del Batallón 27 de
Infantería, o al exgobernador, su amigo, Ángel Heladio Aguirre. Marginó a los
peritos argentinos contratados por familiares de los normalistas a la
recolección de evidencias en el basurero de Cocula, en donde se ha centralizado
la descalificación de todo el caso. Las deficiencias de Murillo Karam son
tantas que es imposible agotarlas en este espacio. Pero el daño que hizo al
Presidente, al Gobierno y al país, es inconmensurable. Murillo Karam tendría
que ser llamado a declarar en la PGR para explicar qué hizo y por qué lo hizo.
Es un insulto que no rinda cuentas, porque son tan graves sus omisiones que
tendría que estar en la cárcel. La omisión consciente de un funcionario
federal, prevé ese castigo. Murillo Karam lo merece.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx /
twitter: @rivapa
(ZOCALO/ COLUMNA “ESTRICTAMENTE
PERSONAL” DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 17 DE NOVIEMBRE 2015)
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