Distrito Federal– La
entrega comenzó con Vicente Fox. Y Felipe Calderón cedió cuanto pudo. Los
gobiernos panistas decidieron hacer de México un territorio abierto al
espionaje de Estados Unidos y ambos tuvieron al mismo operador: Genaro García
Luna, quien terminó como el gran espía del panismo y como un facilitador para
la intromisión estadounidense.
No fue el único que
la propició. También lo hizo Eduardo Medina Mora, director del Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y secretario de Seguridad Pública de
Fox, procurador general con Calderón y actual embajador en Estados Unidos.
En diciembre de
2005, mucho antes de que México y Estados Unidos comenzaran las negociaciones
de la Iniciativa Mérida, el Departamento de Estado inició el proceso de
licitación para la compra de un equipo capaz de “interceptar, analizar y usar
la información captada de todo tipo de sistemas de comunicación que operan en
México”.
El consentimiento de
Fox para el espionaje de Estados Unidos en el país fue resultado de la Alianza
para la Seguridad y la Prosperidad en América del Norte, firmada en marzo de
2005 por Estados Unidos, Canadá y México a iniciativa de Washington, luego de
los ataques de Al Qaeda en territorio estadounidense en septiembre de 2001.
De acuerdo con la
licitación S–INLEC06R4042, el propósito del Departamento de Estado fue muy
claro: ayudar a disuadir, prevenir y mitigar actos de importantes delitos
federales en México, que incluyan narcotráfico y terrorismo. La agencia
directamente involucrada fue la Oficina Internacional de Narcóticos y Asuntos
de Cumplimiento de la Ley.
El destinatario del
equipo fue la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo entonces de
Daniel Cabeza de Vaca, actual integrante del Consejo de la Judicatura Federal;
pero según la licitación estadounidense, la encargada de la operación fue la
Agencia Federal de Investigación (AFI), dirigida en ese momento por García
Luna, quien dijo a Estados Unidos que debía intervenirse prácticamente todo:
correos electrónicos, mensajes por teléfono, chats, transferencias de archivos,
conversaciones telefónicas y todas las plataformas de comunicación posibles.
“El sistema
propuesto debe cumplir con los requerimientos señalados por la AFI”, dice el
anexo 1 de la licitación, publicado por el Departamento de Estado el 1 de
diciembre de 2006, fecha de la toma de posesión de Felipe Calderón como
presidente de México.
García Luna propuso
“la intercepción de llamadas objetivo y sesiones” de Telmex, Telcel, Nextel,
Telefónica, Unefon, Iusacell, Cisco y Prodigy. “Adicionalmente, el cliente
desea el establecimiento de un centro de monitoreo con capacidad de
reproducción en tiempo real, decodificación de fax, decodificación de paquetes
de datos, almacenamiento de llamadas de al menos 25 mil horas, almacenamiento
de las sesiones de información, 30 estaciones de monitoreo e impresoras y
localización de celulares y transporte de señales”. A cambio, la AFI entregó la
cartografía del Atlas de las Telecomunicaciones de México.
Vicente Fox y George
W. Bush decidieron que sus Gobiernos tuvieran acceso a la información
intervenida para crear redes de comunicación entre agentes de seguridad de
ambas naciones. En las cláusulas de la licitación, una de ellas reservada, se
establece que la empresa ganadora debía integrar el sistema de intervención que
hiciera posible a México “compartir la información con las agencias del
Gobierno de Estados Unidos encargadas del cumplimiento de la ley”.
Además los dos
Gobiernos crearon un Comité de Administración integrado por la AFI, la embajada
de Estados Unidos en México, el contratista y la Sección de Asuntos de
Narcóticos ubicada en la legación estadounidense y encargada de entregar los
equipos de la Iniciativa Mérida.
La adjudicación no
se concretó sino hasta el 23 de febrero de 2007, cuando comenzaba el Gobierno
de Calderón y García Luna ya era titular de la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP), ahora desaparecida y cuyas funciones fueron absorbidas por la Secretaría
de Gobernación (Segob).
TECNOLOGÍA DE ISRAEL
La ganadora de la
licitación fue la empresa Verint Technology Inc., establecida en México desde
2006 con el nombre de Verint Systems. Nació como filial de Comverse
Technologies, fundada en 1982 por tres exmiembros de la secreta Unidad 8200, la
sección de élite en tecnologías de inteligencia del ejército israelí.
Especializada en
telecomunicaciones, Comverse se convirtió en uno de los líderes mundiales de su
sector en los 90 y desarrolló tecnologías de inteligencia e intercepción de
datos “directamente inspiradas en las de la Unidad 8200”, señaló el jefe de
dicha unidad, general Hanan Gefen, a la revista Forbes en 2007.
Verint tiene
vínculos con empresas en todo el mundo, desde Israel hasta China, pasando por
Macao y las Islas Caimán. Comverse inició sus relaciones con Telmex en 1992 con
la entrega de un servicio de telefonía virtual. Hoy tiene lazos comerciales con
los gigantes de las telecomunicaciones del continente: América Móvil (Telcel),
AT&T, Telefónica, Telmex, Vivo, Claro, Verizon y Nextel, entre muchos
otros.
