Autoriza Congreso a Malova más endeudamiento al permitirle otorgar contratos a particulares para construir dos hospitales
Luego de casi cinco años de espera en la congeladora del Congreso del
Estado, la actual legislatura autorizó, en el último punto de su última
sesión extraordinaria, que la administración de Mario López Valdez
decida el otorgamiento de dos contratos a particulares para que
construyan obras y presten servicios públicos en Sinaloa.
El tema ha causado polémica a nivel nacional, al argumentarse que
“este modelo incrementará los incentivos para la corrupción y la
irresponsabilidad pública, ya que el Gobierno estatal otorga contratos a
la iniciativa privada y hereda deudas hasta por 40 años a las
siguientes administraciones.
El jueves pasado, los diputados de la 60 Legislatura aprobaron por
unanimidad la autorización para que el Gobierno estatal contrate a
particulares la construcción y operación de los hospitales generales de
Culiacán Dr. Bernardo J. Gastélum y de Mazatlán, Dr. Martiniano
Carvajal, que reemplazarán a los actuales y que serán pagados con
recursos públicos en un plazo de 25 años.
De acuerdo con el dictamen emitido por la Comisión de Hacienda
Pública y Administración, el proyecto del Hospital General de Culiacán
tiene un costo de 3 mil 794 millones de pesos, mientras que el de
Mazatlán asciende a 2 mil 849.7 millones. Los pagos anuales serán de 311
millones de pesos para el primero y 220 millones para el segundo,
durante 25 años, sin considerar la inversión en capital de trabajo.
La iniciativa de decreto fue enviada por Malova el pasado 25
de octubre al Congreso del Estado, turnada a la Comisión de Hacienda
Pública y programada para primera lectura tres días después, para
dispensar la segunda lectura y aprobarla el 21 de noviembre, en un
proceso que duró menos de un mes.
Con esta nueva modalidad de contratos, llamados de Colaboración
Pública Privada o Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), los
inversionistas privados tendrán en Sinaloa la facultad de diseñar,
construir, financiar y operar servicios e infraestructura pública, así
como reconocer como deuda pública los acuerdos que logren negociarse
entre Gobierno y empresarios.
La iniciativa contempla que las erogaciones correspondientes deberán
incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos, teniendo
preferencia respecto de otras previsiones de gasto. Esto implicaría para
los gobiernos la imposición de una prioridad en el ejercicio del gasto
público, por encima de la inversión destinada a obra pública, a gasto
social y a los propios servicios públicos municipales.
En estos proyectos, la parte privada, que es propietaria del inmueble
mientras dura el plazo, se ocupa de la administración y mantenimiento
del edificio, de los materiales y suministros, del equipo y mobiliario y
de servicios como laboratorio y radiografías; mientras que el Estado
brinda la atención a la salud por parte de médicos y enfermeras
contratados y pagados por él.
La legalización de contratos para que particulares construyan obras y
presten servicios públicos en Sinaloa se discutió en la anterior
legislatura. Entonces, los diputados de los partidos Acción Nacional y
de la Revolución Democrática se opusieron al proyecto, al señalar que es
un modelo que genera más corrupción y en el que empresarios y políticos
hacen el gran negocio a costa del erario público.
Los PPS doblan la deuda estatal
Hoy solo hubo pronunciamientos a favor, a excepción del diputado Manuel Cárdenas Fonseca del Partido Nueva Alianza (Panal),
quien denunció que “ambos proyectos representan la ineficacia en la
ejecución del gasto estatal y que permite un endeudamiento que elevará
la deuda pública a casi 14 mil millones de pesos”.
Para Cárdenas Fonseca los contratos de colaboración pública privada
son “el más claro y lucrativo negocio” de grupos político-empresariales
de Sinaloa, para amasar fortunas a partir del patrimonio de la sociedad.
Entrevistado por Ríodoce, dijo que “este es un asunto de
manipulación, de incompetencia en la administración del Sector Salud y
de absoluta ineficacia en la ejecución del gasto” del actual gobierno,
porque “se pasa de la obligación del Estado de proporcionar servicios de
salud, al criterio de la maximización de las utilidades que es el
principio básico empresarial”.
