Las primeras indagatorias apuntan hacia una guerra entre los
cárteles de Sinaloa y los hermanos Beltrán Leyva. La disputa de estos
grupos criminales hoy parece extenderse a La Paz. El gobernador Marcos
Covarrubias Villaseñor solicitó una reunión urgente el 14 de junio con
todos los integrantes del Grupo de Coordinación de Seguridad
Investigaciones ZETA
En el hallazgo registrado el 10 y 11 de junio de 7 cadáveres
enterrados en tres fosas clandestinas en la colonia Tabachines de La
Paz, según las primeras indagatorias de peritos en criminalística y
forense y de agentes de investigación de la Procuraduría General de
Justicia del Estado (Pgje) de Baja California Sur, prácticamente
quedaron agotadas dos líneas de investigación:
1.- La presunta orden de matar y sepultar a quienes habían estado
participando directa o indirectamente en delitos contra la salud, robos,
asaltos, riñas, lesiones y hasta la privación de la libertad de
narcomenudistas de La Paz, Los Cabos y Comondú.
2.- La disputa interna entre integrantes de la banda de Simón
Guillermo Hernández Peña “El Simón”, lo que supuestamente –basado en la
propia confesión del presunto responsable— derivó en el homicidio
múltiple.
La hipótesis de que el crimen de 5 hombres y 2 mujeres fue el
resultado de la desfragmentación de células criminales o una operación
limpieza de la plaza de narcomenudeo en La Paz, se robusteció cuando los
investigadores del caso encontraron el hilo de conexión entre el
levantón y asesinato de un integrante del Cártel de “La Oficina”
ocurrido a principios de marzo y el “multihomicidio” que estremeció a la
sociedad sudcaliforniana.
Las primeras indagatorias de peritos e investigadores en el caso de
las narcofosas apuntan hacia una guerra entre los cárteles de Sinaloa y
los hermanos Beltrán Leyva. La disputa de estos grupos criminales
antagónicos que apenas en agosto del 2011, protagonizaron una cruenta
batalla por la plaza del narcomenudeo en el destino de playa de Cabo San
Lucas, hoy parece que extendieron su lucha a la capital del estado.
El hallazgo de las narcofosas obligó al gobernador Marcos Covarrubias
Villaseñor a solicitar una reunión con carácter de urgente el 14 de
junio con todos los integrantes del Grupo de Coordinación de Seguridad.
Ahí estuvieron presentes el comandante de la Segunda Región Militar,
General Gilberto Hernández Abreu, y el comandante de la Cuarta Región
Naval de la Secretaría de Marina, Vicealmirante Rubén Medina Muro, así
como mandos de las fuerzas armadas, seguridad pública municipal, estatal
y federal y la PGJE.
En la reunión se habló del impacto social de los crímenes y de las
medidas que se tomarán para establecer operativos policíacos, reforzar
la seguridad e iniciar una estrategia para disuadir a los grupos rivales
en disputa.
Las investigaciones de la PGJE indican que la guerra empezó con el
levantón y asesinato de quien se perfilaba como el jefe de la plaza de
narcomenudeo en la zona sur de La Paz, Luis Flores, presunto familiar
del brazo armado de los hermanos Beltrán Leyva y líder del Cártel de “La
Oficina”, Fausto Isidro Meza Flores “El Chapo Isidro”.
El narcomenudista fue encontrado muerto a principios de marzo en el
kilómetro 5 de la carretera de La Paz a San Juan de Los Planes, detrás
de una planta de mezquite, a escasos 50 metros de la cinta asfáltica.
Con evidentes signos de tortura, el dorso desnudo, descalzo y un
pantalón de mezclilla, el familiar de “El Chapo Isidro”, estaba en
avanzado estado de descomposición –y según la necropsia de Ley— la causa
de la muerte fue asfixia por sofocación.
La respuesta vino de inmediato cuando –según la reconstrucción de
hechos– el 14 de marzo desapareció la narcomenudista Érika Rosales
González, la última persona que fue vista con el familiar del líder de
“La Oficina”. Dos días después, es decir, el 16 de marzo, desapareció
Marcos Joel Gonzáles Robles, y el 17 de junio, un día después, ya no se
supo nada de Juan Javier Medina Corral.
Los investigadores tienen la seguridad –según su hipótesis— de que la
mujer puso al familiar de “El Chapo Isidro”; los responsables de
levantarlo fueron González y Medina, quienes aparentemente fueron
privados de su libertad en las calles Amatista entre Mármol y Granito de
la colonia Progreso Vivah y las calles de Arenal y Prosperidad de la
colonia “El Progreso”, respectivamente, porque cuando la PGJE desenterró
el resto de sus cuerpos todavía tenían amarradas las manos, es decir,
había sido inmovilizados antes de morir.
