* Diputados aprobaron una iniciativa para regular y
permitir las casas de apuestas en el país
* Promulgada la Ley, a los casineros se les respetará
y se les renovarán sus permisos para operar. Deberán operarlos en dos años para
mantenerlos
* Ex secretario de Gobernación, Manuel Bartlett,
señala a Beltrones de impulsar y mantener “los intereses económicos y
delincuenciales de los casinos”
* Los casinos son la puerta “para el lavadero de
dinero, narco, ludopatía y explotación del pueblo de México”
* “Fox generó la proliferación de estas lavaderas de
dinero y la generación de un problema muy grande para el país. Así como tenemos
enfermedades de tabaquismo, la patología creada por Fox y la Secretaría de
Gobernación, es en contra de los intereses de este país”
Las apuestas, las
carreras de caballos, los casinos, mantienen de sus orígenes el germen de la
delincuencia y la mafia. Una sombra histórica de lavado de dinero y crimen
persigue a la industrial del casino, que en México se detonó durante las
presidencias de la República encabezadas por el Partido Acción Nacional.
El caso más cercano
para los bajacalifornianos, son las declaraciones vertidas en expedientes
judiciales ante la Procuraduría General de la República (PGR), en la
averiguación previa de 2012 donde, por medio de un testigo protegido, se señaló
cómo en las instalaciones del Hipódromo Caliente se llegó a estacionar
marihuana en cajas de tráileres para su trasiego.
En el mismo
expediente judicial (PGR/SIEDO/UEITA/117/2012), se da detalle de cómo supuestamente,
los ahijados de Jorge Hank Rhon -ex alcalde de Tijuana-, Jorge Mario y Jerónimo
Vera Ayala, estaban relacionados con el Cártel de los Arellano Félix, y cómo
durante la presidencia municipal del priista, operaron y ejecutaron algunos
homicidios.
O bien, el caso del
cómo la actual Secretaría de Gobernación
modificó un permiso de casino inicialmente dirigido a una empresa de
Jalisco, que terminó para la operación en Tijuana, en el Grand Hotel, propiedad
del ex alcalde -también de extracción priista- Carlos Bustamante Anchondo, a
nombre de su hijo y otros ex colaboradores de su gobierno.
En el ámbito
nacional, la violencia e inseguridad alrededor de los establecimientos también
han marcado la historia del país. La masacre del Casino Royale en Monterrey,
donde un grupo perteneciente al Cártel de Los Zetas incendió el establecimiento
en agosto de 2011, asesinando a 52 personas, entre ellas una mujer embarazada.
Muchos de los
permisos para operar casinos, se otorgaron en el sexenio de Vicente Fox Quesada
y de Felipe Calderón Hinojosa, entre 2000 y 2012. La carrera política de
Santiago Creel fue sellada por haber otorgado desde la Secretaría de
Gobernación (SEGOB), autorizaciones para operar 432 centros de apuestas y salas
de sorteos por periodos de 25 años.
Los permisos que
otorgó Creel, según la página oficial de la SEGOB, cinco días ante de dejar la
Secretaría con miras a la candidatura presidencial por su partido, incluyeron
al dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, Olegario Vázquez del Grupo Imagen
y el concesionario de la televisora
Azteca, Carlos Abraham Mafud. Tan solo a Televisa le autorizó con un solo
permiso, 170 centros de apuestas.
El registro de la
Dirección que Regula los Juegos y Casinos de la SEGOB tiene publicado que en su
último periodo presidencial, Calderón terminó otorgando permisos para abrir 94
casas de apuestas, como a Juan Iván Peña Néder, ex funcionario de Gobernación,
el 30 de noviembre de 2012, el último día de su administración.
Peña Néder (liberado
en noviembre de 2013) estuvo preso desde 2011 por violación tumultuosa en
agravio de su propia esposa, la abogada de las autodefensas en Michoacán y ex
diputada, Talía Vázquez Alatorre, acusado en una comisión especial en la Cámara
de Diputados de traficar y encabezar una red de corrupción de permisos con
casineros.
En ese contexto, los
diputados federales aprobaron el miércoles 3 de diciembre de 2014 una
iniciativa con proyecto de decreto que tiene como objetivo regular y otorgar
permisos a los establecimientos que ya operan en el país.
El dictamen,
presentado por la Comisión de Gobernación con proyecto de decretar la nueva Ley
Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos, se aprobó en lo general por 297
diputados y en lo particular por 229 legisladores, en su mayoría priistas, y en
la ausencia de 199 diputados. El dictamen fue turnado al Senado para su
revisión.
