El bloqueo de los yaquis a la carretera México-Nogales provoca pérdidas por 30 millones de dólares cada día
El pueblo Yaqui asegura que no cejará en su lucha por el agua que, dicen, les pertenece por historia y por un decreto de 1940
Ernesto Méndez/ Enviado
VÍCAM, Son. 14 de julio— La llegada de las primeras
lluvias al sur de Sonora, después de casi nueve meses de intensa sequía,
sorprendió a la tribu yaqui en su plantón sobre la carretera federal
México-Nogales, donde realiza bloqueos intermitentes para exigir que se
apaguen las bombas del acueducto Independencia.
Las primeras gotas
comenzaron a caer pasadas las diez de la noche sobre esta comunidad, lo
que dio un momento de alivio a los hombres que tuvieron que pasar toda
la noche de guardia colocando barricadas sobre la vía federal, como
medida de presión para que el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés
Elías, detenga la extracción de agua de la presa El Novillo, que ellos
reclaman como suya basándose en un decreto presidencial de 1940.
Con
las precipitaciones pluviales aparecieron los cortes de energía
eléctrica que dejaron a oscuras a yaquis de facciones duras y piel
morena, que se podían mirar sólo cuando los truenos iluminaban el cielo o
algún tráiler cruzaba con sus penetrantes luces blancas, luego de
permanecer dos horas atorado en el camino.
En un principio la
lluvia fue tomada por los indígenas como un buen augurio de que pronto
alcanzarían la paz y la tranquilidad, pero al otro día la realidad llegó
avasallante convertida en una ola de calor que generó temperaturas
arriba de 45 grados célsius, pero provocó una sensación térmica de 55
grados, que quemaba hasta los huesos.
Algo parecido sucedió con el
primer triunfo legal obtenido ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), pues a pesar de que la Primera Sala ordenó repetir la
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del acueducto Independencia, un
fallo adicional del ministro instructor del caso, Jorge Pardo
Rebolledo, ordenó mantener el suministro de agua a Hermosillo, mientras
se resuelven de fondo los juicios promovidos en contra de la
construcción y operación del entubado de alrededor de 150 kilómetros.
“Se concedió la suspensión al municipio de Hermosillo, Sonora, respecto de cualquier acto de autoridad que pretenda interrumpir el suministro de agua que se conduce por el acueducto Independencia”, determinó Pardo Rebolledo.
En total son ocho asuntos abiertos que se
refieren a la obra y seis ya los atrajo la Corte: cinco juicios de
amparo promovidos por la tribu Yaqui, productores agrícolas del distrito
de riego 041 y el ejido Lázaro Cárdenas, así como tres controversias
constitucionales interpuestas por los municipios de Cajeme, San Ignacio
Río Muerto y Hermosillo.
Por lo pronto, los bloqueos en la
carretera federal número 15, la única que atraviesa Sonora, genera
pérdidas de 30 millones de dólares diarios, según la Cámara Nacional de
la Industria de Transformación (Canacintra).
150 Kilómetros de entubado tiene el acueducto en conflicto.
Rodrigo
Alpízar Vallejo, presidente de la Canacintra, manifestó que cada día de
cierre de esta vía federal que conecta con la frontera con Estados
Unidos incrementa el costo en transporte, logística y productividad en
los sectores automotriz, agropecuario, maquilador, turístico y minero,
pues resultan afectadas empresas como Ford Motor Company, Grupo México,
Femsa, Grupo Modelo, Pepsico e industriales de la región.
De
acuerdo con la delegación Canacintra Pacífico Norte, la necesidad de
enviar la mercancía por avión a Estados Unidos y Canadá debido a los
cortes a la circulación aumenta 12 veces los costos para los
exportadores.
Impacto ambiental
La nueva
consulta pública sobre la manifestación de impacto ambiental del
acueducto Independencia no necesariamente tendrá que sentar a la mesa a
los yaquis que realizan los bloqueos sobre la carretera México-Nogales, y
para su autorización tampoco es obligatorio lograr el consenso de esta
tribu originaria, explicó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat).
75 Millones de litros cúbicos de agua es la capacidad del acueducto.
Detalló
que la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte ordena
restituir el derecho de audiencia de la etnia yaqui, que en su momento
será representada por las autoridades tradicionales con reconocimiento
jurídico ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI), “quienes pudieran ser o no las mismas que interpusieron
el juicio de amparo”.
Los ministros nos indican que debemos coordinarnos con la CDI para conocer quiénes son realmente los representantes tradicionales, legales, no nada más de Vícam, sino de los ocho pueblos yaquis”, señaló.
La Semarnat argumentó
que, además, el resultado de la consulta indígena que tiene que ser
culturalmente adecuada, informada y de buena fe, no es obligatoria ni
definitiva, ya que se necesita hacer un análisis ponderado de cuáles son
los derechos y valores presentes, tomando en cuenta a los yaquis y a
los habitantes de Hermosillo.
