Para efectos de argumentación, asuma que Enrique Peña Nieto ya es presidente y que ejidatarios y activistas rebeldes en San Salvador Atenco, bloquean las obras federales de un nuevo aeropuerto internacional en la Ciudad de México y sabotean el tráfico aéreo. No hay diálogo y se mantienen intransigentes. Como las pérdidas no sólo son económicas sino de imagen en el mundo, la Policía Federal los desaloja y hay decenas de heridos. La Secretaría de Gobernación interviene para buscar el diálogo y evitar que la crisis política se expanda, pero los manifestantes la desconocen como interlocutora, pues los federales que los reprimieron, dependen de ella.
Este escenario problematiza la propuesta del presidente electo para desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública, de quien depende la Policía Federal, e integrarla a la Secretaría de Gobernación, como subsecretaría. Plantea un evento probable durante su gobierno y exhibe sus límites: la institución que procura la gobernabilidad es a la vez la represora que afecta el equilibrio de gobernanza. El secretario que debe tener una mano firme pero tersa, tiene una de hierro que golpea. Si la política es el arte de la negociación y el consenso, la seguridad no entiende de acuerdos, sino de orden.
¿En qué estaría pensando Peña Nieto cuando aceptó el plan de su virtual secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong para desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y convertirla en una subsecretaría? Los problemas de la gobernabilidad expuestos en la hipótesis de San Salvador Atenco –un problema similar vivió Peña Nieto cuando gobernador del Estado de México, provocó la caída de su secretario de Seguridad Pública, pero no el de gobierno-, se magnifican ante un país aún polarizado, en guerra total contra el narcotráfico, que enfrenta la reactivación de la guerrilla –la frecuencia y contenido de los comunicados que ha dado a conocer en las últimas semanas el EPR, así lo sugiere-, y vive en agitación social.
La iniciativa que presentará el PRI en la Cámara de Diputados junta en una misma mano el palo y la zanahoria, por lo que un caso como el expuesto inhabilita por definición al secretario de Gobernación y lo borra como interlocutor válido. ¿En qué pensaba Osorio Chong cuando presentó el documento a Peña Nieto? ¿Se dieron cuenta que la iniciativa, si es aprobada por el Congreso, regresa al país a los tiempos del presidente Miguel de la Madrid, cuando la Secretaría de Gobernación controlaba la policía política a través de la Dirección Federal de Seguridad, que hacía espionaje político en todo el país? La corrupción, generada a través del mercadeo de información confidencial, obligó al presidente Carlos Salinas a desaparecerla y enviar el espionaje político al Cisen.
Salinas cortó un cáncer en el cuerpo político, que hoy quiere reaparecer con la propuesta peñista. Si la infame DFS tenía penetrada toda la estructura social y política del país, con los recursos tecnológicos que ahora tiene Plataforma México, parte de la Secretaría de Seguridad Pública, sólo se requiere un cambio de objetivos para que, además de ser una herramienta contra criminales, haya enormes ojos y oídos sobre todos aquellos –políticos y grupos sociales de cualquier sino- que le ganen capital político a quien la controle. Si Gobernación, que debe contrarrestar y acotar (Gobernación) los excesos, tiene ahora bajo su mando los instrumentos de fuerza, ¿quién será su contrapeso? Nadie, como era en el pasado.
Peña Nieto no parece haberse percatado de que su iniciativa va en contrasentido de lo que hacen las democracias en el mundo, donde la política interna jamás corre de la mano de la política de seguridad. Tampoco será garante de la gobernabilidad, a la que en cambio sí afectará en la función dual de quien construye acuerdos con elasticidad tolerante y que debe mantener el orden. Esta iniciativa tiene que ser derrotada en el Congreso. El propio Peña Nieto saldría beneficiado, porque se le despoja de la tentación autoritaria, se evita la restauración del espionaje político con fines particulares, y se disminuye su vulnerabilidad en el tema de los derechos humanos. Hay que recordar que el camino al infierno también está pavimentado de buenas intenciones.
Este escenario problematiza la propuesta del presidente electo para desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública, de quien depende la Policía Federal, e integrarla a la Secretaría de Gobernación, como subsecretaría. Plantea un evento probable durante su gobierno y exhibe sus límites: la institución que procura la gobernabilidad es a la vez la represora que afecta el equilibrio de gobernanza. El secretario que debe tener una mano firme pero tersa, tiene una de hierro que golpea. Si la política es el arte de la negociación y el consenso, la seguridad no entiende de acuerdos, sino de orden.
¿En qué estaría pensando Peña Nieto cuando aceptó el plan de su virtual secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong para desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y convertirla en una subsecretaría? Los problemas de la gobernabilidad expuestos en la hipótesis de San Salvador Atenco –un problema similar vivió Peña Nieto cuando gobernador del Estado de México, provocó la caída de su secretario de Seguridad Pública, pero no el de gobierno-, se magnifican ante un país aún polarizado, en guerra total contra el narcotráfico, que enfrenta la reactivación de la guerrilla –la frecuencia y contenido de los comunicados que ha dado a conocer en las últimas semanas el EPR, así lo sugiere-, y vive en agitación social.
La iniciativa que presentará el PRI en la Cámara de Diputados junta en una misma mano el palo y la zanahoria, por lo que un caso como el expuesto inhabilita por definición al secretario de Gobernación y lo borra como interlocutor válido. ¿En qué pensaba Osorio Chong cuando presentó el documento a Peña Nieto? ¿Se dieron cuenta que la iniciativa, si es aprobada por el Congreso, regresa al país a los tiempos del presidente Miguel de la Madrid, cuando la Secretaría de Gobernación controlaba la policía política a través de la Dirección Federal de Seguridad, que hacía espionaje político en todo el país? La corrupción, generada a través del mercadeo de información confidencial, obligó al presidente Carlos Salinas a desaparecerla y enviar el espionaje político al Cisen.
Salinas cortó un cáncer en el cuerpo político, que hoy quiere reaparecer con la propuesta peñista. Si la infame DFS tenía penetrada toda la estructura social y política del país, con los recursos tecnológicos que ahora tiene Plataforma México, parte de la Secretaría de Seguridad Pública, sólo se requiere un cambio de objetivos para que, además de ser una herramienta contra criminales, haya enormes ojos y oídos sobre todos aquellos –políticos y grupos sociales de cualquier sino- que le ganen capital político a quien la controle. Si Gobernación, que debe contrarrestar y acotar (Gobernación) los excesos, tiene ahora bajo su mando los instrumentos de fuerza, ¿quién será su contrapeso? Nadie, como era en el pasado.
Peña Nieto no parece haberse percatado de que su iniciativa va en contrasentido de lo que hacen las democracias en el mundo, donde la política interna jamás corre de la mano de la política de seguridad. Tampoco será garante de la gobernabilidad, a la que en cambio sí afectará en la función dual de quien construye acuerdos con elasticidad tolerante y que debe mantener el orden. Esta iniciativa tiene que ser derrotada en el Congreso. El propio Peña Nieto saldría beneficiado, porque se le despoja de la tentación autoritaria, se evita la restauración del espionaje político con fines particulares, y se disminuye su vulnerabilidad en el tema de los derechos humanos. Hay que recordar que el camino al infierno también está pavimentado de buenas intenciones.
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