Manuel Bartlett
Díaz, quien fue secretario de Gobernación y encargado de controlar las apuestas
desde el Gobierno Federal, argumenta en entrevista con ZETA que los casinos son
las puertas “para el lavadero de dinero, narco, ludopatía y explotación del pueblo
de México”.
Remata el senador:
“Vamos a regular,
vamos a hacer que se olvide lo que es eso. El juego en los casinos debe
eliminarse, como debe eliminarse toda enfermedad que no debe de promover el
Estado. Ahí está otra vez, el interés porque es el lavado de dinero”.
Y advierte:
“Viene una Ley que
no es más que… mantener los intereses económicos y delincuenciales de los
casinos con una nueva Ley”.
LOS DADOS CARGADOS
A partir de que el
diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, presentara y se aprobara un
punto de acuerdo en enero de 2013, el Congreso integró una Comisión para
investigar el otorgamiento de permisos para la operación de casinos.
En esa ocasión, la
iniciativa de Monreal buscó que la PGR diera a conocer los expedientes de
operadores de casinos para esclarecer corrupción y tráfico de influencias por
ex funcionarios de la SEGOB.
Aquellas mesas de
trabajo se realizaron en la Comisión para indagar el funcionamiento de las
instancias de Gobierno Federal, relacionadas con el otorgamiento de permisos
para juegos y sorteos, hoy presidida por la diputada Aurora Aguilar Rodríguez.
En entrevista con
ZETA, la panista resalta que durante la revisión de los expedientes de los
permisos a casinos y casas de apuestas, encontraron “un desorden documental…
muchos de los dueños u operadores de casinos funcionaban con amparos federales,
algunos otorgados por el ministro de la Suprema Corte, Alberto Pérez Dayan, por
cierto, ministro a quien se le pidió por medio de otro exhorto, excusarse en la
resolución que los diputados solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) respecto la inconstitucionalidad del reglamento de casinos,
creado durante la administración foxista y que permitió la apertura de cientos
de establecimientos relacionados con este giro”.
Los resultados de
las investigaciones hechas por la Comisión, irregularidades o el desorden
documental, fueron entregados a la directora general de Juegos y Sorteos de la
SEGOB, Marcela González Salas, para que tomara cartas en el asunto.
Aurora Aguilar
recuerda: “Lo que te puedo decir es que nosotros señalamos la irregularidad
documental, faltaban documentos en los expedientes, ¿qué hizo el Poder
Ejecutivo? Yo le pregunté a la directora si había puesto alguna denuncia o
abrir algún expediente, me dijo que no”.
Posteriormente
razona: “Fue entrarle a esto (a redactar la nueva Ley), sea quien sea el
gobierno, si no hay una regulación, difícilmente podemos hablar de controlar a
la industria y regularla”.
Fue a la legisladora
originaria de Tlaxcala, a quien le tocó encabezar la redacción del dictamen y
de la nueva Ley, la cual califica como “un instrumento jurídico legal de
vanguardia”.
La diputada afirma:
“Hay que regularizar los ya abiertos, primero con la nueva Ley, y empezar a
cumplir con la Ley”. Incluso, los casinos que no estén abiertos o amparados
tendrán oportunidad de regularizarse.
Aguilar explica:
“Los establecimientos que tengan amparo de permiso, no amparo jurídico, sino
que el permiso les permite abrir, además, los establecimientos que no estén
abiertos, como tienen derechos adquiridos la solución jurídica es darles un
plazo, se les da 24 meses para que abran los establecimientos”.
La presidenta de la
Comisión Especial para Juegos y Casinos defiende:
“Yo creo que los
mexicanos tenemos libertad para entretenernos como mejor nos plazca, en el
ámbito de la Ley. Los casinos estaban ahí, y la realidad es que no había quien
pudiera al jugar, condiciones mínimas de seguridad e higiene, condiciones de
retorno de sus apuestas; no había un control sobre los estados financieros de los casinos, no
había ni siquiera claridad de quienes eran los dueños.
“Entonces
-finaliza-, eso hoy por hoy, partiendo de esta premisas, ‘ya están los casinos,
ya tienen derechos adquiridos’, lo que tenemos que hacer es regular”.
