Rigoberto Íñiguez, investigado por
amenazas y abuso de autoridad
El subsecretario de Seguridad
Pública, Rigoberto Íñiguez Celaya, enfrenta una demanda penal por amenazas y
abuso de autoridad.
Las supuestas amenazas
ocurrieron el pasado 12 de abril en el Centro de Ejecución de las Consecuencias
Jurídicas del Delito de Los Mochis ante trabajadores administrativos, después
del paro de labores que realizaron el 31 de marzo.
La denuncia ante el Agente
del Ministerio Público fue presentada por Alberto Guadalupe Camacho Camacho,
quien trabaja como asesor jurídico en el reclusorio.
La semana pasada, el empleado
del CECJUDE fue removido de su cargo y puesto a disposición del sindicato para
que sea asignado a otra dependencia.
Por las presuntas amenazas,
el Agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación
AHOME/UETC/O765/2016.
A través del área de
comunicación social de la Secretaría de Seguridad Pública, Rigoberto Íñiguez
informó que no hará ninguna declaración sobre la demanda penal presentada en su
contra.
El funcionario ya había sido
denunciado públicamente también por empleados del penal de Mazatlán, después de
la manifestación del 31 de marzo.
La amenaza a los trabajadores
del reclusorio de puerto ocurrió el 5 de abril en las instalaciones del
reclusorio, donde Íñiguez Celaya advirtió a los trabajadores que si se volvían
a manifestar serían desalojados “a garrotazos”.
Les dijo que si era necesario
no dudaría en usar la fuerza pública para tomar medidas más apremiantes contra
los manifestantes.
En el caso de los
trabajadores de Los Mochis, Alberto Camacho acudió ante el Ministerio Público a
presentar denuncia formal.
Camacho Camacho señaló que
Íñiguez Celaya presuntamente primero lo amenazó directamente a él y le señaló
la discapacidad que padece por secuelas de polio, y después hizo extensiva la
amenaza a todo el personal.
Narró que Íñiguez Celaya
llegó el 12 de abril alrededor de las 12:30 horas a las instalaciones
administrativas del penal y se dirigió hacia el escritorio dónde estaba él.
Dijo que cuando estaba frente
a su escritorio, le gritó al director del penal, José Joel Lugo Sepúlveda, para
que se acercará y le preguntó a Alberto que sí tenía algún cargo en el
sindicato, él respondió que no, que solo formaba parte de una comisión que
acudía a realizar gestiones ante el STASE.
“Apunta hacia mis muletas y
me dice que si valoro en algo mi condición física, que recuerde que él antes
que nada es policía, antes de Subsecretario de Seguridad Pública y Director de
Prevención, que si valoro yo mi condición física que deje de estar publicando
cosas en contra de la investidura que el porta.
“Entonces yo le dije que si
por qué se metía en mi vida privada y él me dijo que quedaba advertido y que
esa amenaza la hacía extensiva para todo el personal, estábamos todos los
compañeros de la oficina, él les dijo que la amenaza era pública, que él no se
ocultaba, que supuestamente él tenía esa fuerza”, detalló.
Mientras le hablaba,
mencionó, el Subsecretario señalaba con un dedo hacia las muletas que él tenía
por un costado de su escritorio.
Mencionó que Íñiguez Celaya
se refería a publicaciones que ha hecho en su cuenta de Facebook, en la que
pide a las autoridades estatales que volteen a ver al personal administrativo
de los CECJUDE.
Las denuncias que hace en la
red social, manifestó, son las mismas que hicieron durante el paro de labores
el pasado 31 de marzo.
“Eran denuncias de que pongan
atención en la administración de los penales en lugar de estar descuidándonos a
nosotros como personal. Estamos exigiendo los beneficios para que nos cambien
de categoría a profesionistas, estamos ahorita de analistas; los que son
titulados de sicología, trabajo social que les den sus nivelaciones y que
tengamos mejoras salariales”, explicó.
Mencionó que ese día acudió a
la Subprocuraduría Regional de Justicia Zona Norte en Los Mochis a presentar
denuncia penal contra el Subsecretario por amenazas y abuso de autoridad.
Un día después, el Agente del
Ministerio del Fuero Común le otorgó rondines de vigilancia como medida de
protección.
Hasta el momento cuatro de
sus compañeros han ido a rendir su declaración como testigos, manifestó.
Camacho Camacho señaló que ya
solicitó la intervención del gobernador Mario López Valdez y el Secretario de
Seguridad Pública del Estado, Genaro García Castro, pero no ha obtenido
respuesta.
“Si ellos piensan que por lo
que yo publiqué tengo alguna consecuencia que la busquen jurídicamente y por
ahí que actúen, sin embargo no tenía por qué ir a amenazarme a mi oficina.
Tenemos personas que han faltado a alguna regla, a alguna Ley, sin embargo
nosotros tratamos de reinsertar a esas personas, de regresarlas a la sociedad
lo más sanos posible y eso es lo que sentimos muchos de nosotros que no valora
el Gobierno, inclusive nuestro mismo sindicato”, expresó.
Camacho Camacho dijo confiar
en el sistema de justicia y que el Agente del Ministerio Público integrará y
resolverá la carpeta de investigación conforme a derecho.
(RIODOCE/ Alejandro Monjardín/ 15 mayo, 2016)
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