En este sentido, la dependencia
federal citó parte de los señalamientos de la SCJN:
“Sin perjuicio del
hecho de que todo proceso de consulta debe perseguir el objetivo del
consentimiento, en algunos casos puede que su ausencia no impida a las
autoridades decretar las acciones correspondientes, lo cual dependerá
del nivel de impacto que tendrá el funcionamiento u operatividad del
acueducto Independencia sobre la comunidad o grupo indígena, debiéndose
poner los intereses sociales en juego, esto es, tanto los afectados como
los beneficiados por la obra”.
La Semarnat agregó que después de
que el pasado 1 de julio recibió la notificación sobre el fallo de la
Suprema Corte, envío un oficio al ministro Jorge Pardo Rebolledo para
que le indique qué debe hacer, toda vez que también fue aprobada la
suspensión de una controversia constitucional que instruye mantener
operando el acueducto Independencia.
800 Litros por segundo es la capacidad de bombeo.
De
esta forma se está a la espera de que el máximo órgano de justicia del
país indique a la Semarnat sí debe proceder en unos cuantos días a la
anulación de la Manifestación de Impacto Ambiental y convocar a la
consulta pública en las próximas semanas o, de lo contrario, paralizar
su procedimiento y esperar a que el pleno de la Suprema Corte resuelva
de fondo los juicios que continúan abiertos.
Las fuentes
consultadas afirmaron que, por lo pronto, sigue vigente la MIA aprobada
el 23 de febrero de 2011 por la Dirección General de Impacto y Riesgo
Ambiental (DGIRA) para la construcción del proyecto denominado acueducto
Independencia.
“Y es que la Corte en ningún momento señala que se
anula el oficio tal. Nos dice: ‘tú, Semarnat, anula y repón tu
procedimiento, retrotrae los efectos al momento de la consulta y ya con
tu expediente armado simplemente incorpora el resultado de la consulta
en materia indígena’”, expone la Semarnat.
Fugas ponen en riesgo al acueducto
Pintado
de azul y blanco, en esta localidad nace el acueducto Independencia
que, a través de tubos de acero de 52 y 48 pulgadas de diámetro,
recubiertos de polímeros para evitar la corrosión, el gobierno de Sonora
conduce el agua a Hermosillo a través de una tubería de casi 150
kilómetros serpenteando los municipios de Soyopa, Villa Pesqueira,
Mazatán, Ures y Hermosillo.
45 Mil habitantes integran actualmente la tribu Yaqui.
El
agua es extraída de la presa Plutarco Elías Calles o El Novillo a la
que se llega después de seis horas desde la comunidad de Vícam por las
carreteras México-Nogales y Hermosillo-Sahuaripa.
La red,
enterrada a dos metros de profundidad, tiene 288 válvulas de escape que
salen a la superficie cada cierta distancia —dependiendo de la pendiente
del terreno— que, a decir del Movimiento Ciudadano por la Defensa del
Agua conformado por agricultores del Valle del Yaqui, son “tomas
clandestinas” que surten a ranchos de amigos cercanos al gobernador,
Guillermo Padrés Elías.
A la orilla de la carretera encontramos
tubos abandonados de la marca Tubac, con la leyenda “Sonora SÍ, Sistema
Integral Acueducto Independencia”, amontonados unos sobre otros, con
bordes o protuberancias que pudieron ser ocasionadas por un mal manejo
en el montaje o con defectos de fabricación.
El proyecto de casi
cuatro mil millones de pesos consta de una obra de toma de agua
directamente del vaso de la presa El Novillo, construida con acero
estructural que, de acuerdo con documentos oficiales, debe alojar cinco
bombas de mil 500 caballos de fuerza (HP), cuatro en operación y una de
reserva.
Excélsior observó que sólo están
instaladas cuatro bombas y sólo dos están trabajando, pero con algunas
fugas que podrían comprometer la vida útil de la obra proyectada a 50
años.
Además, junto a los medidores y la tubería hay cajas de
madera con herramientas y en el suelo pedazos de cable, polines,
tornillos y soldadura.
A LA MITAD
De las cuatro bombas instaladas en la presa El Novillo, sólo dos trabajan y algunas tienen fugas.
Constatamos
que el acueducto Independencia funciona a menos de la mitad de su
capacidad, en lo que parece ser una fase de prueba, donde aún se deben
corregir algunos problemas, lo que contrasta con las declaraciones del
gobernador, quien asegura que actualmente 80% de la ciudad de Hermosillo
se abastece del agua aportada por la Presa El Novillo.
Ante esta
situación, Padrés Elías rechazó apagar las bombas con el fin de cumplir
con la condición impuesta por la tribu Yaqui para sentarse a dialogar y
levantar los bloqueos en la carretera federal número 15.
“Del
consumo total del agua de Hermosillo, 80% ya la está proporcionando el
acueducto. Si apagamos las bombas ese porcentaje de habitantes de
Hermosillo se quedarían sin agua; eso sería muy grave”, advirtió el
gobernador a medios locales.
En su punto máximo, el acueducto
Independencia tendrá la capacidad de conducir un volumen anual de 75
millones de metros cúbicos de agua, en un servicio continuo las 24 horas
del día.
