Raymundo
Riva Palacio
La
procuradora general, Arely Gómez, identificó, sin llamarlos aún por su nombre,
a quienes se puede considerar los responsables primarios de la fuga de Joaquín
“El Chapo” Guzmán: Eugenio Imaz, director del Cisen, y Manuel Mondragón, primer
comisionado nacional de Seguridad. Importante reiterar: son responsables, no
culpables. La referencia indirecta la hizo este miércoles, al leer la
procuradora una declaración ante los medios, donde reveló la desarticulación
del grupo que organizó la logística de la evasión y la construcción del túnel
por donde se escapó. El párrafo clave es el quinto, donde dijo:
“El
principal operador y organizador de la evasión, quien al amparo de la
coordinación de la defensa legal de Guzmán Loera utilizó esa cobertura para ser
enlace con los responsables de la construcción del túnel, e incluso quien habría
realizado los pagos, es la persona que constantemente ingresaba al Penal con el
hoy evadido para recibir instrucciones e informar de los avances de la fuga,
así como contactar y transmitir órdenes a todos los participantes”.
Para
comprender el alcance de la imputación, hay que desagregar el párrafo y
explicar su contexto:
1.-
“El principal operador y organizador de la evasión” es Manuel Gómez Núñez, el
abogado que se identificó como “Óscar Quintanar” cuando se acreditó como
defensor de Guzmán al ingresar “El Chapo” a El Altiplano. Gómez Núñez, abogado
egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa en 1991, representó a Vicente
Zambada Niebla y a Omar Ismael Zambada Apodaca, hijo y sobrino de Ismael “El
Mayo” Zambada, compadre de Guzmán y parte del triunvirato que maneja el cártel
del Pacífico –el otro es José “El Azul” Esparragosa–.
2.-
Gómez Núñez “es la persona que constantemente ingresaba al Penal con el hoy
evadido para recibir instrucciones e informar de los avances de la fuga, así
como de contactar y transmitir órdenes a todos los participantes”. También fue
parte de la estrategia legal de Guzmán, que se cimentó en la presentación de
amparos para ir ampliando el movimiento de “El Chapo” dentro de El Altiplano,
que le permitió pasar largas horas en los locutorios con sus abogados.
Gómez
Núñez era el abogado que más tiempo pasaba con él, aunque el día de su fuga no
fue él quien lo acompañó durante dos horas, prácticamente sin hablar en los
locutorios, hasta casi el momento en que se retiró a su celda y se acostó
vestido, sino Adrián Granados, quien no tiene ninguna acusación de la PGR. Los
abogados le permitieron a Guzmán ir ganando batallas en los juzgados. La más
importante, le permitió acreditar hasta 14 defensores, que fueron derrumbando
las barreras de la incomunicación y le permitieron, por ejemplo, tener una
televisión que mantenía siempre con un nivel muy alto, para ayudar a saturar el
ruido de la parte final en la construcción del túnel.
Los
abogados fueron logrando privilegios para “El Chapo” gracias a los amparos. Los
jueces dentro del penal de El Altiplano los fueron otorgando pese a las quejas
regulares de los responsables del Órgano Desconcentrado de Reclusorios
Federales, que se vieron perjudicados por la política que implementó el primer
comisionado nacional de Seguridad, Mondragón, quien aduciendo la salvaguarda de
los derechos humanos de “El Chapo” y otros criminales de alta peligrosidad, dio
entrada a todos los amparos interpuestos por los capos del narcotráfico, en un
giro radical a la política previamente establecida. Mondragón fue quien, en
primera instancia, relajó los controles de seguridad dentro de los penales
federales, pero cuando fue sustituido por Monte Alejandro Rubido, el nuevo
comisionado no corrigió esa instrucción.
La
movilidad que tuvo Guzmán dentro de la cárcel, que además de sus largas
estancias en los locutorios amplió sus visitas personales, ayudó a mantener
fluida la comunicación establecida a través de Gómez Núñez. La forma como
hablaban entre sí los narcotraficantes dentro de la cárcel en las audiencias
colectivas que permitieron los jueces dentro del Penal, llamó la atención de la
División de Inteligencia de la Policía Federal, pero en el Consejo de la
Judicatura, a donde llegaron los reclamos, hicieron muy poco por resolverlo.
Todas
esas comunicaciones y las privadas, sin embargo, eran monitoreadas por la
Policía Federal y por el CISEN. Las dos áreas, que no se hablaban entre sí,
disponían de las mismas imágenes de circuito cerrado, pero a diferencia de la
Policía Federal, que por razones de violación a los derechos humanos, aducidas
por Mondragón, también se eliminaron –y con ello cortó una fuente de
contrainteligencia vital–, el Cisen, cuyo personal llegó junto con “El Chapo”,
con la encomienda exclusiva de vigilarlo, no. Los monitoristas del Cisen, en El
Altiplano y en la sede en la Delegación Magdalena Contreras, podrían ver y oír
permanentemente a Guzmán.
El
Cisen debió tener toda la información de lo que hacía y decía Guzmán, y debió
haber anticipado, mediante el análisis de la inteligencia recabada por esa
vigilancia, de sus planes. No sucedió así. ¿Por qué falló el Cisen? Las
preguntas no podrán ser respondidas mientras el director, Eugenio Imaz, no
rinda una declaración ante la PGR para aclarar todas las dudas sobre
complicidad o incompetencia. Tampoco se podrán saber los orígenes del
desmantelamiento de los sistemas de inteligencia de la Policía Federal, hasta
que Mondragón no sea también llamado a declarar. ¿Por qué razón los dos
funcionarios continúan al margen de la investigación? Estas preguntas sólo
alimentan sospechas que deben ser despejadas.
rrivapalacio@rivapalacio.com.mx/
twitter: @rivava
(ZOCALO/
Columna “Estrictamente Personal” de Raymundo Riva Palacio/ 23 de octubre 2015)
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