El
crimen organizado marcó la pauta en las campañas políticas en esta
entidad. Con amenazas, obligó a candidatos a replegarse y hasta se dio
el lujo de imponer a sus futuros gobernantes en algunas plazas, como en
el municipio de San Fernando, donde cerró el paso al PAN. Aquí, los
cárteles de Los Zetas y del Golfo y no lo votantes, se convirtieron en
los grandes electores.
CIUDAD VICTORIA, Tamps. (apro).-
Alrededor de las 11:00 horas del pasado 6 de mayo, Francisco Elizondo
Salazar, candidato a diputado por el PAN, se desplazaba en un vehículo
sobre la carretera que va de Matamoros a Ciudad Victoria.
A la
altura del municipio de San Fernando, donde fueron hallados los
cadáveres de 73 migrantes –en su mayoría centroamericanos– con el tiro
de gracia y atados de manos y pies en agosto de 2010, el candidato fue
interceptado por un grupo de aproximadamente 20 hombres armados que
circulaban en dos camionetas.
Luego de obligarlo a bajar de la
unidad en la que viajaba, Elizondo Salazar fue privado de su libertad y
llevado a un domicilio localizado en San Fernando.
Después de
permanecer ocho horas cautivo, el candidato panista fue liberado por sus
captores, pero antes de ello le lanzaron una advertencia: “Aquí no va a
ganar el PAN” y “ya sabes lo que te va a pasar (si eso ocurre)”.
Además
de Elizondo Salazar, todos los aspirantes panistas que compiten en
los municipios de la Frontera Chica también fueron amenazados, denunció
en su momento el senador Francisco García Cabeza de Vaca.
Pero los
candidatos de Acción Nacional no son los únicos que han enfrentado el
acoso de la delincuencia organizada, algunos del PRI también han
recibido amenazas de integrantes de las organizaciones criminales que
operan en Tamaulipas: Los Zetas y el Cártel del Golfo.
Muchos de
los precandidatos del Revolucionario Institucional que sufrieron ataques
y amenazas durante el primer trimestre del año se vieron obligados a
renunciar.
Los que quedaron fueron palomeados por el crimen organizado,
convertido ya en el gran elector en Tamaulipas, donde este domingo 7 se
renovarán 36 diputaciones y 43 ayuntamientos.
En Nuevo Laredo el
proceso electoral quedó empañado desde marzo pasado, cuando un grupo de
sujetos armados irrumpió en una reunión que se celebraba en la sede del
Consejo Electoral Distrital Número 2 y secuestró a Ramiro Garay Medina,
consejero del Instituto Electoral de Tamaulipas.
Hasta le fecha se
desconoce el paradero de Garay Medina y también del titular de la
Secretaría de Seguridad Pública del estado, Roberto Alejandro Balmori
Garza –desaparecido desde febrero–, cuyos hermanos, uno de ellos fiscal
de la Procuraduría General de la República, fueron ejecutados días
después y sus cuerpos localizados en la carretera Monterrey-Nuevo
Laredo, a la altura del municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León.
De
acuerdo con Everardo Quiroz Torres, candidato del PRD a la alcaldía de
Nuevo Laredo, en los últimos 12 años “creció demasiado la violencia y
la inseguridad.
La ciudadanía no fue atendida y la gente de dinero
emigró a Estados Unidos. Los comercios cerraron y se golpeó a la
economía formal”.
El año pasado, asegura, cerraron 700 comercios y
la vida nocturna se acabó, además de que cientos de ciudadanos con
poder económico cruzaron la frontera y ahora viven en Texas.
La
inseguridad en esta ciudad ha llegado a tal extremo que decenas de
adolescentes y jóvenes, dice, fueron sacados de las escuelas por el
temor de sus familias a que fueran secuestrados.
En entrevista,
Quiroz Torres asegura que la posición estratégica de Nuevo Laredo ha
sido desaprovechada para impulsar su desarrollo. “La gente no tiene
trabajo. El origen de la violencia y todos los males que tenemos en esta
sociedad son la marginación, la falta de oportunidades y las
injusticias”.
Añade:
“Queremos que regrese la paz a Nuevo
Laredo, pero eso se logra con desarrollo y no con soldados y balas.
(Queremos) Recuperar el tejido social que se ha perdido, pero eso se
tiene que hacer con progreso”.
Como precandidato del PAN a la
alcaldía del municipio rural de Llera, Héctor Torres Valenzuela, El
Sapo, también sufrió el acoso de Los Zetas, quienes incendiaron su
rancho. Su familia tuvo que huir del pueblo.
Torres Valenzuela
pidió el apoyo de su partido, pero éste se lo negó. Finalmente renunció
al PAN y se unió al Movimiento Ciudadano, que lo convirtió en su
abanderado a la alcaldía de Llera.