EL AZAR Y LA POLÍTICA ES DELINCUENCIAL: MANUEL
BARTLETT
En 1970, Manuel
Bartlett Díaz era apenas un hombre de 34 años, formado en el priismo hegemónico
y en la Universidad Nacional Autónoma de México con promedio ejemplar, hijo de
un ex ministro de la Suprema Corte y ex gobernador de Tabasco. En ese año era
nombrado director general de Gobierno de la Secretaría de Gobernación.
Era el joven priista
de los años setenta, durante el sexenio de Luis Echeverría, el encargado de
perseguir las apuestas clandestinas y mantener el control desde el Estado.
Tenía la responsabilidad -dice- “de traerlos en jaque”.
En entrevista con
ZETA, evoca:
“Cuando estuve en la
Secretaría de Gobierno, el objetivo siempre fue no permitir el juego en una
especie de mecanismo frente a la tensión que generaban las apuestas y los
sorteos. Los gallos, el juego y las ferias, había que estarlos controlando y se
controló durante años”.
La Ley de Juegos y Sorteos “con 17 artículos en 1947
-continúa-, su concepto era controlar el juego porque el juego estaba vinculado
a actividades criminales, y el juego debe ser cuidado como un problema
psicológico de un país”.
El de Puebla
ascendería en su carrera política y, en su responsabilidad en el Estado
mexicano, en 1982 al lado del entonces Presidente Miguel de la Madrid, fue
nombrado secretario de Gobernación. Si alguien persiguió las apuestas e
identificó al crimen organizado dentro de la industria, fue Bartlett.
En sus memorias,
esculca, y hace un recuento de la historia del juego: “En un momento del
periodo post revolucionario, cuando se intentaba institucionalizar el país, se
empezó a desarrollar el juego en la frontera por ex funcionarios
revolucionarios, a través de los casinos. Eso generó un grave problema político
y ético, y se connotó con los años. La fuerza de estos capos revolucionarios y
los recursos que estaba generando el juego, por eso se canceló el juego”.
El ex secretario de
Gobernación recuerda: “Yo tuve las presiones, había una línea política desde
años atrás que establecía que el juego no se debe promover en el país, y lo que
han hecho es promoverlo para negocios privados. No tuve problemas porque tampoco
le quitamos el hipódromo a un personaje que estaba vinculado con el
narcotráfico, Johnny Alessio, hicimos un cambio allá (en Tijuana) porque había
una determinación política”.
Bartlett hace
alusión al antecesor de Jorge Hank, el entonces dueño del centro de apuestas
Caliente: “El Hipódromo de Tijuana estuvo vinculado con el narco por muchos
años, Johnny Alessio era quien manejaba aquello, y ahora con otros apellidos.
“Tuvieron una
influencia en México hasta en el Distrito Federal en hoteles como en el Hotel
Reforma, con personajes norteamericanos del juego y de la droga que veían como
objetivo Acapulco en época de alemanismo, como intento de recuperar el ímpetu
del juego vinculado a las drogas. Eso se frenó”.
Además, ese control
responde a un “problema de salud pública” y de seguridad: “El juego en carreras
de caballos, en casinos, tiene obviamente un origen delincuencial”.
Por eso el senador
no confía en el dictamen recién aprobado: “Conozco el origen de la Ley, que es
la Cámara de Diputados con (Manlio Fabio) Beltrones a la cabeza, ya nada más en
eso, estamos mal, de entrada”.
— ¿Afirma que el
diputado Beltrones está detrás de los intereses de los casinos?, sugiere el
reportero.
“¿Quién es el que
controla férreamente la Cámara de Diputados? ¿Quién controla a la fracción del
PRI en la Cámara de Diputados? ¿Quién logró esa Ley? Se llama Manlio Fabio
Beltrones”.
No es la primera vez
que el nombre del ex gobernador de Sonora se relaciona con casinos y centros de
apuestas. En 2005 se le vinculó con uno de los accionistas de la empresa
Divertimex, a la cual Santiago Creel había otorgado autorización para la instalación de casinos en Sonora.
Y no solo eso. En su
momento, se identificó al dueño de los casinos, Faustino Islas Ponce, ex
colaborador a Beltrones en su gobierno estatal y hombre cercano. De ahí de que
en agosto de 2006, el priista declarara a la prensa nacional: “Me ligan con
casinos para confundir”.
