En completo sigilo, la
madrugada del sábado 6 de mayo Joaquín Guzmán Loera fue trasladado del penal
del Altiplano, donde se encontraba, a un penal de mediana seguridad de Ciudad
Juárez. Esto ha sido visto como el primer paso para su eventual extradición a
los Estados Unidos, donde le esperan al menos siete acusaciones en igual
cantidad de cortes federales de ese país. Todas lo quieren juzgar y para todas
sería un trofeo.
El gobierno mexicano dio el
primer paso de lo que será una serie de movimientos secretos previos a la
extradición de Joaquín el Chapo Guzmán, al determinar transferir al capo a una
prisión de mediana seguridad en las afueras de Ciudad Juárez, Chihuahua, justo
días antes que un Juez Federal aprobara su extradición a Estados Unidos.
El plan de transferir al
Chapo, según señaló la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), obedeció a
realizar una serie de mejoras en las instalaciones de la cárcel del Altiplano,
y no como estrategia de evitar una nueva fuga del capo, aunque para los
abogados son estrategias para que “éste no se fugue de nuevo”.
La prisión a donde el capo
fue transferido es el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número
9, el cual se encuentra localizado en Ciudad Juárez, Chihuahua, a 33 kilómetros
de El Paso, Texas.
Apenas cinco días después de
esa transferencia, un juez federal avaló la legalidad de la extradición del
Chapo Guzmán por acusaciones que enfrenta en diversas cortes de ese país, por
lo que el caso quedó en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE),
que tiene hasta el próximo 7 de junio para decidir cuándo extraditarían al
capo.
Los abogados del capo,
encabezados por José Refugio Rodríguez, señalaron que, tras enterarse del
traslado, tramitaron una nueva demanda de amparo, además de una suspensión para
evitar extradiciones ilegales, y que con ello no sean violados los derechos de
Guzmán Loera.
“Queda en manos de que la
Secretaría de Relaciones Exteriores para que ahora emita su dictamen (sobre si
lo extradita o no), y si ésta autoriza la extradición, se tramitaría una nueva petición de amparo
para que no se dé, aunque existe la posibilidad que ese amparo termine en la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, dijo Refugio Rodríguez, en
entrevista con Ríodoce.
LOS REQUERIMIENTOS Y LAS CORTES
De acuerdo con información
extraída desde los archivos judiciales del Departamento de Justicia de Estados
Unidos (USDOJ), el Chapo es requerido por al menos siete cortes de Distrito de
ese país, aunque las fiscalías más agresivas para tenerlo en su poder son la
Corte del Distrito Este de Nueva York, la Corte del Distrito Norte de Illinois,
y la Corte del Distrito Sur de California, que son las que más han insistido al
Departamento de Estado para juzgarlo.
En el caso de la Corte de
Distrito del Sur de California, localizada en el centro de San Diego, ellos
alegan estar buscando la extradición de Guzmán Loera desde el 1995, apenas dos
años después de ser arrestado en Guatemala, poco después de la muerte del
Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.
“Desde entonces es nuestro
objetivo desmantelar el Cártel de Sinaloa, y uno de los pilares entonces era
Guzmán Loera”, se lee en el expediente 95-0973-B, y el cual incluye a uno de
los hermanos del capo, Arturo Guzmán Loera, el Pollo, muerto en el 2004
mientras hablaba con su abogado, en el penal del Altiplano.
También Humberto Loya Castro
está incluido en la misma acusación, aunque a finales de los 90, se habría
integrado al programa de testigos protegidos de la DEA.
Precisamente fue Loya Castro
quien se miró con Vicente Zambada Niebla, horas antes de ser detenido en el
2009, en la ciudad de México.
La Corte del Distrito Norte
de Illinois, no resulta menos agresiva que la de San Diego, pues en su
acusación 09-CR-0383 incluye a todos los jefes de alto rango del cártel de
Sinaloa, entre ellos el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada, Alfredo Guzmán Salazar,
Vicente Zambada, y los hermanos Pedro y Margarito Flores, que posteriormente se
integrarían al programa de testigos protegidos.
Fue esta corte quien denominó
a Guzmán Loera como enemigo público número uno, una referencia que sólo había
tenido Al Capone, en la década de los 20.
De acuerdo con fiscales del
USDOJ, esta Corte tiene el caso más robustecido en contra del Chapo, pues
cuenta con varios testigos protegidos que testificarían contra Guzmán Loera,
además de grabaciones de llamadas y videos.
No obstante, la corte que más
insistente en enjuiciar al Chapo es la del Distrito Este de Nueva York,
localizada en Brooklyn, pues los fiscales presentaron cargos por homicidio en
contra del Chapo y de Ismael Zambada, el Mayo, valiéndose de una ley conocida
como Jurisdicción Extraterritorial, que permite enjuiciar a sus acusados por
crímenes que no necesariamente hayan ocurrido en territorio estadunidense.
Para esta medida, la entonces
fiscal que buscó por todos los medios que se extraditara al Chapo antes de su
fuga, el 11 de julio de 2015, era Loretta Lynch, quien posteriormente se
convirtió en la Procuradora General de Justicia de Estados Unidos, y quien ha
reiterado en repetidas ocasiones que quiere castigar al capo con todo el peso
de la ley.
Pero las demandas no se
detienen ahí, también fiscales en las cortes de new Hampshire, Florida, Texas y
Manhattan, han dicho que desean aplicarle todo el peso de la ley, pues en todos
sus territorios llegó a entrar drogas enviadas por la gente que comanda Guzmán
Loera.
Por lo pronto, el capo se
mantiene prisionero en el Cefereso 9 de Ciudad Juárez, en donde, según la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, (CNDH), fue el peor en materia de
seguridad en 2015, con tan sólo 6.63 sobre 10 puntos.
Las causas principales eran
el hacinamiento, la sobrepoblación, y las fallas en la imposición de sanciones,
así como de deficiencias en los servicios de salud para los internos, explica
un reporte de la CNDH.
EL SECRETO
Apenas la semana pasada, que
grupos parlamentarios de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión
avalaron un acuerdo para que el Gobierno Federal informe al Poder Legislativo
el estatus del proceso de extradición de Joaquín Guzmán.
Esto, por la serie de
acciones que ha realizado la CNS, que incluye una transferencia secreta a otro
penal, lo mismo que un proceso judicial en completo silencio.
También se aprobó que la
Cancillería y la PGR informen a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional
sobre el estado en el que se encuentran los procedimientos penales del
narcotraficante Joaquín Guzmán Loera.
De esta manera, en la reunión
entre el legislativo y las autoridades de la Secretaría de Relaciones
Exteriores y de la PGR, se deberá conocer las eventuales negociaciones
relacionadas con los bienes y recursos económicos, resultado de los
aseguramientos y decomisos vinculados con el capo.
La Secretaría de Relaciones
Exteriores deberá resolver a más tardar el 6 de junio si concede o niega la
extradición del capo a Estados Unidos, para que sea juzgado por narcotráfico.
Distritos Judiciales que
quieren a Joaquín Guzmán Loera:
Distrito Norte de Illinois, en Chicago,
Distrito Este de NY, en Brooklyn
Distrito Sur de NY, en Manhattan
Distrito Oeste de Texas, en El Paso
Distrito Sur de California, en San Diego
Distrito Sur de Florida, en Miami
Distrito de New Hampshire
(RIODOCE/ Miguel Ángel Vega/ Ciudad de
México/ 15 mayo, 2016)
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