Paola A. Praga
México.- El 1 de diciembre de 2006, Felipe Calderón Hinojosa
rindió protesta como presidente de México, en medio de abucheos y
disturbios, en el Congreso de la Unión. Seis años después, en la agonía
de su mandato, los saldos negativos son numerosos, el Presidente se irá
como llegó, con los abucheos y reclamos de la sociedad por la lista de
asignaturas pendientes: narcotráfico, violencia, desaparecidos, muertos,
pobreza y falta de espacios educativos.
¿Cómo deja el país el sexenio que representa? La respuesta se deduce de la mirada interna e internacional. Internamente, el que el PAN haya perdido las elecciones quedando en tercer lugar en la pasada jornada presidencial, refleja en mucho la inconformidad del electorado con este gobierno respecto de lo actuado.
No hubo suficientes logros: los reportes del 2011, tanto del Consejo de Naciones Unidas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), como de la organización internacional no gubernamental Human Rights Watch (HRW), destacaron como negativo la cantidad de homicidios que crecieron alarmantemente en el país a causa del narcotráfico, así como el incremento en delitos como la trata de personas, secuestro, desaparición forzada, tortura y otros generados en el combate al crimen organizado.
Además, señalaron el uso y abuso de la fuerza, que ha promovido violaciones a los derechos humanos expuestos en cortes internacionales, así como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para limitar entre otras cosas, el fuero militar respecto de delitos cometidos por militares contra civiles.
Añadiendo las denuncias de otros países respecto de la violencia en contra de migrantes que atraviesan el territorio nacional, así como la restricción a la libertad de expresión expuesta con los asesinatos de periodistas en varios casos a manos de la delincuencia organizada y otros sin esclarecer, que representan un saldo negativo condenable en este sexenio presidencial.
En este contexto se suman los señalamientos provenientes de la misma mirada internacional sobre el quehacer del sexenio de Calderón Hinojosa: el informe del Fondo para la Paz (FPP) de junio 2012 colocó a México en el sitio 98 de los indicadores orientados para definir un estado fallido, situándolo en alerta, una categoría previa al estado fallido, que coincide en los señalamientos anteriores.
México sólo se movió cinco sitios del listado de 177 países revisados. Los indicadores coincidieron en los mismos rubros de los reportes antes mencionados. Es decir, es evidente que la estrategia de combate al crimen organizado no ha sido la mejor.
Las denuncias por corrupción del caso Walmart y la del lavado de dinero que generó una multa millonaria a la institución financiera de HSBC, son otros elementos a considerar sobre el poco avance en las medidas anticorrupción en nuestro país, donde la impunidad y el malestar social que generan hacen del análisis un cuento de terror espeluznante.
Otros temas quizá no tan escandalosos, pero vitales para la marcha del Estado, están en materia económica, particularmente en el caso del combate a la pobreza, y que es un indicador incluido en los reportes internacionales como débil, otros indicadores a revisar son los relativos al empleo, el sistema de salud y el educativo.
México, por ejemplo, ocupó en 2011 en el Índice de Desarrollo Humanos (IDH) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) la posición 56 de entre 187 países, donde la esperanza de vida fue de 77 años, la tasa de mortalidad tuvo un valor de 17, mientras que el gasto público en salud con base en el PIB fue del 2.7 por ciento.
Mientras que Suiza, por ejemplo, que está en el lugar 11 de los estados más cercanos al IDH óptimo, mantiene como esperanza de vida los 82.3 años, la mortandad infantil es inferior a 5 y la inversión en gasto público en materia de salud es del 6.4% del PIB. Sin duda, falta mucho por hacer.
RECONOCE ERRORES
El propio Presidente reconoció las asignaturas pendientes; al ofrecer un mensaje sobre su último Informe de Gobierno, Felipe Calderón enlistó lo que falta por hacer en el país en materia de seguridad, economía, temas sociales, desarrollo sustentable y democracia efectiva.
Al hablar sobre el tema de seguridad, dijo que se ha actuado con valor y determinación, pero que sabe bien que aún se está lejos de la meta. El Estado, afirmó, debe seguir combatiendo con firmeza al crimen organizado.
Expuso que se debe continuar con el trabajo para que no haya en México un solo policía sin ser evaluado. Sobre todo, dijo el Presidente, se debe laborar para que los policías que no aprueben exámenes de control de confianza sean depurados de las instituciones de seguridad.
Calderón indicó que se debe avanzar para consolidar las reformas de justicia penal y las que permitan la Policía de Mando Único, el combate al lavado y “muchas otras” que le urgen al país.
Además, “se necesita asegurar la protección efectiva a periodistas”, y pidió a los actores políticos unir esfuerzos para blindar a instituciones políticas y democráticas.
