MÉXICO, D.F.(SUN) La
familia Granier, ex funcionarios y colaboradores utilizaron un mecanismo de
contratación de deuda pública para obtener recursos en su beneficio; el pago
excesivo a proveedores y empresas por servicios o bienes o la sustracción de
cuotas sindicales que presuntamente serían destinadas al pago de seguros, que
nunca se hicieron.
Se conoció que las
autoridades locales, que encabeza el gobernador Arturo Núñez Jiménez, realizan
un “mapeo” de las vías por medio de las cuáles cometieron una serie de
irregularidades que van desde la “desaparición” de mil 900 millones de recursos
federales a programas como salud, educación y seguridad, que son reclamados por
la Federación, y más de 17 mil millones de deuda pública contratada con bancos.
El gobernador Arturo
Núñez ha señalado que la CNBV congeló dos cuentas bancarias con depósitos de 14
millones de pesos a Mariana Granier, hija del ex mandatario, por un problema de
cobro de impuestos.
Funcionarios del
gobierno de Granier cometieron irregularidades como desvío de recursos
públicos, la contratación de empresas de “outsourcing” para triangular las
finanzas, o el pago de servicios con “cheques sin fondo”, para el desfalco.
El responsable de
las finanzas estatales durante los seis años de la administración priísta fue
José Sáinz Pineda, quien autorizaba todos los gastos gubernamentales.
Al ex secretario de
Finanzas se le ha vinculado con el empresario Amílcar Salas, ex asesor de la
dependencia, presunto operador financiero de Granier Melo, y con el empresario
Martín Alberto Medina, a quien en noviembre del año 2009 la PGR le aseguró 8
millones de pesos en el aeropuerto de en Mérida, Yucatán.
Según reportes de la
secretaría de Finanzas, el quebranto asciende a 2 mil 320 millones de pesos por
conceptos de proveedores, rentas, pagos a contratistas y créditos.
Con el cambio de
gobierno, la nueva administración de Planeación y Finanzas detectó diversas
irregularidades como el pago con “cheques sin fondo” a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) por el suministro eléctrico, un desfalco por alrededor de
176 millones de pesos a las “deductivas” (cuotas) de los trabajadores
sindicalizados que sí se cobraron, vía nómina, pero no llegaron a las cuentas
para las cuales estaban destinadas como el pago de seguros.
Así como pagos
onerosos a empresas “outsourcing” para “llevar las finanzas” de la Secretaría
de Planeación y Finanzas o la contratación de software para un sistema contable
por 35 millones de pesos que nunca funcionó.
El principal rubro
donde la pasada administración dejó de pagar fue en el de proveedores, donde
hasta el 27 de diciembre pasado se debe el acumulado de 514 millones de pesos
por los últimos seis años de gobierno.
El fiscal Valenzuela
dijo que hasta el momento la Contraloría estatal ha presentado siete denuncias
penales contra de ex servidores, pero concentrarán otras tres que fueron
abiertas en la pasada administración.
El secretario de
Planeación y Finanzas, Víctor Lamoyi, aseguró que el gobierno de Núñez
implementará un programa para hacer eficientes los ingresos por medio de la
recaudación, así como atender de manera correcta el gasto, demandas sociales,
obras y servicios públicos, sin aumentar impuestos.
Explicó que replantearán
el Presupuesto 2013, porque el elaborado por la pasada administración “está mal
programado”, pues los egresos proyectados son 36 mil millones de pesos, sin
embargo para cubrir las necesidades del estado se necesitan 41 mil millones de
pesos.
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