- Abogado de Benjamín Arellano Félix intentó apelar la extradición del
narcotraficante para evitar una sentencia.
- Los 22 años de prisión a que fue sentenciado en México, son independientes
a la pena en los Estados Unidos; no se le restarán en aquel territorio los nueve
años de cárcel ya cumplidos en México.
- El mayor de los Arellano intentó que le disminuyeran la pena al citar
preceptos jurídicos internacionales. “Si yo estoy en un tratado internacional,
siento que tengo derecho al derecho internacional. Si yo fui juzgado por los
mismos cargos, por eso le pedí crédito por el tiempo que ya llevo preso”, dijo
sin que ello le beneficiara en la corte.
- El juez Larry Burns le preguntó si se sentía arrepentido por los crímenes
cometidos, y el capo sólo respondió: “A mí me están acusando por lo que hicieron
otras personas. Me hacen responsable de eso”.
- Sujeto a las leyes de su país y la ordenanza en la orden de extradición, el
juez Burns no pudo ampliar la sentencia al narcotraficante. Explicó el juzgador:
“No debería imponer yo otra sentencia superior a la máxima de 25 años, pero si
de mí dependiera, le impondría otra, él se merece cadena perpetua, debería pasar
el resto de su vida en prisión”.
Adela Navarro Bello
Jorge D’Garay Juncal
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos fue muy claro en su
posicionamiento judicial respecto la sentencia de 25 años que le fue decretada a
Benjamín Arellano Félix:
“Después de esta sentencia, será deportado a México para que termine una
condena de 22 años. Éste es un final acorde a una persona que ha causado tanto
sufrimiento y destrucción”.
Si se considera el año que Benjamín Arellano Félix ha sido mantenido cautivo
en una prisión de San Diego, California, concluiría dicha sentencia en 2033;
aunque en el juicio se aclaró que los últimos seis años de la caución podría
solicitar libertad condicional. En cualquier caso, en 2030 ó 2036, será
deportado a México, donde la autoridad lo recibirá para cumplir lo que le resta
de los 22 años a los que fue sentenciado en este país por delitos de
delincuencia organizada.
Aparte, el mayor de los Arellano tiene otros asuntos pendientes con la
justicia mexicana:
- En el expediente 222/93, se imputa a Benjamín por el homicidio calificado
del Cardenal Jesús Posadas y Ocampo, y otras seis personas; hechos ocurridos en
mayo de 1993, en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara,
Jalisco.
- El delito de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de
Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y asociación delictuosa en perjuicio de la
sociedad.
- La investigación sobre el atentado a Jesús Blancornelas y el homicidio de
Luis Valero, expediente en el que se ha asentado la participación de sicarios
bajo las órdenes de los hermanos Arellano Félix en el crimen.
En la investigación de la muerte del Cardenal, el mandamiento judicial no se
cumplimentó, debido a que el depuesto capo de la droga, fue confinado desde su
detención en 2002, en el Penal de Máxima Seguridad en Almoloya de Juárez, Estado
de México. El juez jalisciense Hugo Olveda Colunga se negó a procesar al
prisionero por la vía del exhorto.
Por lo menos esos casos esperan en la justicia mexicana para cuando Benjamín
Arellano Félix cumpla con la pena corporal de 25 años que le fue impuesta en
Estados Unidos por los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y otros
relacionados con el crimen organizado.
Quien fue durante casi 20 años el líder del Cártel Arellano Félix (CAR), fue
detenido por autoridades mexicanas en marzo de 2002, y extraditado a la Unión
Americana en abril de 2011, procesado en la corte del distrito sur de California
el 4 de enero de 2012, y sentenciado el lunes 2 de abril del mismo año.
Benevolencia norteamericana
Desde el inicio de la década de los noventa, los hermanos Arellano Félix,
Benjamín, Ramón, Francisco Javier, Eduardo y Rafael, se convirtieron en presas
de las autoridades norteamericanas. Los persiguieron por delitos contra la
salud, conspiración, lavado de dinero, asesinatos, tráfico y distribución de
drogas en territorio estadounidense.
Cinco millones de dólares llegaron a ofrecer el Buró de Investigación Federal
(FBI, por sus siglas en inglés), por información que llevara a la captura de los
mafiosos. Rafael Arellano Félix estuvo en una corte de Estados Unidos. Fue
sentenciado a seis años de prisión por haber vendido tres kilos de cocaína a un
agente encubierto de la DEA en 1980. Fue puesto en libertad y deportado a México
en 2008.
Ramón Arellano Félix fue asesinado antes de enfrentar la justicia, en febrero
de 2002, mientras se enfrentaba a policías ministeriales en Mazatlán. Luego que
Arellano Félix se identificó como agente de la Procuraduría General de la
República (PGR), el oficial Antonio Arias Torres bajó su arma. Ramón aprovechó y
le disparó en dos ocasiones. Cuando el ministerial caía, alcanzó a accionar su
arma e impactó el cráneo de Arellano Félix. Ahí quedó muerto.
