Saltillo.- “La impunidad de la guerra sucia es el caldo de
cultivo para las desapariciones forzadas de ahora; si se hubiera hecho
algo, ahora no se estaría viviendo la situación que se vive”, dijo
Yanett Bautista, integrante de la Fundación Nadia Érika Bautista, en la
conferencia titulada “Experiencias de búsqueda e investigación en
América Latina”.
En el segundo día del Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en México, Yanet comentó que en Colombia las madres de los desaparecidos se han despojado del miedo y han sido desaparecidas por el “delito” de salir a buscarlos y aun así no solamente son dolor “sino esperanza”.
Bautista afirmó que en Colombia existen 81 mil personas desaparecidas, 20 mil se han catalogado como víctimas de desaparición forzada y de ellas un 25% han sido mujeres que han sido sometidas a todo tipo de violencia.
La activista, quien inició su trabajo buscando a su hermana Nadia Érika Bautista, a quien desafortunadamente encontró muerta, dijo que en México aún están a tiempo de encontrar a los desaparecidos con vida.
Al final de su intervención entregó al subprocurador de Derechos Humanos, Ricardo García Cervantes, un material pedagógico sobre la Ley de Víctimas, en que muestra las exceptivas de las familias que son el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación integral no sólo la económica, los deberes del Estado para sirva de ejemplo y ruta.
Federica Riccardi, del Comité Internacional de la Cruz Roja, presentó la definición del Comité sobre Víctimas de Desaparición, una definición que a diferencia de las convenciones sobre desaparición forzada es mucho más inclusiva, al sólo requerir el reporte del familiar para considerar como desaparecida a una persona.
“Es importante escuchar a las víctimas para realizar cualquier tipo de leyes, protocolos, instrumentos legales de búsqueda” aseveró.
Federica Riccardi mencionó que entre los elementos que debe tener un registro de personas desaparecidas está la posibilidad de incorporar la cuestión forense. Además, reafirmó el compromiso del comité para colaborar con el Estado mexicano en la capacitación de las familias de las víctimas.
Francisco Maldonado, abogado del Gobierno peruano para el caso Fujimori, resaltó la importancia de la sociedad civil para combatir la impunidad que existe en el propio estado.
Convencido de que se sancione a los responsables y viendo la organización de los familiares, dijo: “Sí se puede. Si pudimos quitar la cabeza (en Perú), seguro, se podrá”.
Propone vuelva el Ejército a cuarteles
Por: ERNESTO ACOSTA SOSA
Con el Ejército y la Marina en las calles, México vive en un golpe de Estado no declarado, en el que se reprime a la población y se le niegan sus derechos y garantías.
Así lo consideró Elda Nevares Flores, integrante del Comité Eureka que participa en la búsqueda de desaparecidos, al indicar que en el sexenio pasado el Gobierno federal sacó al Ejército de las calles y la gestión actual prometió regresarlo a los cuarteles, sin embargo no hay indicios de que esto ocurra.
“Dudo que lo vaya a cumplir porque todo está encaminado a negar los derechos civiles, a encajonar las libertades sociales y negar bajo reformas jurídicas y laborales nuestros derechos constitucionales.
“No hay ninguna voluntad del actual Gobierno federal para retirar al Ejército de las calles, al contrario sigue afianzado la necesidad de mantenerlo en las calles. La verdad, la lucha contra el narcotráfico es pantalla”.
Además, se toman medidas para quitar competencias a los ministerios públicos y a las policías municipales, lo que borra la autonomía municipal para centralizarlo en mandos militares en el país.
Sin embargo, enfatizó, no existe ningún régimen militar en el mundo que respete los derechos humanos.
“Cuando el Ejército y la Marina están en las calles es porque hay un golpe de Estado no declarado, pero practicado diariamente”, advirtió, al participar en el Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en México en la mesa “El enfoque de los derechos humanos en las políticas públicas y la legislación”.
Aseguró que muchos desaparecidos son víctimas de la Policía Federal y el Ejército.
“Se amedrenta y reprime a jóvenes de colonias y ejidos, se les quitan celulares y se llevan a los muchachos, luego para encubrir ineficiencia les siembran droga, lo que implica una búsqueda incesante del familiar.
“No tengo fe en que este estado de militarización llegue a su fin pronto. Las cosas van empeorando porque las reformas legales y las medidas prácticas van encaminadas a ello, a negar todo derecho ciudadano”, subrayó Nevares Flores.
Pocos funcionarios van por las tardes
Por: Claudia Olinda Morán
En la segunda jornada del “Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en México”, que se realiza en la Universidad Autónoma de Coahuila, los ausentes, al menos en las mesas de trabajo vespertinas, fueron los funcionarios públicos.
Ante el anuncio de uno de los moderadores de que se iniciarían las cuatro mesas de trabajo planeadas para la tarde de ayer, mismas que estarían formadas por autoridades, familias y organizaciones, fueron precisamente las autoridades las que más faltas tuvieron.
A través del micrófono, el moderador nombró a funcionarios como Miriam Cárdenas Cantú, Juan José Yáñez Arreola, Carmen Galván Tello e incluso a Luis Efrén Ríos, director de Jurisprudencia, entre otros, sin que lograra ubicarlos en el auditorio de la Facultad de Leyes.
Los temas a tratar, explicó el moderador, incluían cómo se busca a una persona desaparecida, cómo se investiga una desaparición, qué leyes se tienen que cambiar y cómo armonizar las existentes, además de la atención a las víctimas.
