Irregularidades
en las declaraciones patrimoniales, fuga de capital, errores de contabilidad y
quejas por falta de transparencia, son algunos de los conflictos que provocaron
la suspensión temporal de Maribel Quintero Solaiza de la administración del
Centro Cultural más emblemático de Ensenada
El Centro Cultural
Riviera del Pacífico, uno de los edificios emblemáticos de Ensenada desde 1930,
sufre la peor crisis de su historia, al detectarse actos de corrupción como
irregularidades en la entrega de tres declaraciones patrimoniales, quejas por
información que no se hace llegar al órgano de Transparencia, fuga de efectivo
y errores en la contabilidad.
El 4 de diciembre de
2014, la ex administradora, Maribel Quintero Solaiza, fue suspendida de manera
temporal por Sindicatura Municipal, entidad que lleva a cabo investigaciones
por presuntas anomalías, y, en caso de que se comprueben las posibles faltas,
el director del Riviera, Jorge Ramírez García, tendrá que asumir
responsabilidades.
El síndico
procurador Iván Barbosa Ochoa, explicó que estos cuatro expedientes en la
subdirección jurídica -o Departamento de Responsabilidades- y otros reclamos
relacionados con obras asignadas de manera directa sin pasar por un proceso de
licitación, descuentos por renta de salones cuando el único facultado para
autorizar reducciones, es el alcalde Gilberto Hirata Chico, desorden en la
contabilidad y en general, los débiles sistemas de control interno, se
encuentran en investigación.
“Cabe mencionar que
cada una de las partes tiene que comparecer y entregar sus pruebas, y como
convenga resolver. Será en ese momento cuando se determine si son responsables
o no, de los actos que se les imputan”, añadió.
Entre las
observaciones, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado advirtió sobre
las cuentas públicas de 2011, 2012 y 2013 que no se entregaron en tiempo,
cuando la fecha límite en cada una fue el 31 de marzo. En ese sentido, el ORFIS
está por concluir sus investigaciones y también hará sus observaciones.
En tanto, el
director, titulares de contabilidad, administración o quienes sean mencionados
durante las diferentes audiencias, serán llamados a comparecer.
“Las investigaciones
han sido complicadas porque hay desorden en la contabilidad, para seguirle la huella
a un movimiento requiere tiempo. Buscamos que se recupere la confianza de la
ciudadanía en las instituciones públicas, esa es nuestra principal labor como
Sindicatura”, apuntó el funcionario.
Sindicatura solicitó
un contrato en el que se especifican, de manera detallada, las funciones de la
administradora, para poder “amarrar” con las actividades que dijo realizar al
frente de la administración por los descuentos en los salones y retenciones a
una ex empleada.
“Le vamos a dar un
tiempo, porque como su abogado renunció y ya no la va a representar, legalmente
tiene que tener una debida defensa; vamos a citar para que presente a la nueva
defensa. Se cierra el periodo de alegato y se cita para resolución”, comentó
Barbosa Ochoa.
ZETA trató de
comunicarse con Maribel Quintero Solaiza, quien en redes sociales habló sobre
su situación laboral, asegurando que su escaso oficio político le ha traído
consecuencias.
EL ERROR DE LOS TRABAJADORES DEL RIVIERA
En febrero de 2014,
una auditora de Sindicatura Municipal se acercó a las oficinas del Centro
Cultural Riviera del Pacífico para pedir en renta uno de los salones sociales
del inmueble, con motivo de la celebración de un evento familiar. Como parte de
sus responsabilidades como servidora pública, realizó una revisión a la
paramunicipal, y encontró que el depósito del dinero con el que pagó el salón
no estaba registrado. Tres meses después, se ingresó el monto en la
contabilidad, aunque fue en octubre cuando se inició con el proceso.
Existen
señalamientos pendientes de corroborar, como que se cobraron tarifas menores a
las establecidas para la renta de salones sociales, es decir, se encontraron
precios que no coinciden con los autorizados en los paquetes, mismos que
incluyen el salón, la bebida y el mobiliario.
LA HISTORIA
De inicio, el
Riviera funcionó como hotel y casino, pero 50 años después, se solicitó a la
Comisión Nacional de Zonas y Monumentos Artísticos del Instituto Nacional de
Bellas Artes (INBA), que el Riviera fuera declarado Patrimonio Histórico de
México.
Desde hace más de 40
años, el edificio del Riviera, ubicado en el corazón del Bulevar Costero de
Ensenada, obtiene parte de sus ingresos municipales de la renta de salones
sociales, jardines y oficinas.
En anteriores
ayuntamientos desestimaron el potencial económico de este lugar, que anualmente
deja por lo menos 10 millones de pesos de ingresos a la administración pública
municipal, hasta que detectaron abusos en detrimento del presupuesto.
El diseño
arquitectónico ha pasado por varias etapas desde que se construyó por primera
ocasión, ya que de entrada se destruyó casi la totalidad del inmueble y,
después, un incendio deformó parte de la arquitectura.