En agosto de 2006, en aguas internacionales, agentes norteamericanos
detuvieron el yate en el que se encontraba Francisco Javier Arellano Félix “El
Tigrillo”. También fue puesto ante la justicia norteamericana Arturo Villarreal
Heredia “El Nalgón”.
El menor de los hermanos es quien ha sido más severamente
castigado por la justicia de los Estados Unidos. A la presunción inicial de
castigarle con la pena de muerte, siguió la negociación que lo mantendrá de
manera perpetua en una cárcel estadounidense. A diferencia de sus hermanos, que
ostentaron el poder criminal durante más de tres lustros, Francisco Javier
lideró al CAF durante cuatro. Fue juzgado por los crímenes de esa organización
ilícita.
Eduardo Arellano Félix fue detenido en Tijuana, Baja California, en octubre
de 2008. En una operación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada
en Delincuencia Organizada (SIEDO). Se le localizó en la colonia Misiones del
Pedregal, en compañía de una menor de edad, después identificada como su hija.
Actualmente se encuentra en una prisión mexicana.
Finalmente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tuvo la
oportunidad de juzgar a quien de hecho identificaron como la mente maestra
criminal del CAF, a quien señalaron de cruzar ilegalmente miles de toneladas de
droga, de conspiración, asesinato, lavado de dinero, contrabando, narcotráfico y
asociación delictuosa, pero que solamente fue sentenciado a cumplir con 25 años
de prisión. Y al pago de 100 millones de dólares.
Benevolencia estadounidense para el narcotraficante que encabezó una de las
estructuras criminales más violentas que se hayan observado: el Cártel Arellano
Félix de Benjamín.
La caída de un capo
Benjamín Arellano Félix entró a la Novena Sala del Tribunal de la Corte del
Distrito Sur de San Diego por la puerta izquierda. Caminando tranquilo, con la
mirada cansada.
Era custodiado por dos marshalls, quienes lo llevaron
ante el pódium. Tenía puestos un par de tenis blancos con gris claro, parecían
nuevecitos.
Su traje de una sola pieza de color naranja resaltaba en el Juzgado.
Su pelo negro azabache quería esconder sus años, pero el envejecimiento y sus
canas prevalecieron sobre el intento por lucir más joven.
Se peinó de lado, con
goma, y su copete se inclinaba hacia la derecha.
Cruzó sus brazos por atrás, a
la altura de sus caderas, como si estuviera aún esposado.
Se apretaba con una
mano la muñeca contraria, y el puño que quedaba libre, lo apretaba y relajaba
conforme avanzaba la audiencia.
A veces cambiaba de mano y liberaba la derecha o
izquierda, pero siempre moviendo los dedos, suavizando con su pulgar los otros
dedos. Siempre firme y parado, atento, escuchando la traducción simultánea de lo
que su abogado y el juez Larry Burns decían en la sala.
Poco antes de las 9:25 am, Laura Duffy, procuradora federal para el área de
San Diego, entró a la sala acompañada por dos asistentes. Saludó a William
Sherman, encargado en la ciudad del despacho de la DEA para la agencia
anti-narcóticos del gobierno estadounidense.
Sin familiares del capo mexicano visibles, ni reconocibles por sus facciones
y genes, con la sala llena de abogados y otros hombres trajeados que daban la
impresión de ser agentes federales, y apenas una docena de reporteros, la
mayoría estadounidenses y mujeres, el honorable juez Larry Burns hizo su entrada
al recinto.
Todos los presentes se pusieron de pie para iniciar formalmente con
el procedimiento.
En lugar de un jurado, 12 de los 14 asientos del lado
izquierdo de la Novena Sala del Tribunal, comúnmente reservados para el jurado,
estaban ocupados ese lunes 2 de abril por estudiantes de leyes. Inició la
audiencia.
El nuevo abogado de Benjamín Arellano Félix tomó la palabra.
Comenzó su
intervención con una objeción que el antiguo abogado del narcotraficante
mexicano, Anthony Colombo Jr., presentó tras la última audiencia pública de
enero de este año -la defensa argumentó de último minuto, a pesar de que el capo
ya había reconocido su culpabilidad en los cargos de lavado de dinero y
asociación delictuosa- que el tiempo ya cumplido en custodia en México debería
ser incluido en la sentencia que el lunes pasado se le dictara.
De igual manera, objetó que no quedaba claro si el año que ya pasó en la
cárcel estadounidense, desde su extradición en abril de 2011, estaría incluido
en la sentencia o no.