En varias ocasiones el moderador del foro pidió la presencia de diputados locales y federales para conformar los grupos a fin de que con la presencia de autoridades se pudieran tomar decisiones.
En el segundo día del Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en México, Yanet comentó que en Colombia las madres de los desaparecidos se han despojado del miedo y han sido desaparecidas por el “delito” de salir a buscarlos y aun así no solamente son dolor “sino esperanza”.
Bautista afirmó que en Colombia existen 81 mil personas desaparecidas, 20 mil se han catalogado como víctimas de desaparición forzada y de ellas un 25% han sido mujeres que han sido sometidas a todo tipo de violencia.
La activista, quien inició su trabajo buscando a su hermana Nadia Érika Bautista, a quien desafortunadamente encontró muerta, dijo que en México aún están a tiempo de encontrar a los desaparecidos con vida.
Al final de su intervención entregó al subprocurador de Derechos Humanos, Ricardo García Cervantes, un material pedagógico sobre la Ley de Víctimas, en que muestra las exceptivas de las familias que son el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación integral no sólo la económica, los deberes del Estado para sirva de ejemplo y ruta.
Federica Riccardi, del Comité Internacional de la Cruz Roja, presentó la definición del Comité sobre Víctimas de Desaparición, una definición que a diferencia de las convenciones sobre desaparición forzada es mucho más inclusiva, al sólo requerir el reporte del familiar para considerar como desaparecida a una persona.
“Es importante escuchar a las víctimas para realizar cualquier tipo de leyes, protocolos, instrumentos legales de búsqueda” aseveró.
Federica Riccardi mencionó que entre los elementos que debe tener un registro de personas desaparecidas está la posibilidad de incorporar la cuestión forense. Además, reafirmó el compromiso del comité para colaborar con el Estado mexicano en la capacitación de las familias de las víctimas.
Francisco Maldonado, abogado del Gobierno peruano para el caso Fujimori, resaltó la importancia de la sociedad civil para combatir la impunidad que existe en el propio estado.
Convencido de que se sancione a los responsables y viendo la organización de los familiares, dijo: “Sí se puede. Si pudimos quitar la cabeza (en Perú), seguro, se podrá”.
Propone vuelva el Ejército a cuarteles
Por: ERNESTO ACOSTA SOSA
Con el Ejército y la Marina en las calles, México vive en un golpe de Estado no declarado, en el que se reprime a la población y se le niegan sus derechos y garantías.
Así lo consideró Elda Nevares Flores, integrante del Comité Eureka que participa en la búsqueda de desaparecidos, al indicar que en el sexenio pasado el Gobierno federal sacó al Ejército de las calles y la gestión actual prometió regresarlo a los cuarteles, sin embargo no hay indicios de que esto ocurra.
“Dudo que lo vaya a cumplir porque todo está encaminado a negar los derechos civiles, a encajonar las libertades sociales y negar bajo reformas jurídicas y laborales nuestros derechos constitucionales.
“No hay ninguna voluntad del actual Gobierno federal para retirar al Ejército de las calles, al contrario sigue afianzado la necesidad de mantenerlo en las calles. La verdad, la lucha contra el narcotráfico es pantalla”.
Además, se toman medidas para quitar competencias a los ministerios públicos y a las policías municipales, lo que borra la autonomía municipal para centralizarlo en mandos militares en el país.
Sin embargo, enfatizó, no existe ningún régimen militar en el mundo que respete los derechos humanos.
“Cuando el Ejército y la Marina están en las calles es porque hay un golpe de Estado no declarado, pero practicado diariamente”, advirtió, al participar en el Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en México en la mesa “El enfoque de los derechos humanos en las políticas públicas y la legislación”.
Aseguró que muchos desaparecidos son víctimas de la Policía Federal y el Ejército.
“Se amedrenta y reprime a jóvenes de colonias y ejidos, se les quitan celulares y se llevan a los muchachos, luego para encubrir ineficiencia les siembran droga, lo que implica una búsqueda incesante del familiar.
“No tengo fe en que este estado de militarización llegue a su fin pronto. Las cosas van empeorando porque las reformas legales y las medidas prácticas van encaminadas a ello, a negar todo derecho ciudadano”, subrayó Nevares Flores.
Pocos funcionarios van por las tardes
Por: Claudia Olinda Morán
En la segunda jornada del “Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en México”, que se realiza en la Universidad Autónoma de Coahuila, los ausentes, al menos en las mesas de trabajo vespertinas, fueron los funcionarios públicos.
Ante el anuncio de uno de los moderadores de que se iniciarían las cuatro mesas de trabajo planeadas para la tarde de ayer, mismas que estarían formadas por autoridades, familias y organizaciones, fueron precisamente las autoridades las que más faltas tuvieron.
A través del micrófono, el moderador nombró a funcionarios como Miriam Cárdenas Cantú, Juan José Yáñez Arreola, Carmen Galván Tello e incluso a Luis Efrén Ríos, director de Jurisprudencia, entre otros, sin que lograra ubicarlos en el auditorio de la Facultad de Leyes.
Los temas a tratar, explicó el moderador, incluían cómo se busca a una persona desaparecida, cómo se investiga una desaparición, qué leyes se tienen que cambiar y cómo armonizar las existentes, además de la atención a las víctimas.
En varias ocasiones el moderador del foro pidió la presencia de diputados locales y federales para conformar los grupos a fin de que con la presencia de autoridades se pudieran tomar decisiones.
(ZOCALO/ Leticia Espinoza/ 07/06/2013 - 03:00 AM)
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