FAMILIARES DE ALFREDO JIMÉNEZ MOTA NO HAN PODIDO COBRAR SEGURO DE VIDA NI PENSIÓN

A 7 años de la desaparición del periodista Alfredo Jiménez, sus padres no han tenido información sobre los avances de la investigación que inicio la SIEDO y tampoco han recibido la pensión a la que tienen derecho Animal Politico “Dinero por la pensión que tendrían que pagarnos por la desaparición de mi hijo  no hemos recibido nada”, dice el señor Alfredo Jiménez Hernández, padre del periodista Alfredo Jiménez Mota, desaparecido el sábado 2 de abril de 2005, quien asegura que en todo este tiempo no han podido cobrar la indemnización a la que tienen derecho los familiares de aquellos trabajadores asalariados que han sufrido una “perturbación funcional en el ejercicio de su labores“, como ocurrió con el comunicador de entonces 25 años. Un abogado laborista, consultado por Animal Político, explicó que basados en el artículo 474 de la Ley Federal del Trabajo, la familia de Alfredo tiene derecho a cobrar por una pensión y una indemnización, pues resulta evidente que el periodista fue desaparecido a consecuencia de su trabajo.   El día de su desaparición, Alfredo se reuniría con uno de sus informantes. Esa situación, así como los reportajes donde hablaba de los grupos del narcotráfico que operaban en el norteño estado de Sonora, provocó que su actividad en el periódico El Imparcial de Hermosillo, Sonora, fuera considerada por la PGR la principal  línea de investigación del caso.   Conductor de tren en Empalme, Sonora, el señor Alfredo  Jiménez comenta que además de no recibir las dos prestaciones, la familia tampoco ha cobrado el seguro de vida que El Imparcial le tenía asignado a su hijo, aun cuando los abogados del periódico trataron de interceder jurídicamente en el asunto.   “Tuvimos varios acercamientos con la aseguradora pero no se concretó nada”, dice el afligido padre, quien explica que en todas las reuniones los representantes de la empresa aseguradora les pidieron documentos que avalara el fallecimiento de su hijo para poder pagarles.   El señor Alfredo Jiménez, sin embargo, asegura que no le interesa el dinero que por ley pudiera recibir ni el que le han ofrecido organizaciones civiles.   “Lo he platicado con mi esposa y los dos coincidimos que no nos interesa el dinero. Lo que nos interesa es nuestro hijo. Saber qué paso con él. Si está muerto saber dónde se encuentra su cuerpo, que lo localicen, para acabar con la incertidumbre que tenemos”.   El Código Civil de Sonora establece que los oficiales del Registro Civil tienen la facultad para declarar la “presunción de muerte” de una persona cuando  un Juez Familiar así lo solicite.  Para ello se tiene que demostrar con testigos y pruebas, como pudiera ser una averiguación previa, que la persona lleva varios años desaparecida y se presume su muerte.  En el estado de Baja California, por ejemplo, donde existen varios casos de desapariciones forzadas, hace un par de meses se aprobó una ley que permite declarar muertas a las personas que se encuentran en calidad de desaparecidas después de dos años.   “Lo que le pedimos a la Siedo es que platiquen con nosotros. Qué nos digan qué han hecho y lo qué piensan hacer más adelante en el caso de mi hijo.  Que nos informen si hay o no hay avances. Se comprometieron a estar en contacto con nosotros pero no hemos sabido nada de ellos”.   Hasta el día de su desaparición, Alfredo Jiménez investigaba noticias de crimen organizado y seguridad pública en Sonora, estado donde operan células criminales