Después de este suceso, arreciaron las desapariciones de más
integrantes de la banda de Simón Guillermo Hernández Peña “El Simón”,
cuando posteriormente no se supo nada de Jesús Iván Ramos Jiménez y
luego de Damaris Karina Márquez Moreno “La Damaris” o “La Karo”, Carlos
Antonio Cota Cervantes “El Charly” o “El Sharlie” y finalmente Abel Leal
González “El Buena Onda”.
Los investigadores del homicidio múltiple creen que los integrantes
de la banda de “El Simón” que aparecieron enterrados en las narcofosas
estuvieron relacionados con el crimen de Luis Flores –quienes previendo
su llegada a la plaza de narcomenudeo de la zona sur de la ciudad—
decidieron levantarlo, torturarlo y asesinarlo, sin saber que se trataba
de un familiar de uno de los capos más sanguinarios de México.
En el mapa delictivo elaborado por autoridades federales y militares,
“El Simón” era el encargado de la zona sur de la plaza de
narcomenudistas por parte del Cártel de Sinaloa o Cártel Nueva
Generación de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El conocido hoy como “El Sepultero” tenía bajo su dominio la zona de
la avenida Luis Donaldo Colosio y Las Garzas hacia el sur que abarca las
colonias Indeco, Don Celes, Costa Azul, 8 de Octubre, Fovissste,
Banobras, Agua Escondida, Villas del Encanto, Progreso, Tabachines,
Misioneros, Santa Fe, Miramar, Diana Laura, Mezquitito, Calandrio,
Solidaridad, Camino Real, Ayuntamiento y Calafia.
El perfil criminal de “El Simón”
A pesar de la confesión de Simón Guillermo Hernández Peña “El Simón”
de que “actuó solo” en el crimen de 5 hombres y 2 mujeres y aunque
únicamente estaban implicadas dos personas más, pese a que dio santo y
seña de cómo supuestamente sucedieron los hechos, la investigación de la
PGJE está dando un giro en base a la información recabada por agentes
sobre todo cambiando el rumbo de la indagatoria científica de peritos
que busca descubrir, explicar y probar el homicidio múltiple y confirmar
la identidad de las víctimas y de las autores materiales.
La confesión del presunto responsable fue puesta en duda por unos de los investigadores consultados por Investigaciones ZETA, en base a lo siguiente:
1.- Dijo que había dado el tiro de gracia a cada una de las víctimas
con una pistola 9mm. Sin embargo, y en base al dictamen pericial, solo 4
de los 7 cuerpos encontrados presentan orificio provocado por arma de
fuego y el cráneo de las otras tres víctimas registra probable
traumatismo craneoencefálico, lo que significa que fueron golpeadas con
un objeto de forma contundente en la cabeza. De los 7 cuerpos, solo uno
tenía alojada una ojiva, pero el calibre –según el dictamen— es menor a
380.
2.- Dijo que solo dos personas lo ayudaron a cavar las fosas y
enterrar los cuerpos. No obstante, y en base al estudio criminal de
circunstancia, modo o lugar, dos personas no pudieron haber cavado 7
tumbas clandestinas, aún y cuando fueron, en diferentes días, porque
aparte de la excavación de un hoyo de tres metros de largo por uno de
ancho y dos metros de profundidad en un terreno de estructura rocosa y
arenosa, debió acarrearse agua, cal y cemento y todavía batir la mezcla y
cerrar las fosas.
3.- Según testimonios en poder de la PGJE, “El Simón” fue visto
–cuando sucedieron los hechos— acompañado de cuatro personas fuertemente
armadas con rifles de asalto R-15, pistolas 9 mm y 45, por lo que se
estableció que pudiera estar sujeto a amenazas de muerte él o su familia
y no tuvo más remedio que responsabilizarse de los 7 crímenes.
4.- El día del intento del levantón y crimen del narcomenudista
Christian Enrique Romero Altamirano “El Kike” registrado en la colonia
Las Américas –y según testigos— un grupo de personas ya esperaban a la
víctima y sus acompañantes 3 hombres y dos mujeres en el panteón
clandestino.
