Raymundo Riva Palacio
Las autoridades federales
establecieron dos posiciones que parecen contradictorias pero no lo son, y que
al mismo tiempo ubica en su tiempo y espacio a la Normal Rural de Ayotzinapa y
a la desaparición de 43 de sus jóvenes estudiantes en Iguala. El secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que investigan la penetración de
grupos delictivos en esa escuela, mientras que el subprocurador de Derechos
Humanos, Omar Betanzos, aseguró que no hay evidencias de esos vínculos en la
desaparición de los normalistas el 26 de septiembre de 2014.
La hipótesis de grupos
delictivos infiltrados en el grupo de normalistas tiene como autor intelectual
a Víctor Hugo Palacios Benítez, apodado “El Tilo”, jefe de plaza de Guerreros
Unidos en Iguala. En este espacio se publicó en mayo que la primera pista de la
infiltración de Los Rojos en la Normal de Ayotzinapa la aportó Sidronio
Casarrubias, el jefe de Guerreros Unidos, capturado el 16 de octubre del año
pasado en el Estado de México, quien declaró que entre los más de 50
normalistas que fueron a Iguala, iban 17 jóvenes miembros de una célula del
grupo criminal Los Rojos, cuya principal misión era asesinar a Benítez
Palacios.
“El Tilo” es uno de los
propietarios del autolavado Los Peques, en Iguala, utilizado para ejecutar a
sus rivales o víctimas de extorsión, y que siguió operando como criminalmente
hasta al menos abril pasado, cuando un argentino socio de la minera canadiense
Media Luna, fue ejecutado en su interior. “El Tilo” es el único de los cinco
hermanos Benítez Palacios identificados por las autoridades como Los Peques que
participaron en la desaparición de los normalistas, que está prófugo. De
acuerdo con la investigación de la PGR, él originó la confusión que permeó la
investigación y dio lugar a varias de sus contradicciones.
Algunos miembros de Guerreros
Unidos, involucrados en el crimen, se refirieron desde el principio a “El Tilo”
como la persona que dijo que había una célula de Los Rojos en el grupo de
estudiantes. De acuerdo con la investigación, reportó a sus jefes que esa
célula había intentado asesinarlo en un ataque en el autolavado, y que había
causado heridas en una empleada. Quien refirió esta información a la PGR fue
Casarrubias, y el exprocurador Jesús Murillo Karam la tomó como un hecho
cierto, pese a que otros testimonios de jefes de Guerreros Unidos desmentían lo
dicho por “El Tilo”.
Casarrubias detalló que la
orden de matar a los jóvenes había sido dada a la célula de Los Rojos por
Santiago Mazari Hernández, sobrino de Alfonso Miranda, exdiputado del PT en el
Congreso de Morelos, y jefe de plaza en Amacuzac. Nunca se aclaró de dónde sacó
Casarrubias esa conclusión, ni los motivos de Murillo Karam para creerle. No
obstante, el Gobierno sabía que Los Rojos controlaban Chilpancingo y tenían
vinculaciones con el ERPI, algunos de cuyos miembros están relacionados con el
tráfico de opio, el principal cultivo en esa zona de la Tierra Caliente
guerrerense. Información recabada en su momento por Murillo Karam sugería que
en uno de los autobuses secuestrados por los normalistas, llevaban un
cargamento de heroína y quizás hasta dos cuerpos, con el propósito de “calentar
la plaza”.
Esa información nunca hubiera
tomado carta de identidad de haberse atendido el peritaje que realizó la
Fiscalía de Guerrero en las primeras 48 horas de la desaparición. La Fiscalía
determinó que un quinto camión, el número 3278 de la empresa Ecoter, donde de
acuerdo con el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
presuntamente iba un cargamento de heroína, en realidad no llevaba nada. Pero
el hecho que no haya evidencia de penetración criminal en el grupo de
normalistas desaparecidos, no significa que dentro de la Normal de Ayotzinapa
no existiera tal infiltración, que es a lo que se refirió Osorio Chong.
La infiltración criminal en
Ayotzinapa es un tema que resurgió esta semana con la difusión en Milenio de
una grabación entre el líder de los estudiantes de Ayotzinapa, Omar Vázquez
Arellano, y un sujeto no identificado. En ella, el segundo sujeto le informa
que la banda criminal conocida como Los Ardillos, habían tratado de secuestrar
a cuatro normalistas, presuntamente vinculados con Los Rojos. En la
conversación identifica como la fuente de esa información a “el compañero
Botas”, quien es Luis Alberto Hernández Martínez, hermano de Miguel Ángel
Hernández Martínez, “El Botitas”, uno de los 43 desaparecidos en Iguala. Por su
parte, el hermano de Vázquez Arellano, Israel, desapareció en Chilpancingo en
noviembre de 2013.
La difusión de esa grabación
ratificó la conflictividad existente en Guerrero, y colocó a la Normal de
Ayotzinapa a la defensiva. ¿Qué hay realmente detrás? Habría que retomar el
comunicado del ERPI difundido en octubre del año pasado cuando da a conocer los
nombres de los principales jefes de Guerreros Unidos y sus redes de protección
institucional. Hay nombres que en ese momento no estaban en el radar del
Gobierno, y que surgirían como piezas claves en la desaparición de los
normalistas tiempo después. ¿Por qué el ERPI reaccionó de esa manera y los
denunció? Hace 11 meses se publicó en éste que dirigentes sociales,
magisteriales y abogados que respaldaban a la Normal de Ayotzinapa, eran
miembros o simpatizantes de esa guerrilla. Las razones, desde hace tiempo, eran
públicas, pero el Gobierno no había querido ventilarlas como ahora sí lo hizo.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
| twitter: @rivapa
(ZOCALO/ COLUMNA “ESTRICTAMENTE
PERSONAL” DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 17 DE NOVIEMBRE 2015)
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