El abogado detalló que el acuerdo de extradición entre México y Estados
Unidos, solicitado formalmente por el vecino país del norte desde 2007, pero
materializado hasta 2011, se realizó sin observar y cumplir estrictamente con la
Ley, y fue motivado y finalmente llevado a cabo por razones políticas, no
legales o judiciales.
También habló de la falta de comunicación entre Colombo Jr. y Benjamín
Arellano, razón por la que el antiguo capo dio por terminada su relación
profesional con su abogado defensor.
El otrora líder de la organización criminal
del CAF, afirmó no haber entendido la totalidad del contenido del acuerdo de
culpabilidad que aceptó en enero; nunca vio una copia, nunca lo tuvo y estaba
realmente sorprendido por su contenido, cuando el nuevo abogado se lo hizo de su
conocimiento.
El juez replicó que el año ya cumplido en custodia en San Diego formará parte
de su nueva sentencia, pero los años pasados en México como parte del dictamen
de 22 años en prisión, es punto y aparte.
Los nueve años transcurridos entre su
aprehensión en marzo 2002 y su extradición a Estados Unidos en abril 2011, no
contarán como años ya servidos en la nueva sentencia que le dictarían el lunes 2
de abril de 2012.
“Gracias por su consideración, porque él no tiene ni idea de qué sigue
después de hoy”, agradeció el abogado defensor al juez.
Por su parte, Larry Burns dijo recordar cómo Colombo Jr. le aseguró que
efectivamente, Benjamín Arellano Félix había leído la petición, se le había
traducido la información y estaba de acuerdo con todo el contenido.
“¿Esto
quiere decir que rechaza usted el acuerdo ya establecido?”, le preguntó el juez
al inculpado.
“No señor, sigo aceptando el trato”, contestó el capo.
“Aun si el sistema judicial mexicano prohíbe la extradición, el punto es que
hoy lunes 2 de abril Benjamín está parado aquí -pronunció el juez Burns-, y está
aquí conforme con el acuerdo. Probablemente los cargos que se le imputan en
Estados Unidos y en México son similares”, pero el elemento de la violencia es
fundamental en este caso: violencia generada por la importación y exportación de
dinero y estupefacientes, violencia traducida en secuestros y asesinatos en
ambos lados de la frontera, violencia que el acusado ha reconocido haber
propiciado y participado en ella.
“No veo cómo justificar que el tiempo que ha servido en México, sea válido
aquí en Estados Unidos”, dijo convencido y firme en su postura.
Benjamín habló:
“Estados Unidos me pidió en un tratado de extradición, hizo
la petición al gobierno mexicano en 2007. El juez que se le presentó la
extradición dijo que procedía la extradición porque los cargos son los mismos
aquí (en México) y en Estados Unidos. Entonces, la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) dijo ‘no importa, que lo juzguen allá’. Se interpuso otro
recurso de amparo y los magistrados dijeron que me estaban violando mis derechos
constitucionales. SRE ordenó mi extradición y no los jueces, que son los
encargados de decir si sí o si no. Si yo estoy en un tratado internacional,
siento que tengo derecho al derecho internacional. Si yo fui juzgado por los
mismos cargos, por eso le pedí crédito por el tiempo que ya llevo preso”,
finalizando así su intervención, con frases pausadas, voz tranquila y sin
alterarse.
Larry Burns invitó al criminal mexicano a hablar sobre su pasado, sobre cómo
se sentía de los crímenes cometidos, si se arrepentía o no. Benjamín respondió:
“A mí me están acusando por lo que hicieron otras personas. Me hacen responsable
de eso”.
El juez refutó que él había admitido esa responsabilidad, su dirección
operativa en el Cártel de Tijuana: “Eso es lo que dijiste, ahora parece que no
es cierto”.
El abogado en turno respondió que el acuerdo incluye la responsabilidad de lo
que otros hicieron y dijeron. El juez preguntó si alguien quería agregar algo
más, y ante la negativa de las partes, se preparó para emitir su sentencia.
Entre 1986 y 2002, Benjamín Arellano Félix operó como el centro de su imperio
criminal. Durante su reinado, afirmó Burns, el capo envenenó a México con
violencia y corrupción.
A la fecha aún no queda claro qué tanta responsabilidad
ha aceptado al respecto.
Es verdad que él directamente no realizó los crímenes,
pero eso es sólo porque fue lo suficientemente afortunado como para contar con
legiones fieles y leales a él.
Se estima que introdujo ilegalmente a Estados
Unidos cientos y cientos de toneladas de cocaína y marihuana, y lavó cientos y
cientos de millones de dólares, aunque resulta imposible fijar una cifra
determinada del volumen de estupefacientes y dinero que controló durante su
mandato en la organización.
El juez reconoció que al declararse culpable, Benjamín Arellano Félix le
ahorró al gobierno estadounidense cuantiosos recursos, especialmente tiempo y
dinero.
