El
Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está jugando con fuego con el
Ejército. No parece que haya escuchado el reclamo y las amenazas del general
Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa, cuando este lunes recriminó al
Ejecutivo que tengan abandonado al Ejército y que no busque las herramientas
jurídicas con las cuales enfrentar el flagelo de organizaciones, medios y
sociedad que los acusa de asesinos.
De
otra forma, ¿cómo se explica la insistencia en la Secretaría de Gobernación de
confrontar a los militares y tomar el lado de quienes acusan al Ejército de
complicidad con criminales y violadores de derechos humanos?
Este
lunes, cuando el general Cienfuegos exteriorizó en la prensa la molestia del
Ejército por usarlo indebidamente ante las deficiencias de los órganos de
seguridad civiles y dejarlo sin defensa por razones políticas, el subsecretario
de Gobernación, Roberto Campa, anunció que evalúan la posibilidad de que el
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, que coadyuva en la investigación de los normalistas
desaparecidos de Ayotzinapa, pueda visitar el 27º Batallón de Infantería
asentado en Iguala, donde sucedió el crimen.
Ese
mismo ofrecimiento lo hizo el año pasado el ex procurador general, Jesús
Murillo Karam, a los familiares de los normalistas y a las organizaciones
sociales que los respaldan, lo que provocó una fuerte reacción del Ejército,
que se opuso a abrir los cuarteles.
Permitir
ese ingreso era dejar que su enemigo histórico –la guerrilla–, que está cerca
de organizaciones que apoyan a los padres de los normalistas, entrara a las
instalaciones estratégicas de la zona.
La
petición de ingreso parte de las acusaciones al 27º Batallón de haber
colaborado con la banda criminal la noche en que desaparecieron los jóvenes.
Hay
testimonios en la prensa de Guerrero que refieren cómo los soldados sí salieron
a las calles de Iguala y sí sabían lo que estaba sucediendo, pero no hicieron
nada por evitarlo.
La
declaración de Campa es una renovación de aquel ofrecimiento, que llega en uno
de los momentos más álgidos de la relación entre civiles y militares en el
Gobierno peñista.
Desde
el 13 de febrero, en el 100 aniversario de la Marcha de la Lealtad, el
secretario Cienfuegos comenzó a exteriorizar la molestia militar con el poder
civil.
“La lealtad es de todos y para todos”, dijo el
general con las acusaciones de asesinato en Tlatlaya y Ayotzinapa en el
imaginario. “Civiles y militares debemos capitalizar y potencias sus enormes
frutos”.
El
5 de mayo, en el aniversario de la Batalla de Puebla, habló de romper con la
desunión y la ilegalidad, con un tono más enérgico al que anteriormente había
utilizado.
Este
lunes, en la entrevista con “El Universal”, ya fue directo en el reclamo al
Gobierno.
Las
palabras de Campa este lunes no deben haber sentado nada bien al secretario de
la Defensa, porque tiene agravios recientes con él. Desde que asumió la
Subsecretaría de Gobernación para Derechos Humanos en la tercera semana de
abril, Campa buscó cambiar la dinámica en el tema.
Lo primero que hizo fue solicitar una reunión
urgente con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es un organismo
descentralizado de la administración pública federal, y con el cual se habían
dado fricciones.
Varios fueron los temas vistos en ese
encuentro, incluidos los casos paradigmáticos en materia de derechos humanos,
Tlatlaya y Ayotzinapa, tras lo cual hubo críticas públicas sobre el abuso del
uso de la fuerza.
Campa
fue el artífice dentro del Gobierno federal de reactivar el caso de Tlatlaya,
donde reconoce implícitamente que ocho militares participaron en una ejecución
extrajudicial, con dos propósitos, de acuerdo con funcionarios federales.
El
primero fue ofrecer una compensación de 18 millones de pesos a los familiares
de las 22 víctimas –entre ellos un grupo importante de secuestradores–; el
segundo, trasladar el costo político a los militares y blindar al Ejecutivo.
El
general Cienfuegos protestó, y expresó su molestia al secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
No
pasó nada. Campa continuó con su tarea, pero en el plano internacional, donde
el Gobierno mexicano se encuentra en el banquillo de los acusados, no ha
funcionado la estrategia.
De
acuerdo con un documento confidencial del Gobierno de Estados Unidos, se
suspendió toda la ayuda militar al 102º Batallón de Infantería, pendiente a que
se den a conocer los resultados de la investigación de Tlatlaya.
Otro
documento desclasificado del Comando Norte estadunidense menciona la sospecha
que los militares tienen nexos con los cárteles de la droga en Guerrero.
Las
acusaciones contra el Ejército no dejan de crecer, como se aprecia en el último
informe del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos, uno de los más
críticos de los últimos años.
Las
molestias del general Cienfuegos contra Campa buscaron ser apaciguadas en Los
Pinos.
El
jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, pidió una reunión entre los
mandos militares y funcionarios de la Secretaría de Gobernación para reducir
las tensiones.
Por
las declaraciones del secretario de la Defensa a la prensa, aquella fue
efímera.
Lo
que el general Cienfuegos quizás ya sabe es que Campa no está mal dentro de la
lógica de Los Pinos, donde el control de daños para el presidente Peña Nieto pasa
por el sacrificio del Ejército.
(ZOCALO/
COLUMNA “ESTRICTAMENTE PERSONAL” DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 01 DE JULIO 2015)
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