En Brasil adquirió
SunTech, empresa encargada de 90% de las intercepciones de telecomunicaciones
en 2004 y que tiene entre sus clientes a Claro, propiedad de América Móvil, de
Carlos Slim.
La ganancia para
Washington con el primer contrato del Departamento de Estado para la AFI fue
mucho más elevada que los 2 millones 963 mil 438 dólares pagados por el equipo:
fue la puerta de entrada a la intrusión que el Gobierno de Calderón hizo
extensiva a otras agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos,
incluidas las militares.
De acuerdo con la
información del Gobierno estadounidense, el contrato con Verint se modificó en
2005 y 2006. El cambio más reciente ocurrió el 13 de abril del año pasado,
aunque no se precisa cuáles fueron las variaciones.
García Luna no paró
ahí. También en abril de 2012, a petición de la SSP, el Gobierno de Estados
Unidos lanzó otra licitación, la SINLEC12Q0006, también de la Oficina
Internacional de Narcóticos y Asuntos de Cumplimiento de la Ley del
Departamento de Estado.
Con el nombre de
Sistema de Vigilancia Técnica México, el Departamento de Estado precisó que ese
nuevo contrato tenía como objetivo proveer equipo de expansión y mantenimiento
del sistema de vigilancia técnica “propiedad y operado por la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP)”. El aumento de la capacidad propuesto fue pasar de las
30 estaciones de monitoreo instaladas por Verint a 107, además de 300 canales
de entrada análogos.
“En respaldo del
Gobierno de México, el Gobierno de Estados Unidos procura un sistema de
monitoreo de comunicaciones que posibilite la recepción oportuna,
procesamiento, análisis y almacenamiento de comunicaciones de proveedores
nacionales de telefonía y otros proveedores de servicios de comunicación en México”,
dice la convocatoria publicada el 27 abril de 2012.
El Departamento de
Estado canceló la licitación el 6 de septiembre siguiente. Sin más
justificación expresó que “el Gobierno ya no requiere el Sistema de Vigilancia
Técnica México. Se cancela la licitación y no se hará adjudicación alguna”,
señaló en una nota publicada en su portal en internet.
Dos semanas antes,
el 24 de agosto, se había perpetrado el ataque contra un automóvil de la
embajada estadounidense por parte de policías federales en el tramo carretero
Tres Marías–Huitzilac. En el vehículo viajaban instructores estadounidenses.
Sin embargo, apenas el 27 de abril último el Departamento de Estado, ya en el
Gobierno de Enrique Peña Nieto, reabrió la licitación.
TAMBIÉN, SEDENA Y PGR
García Luna no
estuvo solo en la adquisición de equipo para espiar. Con el Gobierno de
Calderón las compras para interceptar comunicaciones las hicieron también, por
lo que se sabe hasta ahora, la PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena).
En junio pasado se
filtró que la Sedena adquirió de la empresa Security Tracking Devices equipos
de intercepción de mensajes de texto, correos electrónicos, listas de
contactos, voz y audio ambiental, mensajería instantánea e imágenes de pantalla
de dispositivos móviles.
La PGR tampoco se
quedó atrás. El 6 de junio pasado el periódico Reforma informó que durante la
gestión de Marisela Morales –ahora cónsul en Milán– la dependencia adquirió de
la empresa Obses de México equipos de intrusión: el software FinFisher/Finspy y
el geolocalizador Hunter Punta Tracking/Locsys. Pagados con sobreprecio, ambos
permiten la intrusión de aparatos móviles.
A pesar de las
evidencias sobre el equipo gestionado por el Departamento de Estado a favor de
la AFI y la SSP, el comisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb
–quien heredó en la Segob las funciones de García Luna– declaró el jueves 11 a
Televisa que no hay “elementos” para suponer un espionaje de Estados Unidos en
México.
Un día antes el
presidente Peña Nieto se refirió a ese espionaje como una mera “posibilidad”
que sería “inaceptable”. Sus declaraciones las hizo antes de reunirse en
California con los principales desarrolladores tecnológicos estadounidenses.
El Gobierno mexicano
no encuentra la manera de justificar esa infraestructura de espionaje que ahora
está en sus manos. La PGR, la Segob y la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE) hablan de una investigación. El miércoles 10 el vocero del gabinete de
Seguridad Nacional, Eduardo Sánchez Hernández, quien depende de Gobernación,
declaró que la PGR hará una indagatoria sobre el espionaje. Ambas
instituciones, sin embargo, fueron beneficiadas con las licitaciones, según lo
publicado por el Departamento de Estado.
La SRE también se
dice sorprendida. El subsecretario para América del Norte, Sergio González
Alcocer, declaró el jueves 11 al periódico Excélsior que Estados Unidos debe
explicar el acuerdo de espionaje previsto en la Iniciativa Mérida. Pero en
Washington la SRE tiene al principal negociador de ese plan: el embajador
Medina Mora.