En el ámbito económico, Calderón reconoció la necesidad de aprobar la reforma a la Ley Federal del Trabajo como medida estratégica de desarrollo, y sobre esta modificación legislativa señaló que contiene medidas para garantizar la transparencia en los sindicatos.
Dijo que también debe aprobarse una reforma hacendaria que fortalezca la capacidad económica del Estado y cerrar espacios a la corrupción, garantizando que los recursos que la Federación entrega a los estados y municipios se ejercen con transparencia, para lo cual planteó reformar la ley de contabilidad gubernamental.
En materia social, el tercer eje de políticas públicas, Calderón refirió que a pesar de los avances prevalecen rezagos que mantienen a millones de mexicanos en la exclusión y la miseria.
Para superar la pobreza, el Presidente dijo que se deben profundizar los programas que han mostrado su eficacia. Hace falta, sostuvo, acelerar el crecimiento, y agregó que la única manera de hacerlo es con reformas estructurales.
En salud se requiere que se eleve la calidad del servicio que se presta, y lanzó la propuesta de buscar un solo sistema de atención; mientras que en materia educativa se debe elevar la calidad y ampliar el cupo en bachillerato.
Sobre el cuarto eje, desarrollo sustentable, el jefe del Ejecutivo señaló que es necesario que México llegue a la tasa cero en deforestación y que alcance el mismo parámetro en tratamiento de aguas residuales, con los que se evitaría convertir a los ríos en un drenaje.
“Hay que redoblar la apuesta para impulsar el uso de energías renovables, con el fin de contribuir a mitigar el cambio climático, que es uno de los mayores desafíos de la humanidad”.
Al hablar del tema de democracia efectiva y política exterior responsable, Calderón indicó que a pesar de que se aprobó una parte de la reforma política, queda pendiente la elección consecutiva de legisladores y alcaldes, la segunda vuelta en la elección presidencial, que reduciría los niveles de insatisfacción electoral; así como la reducción del número de integrantes del Congreso.
“Hoy en México la democracia es más fuerte que hace seis años, pero no podemos darnos por satisfechos”, indicó.
Afirmó que hay que seguir perfeccionando leyes electorales para garantizar un equilibrio entre la libertad de expresión y equidad electoral.
Además, pidió que los resultados electorales se resuelvan por encima de toda duda para ciudadanos y contendientes.
IMPUNIDAD Y CORRUPCIÓN
“La guerra debe terminar porque la estrategia no fue realmente humana ni consensada, fue un voluntarismo del señor Presidente que él asumió como un punto de legitimidad para su gobierno y para impactar nacional e internacionalmente, el pueblo fue un espectador y al mismo tiempo una víctima, un conglomerado político desinformado, cautivo de todas estas estrategias de guerra”, afirma el padre Pedro Pantoja Arreola, asesor religioso de la Casa Belén del Migrante.
“Esto hizo que de alguna manera, al entrar en la competencia, el crimen organizado se diversificara, se profesionalizara y en este sentido se viene un tercer desastre, que es la presión de las víctimas, una victimización tan despiadada, más de 60 mil, pero sobre todo llegan a generarse nuevas víctimas como los y las desaparecidos, y quienes arrastrábamos ya como defensoras y defensores toda una cadena de agresiones se acentuaron contra nosotros y con las cuales compartimos la defensa, de tal manera que se acelera la victimización de migrantes, los indígenas, campesinos, jóvenes convertidos en sicarios y la pobreza incubada por el crimen organizado”, apunta el sacerdote.
Su voz firme y desesperada ha estado presente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington para exponer el riesgo de los migrantes centroamericanos en México, pues desde el 2005 el padre Pedro Pantoja Arreola se percató de que el fenómeno de secuestro de migrantes por parte de los cárteles crecía rápidamente, tan sólo de 2008 a febrero de 2009, más de 9 mil 700 migrantes centroamericanos habían sido víctimas, pero los oídos de las autoridades han sido sordos, y en 2010 ocurrió la masacre de 72 inmigrantes en San Fernando, Tamaulipas.
Para Pantoja Arreola han sido años de trabajar por una migración sin violencia en Posada de Belén, mientras que en el altar de su parroquia yacen las fotografías de las y los desaparecidos, cuyo número incrementa, por ellos también lucha el padre Pedro, trata de acompañar espiritualmente a familias de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, quienes buscan en Dios la esperanza del regreso con vida de sus seres queridos, víctimas de una guerra que nadie pidió.
Y es que Felipe Calderón entierra su sexenio con nueve mil cuerpos sin identificar, entre 2007 y 2011, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Más de 5 mil personas reportadas como desaparecidas y 9 mil cuerpos sin identificar son parte de las cifras de la violencia, en la última etapa de gobierno calderonista, de acuerdo con estimaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que reporta el diario “Reforma”.