56 Localidades distribuidas en ocho pueblos la componen.
Cada
una de las bombas puede extraer 800 litros por segundo. La trayectoria
total desde la presa El Novillo hasta su descarga en la presa Abelardo
L. Rodríguez es de aproximadamente 45 kilómetros por bombeo y 105
kilómetros por gravedad.
Advierten los jefes: la vida no se negocia
Al
menos 70% de las tierras de la tribu Yaqui son rentadas a acaudalados
agricultores del sur de Sonora, pertenecientes al Distrito de Riego 041,
quienes pagan tres mil 400 pesos anuales por hectárea, donde se siembra
trigo, maíz, frijol y garbanzo.
Pedro, un indígena del pueblo de
Belem-Pitahaya, de aproximadamente 65 años, sobrevive de la renta de
cinco hectáreas (17 mil pesos al año), lo que representa un ingreso de
mil 416 pesos al mes.
24 Mil hectáreas tiene la tribu Yaqui en el sur de Sonora.
A
pesar de que el dinero es poco, el hombre de tez oscura, huaraches
tradicionales y paliacate asegura que es la única forma que tiene para
salir adelante, por lo que seguirá luchando en defensa del agua hasta
las últimas consecuencias, porque sus tierras sin dotación para riego no
valen nada.
En esta zona desértica del noroeste del país, se
desarrolla la primera guerra por el agua en México entre el gobierno
estatal panista y los agricultores del Distrito de Riego 041 vinculados
con el PRI, donde la peor parte la llevan los indígenas que, al no tener
recursos para sembrar, optan por arrendar sus predios esperando mejores
tiempos.
La amenaza que representa el acueducto Independencia
para sus vidas es que nadie quiera pagarles por usar sus terrenos ante
la falta del agua que históricamente les pertenece, la cual se está
desviando hacia Hermosillo.
Mario Luna Romero, secretario de la
Autoridad Tradicional Yaqui, explicó que la tribu cuenta con 24 mil
hectáreas, pero solamente puede explotar 14 mil hectáreas “debido
precisamente a la escasez del agua”.
Detalló que otras cuatro mil
hectáreas ya no se pueden cultivar porque están completamente
“ensalitradas”, por la cercanía con el mar y la falta de escurrimientos,
lo que prácticamente tiene al borde de la extinción al río Yaqui, que
servía como barrera natural contra el agua salada.
En entrevista con Excélsior,
reconoció que la renta de la tierra la autorizó la autoridad
tradicional ante la carencia de créditos de la banca de desarrollo y los
nulos apoyos para impulsar la producción de alimentos.
RENTAS
Al carecer precisamente del vital líquido para trabajar la tierra, los yaquis optan por rentarla a tres mil 400 pesos al año por hectárea.
“Hemos
encontrado miles de trabas, lo que el gobierno del estado quiere es que
nosotros dejemos de producir, para poder seguir argumentando que somos
una bola de flojos, que nosotros no queremos la paz, el progreso y el
desarrollo, cuando es precisamente por lo que estamos luchando. La mano
de obra que sale de aquí a los campos agrícolas del Valle de Guaymas,
Empalme y el Valle del Yaqui es de la mejor calidad.”
El dirigente
indígena advirtió que por ningún motivo la tribu Yaqui va a ceder en su
lucha, porque con la vida no se negocia y “el hecho de que nos roben el
agua significa que nos están arrebatando la vida presente y futura de
nuestros hijos, y eso no lo vamos a permitir.
“A estas alturas, al
gobierno ya le debe quedar bien claro que no vamos a claudicar en
nuestra defensa, sea aquí en la carretera o sea en la sierra. Nosotros
en estos momentos estamos haciendo una defensa jurídica, una defensa
pacífica, pero si esto no funciona, tendremos que volver a la estrategia
militar, como nuestros antepasados, para defender la tierra que nos
heredaron.”
Luna descartó que las acciones de protesta dependan
del apoyo de priistas del Distrito de Riego 041 y del Movimiento
Ciudadano por la Defensa del Agua, encargados de suministrar alimentos a
los yaquis apostados en la carretera y dotar de tractores para bloquear
los caminos.
“En este momento probablemente sí haya bastante
interés de los partidos de oposición, no nada más del PRI, porque aquí
han estado diputados del PRD, senadores del PT y legisladores del Verde.
Obviamente el PRI, que es el grupo político más fuerte del Valle del
Yaqui, apoyan la causa, pero que el movimiento esté operado o manipulado
por el PRI, eso es falso”, manifestó.
Abundó que la tribu Yaqui
está compuesta por 45 mil habitantes distribuidos en ocho pueblos y 56
localidades, donde nadie tiene agua potable y sólo 30% de la población
cuenta con agua entubada sin tratamiento.
“Estamos tomando agua
del subsuelo contaminada con agua salada, con desechos agrícolas; hay
pueblos que toman agua incluso de los drenes de desagüe agrícola (...)
El gobierno dice que Hermosillo tiene sed, cuando nosotros
históricamente hemos tenido sed, aquí en esta tierra.”
(EXCELSIOR/Ernesto Méndez/ Enviado/ 14/07/2013 08:00)
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