Lo que sí es que en el caso del crimen de Damaris Karina Márquez
Moreno “La Damaris” o “La Karo”, Carlos Antonio Cota Cervantes “El
Charly” y Abel Leal González “El Buena Onda”, la PGJE tiene un rastreo
de llamadas y donde “El Simón” y dos de sus cómplices llamaron a las
víctimas y solicitaron verlos porque “se habían enterado de que se
libraron órdenes de aprehensión por algunos delitos cometidos” y
“necesitaban verse”. Ésa fue la última vez que volvieron a ser vistos en
la ciudad.
El estudio criminal de circunstancia, modo y lugar, elaborado por
peritos de criminalística y forense, estableció que en el asesinato
actuó más de una persona porque –según el dictamen— “dos de las 7
víctimas todavía presentaban atadura de manos, lo que significa que
fueron inmovilizadas, por lo tanto, es imposible que pudieran haber
cavado su propia tumba”.
Los peritos de la PGJE establecieron que el modus operandi del
“multihomicidio” fue amedrentarlos, asesinarlos, excavar y sepultar a
las víctimas, lo que –según su experiencia— “es imposible que haya sido
hecho por una o tres personas solamente”.
Peor aún. Según el resultado de un estudio de personalidad de Simón
Guillermo Hernández Peña, elaborado por la Secretaría Estatal de
Seguridad Pública, no es una persona que sea “extremadamente violenta o
use la violencia física como medida de presión o actuación”.
De acuerdo al estudio de psicometría, “El Simón”, “es una persona que
tiene antecedentes para-sociales en vagancia, vandalismo y riñas
callejeras, pero con una función mental lúcida, concentrada y
pensamiento funcional en sus tres esferas de cognición: tiempo, modo y
espacio”.
El dictamen del estudio que contiene una entrevista inicial y test de
“gestáltico viso-motor”, “figura humana”, “matices progresivas”, “apego
familiar” y “conductas”, señala “que es una persona que difícilmente
acepta la comisión de delitos, aunque está consciente de la situación, y
tiene una función de pensamientos normal, funcional, lógico y
deductivo”.
La personalidad es de “una baja tolerancia a la frustración, una baja capacidad de demora y un bajo control de impulsos”.
La violencia que comúnmente ejerce es “verbal y psicológica”, lo que
lo hace tener un carácter “manipulador” y una esfera volitiva de
“autodominio”.
El rol que juega “El Simón” es de “un líder independiente”, “hostil” y
de “conflicto con la autoridad” con relaciones “inestables”,
“superficiales” y utilitarias”.
El presunto responsable del homicidio múltiple consume mariguana y
cocaína desde los 15 años, el nivel de escolaridad es de primaria y
tiene afición por la carpintería. Proviene de una familia inestable y
monoparental, de ahí que tiene un control inadecuado de los límites y
reglas y un ligero déficit en el control de impulsos.
La protección
En el caso de las narcofosas, la PGJE incluyó una investigación a
agentes de la Policía Estatal Preventiva (Pep) que presuntamente
proveyeron de protección –en su momento— a Simón Guillermo Hernández
Peña “El Simón”.
La Averiguación Previa LPZ/376/AMP!/2013 fue anexada al grueso
expediente del hallazgo de los cadáveres, porque en las fosas
encontraron una evidencia –que no fue revelada— de que policías pudieron
haber participado en el levantamiento, crimen y entierro de las
víctimas.
En la averiguación previa figuran los nombres del comandante Juan
Carlos Casanova Posadas y de los agentes Francisco Jasón Rodríguez
Gómez, Armando Mascorro González y Francisco Fabián Jaimes Meza y
quienes –según el expediente— el 22 de noviembre del 2012 privaron de su
libertad a “El Simón” y Dwinger Misair Rosales Manríquez y los metieron
a una vivienda de la calle Laja en la colonia El Progreso de La Paz,
porque supuestamente –en base a lo testificado por Dwinger en el
expediente— “tenían negocios con el comandante y los tres policías y
quienes habían reclamado un pago de 15 mil pesos por bisnne que habían hecho”.
Cuando sucedieron los hechos, los agentes de la PEP estaban en
completo estado de ebriedad y reclamaron el pago y para poder
garantizarlo retuvieron contra su voluntad a los dos narcomenudistas y
quienes solicitaron ayuda de un amigo para que les llevara el dinero.
En ésas estaban –cuando por indiscreción de la pareja de Dwinger y en
una llamada al C-4— reportó la privación de la libertad de su novio y
hasta donde llegaron agentes de la Policía Ministerial del Estado y por
poco se desata una balacera, de no ser porque el entonces Comisionado de
la PEP, Víctor Hugo Mendoza, llegó y arrestó a sus subalternos, aunque
la investigación siguió su curso.
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