Organizaciones de familiares de desaparecidos acusaron fallas en los esquemas oficiales de búsqueda y reconocimiento de cuerpos, así como limitaciones en la investigación oficial, información errática y tecnología desaprovechada, de acuerdo con las versiones que reporta el diario capitalino.
A raíz de los hallazgos de 310 fosas clandestinas en diversos puntos del país, con más de mil 200 cadáveres, el Gobierno federal ha ofrecido poner en operación mecanismos para identificar los cuerpos y entregarlos a sus familiares. Hasta ahora, sin embargo, sólo existen proyectos desarticulados y fallas u omisiones en el registro de datos, se destaca en la información.
En su recuento de víctimas relacionados con la violencia del crimen organizado, “Reforma” reportó 2 mil 940 muertos, entre enero y marzo de este año. A principios de 2012 la Procuraduría General de la República (PGR) informó que de enero a septiembre de 2011 hubo 12 mil 903 fallecimientos vinculados con hechos criminales.
ASIGNATURA PENDIENTE: LAS MINAS
Las condiciones de las minas en el país, dicho por expertos nacionales y extranjeros, no reúnen condiciones de seguridad, además de que sus instalaciones y técnicas obsoletas no son adecuadas para la labor metalúrgica. Mención aparte merecen las condiciones laborales, pues en la mayoría de los casos los trabajadores ni siquiera tienen la protección del Instituto Mexicano del Seguro Social, se señala en reporte especial del portal Sin Embargo.
El 19 de febrero de 2006, la explosión en la Mina 8 de Pasta de Conchos, en Coahuila, causó la muerte de 65 trabajadores. Luego de seis años y medio, los responsables siguen sin reparar el daño a las familias de los occisos. Más de seis años en los que tragedias como la ocurrida en San Juan de Sabinas se han repetido en diversas zonas mineras de la región. Sin embargo, los culpables, en la mayoría de los casos, se mantienen impunes.
El informe especial sobre Pasta de Conchos detalla que del casi medio centenar de mineros fallecidos después del siniestro hay tres averiguaciones abiertas y ninguna de ellas ha concluido; tampoco hay responsables porque “el Gobierno controla los contratos de compra de carbón para la Comisión Federal de Electricidad, por lo cual cobra hasta 50 pesos la tonelada sin rendir cuentas, sin transparentar el uso de recursos. Es decir, no se investiga, no se castiga, porque representa una pérdida de recursos ilegítima y corrupta de ese gobierno”, manifestó Cristina Auerbach, abogada de la Familia Pasta de Conchos.
Según el V Informe de Pasta de Conchos: Dime Desde Allá Abajo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió un dictamen en el que señala que el Gobierno tuvo responsabilidad por negligencia en la muerte de los mineros de Pasta de Conchos y en su rescate.
La investigación concluye que si la minería del carbón en México continúa operando igual, seguirá el saldo de víctimas mortales; sobre todo, no cambia la actuación “indebida” de las secretarías del Trabajo, Economía, Medio Ambiente y del Seguro Social, ya que “su omisión, negligencia y tolerancia crean el escenario perfecto para que los empresarios del carbón simulen, subcontraten y obliguen, directa o indirectamente, a los mineros a trabajar insegura y arriesgadamente”, señala la recomendación 85/ de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
De acuerdo con “Milenio”, en 2011, Melchor González Vélez, dueño de la empresa minera El Sabino, dijo que responderá a cualquier tipo de responsabilidad por el accidente, esto de acuerdo con Javier Lozano Alarcón, ex secretario de Trabajo. No obstante, un año después, la justicia mexicana sigue sin alcanzar a los responsables, o al menos a aquellos que asumieron la culpa.
LAS PROMESAS DEL GOBIERNO
Hace seis años tuvo lugar una de las peores tragedias del sector minero, cuando una explosión dejó sepultados a 65 mineros que trabajaban en Pasta de Conchos, Coahuila. En ese entonces, el Gobierno federal y local se “echaban la bolita”: nadie sabía a quién atribuirle la responsabilidad, si al concesionario, a los grupos de búsqueda, a las condiciones de seguridad o al mismo Humberto Moreira, entonces gobernador del estado. Por su parte, Vicente Fox Quesada, presidente de México en ese momento, jamás hizo acto de presencia.
En 2007, a pocos días de haberse iniciado la nueva gestión, presidente Felipe Calderón se comprometió a lograr el esclarecimiento de la tragedia ocurrida en la carbonera y a impulsar acciones que permitan a los trabajadores del sector minero alcanzar mejores condiciones salariales y laborales.