El integrante de la Junta de Coordinación Política del Congreso
estatal afirmó que “si la deuda pública en Sinaloa se ha incrementado
hasta llegar a los siete mil y pico millones de pesos, más del doble de
cuando se recibió la administración estatal”, con la autorización de
estas obras “se va a ir a 13 o 14 mil millones de pesos”.
El diputado aliancista agregó que “aquí la pregunta es en cuánto se
incrementa la deuda respecto al producto interno bruto y de la capacidad
de pago del Gobierno estatal, se trata de a qué costo están otorgando
los servicios de transacción para que los pague la sociedad en su
conjunto”.
El legislador dijo que “por eso es lastimoso que digan que están
administrando bien; no nomás están administrando pésimamente el gasto,
sino que las políticas no están orientadas a tener una sociedad sana,
sino por el contrario, están alineadas para generar una sociedad
dependiente de los fármacos especializados y de alto costo para las
enfermedades crónico-degenerativas. Esto es un negocio, máxime en
Sinaloa, en donde tenemos el primer lugar en obesidad infantil”.
Manuel Cárdenas indicó que “lo más grave todavía es que si la
Constitución te señala que cualquier tipo de deuda necesita la
aprobación de mayoría calificada de los Congresos, la actual
legislatura, en un mayoriteo absurdo, quién sabe por instrucciones de
quién, votaron para que esta deuda se apruebe con mayoría simple; quiere
decir que si el día de mañana hay 21 diputados, hay quórum, con 12
puedes endeudar con 30 mil millones si te da la gana”.
—¿Cree que la aprobación de estos contratos equivale a reconocer
la incapacidad de los gobiernos de brindar servicios, en este caso de
salud?
—Yo creo que es un asunto de negocios, en una colusión entre grupos político-empresariales.
—¿Hay ventajas financieras para el Estado con estos contratos?
—Es el más grato y lucrativo negocio, así como es el gran negocio de
la guerra so pretexto de la paz, así como las grandes fortunas se hacen
de las riquezas que pueda tener el pobre en su conjunto, así es la
materia de salud en un país que tiene 120 millones de habitantes. Los
que terminen ganando esta licitación y firmen el contrato, no habrá
banco que no les tire con el dinero porque tienen como garantía las
aportaciones de la Federación. Pero adicionalmente están las
subvenciones que aporta el Estado para hacerle más barata la inversión
al empresario, y más amplia su utilidad. Eso es todo.
—¿Entonces sale más caro autorizar estos esquemas?
—Claro, hay contratos que han costado 40 veces más de lo que se
firmó, ¿para qué metes un tercero si el banco va tener una garantía
liquida? En el contenido del decreto se dice que puedes firmar lo que te
dé la gana, cambiar lo que te dé la gana, hacer todo lo que esté a tu
alcance e inclusive afectar otras fuentes de ingreso para pagar esta
deuda. Toda obligación de pago es deuda.
Ganancias privadas con recursos públicos
El riesgo de los PPS es que los contratos sean autorizados a
empresarios-políticos como pago de favores, como sucedió en Tamaulipas,
en donde las familias Mariscal Servitje y Mariscal Torroella se vieron
beneficiadas con un contrato de financiamiento multianual superior a los
4 mil millones de pesos, para la construcción e instalación de uno de
los hospitales regionales de Alta Especialidad (HRAE), un gasto excesivo,
pues un hospital del mismo tipo en realidad significaría el pago de 500
millones de pesos y quedaría bajo el control total de la administración
pública.
Estos señalamientos fueron hechos por Asa Cristina Laurell,
especialista en el tema, quien dijo que la entrega de los contratos a
estas empresas “significa favorecer a la gente que ha sido políticamente
alineada con el gobierno en turno. Esto es muy grave porque es la
continuidad de la política como negocio”.
Laurell, quien ha participado en foros nacionales sobre el
funcionamiento de este esquema, mencionó que “sin duda los PPS son un
modelo de financiamiento innovador, pero también abren las puertas para
que los particulares entren, acompañados del favoritismo y la
corrupción, a hacer negocios. Y representan un enorme riesgo para las
finanzas públicas del Gobierno del Estado y Municipios”.
Datos duros
— 16 de enero de 2009. El ex gobernador Jesús Aguilar Padilla (JAP)
presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para la
incorporación a la Constitución local de la figura de los “contratos de
colaboración público privada” en materia de prestación de servicios
públicos.