Con todo y la
confrontación que tenía con García Luna, Medina Mora estableció una relación
estrecha con Estados Unidos desde el Cisen durante el Gobierno de Fox. La
relación formal terminó cuando el ahora diplomático salió de la PGR en
septiembre de 2009. Pero la retomó cuando Peña Nieto lo hizo embajador.
PRESENCIA DEL PENTÁGONO
El Gobierno mexicano
tampoco encuentra la manera de sacar de México a los servicios de inteligencia
civiles y militares de Estados Unidos a los que Calderón les dio entrada con el
pretexto de la Iniciativa Mérida y de la guerra contra el narcotráfico. Nueve
agencias de inteligencia se instalaron en un edificio en el número 265 de Paseo
de la Reforma, a un costado de la embajada de Estados Unidos (Proceso 1776).
A ese inmueble
llegaron agentes del Pentágono –lo que siempre ambicionó Estados Unidos en
México–, del Departamento de Justicia, de Seguridad Interior y del Tesoro,
integrados en la llamada Oficina Binacional de Inteligencia (OBI), creada por
la Iniciativa Mérida.
La OBI abrió tres
oficinas “satélites”, en Ciudad Juárez, en Tijuana y en la zona militar de
Escobedo, Nuevo León.
La relación entre el
Gobierno de Peña Nieto y esas agencias está “temporalmente” congelada, según
funcionarios de los dos países. “Desde que descubrimos el tipo de labor
policial y de espionaje que llevaban a cabo la DEA y la CIA en el país, entre
otras agencias, la orden emitida por la Presidencia fue: ‘Pónganles un alto’”,
dice a Proceso un funcionario mexicano que participa en el intercambio
cotidiano con las agencias de inteligencia estadounidenses.
El funcionario,
quien por razones de seguridad pidió el anonimato, asegura que desde el inicio
del proceso de transición entre el Gobierno de Calderón y el de Peña Nieto
Gobernación supo que los sistemas de espionaje de Estados Unidos no se
dedicaban exclusivamente a combatir al narcotráfico.
“Fuimos testigos de
cómo los agentes de la CIA manejaban los sistemas de interceptación de llamadas
telefónicas y de la red de internet para otro tipo de actividades de
inteligencia: entiéndase el espionaje político”, agrega el funcionario
mexicano.
Lo más grave “fue
que los agentes del Cisen, quienes supuestamente trabajan en colaboración con
los estadounidenses para combatir al narcotráfico al cobijo de la Iniciativa
Mérida, denunciaron ante la Segob el doble espionaje que realizaban esas
agencias extranjeras, pero el Gobierno de Calderón no hizo nada”, asegura.
Encerrados en las
OBI del Distrito Federal y de Escobedo, los agentes del Cisen, entre otros,
fungían como subordinados de los representantes de las agencias de inteligencia
de Estados Unidos, en especial de la CIA.
“Los agentes de
Estados Unidos utilizan sistemas de espionaje con lenguajes encriptados
totalmente ajenos a los que establece el manual de colaboración bilateral de la
Iniciativa Mérida en materia de inteligencia”, dice una de las quejas que un
agente del Cisen presentó a la Segob en junio de 2011 y que la fuente del
Gobierno peñanietista leyó a Proceso.
La fuente admite que
aunque sabían que desde la embajada de Estados Unidos en México el espionaje
seguiría llevándose a cabo, entre otras agencias por la CIA, la Agencia
Nacional de Seguridad (NSA) y la DEA, el de las OBI quedaría paralizado.
“Nos cerraron todo.
Bueno, casi todo”, admite un agente de inteligencia de Estados Unidos que
labora en México.
“No les importó que
les advirtiéramos que esto podría afectar los avances logrados en el combate al
narcotráfico”, apunta el agente estadounidense, quien habló a condición del
anonimato.
Las fuentes
consultadas sostienen que el Gobierno de Peña Nieto estudia y analiza los
marcos legales para retirarles la licencia emitida por Calderón merced a la
Iniciativa Mérida. Lo más grave es que la licencia de espionaje la ratificó el
Congreso cuando le dio el aval a esa iniciativa.
Las agencias
estadounidenses más afectadas por la orden de Peña Nieto son la DEA, la CIA y
el FBI, confirman las dos fuentes. “Nos han dicho que será hasta finales de
este año o principios del otro cuando quede terminada la nueva estructura de
cooperación”, dice el agente estadounidense.
Pero otra vez, la
nueva estructura o sistema de inteligencia del Gobierno de Peña Nieto y su
cooperación con Estados Unidos se elaboran con la asesoría de especialistas
estadounidenses, exagentes de la CIA, del FBI, la DEA y la NSA.
“Las empresas de
seguridad contratadas para esta labor se coordinan directamente en la Segob y
desarrollan los proyectos en colaboración con el Cisen. Esta asesoría le
costará al país 5 millones de dólares, lo cual es mejor que permitir que
Washington siga metiéndose hasta debajo de la sábanas”, dice a Proceso un
funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores vía correo electrónico,
quien pidió no revelar su nombre.
(EL DIARIO,
EDICION JUAREZ/ Proceso | 2013-07-13 | 23:24)
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