Indignación, impotencia,
molestia y decepción genera la sentencia condenatoria contra los implicados en
la tragedia de la Guardería ABC ocurrida el pasado 5 de junio del 2009, donde
los nombres de 3 dueños de la instancia infantil, del ex gobernador Eduardo
Bours Castelo, de Jesús Murillo Karam ni del finado Juan Molinar Horcasitas,
quien murió el 21 de mayo del 2015, aparecen en la lista.
Desde el viernes, el juez
primero de Distrito, Raúl Martínez Martínez, emitió la resolución judicial por
homicidio y lesiones culposas mientras los hoy responsables a los ojos del
juzgador tramitaban amparos para evitar ser detenidos durante el fin de semana
y los días de esta que inicia, en tanto otros iniciaron trámites para contratar
las fianzas por ser un delito menor.
Mientras esto sucede, un
nutrido grupo de padres en duelo interponen el recurso de la apelación a razón
de buscar con esperanza la reclasificación del delito en la segunda instancia
ante la fragilidad de la mano juzgadora que además tardó casi 7 años en emitir
un fallo por todos anticipados desde el mismo año del suceso que conmocionó a
la opinión pública internacional.
Las ex empleadas de la
Guardería ABC, humildes mujeres de escasos recursos que apenas generan mil
pesos a la semana como ingreso, así como los 5 ex trabajadores de la Secretaría
de Hacienda estatal, un oficial del Departamento de Bomberos y una ex
coordinadora de Guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, son los
más vulnerables a soportar los gastos por contrato de fianza para continuar, al
menos un año más, el proceso penal en su contra.
Indudablemente, la mano del
hombre provocó la muerte de los 49 niños y lesiones en 104 menores más, pero
también la negligencia de las autoridades, el tráfico de influencias con la
presión de la entonces familia presidencial y sobre todo, la fábula del corto
circuito en un cooler con la que se manipuló la verdad histórica y jurídica que
a la postre derivó en la débil sentencia.
Dormir como bebé, no mató a
los niños pero sí la esperanza de los padres en luto eterno y de una sociedad
que se volcó a las calles para exigir castigo a los responsables de la sensible
pérdida de niñas y niños que no debieron morir.
Promesas de justicia durante
el proceso electoral del 2009, terminaron por sepultar el sueño de encarcelar
primero a quien indujo el fuego en documentación oficial relacionada con gastos
oscuros en el llamado Plan Sonora Proyecta, siniestro que se propagó por el
techo de la bodega de Hacienda hacia la Guardería ABC.
Peritos internacionales de al
menos 4 compañías extranjeras contratados ante la desconfianza en la
procuraduría General de Justicia del Estado, a cargo del hoy diputado federal
Abel Murrieta Gutiérrez, determinaron el fuego inducido por la mano del hombre
con acelerantes que a la postre derivó en los trágicos eventos que enlutaron a
México.
Al final del día, la
sentencia condenatoria sabe a indignación, huele a injusticia, duele hondo
porque sin pudor, hoy algunos celebran en la opulencia y con fuero
constitucional no estar en la corta lista de condenados por un delito que, ante
los ojos del juez, resulta ser menor de lo que en realidad es y que sólo Dios,
en su infinita sabiduría, sabrá derramar el peso de su ley.
Agradezco el privilegio de
servirle, hasta las próximas Nece(si)dades, si Dios lo permite.
(DOSSIER POLITICO/ Alejandro Matty
Ortega / 2016-05-15)
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