BOGOTÁ.- Andrés
Villamizar Pachón es un político colombiano experto en seguridad, quien
ha vivido la violencia muy de cerca. Su padre, el fallecido
excongresista Alberto Villamizar, salió ileso de un atentado del Cártel
de Medellín en 1986 gracias a la reacción de su chofer y a pesar de los
más de 30 disparos que impactaron su vehículo.
Su madre, la exministra
de Educación Maruja Pachón, permaneció seis meses secuestrada por esa
misma organización criminal entre 1990 y 1991; y su tío, el político
liberal Luis Carlos Galán, fue asesinado en 1989, cuando era candidato
presidencial, por órdenes del narcotraficante Pablo Escobar.
Con
esa historia a cuestas Villamizar estudió economía en la Universidad de
Los Andes; realizó una maestría en Seguridad Nacional en la Universidad
de Georgetown y desde noviembre de 2011 es el primer director de la
Unidad Nacional de Protección (UNP), una agencia estatal autónoma
encargada de salvaguardar la vida de unos 7 mil 500 colombianos
enfrentados a riesgo letal como resultado de sus actividades públicas.
No hay ninguna otra nación en el mundo con un programa de protección de
esta envergadura.
La UNP, adscrita al Ministerio del Interior pero
con personalidad jurídica y presupuesto propios, fue creada en octubre
de 2011 para hacerse cargo de un programa de protección que cobija a
sindicalistas, defensores de derechos humanos, dirigentes políticos,
opositores y guerrilleros desmovilizados. Entre otros grupos en riesgo,
cuida a comunicadores.
En entrevista con Proceso Villamizar
explica que la UNP tiene bajo su cuidado a 96 periodistas amenazados
por sus labores informativas, de los cuales 56 cuentan con esquemas
“duros” de protección consistentes en vehículos blindados, escoltas
armados, chalecos antibalas y equipo de comunicaciones. Los 40 restantes
son protegidos con rondas policiacas, reubicación de domicilio o cambio
de ciudad de residencia con gastos sufragados por la institución.
En
los esquemas duros de protección a periodistas la UNP eroga unos 670
mil dólares mensuales. “Un dispositivo compuesto por un vehículo
blindado y dos escoltas le cuesta a la unidad cerca de 12 mil dólares
mensuales”, dice el funcionario, quien ha sido asesor del Ministerio de
Defensa, subdirector de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior e
investigador de la Rand Corporation, en California, donde cursó un
doctorado en análisis de políticas públicas.
Este es un adelanto del número 1914 de la revista Proceso, ya en circulación.
6 de julio de 2013)
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