A raíz de que el servicio fue negado a la sobrina de Amalia Camacho, el
propietario de Lapaz-lava afirma que su negocio fue inspeccionado por
la Secretaría del Trabajo y se le señalaron 60 medidas, cada una de las cuales
genera una multa de 14 mil pesos. La funcionaria responde a ZETA: “Yo no tengo
ningún interés de afectarlo, ni soy responsable”.
Alejandro Acuña
El 17 de febrero de 2012, alrededor de la 1:30 de la tarde, Karla
Gajón de la Toba, licenciada y sobrina de la delegada federal del Trabajo y
Previsión Social en Baja California Sur, Amalia Camacho Álvarez, llegó al
car wash conocido como Lapaz-lava para solicitar un servicio
de limpieza a su vehículo. En ese momento se le estaba dando mantenimiento al
túnel pulidor, por donde entran los autos.
Por tal situación, el servicio le fue negado. Luego de unos
minutos, Karla Gajón regresó a pie a las instalaciones y se introdujo al área de
lavado, que tiene letreros visibles de acceso restringido. Molesta, la joven
solicitó hablar con el dueño de la empresa, el señor Javier Leonardo Obregón
Lindacher, quien no se encontraba en el negocio.
Como lo muestran las cámaras de seguridad, Gajón irrumpió hasta la
parte donde se encuentra el túnel y entró sin pensar en el peligro que corría,
ya que dentro hay maquinaria peligrosa, macro ventiladores, bombas de agua
industriales que al menor descuido podrían provocar un grave accidente. Los
empleados y la gerente le solicitaron que saliera de inmediato, lo que enojó aún
más a Karla, quien finalmente salió del área de lavado y amenazó que ya tenían
una denuncia en la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y ante la
Secretaría del Trabajo. El incidente quedó grabado en las cámaras de seguridad y
los celulares de algunos trabajadores del car wash.
El reclamo de la clienta tuvo eco. Sólo transcurrieron cinco días
para que llegara el primer inspector, quien solicitó datos completos de la
empresa. “Sin ningún problema le dimos lo que nos pidió”, expresó el señor
Obregón, apoderado legal de la empresa.
Pasaron otros cinco días cuando apareció otro inspector de la
Secretaría del Trabajo, identificado como José Antonio Vargas Escobar, pero
ahora con un acta, notificando que había 60 observaciones a solventar. El dueño
asegura que la mayoría de las observaciones que les hizo el inspector eran
absurdas.
“Sesenta medidas entre las cuales me piden el programa anual de
mantenimiento del aire acondicionado, siendo que somos una empresa que en ese
tiempo teníamos dos meses de haber abierto y el aire acondicionado es nuevo,
cuando vemos este atropellamiento y nos enteramos de que la cliente, de nombre
Karla Gajón de la Toba, es sobrina de la delegada de la Secretaría del Trabajo,
Amalia Camacho, pues digo, esto es más evidente que el agua, un abuso de poder,
abuso de autoridad”, declaró Leonardo Obregón a ZETA.
Posteriormente se le entregó un emplazamiento de medidas de
seguridad e higiene, con oficio número 123/ET/0004/2112, donde se le especifica
que las condiciones de seguridad e higiene no se ajustan a los ordenamientos
legales en la materia, lo que impide garantizar la salud y vida de los
trabajadores, como lo establece la fracción XV del Artículo 123 de la
Constitución mexicana; por lo que se le requirió hacer modificaciones
importantes al establecimiento en los siguientes 20 días hábiles, de lo
contrario, el comercio sería clausurado.
Las modificaciones que solicitó la Secretaría iban desde instalar
sencillos extinguidores de fuego, poner detectores de humo y botiquines, hasta
colocar barandales en las áreas de trabajo, cosas al parecer sencillas que de
inmediato se solventaron.
Lo difícil fue recibir los 60 señalamientos en el expediente
123/000126/2012, inspección extraordinaria de condiciones generales de
seguridad, donde la Secretaría exige al car wash documentación sobre
los procesos de actividad económica, información sobre los agentes contaminantes
biológicos que emplean, instalaciones y áreas en el centro de trabajo, manejo y
almacenamiento de materiales y procedimientos de seguridad; condiciones del
ruido que se genera, registros de almacenamiento de fuentes de radiaciones
ionizantes, documentación que acredite que no se generan radiaciones magnéticas
no ionizantes, documentos acreditables que los empleados trabajan en
condiciones térmicas elevadas abatidas, e informes de riesgos de trabajo para
hacer estadísticas por mencionar algunas. Observaciones que no se le han
planteado a otros auto-lavados y que son excesivas para un negocio de este
giro.