— 1 de julio de 2009. Ante la falta de respuesta de la 59
legislatura, JAP envía de nuevo la iniciativa y los decretos de reforma y
adición de disposiciones de diversas leyes fiscales.
— 14 de julio de 2009. Primera lectura de la iniciativa.
— 21 de agosto de 2009. Programada para su segunda lectura, la
iniciativa fue pospuesta. Desde entonces permanecía en la congeladora
del Congreso.
— 10 de diciembre de 2010. Recién instalada la actual legislatura,
JAP ratifica las iniciativas que no fueron resueltas, y envía de nuevo
la de los Contratos de Colaboración Público Privada.
— 3 de octubre de 2012. A petición de Malova, el Congreso expidió el decreto 689, que sienta las bases para legalizar contratos de colaboración público privada.
— 19 de diciembre de 2012. El decreto 689 se publica en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa.
— 27 de marzo de 2013. Se expide la Ley de Contratos de Colaboración
Público Privada para Sinaloa, enviada por el Ejecutivo estatal, mediante
decreto 837.
— 15 de abril de 2013. La referida ley se publica en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa.
— 17 de mayo de 2013. Se instala el Comité de Análisis y Evaluación
de los Proyectos de Colaboración Público Privada de los Servicios de
Salud, establecido como requisito en la ley referida.
— 18 de julio de 2013. El comité instalado analizó y valuó la
viabilidad de los proyectos (dos hospitales) del Ejecutivo Estatal.
— 25 de octubre 2013. Malova envía iniciativa de decreto para
la aprobación de la construcción de los hospitales General de Culiacán
Dr. Bernardo J. Gastélum y de Mazatlán, Dr. Martiniano Carvajal, bajo la
modalidad de contratos de colaboración pública privada. Se turna a la
Comisión de Hacienda Pública del Congreso del Estado.
— 29 de octubre de 2013. Se le da primera lectura a la iniciativa.
— 21 de noviembre de 2013. En la última sesión extraordinaria del
Congreso, se dispensa la segunda lectura y se aprueba la iniciativa de Malova.
Opiniones de la 59 Legislatura para no aprobar la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para Sinaloa:
“Debemos poner candados a las empresas participantes y definir qué
porcentaje del presupuesto de las administraciones municipales y estatal
se va a comprometer, para que no afecte las finanzas de las próximas
administraciones”.
—Adolfo Beltrán Corrales. Diputado del PAN en la 59 legislatura.
“Los PPS son negocios privados con recursos públicos que no reporta
beneficios a la población, pues la prioridad para el pago de estos
proyectos impactará en la reducción de presupuestos de otros programas,
incrementando el proceso de deterioro y desmantelamiento de las
instituciones públicas”.
—Graciela Domínguez Nava. Diputada del PRD en la 59 legislatura.
“Yo no quiero decir si esto va a ser bueno o malo, lo único que sí le
digo es que es una opción nueva, diferente, habría que analizar las
condiciones del contrato y si conviene o no, pero si el pago va
trascender a varios periodos deberá tener la autorización de las dos
terceras partes del Congreso. Esto le da mayor transparencia y
participación a todos”.
—Joaquín Vega Acuña. Diputado del PRI en la 59 legislatura.
La salud de los enfermos
El diagnóstico de Malova al Hospital General es erróneo y
muchos médicos lo saben, incluido quien firmó el acta de defunción, el
doctor Ernesto Echeverría, su secretario de Salud. Como a un desahuciado
le declaran la muerte clínica, y aunque no goza de cabal salud, tampoco
ocupa un respirador artificial, menos un desfibrilador.
¿Por qué entonces tantos médicos, eminencias en sus especialidades
algunos de ellos, callan ante el diagnóstico que matará al paciente?
Fuentes consultadas dentro del hospital solo se explican el interés
económico, y no médico, detrás de la decisión de cerrar el edificio de
la colonia Almada declarándolo muerto y construir uno nuevo en otro
lugar. El Congreso convertido en oficina de trámites autorizó al
gobernador que asigne a una empresa privada la construcción,
equipamiento y mantenimiento del nuevo Hospital General durante los
mismos 25 años que lleva el actual.