EL JUEGO DEL PANISMO
Manuel Bartlett
ubica igualmente la proliferación de la corrupción desde la Policía con el
crimen y los casinos en las administraciones panistas. Argumenta:
“En el panismo,
siendo secretario de Gobernación, Creel se redacta un reglamento de la Ley de
1947 para abrir el juego tramposamente, porque la Ley lo tenía regulado,
entonces, tramposamente controlan la intención y el objetivo donde está la
corrupción, porque a mí me tocó como subdirector y director de la Secretaría de Gobernación,
traerlos en jaque”.
Así define el
reglamento de Fox y Creel, y que ha amparado hasta la fecha a la mayoría de los
casinos y centros de apuestas: “Inventar que un reglamento podría abrir y
regular y poner orden, fue abrirles la puerta a los casinos, a los juegos y al
lavado de dinero”.
Ese reglamento
-amplía el hoy senador- fue absolutamente anticonstitucional porque iba más
allá de la Ley, entonces, en su momento el ex Presidente Fox promulga ese
reglamento y se genera un conflicto. “Este reglamento no era más que un
impulsor de los intereses del juego, del lavado de dinero y el tráfico de
drogas, ése es el origen de ese reglamento”.
Incluso, la Suprema
Corte avaló el reglamento, y para Bartlett, colaboró para crear el ambiente de
corrupción y delincuencia: “Ese reglamento fue constituido por Fox-Creel, fue
analizado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ésta misma que echó
abajo la consulta popular y declaran constitucional el reglamento.
“Hubo ministros de
la Corte –rememora- como Góngora Pimentel, que dijeron está muy mal aprobar
este reglamento, es aprobar el lavado de dinero en estos casinos que son para
eso, el país cuando empezaba el crecimiento del narco”.
Finalmente, la Corte
se somete “a esta prolepsis del país con Fox, y se permite el reglamento. A
partir de ahí es una locura de permisos que da la Secretaría de Gobernación.
Esos funcionarios se dedicaron a dar permisos grotescos que no solamente eran
para un casino, sino para una serie de casinos en un solo permiso. Una brutal
corrupción en la Secretaría de Gobernación.
“Fox generó la
proliferación de estas lavaderas de dinero y la generación de un problema muy
grande para el país. Así como tenemos enfermedades de tabaquismo, la patología
creada por Fox y la Secretaría de Gobernación, es en contra de los intereses de
este país”, sostiene el ex titular de la SEGOB.
La sátira: “Vamos a
regular (también) el narcotráfico”
La violencia, el
narcotráfico y los miles de millones que generan las apuestas, aderezan la
política del gobierno y los diputados. Bartlett lo exhibe: “El problema que
explota, los muertos y los incendios, son porque los narcos no están contentos.
Se hizo un escándalo que ya se olvidó”.
Sugiere: “Se
necesitaba una acción de salud pública, y no una promoción supuestamente
controlada”.
Bartlett no toma
aire. Conoce desde las entrañas al PRI, al Gobierno Federal, las leyes locales
siendo gobernador, y actualmente, desde la Cámara de Senadores, al Poder
Legislativo: “Hoy la política es una total y absurda corrupción”.
Considera que la
nueva Ley de Casinos es solo una hermana del reglamento foxista: “Ahora cae en
la Cámara de Diputados y viene una Ley que no es más que lo mismo: mantener los
intereses económicos y delincuenciales de los casinos con una nueva Ley que
supuestamente va a hacer lo mismo que hizo ese reglamento para regular.
“Vamos a regular,
vamos a hacer que se olvide lo que es eso. El juego en los casinos debe
eliminarse, como debe eliminarse toda enfermedad que no debe de promover el
Estado. Ahí está otra vez el interés porque es el lavado de dinero. De todos
esos ex gobernadores que ahí andan en la Cámara de Diputados”.
Remata: “Entonces,
vamos a regularizar el narcotráfico, el lavado de dinero, la corrupción. Hay
que ponerle reglas a todo”.
LA LEY EN 10 PUNTOS
01. A diferencia de cómo operan los casinos o centros
de apuestas, a partir de la Ley será un permiso por cada establecimiento. Eso
significa mayor número de permisos y de establecimientos.
02. Contrario al procedimiento de los concesionarios,
de obtener primero el permiso de Gobernación y luego el del Municipio, primero
se deberá contar con la licencia de uso de suelo georreferenciada del
Ayuntamiento, y con eso y el resto de los requisitos, presentarse ante la
Secretaría de Gobernación
03. Que no se permita el ingreso a casino y casas de
apuestas a menores de 21 años, ya que, de acuerdo a la Organización Mundial de
la Salud, según el dictamen aprobado, entre los 17 y 21 años, es cuando los adultos
jóvenes están más propensos a las adicciones.