Desde el año pasado, los
habitantes de ese municipio denunciaron el acoso de Los Zetas, pero
fueron desoídos por los gobiernos federal y estatal y optaron por las
redes sociales para manifestar su indignación y el miedo que provoca
entre los pobladores la absoluta impunidad con que actúa el capo local
apodado El Rokolas, a quien atribuyen el asesinato de decenas de
familias, la quema de viviendas y el robo de todo tipo de propiedades y
vehículos.
Ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los
habitantes de Llera denunciaron que Los Zetas “mantienen al menos un
narco campamento” en la región para entrenar a sus integrantes en el
manejo de armas.
De nueva cuenta fueron desoídos, pese a que la IV
Región Militar confirmó en un reporte los crímenes perpetrados por Los
Zetas en la zona.
De acuerdo con el informe oficial, en lo que va
del año se han localizado cinco “narcofosas” en Lleras-Xicotencal, una
de ellas con más de 80 cadáveres, sin embargo el gobierno de Tamaulipas
sólo reportó los primeros seis, hallados al inicio de las excavaciones.
La
violencia que azota a Tamaulipas se profundizó desde los primeros días
de 2013. Según las estadísticas oficiales, en los primeros cinco meses
se registraron 43% más asesinatos y 45% más secuestros que en el mismo
periodo del año pasado.
El pasado 14 de mayo, Armando Torres III,
un veterano de la Marina de Estados Unidos, fue plagiado por un comando
en un rancho de su propiedad, junto con su padre Armando Torres II y su
tío Salvador Torres.
Las autoridades estadunidenses demandaron la
ayuda de las autoridades y la ciudadanía mexicanas para localizar a los
desaparecidos.
Según estadísticas del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Tamaulipas cuenta con la
mayor incidencia de secuestros en toda la República Mexicana.
El
número de casos entre enero y marzo de 2012 ascendió a 24, cifra que se
duplicó en el mismo periodo de 2013, al pasar a 42 casos. Esta última
cifra representa 11% del total de secuestros que se perpetraron en el
país.
Entre las ciudades mexicanas, Tampico ocupa el tercer lugar con el mayor número de plagios.
En
las últimas semanas los constantes enfrentamientos entre cárteles
rivales provocaron la suspensión de actos proselitistas en esta capital,
pero también en ciudades fronterizas y otras regiones del estado.
Antes
del cierre de campañas, al menos dos candidatos tuvieron que salir
huyendo de mítines y eventos de campaña en medio de disparos de arma de
fuego. Y en otros casos hombres armados se dieron a la tarea de vigilar
“discretamente” las actividades de los políticos que compiten por las
alcaldías.
En el caso de Acción Nacional, ante las constantes
agresiones contra sus candidatos, el Comité Directivo Estatal exigió a
las autoridades estatales y federales garantías para el proceso
electoral.
Como primera condición pidió al gobierno de Egidio
Torre Cantú que investigue y castigue a los culpables del secuestro
del candidato Francisco Elizondo Salazar.
Asimismo, demandó al
presidente Enrique Peña Nieto y a su secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, informar sobre “los planes, convenios, estrategias y
acuerdos que en materia de seguridad que desarrolla dicha Secretaría”.
Por
último, pidió que los gobiernos estatal y federal garanticen la
seguridad e integridad de todos los candidatos a puestos de elección
popular.
Estado fallido
Para Raúl Benitez
Manaut, investigador en el área de seguridad y crimen organizado del
Centro de Investigación de América del Norte de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), esta entidad opera en ciertos rubros bajo la
premisa de “Estado fallido”.
El 25 de noviembre de 2008, el
Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó un informe en el que
detalló que algunas regiones de México podrían caer en la categoría de
“Estado fallido”, ya que el gobierno central había perdido el control
de esos territorios a manos de los cárteles de la droga, entre ellos la
frontera tamaulipeca.
Además, el investigador de la UNAM precisa
que la justicia y la cuestión policiaca están en crisis en Tamaulipas.
“Es la parte que opera como un Estado fracasado”, agregó.
De
acuerdo con Benítez, entidades federativas como Michoacán y Tamaulipas
requieren una estrategia particular por parte del Estado mexicano.
“La
nueva estrategia del presidente Enrique Peña Nieto contra la violencia
conlleva cambios de fondo, como la reforma a la Secretaría de
Gobernación, pero necesita tiempo para que comience a rendir
resultados”, dice.
En Tamaulipas, subrayó, se requiere una
estrategia especial, con una intervención muy intensa, sobre todo en
ciudades fronterizas como Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.
Según
Benítez la seguridad está tan descompuesta que es iluso pensar que
puede existir democracia en un Estado dominado por el crimen organizado.
Y remata:
“En este ambiente es claro que hay candidatos que tienen relación con los cárteles, e incluso están financiado por ellos.
/ 6 de julio de 2013)
No hay comentarios:
Publicar un comentario