Para su mala suerte, el dueño ahora comprende que cada una de las
60 observaciones es equivalente a una multa de 14 mil pesos cada una: “Cada
medida tiene un costo, -si no las cumples a como ella dice- de 14 mil pesos, si
yo multiplico 14 mil por 60 medidas, me da más o menos 900 mil pesos la multa,
prácticamente si me llegan a multar, yo voy a tener que cerrar el negocio, a
cerrar empleos, porque no puedo pagar, yo veo que ella es juez y parte, ella
dice con quién, ella dice cómo, ella pone la multa y ella misma te lo manda a
la Secretaría de Finanzas para que pagues”.
Acto seguido, Obregón se dirigió al gobierno del estado a buscar
ayuda y orientación, directamente en la oficina del gobernador, donde ante tanta
insistencia, lo recibió el secretario particular, Juan Manuel Espinoza
Somellera, a quien expuso el caso. El licenciado le concertó una cita directa
con la delegada para solicitar una explicación y dar solución al conflicto.
El dueño del lavado asistió a la cita con una grabadora,
argumentando que estaba en su derecho ante un posible abuso de autoridad. “En un
principio la delegada se portó amable conmigo y mi abogada, conforme pasaban los
minutos se iba alterando, al grado que me exigió le pidiera disculpas a su
sobrina, lo tomó personal”, afirmó el comerciante.
Nadie está por encima de la Ley: Amalia Camacho
En contraparte, la delegada de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, Amalia Camacho, dijo a ZETA que éste es un
asunto político, dejando en claro que en su posición como funcionaria, tiene la
obligación de realizar inspecciones de todo tipo a establecimientos donde
existan riesgos para las personas, desde restaurantes, hoteles, gasolineras y
lavados de autos.
Para Camacho, lo que está sucediendo en el caso particular del
car wash Lapaz-lava, es que el dueño no quiere recibir a los
inspectores y está volteando las cosas para intimidar a las autoridades. “Yo no
tengo ningún interés de afectarlo, ni soy responsable, tengo muchos familiares y
amigos, yo no soy responsable si el señor tuvo un disgusto”, defendió la
funcionaria.
En Baja Califonia existen en registro poco más de 2 mil empresas,
en las cuales laboran 112 mil trabajadores. Cada una de esas compañías tiene la
obligación de recibir, cada que sea necesario, a los inspectores de la
Secretaría del Trabajo, en operativos tanto de vigilancia como de
prevención.
Ante cada inspección a los comercios, los agentes deben mostrar en
todo momento identificación, ser cautelosos ante algunos patrones que
generalmente no consideran grata la visita de alguien que los revise tanto en
local como en documentos. Asimismo, tienen derechos, obligaciones y
prohibiciones.
Cada negocio debe permitir el acceso del inspector al centro de
trabajo y otorgar las facilidades, apoyo y material requerido de carácter
administrativo -de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, sus reglamentos,
normas oficiales y demás disposiciones aplicables-, y permitir que se efectúen
interrogatorios a los trabajadores. Además, el inspector podrá efectuar un
recorrido por las instalaciones de la empresa con o sin el patrón. De no
cumplirse estos reglamentos, de inmediato se denuncia la irregularidad y el
local podría ser multado.
La delegada asegura que la empresa no quiere ser revisada por las
irregularidades que tiene, y que el comerciante está tomando un hecho aislado
como el detalle con su sobrina, para amedrentar a la funcionaria federal y hacer
de la situación algo mediático.
Sin embargo, en voz propia de Amalia Camacho, a través de una
grabación hecha por el comerciante en la reunión que sostuvieron, ella amenazó
que para finalizar con las acciones legales en contra de la empresa, debía
ofrecer una disculpa pública a su sobrina Karla Gajón de la Toba; de lo
contrario, se aplicaría la Ley.
En la cinta, se escucha claramente a Camacho decir que tiene el
poder de inspeccionar el car wash en innumerables ocasiones: “Yo estoy
facultada para hacerte cincuenta mil visitas cada vez que quiera, te solicito
una disculpa a mi sobrina”.
Para Javier Leonardo Obregón, dueño del establecimiento de lavado
de autos, está claro que la funcionaria federal acosó a la empresa al enviar a
inspectores federales, por un asunto personal. Incluso, considera que se están
desviando recursos públicos para atender una cuestión familiar.
Por ahora, Lapaz-Lava, S. de R.L. de C.V. está en espera
de la resolución a las respuestas enviadas a la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, respecto a las 60 observaciones presuntamente encontradas por
los inspectores.
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