Años atrás, el lugar
albergaba varias piezas históricas de las que no se tiene inventario, y aunque
también se realiza una investigación respecto al desaparición de arte y objetos
valiosos, es difícil comprobar porque no existe un registro de éstos.
RETIENEN Y NO PAGAN
Una ex empleada de
la paramunicipal, emitió una queja ante Sindicatura porque, al ser despedida de
su trabajo, la administración del centro cultural le retuvo 32 mil pesos de su
liquidación para cubrir una deuda con una casa financiera, sin embargo, ese
dinero no se entregó a los prestamistas y cayó en cartera vencida. En octubre, el
adeudo comenzó a generar intereses moratorios. Finalmente, del propio recurso
del Riviera se solventó tanto el préstamo, como los intereses adicionales.
Con motivo de las
posibles irregularidades en la administración del Centro Social, Cívico y
Cultural Riviera de Ensenada, la regidora Ana Gabriela Bórquez Gómez, en su
carácter de coordinadora de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología, y consejera de dicha paramunicipal, manifestó su preocupación por
la situación que enfrenta uno de los edificios más significativos en la ciudad.
Como edil, Bórquez
Gómez dice estar atenta a dichas investigaciones y a la espera de los
resultados de las mismas, en las que se deslinden las responsabilidades
correspondientes y se apliquen las sanciones y acciones legales pertinentes
contra quienes resulten responsables.
“No se debe tolerar
en esta administración a servidores públicos deshonestos ni actos ilegales, que
atenten contra la buena marcha de la administración pública municipal,
considero necesario y oportuno que todas y cada una de las entidades
paramunicipales sean auditadas y se verifique que su actuación esté apegada a
la legalidad”, indicó.
Los cobros que no
estén dentro de la nueva Ley de Ingresos no podrán realizarlos, ya que
anteriormente las paramunicipales no registraban sus ganancias, como cobros por
estacionamiento; en el caso del Riviera, los recorridos nocturnos subterráneos
y de turistas de cruceros.
BASE DE EMPLEADOS
En el centro se
tienen contratados 34 empleados, el 65 por ciento de ellos se dedican al
mantenimiento general y jardines, líneas eléctricas y vigilancia. El resto son
administrativos.
Hay 14 espacios
sociales que se rentan, desde salones cerrados, hasta jardines, parques,
teatros y estacionamientos. El costo varía entre mil 570 hasta 19 mil 150
pesos. La tarifa aumenta, dependiendo de los servicios que se contraten.
Jorge Ramírez García
constató que a partir de su arribo al cargo como director general del edificio,
se encontró con dificultades a nivel
administrativo, mismas que han tenido que sortear, “desde sabotaje a los
regidores contables, hasta una rotación del personal motivada por la falta de
compromiso de los despedidos”, asegura.
Más adelante,
reconoce que están por concluir la cuenta pública, pero es necesario hacer una
reorganización de actividades del personal, actualizar manuales para definir
puestos acorde a los cambios financieros y fiscales, así como adecuarlos en su
función interna a las normas, leyes y reglamentos vigentes.
“Nuestro registro
ante Hacienda está como ‘sitios históricos, protección, conservación,
restauración y recuperación del patrimonio cultural de la nación’, si perdemos
ese registro, dejaremos de ser donataria autorizada por excepción”, advierte
Ramírez García.
LA LEY
El órgano de control
del gobierno municipal podría proceder de dos maneras: la vía administrativa,
por actividad administrativa irregular, la vía penal, o por ambas, será decisión
de la instancia.
En su Artículo 298,
el Código Penal para el Estado de Baja California establece: “Comete el delito
de peculado el servidor público que, para usos propios o ajenos, distraiga de
su objeto, dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al
Estado o municipios, a organismos descentralizados o a un particular, si por
razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por
otra causa, hasta diez años de prisión, dependiendo del valor de los bienes
desvirtuados e inhabilitación para ejercer otro cargo de carácter público”.
Por la vía
administrativa, en lo que respecta a Responsabilidad Administrativa y bajo la
premisa de que todos los servidores públicos deben desempeñar su función,
empleo, cargo o comisión observando siempre los principios de legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, actuando dentro del orden
jurídico, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Baja California especifica cuáles deben ser obligaciones de los servidores
públicos.
En cuanto a las
sanciones, el Artículo 59 determina que van desde la amonestación pública o
privada que queda en su expediente, a la suspensión, que consiste en la
separación temporal sin goce de
prestaciones; o en su defecto, la destitución, que deriva en la separación
definitiva del cargo, empleo o comisión decretada mediante el procedimiento de
responsabilidad; además de la sanción económica, que es el pago en dinero que
en concepto de retribución, debe hacer el servidor público responsable a favor
del erario estatal o municipal, por la infracción cometida, la cual será
exclusivamente en los casos en que se obtenga lucro o se ocasionen daños o
perjuicios al erario estatal o municipal.
(SEMANARIO
ZETA/ REPORTAJEZ/LORENA LAMAS/15 DE DICIEMBRE DEL 2014 A LAS 12:00:00)
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