Con el cerrojo del Congreso, donde los diputados ni siquiera
discutieron el tema, declaran muerto a un hospital de apenas 25 años —el
del IMSS tiene medio siglo y el del ISSSTE 42 años—, muy pocos para una
inversión de esa magnitud. Muchos menos si se toma en cuenta que
mantiene áreas recién remodeladas como la zona de trasplantes, retomada
con el regreso de Raúl Borrego a la dirección, y el controvertido Nivel
7, apacibles cuartos privados que poco podrían pedirle al selecto
Hospital Ángeles —aunque en la facturación resultan muy parecidos.
HOSPITAL OBESO
El Hospital General es en los hechos uno de tercer nivel —es decir,
un centro de altas especialidades, de atención completa—, aunque
formalmente solo es de segundo nivel —con las especialidades básicas. En
esa categoría empezó, con 60 camas y apenas 340 trabajadores, hoy
creció al triple de camas censables y sus trabajadores se quintuplicaron
—en números redondos porque no se conoce con exactitud la plantilla.
Fue creciendo con los vaivenes de cada gobernante, pero es en este
sexenio cuando se le empezó a enfermar. En el sexenio de Jesús Aguilar
le quitaron toda el área de ginecología —con la creación del hospital de
la mujer—, el plan además decía que trasladarían todo oncología al
instituto también creado con Aguilar, pero en los hechos los pacientes
siguen internos en el Hospital General.
Es sabido que si al Hospital General le restan además de los
pacientes con cáncer, como estuvo planeado, y la atención pediátrica la
envían al hospital especializado en ello —HPS—, además de una
reorganización de sus áreas actuales, se le quitaría una presión
suficiente para que siga operando a los niveles del sexenio de Juan
Millán o bajo la dirección de David Rubio Payán.
Diversas fuentes consultadas señalan que todo forma parte de un plan
enfocado claramente para demostrar que llegó a un nivel de ineficiencia
que se necesita uno nuevo, como ya pasó con la aprobación de la
Asociación público-privada.
Pero por si fuera poco, la inflada nómina lleva a asegurar a que hay
empleados que aparecen para cobrar pero nunca a trabajar, a nivel
incluso de médicos, aunque el caso más llamativo es el radiólogo Rómulo
Félix.
6:00 DE LA MAÑANA
La cola está larga frente a la puerta principal del Hospital General,
tan larga como más de cien pacientes, uno detrás de otro. Y siguen
llegando. Así es de lunes a viernes, siempre. Llegan lo más temprano
posible a la consulta externa, donde es posible tener cinco minutos al
menos con algunos de los cardiólogos, neurólogos, gastroenterólogos,
cirujanos, internistas más reconocidos de Sinaloa y algunos hasta del
noroeste de México, aunque para ello sea necesario madrugar, esperar y
perder medio día. Estos mismos médicos costarían por una consulta en
otro sitio 800 o hasta 1200 pesos.
Con las arterias saturadas, el Hospital General no es diferente a
ningún otro del país, con una capacidad instalada al borde de la
saturación: colas para consultas, esperas prolongadas. Un problema
estructural del sistema de salud al que se sumaron millones con el
Seguro Popular, el seguro para una nueva generación, la atención
gratuita de algunas enfermedades de la mujer, etcétera.
PODER DE BATA BLANCA
Un grupo de médicos regresaron a su tierra todavía muy jóvenes y con
hambre profesional alrededor de la década de 1990. Recientemente habían
terminado sus respectivas especialidades y el Hospital Bernardo J.
Gastélum estaba abriendo sus puertas —fue inaugurado el 19 de mayo de
1990 con Salinas de presidente, Kumate de secretario de Salud federal y
Labastida de gobernador, después de que el edificio resistió el abandono
de presupuestos que nunca llegaban— ese grupo con Víctor Díaz Simental a
la cabeza tomó la silla, y son los mismos que le inyectan la despedida
por sus interesadas negligencias.
Raúl Borrego, Gustavo Gaxiola, Odín de los Ríos, Efrén Gallardo, son
apenas algunos de los que pusieron en forma el Hospital General y lo
llevaron a ser el Premio Nacional de Calidad, a obtener el
distintivo de Hospital Modelo y la Certificación del Consejo de
Salubridad en mayo de 2003, son los mismos que ahora callan y no
plantean ninguna otra alternativa a la desaparición del hospital y la
aventura experimental que representará un modelo inexplorado en Sinaloa,
y hasta fallido en otras regiones del país que es la salud en el
esquema de contratos de inversión pública-privada.
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