Por el cargo de asociación delictuosa lo condenó a la pena máxima de 20 años
en prisión, y por el cargo de lavado de dinero, le dio también la pena máxima de
5 años, en total 25, de los cuales podrá pasar 6 en libertad condicional.
Entre
las actividades que Benjamín Arellano supervisó, se encuentran los asesinatos
selectivos, secuestros, tráfico de armas de fuego, corrupción, sobornos
sistemáticos a funcionarios públicos, extorsión y actos de corrupción en ambos
lados de la frontera.
También mandó asesinar ciudadanos californianos, aunque el
juez reconoció que por más problemas que el CAF causó a Estados Unidos, fue en
México donde el caos e intimidación por medio de la violencia fue peor. Nombró a
la asociación delictiva directamente responsable de las miles de adicciones a
narcóticos presente en la población de Estados Unidos.
Larry Burns calificó como positivo el hecho de que Benjamín Arellano Félix es
un hombre leal a su familia, que gozó de una relación especial hacia sus padres,
particularmente hacia su madre, pero que actuó sin consciencia. Sabía lo que se
estaba haciendo; los asesinatos no se hubieran perpetrado si él no los hubiera
comandado.
De acuerdo al juez, algunos miembros de la organización criminal están
cumpliendo sentencias más extensas, como el hermano menor de Benjamín, Francisco
Javier “El Tigrillo”, condenado a cadena perpetua en una prisión de máxima
seguridad; o Jesús “Chuy” Labra, padrino de los hermanos y sentenciado en 2010 a
servir una pena de 40 años en Estados Unidos. Pero Benjamín tendrá 80 años
cuando salga libre, y aún tiene que enfrentar cargos pendientes en México.
“No tengo ningún enojo personal contra Benjamín Arellano Félix.
El cobrador
de las facturas viene a cobrarle hoy a Benjamín su deuda pendiente. No debería
imponer yo otra sentencia superior a la máxima de 25 años, pero si de mí
dependiera, le impondría otra, él se merece cadena perpetua, debería pasar el
resto de su vida en prisión.
La pena de 25 años es completamente justa y
justificada”, concluyó Larry Burns.
Benjamín Arellano Félix se quitó los audífonos y se retiró de la Sala Número
9 en silencio, cabizbajo, sin voltear a ver a los asistentes, mirando sólo el
piso.
Afuera de la Corte del Distrito Sur de San Diego, la fiscal Laura Duffy y el
agente de la DEA, William Sherman, se apresuraron a declarar la sentencia como
un hito más en la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos en la
lucha por desmantelar cárteles del narcotráfico.
“Benjamín Arellano Félix finalmente fue llevado a la justicia. Además de la
sentencia de 25 años, tendrá que cumplir una de 17 años en México, con esto
asegurando que alguien que causó tanta destrucción a tantos, pasará el resto de
sus días en prisión”.
Sherman afirmó que “éste es el fin absoluto y definitivo del Cártel de los
Arellano Félix. Está muerto, ya es historia. Lo que ellos comenzaron no tiene
precedentes. La sentencia de hoy pone fin a una de las investigaciones más
extensas que ha coordinado nuestra agencia (DEA)”.
Tal como se conoció al Cártel de Tijuana en las últimas dos décadas, ya no
existe.
Varias facciones y células siguen operando, principalmente en Tijuana y
Mexicali, pero lo que queda de la poderosa organización criminal que cimbró los
cimientos de las corporaciones policiacas y de procuración de justicia en ambos
lados de la frontera, no volverá a levantarse.
Los dos funcionarios
estadounidenses se mostraron confiados al decir que nunca, ninguna alcanzará el
nivel que alguna vez gozaron los hermanos Arellano, aunque aceptaron que quizá
otras organizaciones delictivas ocuparán las plazas de Baja California.
Para concluir, manifestaron que Benjamín Arellano Félix ya no es una amenaza
a la población de Tijuana y San Diego.
“Éste es un caso de ganar-ganar para Estados Unidos. Si uno quiere la paz,
tiene que estar preparado para ir a la guerra. En este caso, se le ha
sentenciado virtualmente a cadena perpetua. Benjamín estuvo protegido y aislado
por sus hermanos, por autoridades de alto rango y por pandilleros violentos.
Pero ahora los beneficios pesan más que los riesgos”, precisó la fiscal
Duffy.
Aún no se ha designado la prisión de máxima seguridad donde Benjamín Arellano
Félix habrá de cumplir su condena de 25 años de cárcel, y de los 100 millones de
dólares en bienes y divisas que debe entregar al gobierno estadounidense como
parte del acuerdo, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en
inglés) -agencia encargada de la recaudación fiscal y tributaria en Estados
Unidos- apenas ha localizado 7 millones de dólares de ese botín.
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