04. La creación del Instituto Nacional de Juegos y
Sorteos, entidad que se encargará de regular de manera descentralizada de
Gobernación.
05. El Instituto creado tendrá atribuciones para
inspeccionar, sancionar y clausurar establecimientos.
06. Se establecerán protocolos y se diseñarán
procedimientos para evitar los delitos y el lavado de dinero, además de revisar “que no haya recursos de procedencia
ilícita en casinos” al momento de su apertura.
07. Penas o sanciones para quienes falseen
información.
08. Presentar documentos financieros cada tres meses
al Instituto, no solamente al Servicio de Administración Tributaria (SAT),
auditados en sus finanzas.
09. Máquinas certificadas y homologadas a un Sistema
Electrónico Central.
10. Reconocer ludopatía como una enfermedad, y
emprender acciones para combatirla.
LA DE 1947
A la fecha, la
legislación que “regula” las apuestas y los casinos está basada en la Ley
Federal de Juegos y Sorteos, promulgada en 1947. En esta legislación se
prohibía y se siguen prohibiendo las apuestas y los juegos de azar.
Posteriormente, en 2004, el ex Presidente Vicente Fox decretó un reglamento
(sin derogar ni modificar la Ley) para “la autorización, control, vigilancia e
inspección de los juegos cuando en ellos medien apuestas”, lo que abrió que los
casineros se ampararan y proliferaran.
El mentado
reglamento fue incluso materia de una revisión en la Suprema Corte en 2004,
misma que dio validez constitucional.
La Ley de 1947
consta de solo 17 artículos y su espíritu recae en la prohibición su Artículo
1, y establece: “Quedan prohibidos en todo el territorio nacional, en los
términos de esta Ley, los juegos de azar y los juegos con apuestas”.
El segundo Artículo
da las excepciones: “Solo podrán permitirse: el juego de ajedrez, el de damas y
otros semejantes; el de dominó, de dados, de boliche, de bolos y de billar; el
de pelota en todas sus formas y denominaciones; las carreras de personas, de
vehículos y de animales, y en general toda clase de deportes y los sorteos”.
El tercero reparte
la autoridad a la SEGOB: “Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la
Secretaría de Gobernación, la reglamentación, autorización, control y
vigilancia de los juegos”.
LAVADO
Internacionalmente
se ha hecho el esfuerzo para estudiar y prevenir el lavado de dinero y las
ganancias multimillonarias que generan las apuestas y los casinos. Por ejemplo,
The Asia/Pacific Group on Money Laundering
(El Grupo Asia-Pacífico contra el Lavado de Dinero) elaboró un reporte
en 2009 junto con la organización Financial Action Task Force on Money
Laundering (Grupo de Trabajo de Acción
Financiera contra el Lavado de Dinero).
En su estudio
titulado Vulnerabilities of Casinos and Gaming Sector (Vulnerabilidades del
Sector de Apuestas y Casinos), ubica a la industria como campo fértil para las
actividades ilícitas. Dentro de las conclusiones del reporte, se estiman a los
casinos actividades financieras de “alto riesgo en relación con la amenaza de lavado
de dinero -y en menor medida de financiamiento del terrorismo-”.
Los mismos estudios
en la Cámara de Diputados para redactar la nueva Ley, tomaron en cuenta estas
organizaciones internaciones y sus reportes.
Algunas de las
características ideales para las actividades ilícitas dentro de los casinos y
apuestas, son expuestas en el reporte en mención:
“1.- Los casinos desarrollan una intensa serie de
transacciones en efectivo, operando generalmente las 24 horas del día y los 365
días del año.
“2.- La actividad lúdica está acompañada de una serie
de servicios financieros como apertura de cuentas, otorgamiento de créditos,
remisión de fondos al exterior, cambio de divisas y utilización de cheques.
“3.- Ocasionalmente, hay personas dedicadas ‘a
comprar’ los premios a los ganadores, a quienes se les paga una suma mayor de
la obtenida lícitamente mediante el juego con apuesta.
“4.- Se utilizan las salas VIP para cederlas a grupos
criminales, de cara a favorecer el anonimato, y con ello, prácticas ilegales
como la extorsión, usura, corrupción y explotación de la prostitución”.
(SEMANARIO
ZETA/ REPORTAJEZ/ ISAÍ LARA BERMÚDEZ/ 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 A LAS 12:00:01)
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