El 1 de febrero de ese año, “La Jornada” reveló que 19 meses antes de la explosión de la mina, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) detectó 34 irregularidades que ponían en riesgo la salud y la vida de los obreros, pero fue hasta siete meses antes del accidente que la dependencia exigió a la compañía propietaria del yacimiento, Industrial Minera México, SA (IMMSA), que realizara diversas adecuaciones, mismas que nunca se efectuaron.
Días después, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano, afirmó que IMMSA tuvo la mayor parte de la responsabilidad en el accidente, porque estaba obligada por ley a cumplir con condiciones de seguridad y dijo que no “solaparía” a ningún servidor público que pudiera estar involucrado, ni “tapará a ningún personaje, por más importante que sea” relacionado con la explosión.
Cuatro años después, y en el mismo tenor que Humberto Moreira, Lozano Alarcón y presentantes del IMSS confirmaron que los familiares de las víctimas recibirán una pensión vitalicia, según dio a conocer “Milenio”. Sin embargo, continúan las demandas por falta de apoyo de las autoridades.
Lozano sostuvo también que caso se mantendría como una “asignatura pendiente para el Gobierno”, e indicó que no se cerraría el expediente hasta que se deslindara de responsabilidades a la empresa, funcionarios de la dependencia y otros; se determinaran oficialmente las causas del accidente; se lograra el rescate de los cuerpos y se atendiera a los deudos.
En 2011, ahora en Sabinas, 14 mineros quedarían atrapados en su lugar de trabajo. Ante el percance, Calderón prometió hacer “todo lo posible” para lograr el rescate de los trabajadores. Dijo también que en su administración estarían “muy atentos” a la evolución de la situación y “prestando todo el apoyo posible” para auxiliar a las víctimas y a sus familias. A pesar del esfuerzo, los obreros murieron.
Recientemente, tras los hechos que costaron la vida a siete mineros en Múzquiz, el coordinador estatal de Protección Civil de Coahuila, Francisco Martínez Ávalos, dijo que en la región este tipo de accidentes ocurren de manera impredecible, debido a las condiciones en que se desarrollan estos minerales y posteriormente se trabajan.
“Se conjugan diferentes factores; por ejemplo, el accidente de 2006 (Pasta de Conchos) sucedió en una empresa tenía medidas de seguridad y en algunos de estos accidentes se dan hechos como la presencia de una bolsa de gas metano, lo cual es muy común en la región por lo que estos accidentes son impredecibles”, aseveró.
A más de seis años de la tragedia de Pasta de Conchos se han perdido 101 vidas en accidentes mineros ocurridos dentro del territorio nacional. Explosiones y derrumbes han sido los causantes de los decesos.
NO TODO ES TINIEBLAS EN EL SEGUNDO SEXENIO DEL PAN
En la cama 3 de la Sala 24 del Hospital General de Saltillo reposa el padre de Luz María Ponce Morales, sino fuera por el Seguro Popular no sabe qué hubiera hecho para pagar los costos de la atención de la fractura de cadera.
A sus 83 años, el hombre no cuenta con Seguro Social y requiere medicamentos como el Cleocin, que cuesta 394 pesos, y el Omeprazol, de 140, pero su familia no tiene los recursos suficientes para costearlos.
Sentada afuera del hospital, Luz María reconoce que es mucha la inseguridad en Coahuila, pero agradece ser beneficiaria del Seguro Popular, programa social creado por Calderón.
“Lo que sea de cada quien, si no tuviéramos el Seguro hubiéramos tenido que pedir prestado o de plano no sé qué hubiéramos hecho, porque lo que nos apuraba eran los medicamentos, y sí nos vimos muy presionados”, detalla.
No había tenido otra situación grave a la cual enfrentarse, sólo sabe que por un momento imaginó que su padre quedaría sin atención médica y que su estado de salud se complicaría sin poder hacer nada.
Luz María está consciente de que al presidente Calderón Hinojosa le quedan algunas asignaturas pendientes en el país, que “a los mexicanos les sale debiendo, eso sí”, pero con ella ha tenido un gran mérito: salvar la salud de su padre.
UN SEXENIO CON NÚMEROS ROJOS
De 70 mil jóvenes en pandillas que hay en Saltillo, el 20% se ha integrado a las bandas delictivas.
Coahuila aparece entre las entidades federativas con mayores índices de violencia del país, junto a Chihuahua, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero y Veracruz sumaron en 2011 el 70% de las muertes vinculadas con el crimen organizado, según cifras de la Procuraduría General de la República presentadas en enero de 2012.
Al menos 85 mil 397 personas han sido reportadas como desaparecidas desde el 2006 hasta abril del 2011, de acuerdo con la CNDH.
En México se cometen 16 millones de delitos, aunque sólo se denuncia el 15%, el 85% queda en la impunidad.
En los últimos seis años han muerto más de 60 mil personas y 150 mil han sido desplazadas por la violencia.
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